Gustavo Buster
10/09/2023
A pesar de la designación por Felipe VI de Feijoo como candidato a la moción de investidura el próximo 26 de septiembre sus posibilidades de articular una mayoría parlamentaria son inexistentes. Le faltan cuatro votos, que dependen directamente de las derechas nacionalistas vasca o catalana. La derecha se ha tropezado así con los límites del Régimen del 78, cuya crisis acentúa la alianza del PP con Vox, que gobierna en siete comunidades autónomas procediendo a “desmontar el sanchismo”. Mientras tanto, Feijoo intenta melancólicamente resucitar el bipartidismo, buscando el apoyo del PSOE para un gobierno de dos años que lleve a cabo esa tarea a través de seis “pactos de estado”. Este viaje hacia ninguna parte, en un continuo zigzag estratégico, ha acabado por sedimentar en la acumulación de poder territorial con la extrema derecha, una crisis interna paralela del PP y Vox y convertir a Feijoo en un zombie político a la espera del estacazo que le retire del escenario político.
El único escenario salvífico para las derechas extremas es la repetición de elecciones tras el fracaso de la moción de investidura de Pedro Sánchez prevista para el 17 de octubre. La mayoría parlamentaria progresista depende de mantener todos los apoyos de la pasada legislatura y añadir el voto positivo de los diputados de Junts. La elección de la mesa del Congreso por ese bloque de votos y la posibilidad de utilizar las lenguas cooficiales en su funcionamiento regular ha abierto el espinoso camino de la negociación para la investidura de Sánchez. Puigdemont ha expuesto públicamente sus condiciones, que pasan inicialmente por una amnistía para los procesados independentistas, una relatoría o mediación internacional y la apertura posterior de un proceso democrático sobre la cuestión nacional catalana. La clave parece ser una Ley de Amnistía aprobada o en proceso de adopción antes de la moción de investidura de Sánchez. El PNV también ha hecho publica, a través de la propuesta del lendakari Urkullu, su propuesta de una “conferencia constitucional”, que articule un concierto político entre los gobiernos autonómicos las “naciones sin estado” y el gobierno central.
Bloquear la negociación para ir a elecciones
El objetivo de la derecha extrema es bloquear este proceso cuestionando la constitucionalidad jurídica de una Ley de Amnistía desde la derecha extrema, desde el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial y desde el propio PSOE. La primera y última instancia tienen como función deslegitimar políticamente la negociación y erosionar el apoyo social, para hacer posible que, junto a la mayoría conservadora del poder judicial -cuestionada por su no renovación anticonstitucional-, la débil mayoría progresista del Tribunal Constitucional objete y se decante por la posición conservadora, como ocurrió ya en julio de 2010 en relación con el Estatut “cepillado” de 2005, que desencadenó la crisis constitucional en Cataluña.
La campaña la abrió el propio Feijoo, al declarar que no sería presidente al precio de un acuerdo que “rompiese España”. Durante la última semana se han sucedido en cascada las declaraciones de antiguos dirigentes “felipistas” del PSOE, asegurando la anticonstitucionalidad de una Ley de Amnistía. Pero la verdaderamente importante -porque parece reflejar un mensaje de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional- es la de Tomás de la Cuadra-Salcedo, ex-ministro de justicia del PSOE, señalando que una amnistía no sería anticonstitucional, pero si políticamente inasumible.
La estrategia del “Tamayazo” de 2023 no se articula por lo tanto en la compra de votos en el Congreso, sino en la búsqueda de estos en el Tribunal Constitucional a partir de la mayoría conservadora anticonstitucional en el poder judicial. Y en paralelo una movilización en la calle de las derechas extremas y una crisis interna en el PSOE que permitan en unas nuevas elecciones consolidar una mayoría para el PP, bien a través del apoyo de una parte del PSOE sin Sánchez, (reconstruyendo el bipartidismo dinástico, que es la fórmula que desearían las clases dominantes) o con Vox (en una re-interpretación reaccionaria del régimen del 78).
