Una alternativa para el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2021-2017

La política y los discursos se quedan en nada si no se materializan en prácticas y recursos con un sentido concreto.

El Marco Financiero Plurianual de la UE nos recuerda, con frialdad, el lado material de la política. En él, se retrata la vocación práctica de la UE en su política concreta, al encuadrar, delimitar en volumen y transferencias internas los capítulos presupuestarios a medio plazo. No se trata, como suele presentarse, de un ejercicio de planificación presupuestaria para siete años, sino precisamente lo contrario: un corsé para limitar la acción política de la Unión, cuanto menos en lo que concierne a las políticas prácticas.

La Unión Europea es, en resumidas cuentas y, sobre todo, un espacio de concertación y de legitimación de las políticas de las clases dirigentes europeas. Unas políticas que sobre todo se aplican a nivel nacional, y la Unión establece el paraguas para facilitar la implantación de políticas neoliberales.

Como decimos, el Marco Financiero Plurianual impone al menos dos techos a la expansión de los presupuestos europeos, y lo hace para un plazo de 7 años, nada menos.

El primer techo es el de los recursos propios con los que se dota de medios la Unión. El endeudamiento no está contemplado.

El segundo, son precisamente los techos de gasto que se establecen para el conjunto de los presupuestos anuales y para cada gran encabezado presupuestario.

Aunque, hay otros muros que son mucho más importantes: Unos tratados europeos que blindan la naturaleza neoliberal de la Unión; un Consejo que debe decidir por unanimidad cualquier modificación y que está liderado y bloqueado sistemáticamente por los grandes países; y un marco institucional y una arquitectura económica que sólo está al servicio de las grandes corporaciones transnacionales y en especial de la industria energética y financiera.

Nuestra acción política debe mostrar las contradicciones del proyecto europeo. Y cabe hacer dos cosas, sabiendo que a esta UE sólo se la puede cambiar fuera de los cauces que sus instituciones establecen: o refugiarnos en el Estado Nación, o, si somos internacionalistas, reivindicar Otra Europa. Lo primero no permite afrontar la violencia del capitalismo global, pues el Estado-Nación tiene herramientas limitadas por sí solo. Lo segundo, es al menos un ejercicio pedagógico, y que, sin duda no nos van a regalar si queremos construirlo. Cuando la gente vea que lo socialmente justo y razonable no cabe en sus instituciones, ensancharemos la legitimidad para que, sin abandonar nuestras aspiraciones de internacionalismo solidario, podamos construir proyectos alternativos. Posiblemente a pesar y seguramente teniendo en contra a esta UE, a sabiendas de que la Unión Europea es el principal enemigo de las clases populares europeas, y no sólo las europeas. Un proyecto que habrá de constituirse necesariamente con otras instituciones, y con el soporte de pueblos soberanos, coincidan o no con el club actual de Estados Miembros; con marcos democráticos reales en el que los parlamentos cuenten con primacía; con una arquitectura económica favorable a la convergencia socioeconómica real, y con políticas económicas socialmente progresistas y ecológicamente sostenibles.

El todavía en vigor MFP 2014-2020 ya supuso un primer recorte respecto a MFP anteriores. El techo se estableció en el 1% de la Renta Nacional Bruta Europea.

Ahora la Comisión plantea un crecimiento hasta el 1,08% de la RNB (un 1,11% si incluimos el Fondo de Desarrollo Europeo). Y el Parlamento propone un ascenso tímido hasta apenas el 1,3% de la RNB, para el MFP 2021-2027. El Consejo es aún más terco y pretende contenerlo aún más. Como señal, las tensiones vividas con la negociación del presupuesto para 2019, en el que reclama fuertes recortes en el programa Horizon 2020, cuyo principal beneficiario es el Reino Unido, y con pretensiones de reducir el presupuesto europeo al 0,8% de la RNB de la UE. Posiblemente, para marcar la pauta en las actuales negociaciones para el próximo MFP.

En términos de peso macroeconómico todas estas propuestas son sencillamente ridículas. Informes poco sospechosos de progresistas, como el que redactaron Werner o McDougal en los años 70, ya indicaban que una economía de mercado sin al menos un peso compensatorio de un sector público, con políticas redistributivas, que alcance al menos un peso del 7% del PIB, sólo puede conducir a agudizar las desigualdades y divergencias. Esta tendencia no puede más que intensificarse, con la arquitectura económica que soporta la moneda única desde comienzos de milenio, que entraña un mecanismo de transferencia de las crisis económicas del centro a las periferias y un esquema que favorece a los países superavitarios, como es el caso de Alemania.

Las grandes líneas para el nuevo marco presupuestario nos resultan no sólo austeritarias, sino también reaccionarias, más allá que algunas medidas que crecen sean, dentro de un peso en el peso global menor, fáciles de vender. El Parlamento ha definido su posición, y defenderá medidas que no tienen objeción: en materia de investigación e innovación, la Garantía infantil, COSME, LIFE+, la iniciativa juvenil de empleo o Erasmus+, que, como decimos, representan un porcentaje menor dentro de la estructura de los presupuestos europeos. Decimos que va a tener una impronta reaccionaria porque el Consejo apela a una reducción brutal de la política de Cohesión y la Política Agraria Común; la Comisión también apuesta por reducir sustancialmente la PAC en un 16%, coincidiendo con el Consejo; pero también el Parlamento coincide con ellas, en fortalecer la política de control de fronteras, de control de los flujos migratorios o de defensa, proponiendo un crecimiento enorme en estas líneas.

A este respecto, tenemos que hacer mención que la PAC representa a día de hoy en torno al 39% de los presupuestos europeos. Aunque necesita reforma en su distribución -que se concentra en grandes terratenientes y debiera llegar al pequeño productor, así como potenciar la agricultura de proximidad ecológica-, parece que de lo que se trata, para las instituciones europeas, es simplemente de quitarle recursos para llevarlos a sus nuevas prioridades.  Las políticas que también tienen un propósito de cohesión podrían ascender hasta un 34% del total. Se está produciendo una ola conservadora para ir condicionando la provisión de fondos sociales al cumplimiento de políticas de ajuste, y el trasvase lento de parte de estos fondos para financiar nuevas políticas de financiación de la inversión que ahora se están discutiendo que vendrían acompañadas de una condicionalidad austeritaria si se solicitan en caso de crisis. Es con estos fondos, especialmente recortando en la PAC, con los que se plantea una nueva adaptación austeritaria, esto es, autoritaria y neoliberal del presupuesto de la Unión Europea, y por tanto de su política económica concreta.

Así, para el nuevo MFP 2021-2027, la política de defensa podría pasar de unos 575 millones de euros a 17.220 millones, o la política de Seguridad pasar de 1.964 millones a 24.323 millones de euros, lo que significa multiplicar por más de 16 en este campo. Además, el Parlamento defiende la política de conversión de la cooperación al desarrollo a una política de vecindario y de guardianes de fronteras que ascendería a casi 114.000 millones de euros, por encima incluso de lo que defiende la Comisión. También la mayoría del Parlamento adopta rasgos reaccionarios. En lo único que distingue al Parlamento de las otras instituciones es en que reclama mantener la PAC y la política de Cohesión. Ahora bien, los números cantan, al final de las negociaciones lo más probable que suceda es que lo que saque de la PAC financiará el crecimiento en la política militar y de seguridad, y lo que se saque de la Política de Cohesión financie los nuevos mecanismos de estabilización financiera y de inversión y que ahora están en discusión (Fondo de Estabilización, InvestEU, Fondo Monetario Europeo...) tras los acuerdos germano-franceses. Esto es lo que está en juego.

Esta UE es irreformable, cuanto menos bajo el sistema de toma de decisiones previsto bajo su formato institucional vigente, y sólo lo haría una conmoción exterior a lo previsto en sus Tratados. Como internacionalistas que aspiran a conjugar la solidaridad y la democracia entre los pueblos, nosotros pensamos que hay que poner propuestas, para ir sentando el camino a una alternativa que, nos tememos, no cabrá dentro de la UE. Ni que decir tiene que eso supondrá tareas nacionales para fortalecer la soberanía popular y políticas progresistas en cada país, pero también hay que ir preparando el terreno para una construcción de una potencial área supranacional solidaria con aquellos pueblos que se sumen, estén donde estén.

Por esto motivo, nosotros podemos proponer una alternativa constructiva, con un propósito pedagógico, a sabiendas de que la UE es incompatible con su orientación, mostrando que es posible, siempre y cuando se defienda hasta el final, y por tanto contra las camisas de fuerza de esta UE. Una alternativa que también lo es a la propuesta de Macron y la Comisión, que, con otra concepción federalista, sin embargo, por un lado, tiene un propósito neoliberal, dado que sólo aspira a federar y concentrar en la Comisión Europea las políticas que se aplican a nivel estatal a día de hoy, eso sí, con menos eficacia y alcance. La propuesta de Macron ha sido jibarizada por los gobiernos conservadores centroeuropeos a un conjunto de mecanismos menores. Tengamos presente que en lo único que se distinguen es que mientras los “intergubernamentalistas” quieren aplicar desde los Estados Nación políticas fiscales regresivas y de ajuste del gasto social, compatibles con proveer facilidades financieras generosas a las grandes compañías privadas, los más “europeistas” de Macron, las quieren aplicar dando más poderes a Bruselas. Ese federalismo no es el nuestro.

Para nosotros el MFP debiera, consecuentemente, ser otra cosa, alineado con un federalismo progresista respetuoso con las soberanías populares, que, desde Maastricht hasta el Informe de los Cinco Presidentes la UE se han encargado de imposibilitar en el marco de la UE. Habría en primer lugar, de financiarse con recursos de los países miembros, con contribuciones nacionales corregidas no sólo por el peso de cada economía, sino por la renta per cápita, para que desde los ingresos también se incluya un criterio distributivo, bajo un formato de cooperación fiscal armonizada, al alza y progresiva, basada en el establecimiento de tipos mínimos efectivos en todos los países en el impuesto de sociedades, y con retenciones fiscales que sirvan de cortafuego a la evasión y elusión fiscal planificadas. En el momento en que las instituciones fuesen democráticas, cosa que no es el caso, podríamos ser favorables a una fiscalidad europea, con un impuesto de sociedades europeo, con una tasa unitaria efectiva para el continente, o con impuestos como el de transacciones financieras, o impuestos que graven duramente la emisión de gases de efectos invernadero, al tiempo que el peso del IVA se viese reducido sensiblemente, por su carácter regresivo, especialmente en bienes de primera necesidad y culturales.

En nuestra opinión, una política internacionalista no debe ni interferir ni ser incompatible con la soberanía popular y económica de cada Estado, sino que debe ser complementaria, y promotora de todas las sinergias necesarias entre sus países miembros. Esa política debe ampararse en acuerdos para un comercio justo y regulado, para promover un plan de transición energética, para establecer cauces de cooperación financiera y de inversión. El problema actual es que la UE aplica un marco y políticas que pone a competir a los pueblos en el mercado único, ensayando una concertación de políticas de ajuste salarial recurrente, y asumiendo políticas que sólo favorece a las grandes compañías transnacionales, especialmente del sistema financiero.

Con todo, debieran incrementarse los recursos para políticas europeistas, que sólo se abrirían paso, posiblemente, tras procesos constituyentes para esa Otra Europa que aún está lejos. En una primera fase al 4% de la RNB europea, para en una segunda alcanzar al menos el 8%. El Marco Financiero Plurianual debiera ser un marco de programación a medio plazo de carácter flexible, posiblemente con una periodicidad quinquenal, compatible con la fórmula 5+5 (con revisión intermedia), que organizase los actuales 37 programas europeos existentes. En comparación, los instrumentos especiales que existen a día de hoy para dar algún margen de flexibilidad interna en los presupuestos, representan sencillamente un parche para una concepción muy rígida del MFP, responsable del encorsetamiento anual de los presupuestos.

Además, debiera contener criterios contracíclicos, permitiendo los déficits en periodos recesivos, para ser compensados en los de auge. Los techos de gasto, en tal caso, no tendrían más sentido, que el tratar de no incurrir en una deuda significativa a largo plazo. Así que serían los ingresos, principalmente la referencia de techo real.

Ahora, no se trata sólo de compensar el ciclo, también necesitamos otra concepción de las políticas económicas europeas. No cabe en este papel ahora mismo hablar del Banco Central Europeo, o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que también juegan un papel importante. En lo que corresponde a los presupuestos europeos también se trata de alterar el contenido de los mismos, de su orientación. Porque la cuestión es desarrollar políticas expansivas, que extiendan lo socialmente necesario y lo medioambientalmente sostenible, que soporten una política de inversión alineada con el cambio de modelo productivo, y que genere empleo digno.

Desde este punto de vista, nuestras propuestas son las siguientes:

Es necesario un MFP que, bajo control democrático y con un peso decisorio central del Parlamento, acabando con la regla de la unanimidad del Consejo, impulse políticas de inversión europeas alineadas con un gran plan socioecológico de transición energética y creación de empleo. La inversión promueve efectos multiplicadores. Además, conjuga la capacidad de mejorar la calidad de la oferta y estimular la demanda.
Es preciso un MFP que admita y promueva las transferencias interiores en la Unión, y por tanto potencie los apartados de políticas sociales y de cohesión.
Los recursos de la política agraria común ha de ser mantenidos, aunque pensamos que es precisa una reforma de la atribución de sus recursos, para potenciar la agricultura agroecológica y sostenible y al pequeño productor.
Las políticas de investigación e innovación merecen ser reforzados, algo cuestionado por el Consejo de la UE. Los cambios tecnológicos, con fórmulas más ligeras y sostenibles, que exigen los requerimientos del cambio productivo, entraña un gran reto, para poder compatibilizar ecoeficiencia, producción ajustada a las necesidades reales (evitando el despilfarro y la sobreproducción), y aplicación de los criterios de la economía circular.

Los recursos en materia de defensa, seguridad y migraciones debieran transferirse para fortalecer la financiación de un plan para la promoción del cambio de modelo productivo en las industrias europeas, facilitando las infraestructuras y tecnologías más ecoeficientes, minimizadoras de residuos y emisión de gases de efecto invernadero, para generalizar las energías renovables limpias.

Somos conscientes que hoy no lo lograremos, hoy toca verbalizarlo. El Consejo concentra demasiado poder decisorio y el Parlamento apenas puede realizar recomendaciones con un eco prácticamente expresivo. Al fin y al cabo, su voto de aprobación suele acabar en un o se toma o se deja lo que plantee el Consejo, teniendo en cuenta además las mayorías conservadoras que pueblan las cámaras de Bruselas y Estrasburgo. Posiblemente estas propuestas no quepan en esta Unión Europea, pero esperamos contribuir a que una Europa de los pueblos, solidaria y abierta al mundo, algún día sea posible. Dando la vuelta a Europa, con un proceso constituyente que le dé un carácter democrático mediante, quizá estas propuestas podrán tener cabida.