A juzgar por las encuestas tras las elecciones del 23 J, en especial la de 40dB, tendría que producirse un vuelco en la opinión pública para articular una mayoría parlamentaria a favor de un gobierno Feijoo, en cualquiera de sus dos variantes hipotéticas, de las que solo la de Vox parece tener posibilidad por el momento. En primer lugar, porque hay una mayoría inicial a favor de la “desjudicialización” de la crisis constitucional catalana (44,2% frente al 39,4% en contra). En segundo lugar, porque solo el 6,3% de los votantes del PSOE estarían dispuestos a apoyar un gobierno del PP, un acuerdo PP-PSOE para excluir a los nacionalistas tiene una mayoría general en contra (45% frente a un 41,2% a favor) y el 18% esta a favor de nuevas elecciones. En tercer lugar, cara a las mociones de investiduras, el 33,2% de los consultados optaría por un gobierno PSOE-Sumar apoyado por nacionalistas y soberanistas, un 30% por un gobierno Feijoo en sus distintas variables (13% PP-PSOE, 16% en la fórmula coalición con Vox). Es más, en otra encuesta de EM-Analytics sobre la posible estabilidad de un gobierno surgido de la investidura, el 54,26% cree que durará más de dos años (por encima del 86% en los partidos del bloque progresista, 27% en el PP) y el 31,75% entre uno y dos años.
La negociación con Puigdemont y la cuestión nacional
Por lo que se refiere a Pedro Sánchez, la cuestión es hasta qué punto será capaz de encontrar soluciones en el marco de la Constitución del 78 para una situación de crisis del modelo territorial y nacional generada en parte por ese mismo marco. De que la voluntad existe y que no contempla nuevas elecciones, no parece caber dudas. La decisión de utilizar las lenguas co-oficiales en el Congreso, con la necesaria reforma del reglamento, es una prueba en este sentido (a pesar de que en las encuestas no parece encontrar apoyo mayoritario).
La Ley de Amnistía, a pesar del ruido de tertulianos y juristas, parece tener cabida constitucional, como siempre ha defendido Javier Perez Royo y ahora ha ratificado Tomás de la Cuadra-Salcedo. La cuestión es la de su conveniencia política o no, sobre todo cuando Puigdemont no renuncia por cuestiones de principio a la unilateralidad. Y sobre ello no parece tener la menor duda las fuerzas del bloque progresista, con Sánchez a la cabeza, ni la mayoría de la opinión pública. Los ritmos son más complejos, porque parece difícil su aprobación definitiva antes del 17 de octubre, teniendo en cuenta los 20 días inevitables tras su rechazo por la mayoría del PP en el Senado y la presión en la calle, en los medios y en el poder judicial que se orquestará.
En cuanto al relator o mediador internacional, fue una figura planteada en su día por el independentismo y rechazada por el PSOE y el PP como una estrategia de internacionalización del conflicto. El estado no acepta límites a su soberanía, aunque la razón de estado pueda sugerir otras vías para establecer clara y públicamente los compromisos. Y es el reflejo inverso de la renuncia o no a la unilateralidad independentista. En cualquier caso, la credibilidad de los compromisos, teniendo en cuenta que el modelo territorial exige finalmente una reforma constitucional, tiene que partir de antemano con un acto de buena fe. El propio inicio de las negociaciones y su efecto en la opinión pública y distintas fuerzas políticas abren un camino sin retorno que, como en el caso de Ithaca, será mas importante que su destino final desconocido, por mucho que haya distintas intuiciones sobre cual será y se puedan producir fases intermedias como un nuevo ciclo de reformas estatutarias para testar los actuales límites constitucionales.
La propuesta de Urkullu va en este sentido. La primera parte de la formula es evidente. La “convención” pretende trasladar la formula de la mesa de diálogo acordada con ERC al plano de un concierto político entre los gobiernos de las “naciones históricas” -Euskadi, Catalunya, Galicia- y el gobierno central. Hasta qué punto el adjetivo de la fórmula, “constitucional”, tenga cabida en la constitución del 78 es evidente que ninguno. Pero la propuesta de Urkullu pretende formular el compromiso de un camino a recorrer después de la investidura de Sánchez para constatar si hay acuerdo o consenso suficiente para en una legislatura posterior ir a una reforma constitucional. A la vez que sitúa en primer plano al PNV en la negociación, aparece como mediador imprescindible ante Junts y como ejemplo de un posible co-gobierno, que ya intentó con su fracasada mediación en los días álgidos del procés.
Sumar, por su parte, parece ser un componente importante en el ejercicio de mediación: es la única fuerza declarada plurinacional, la que más ha avanzado en las conversaciones gracias Jaume Assens y la que marca el camino a seguir en términos de compromiso de buena fe con la entrevista de Yolanda Díaz con Puigdemont en Bruselas.
Igual que Sánchez tiene que minorizar las presiones en contra del sector “felipista” partidario de un acuerdo con el PP, Puigdemont necesita gestionar la oposición de posiblemente la mayoría de la ANC, que defiende “la independencia o nada”, y cuya capacidad de movilización se pondrá a prueba en la Diada del 11 de septiembre.
Las tareas defensivas
En paralelo se ha abierto un debate sobre las tareas y prioridades que debe abordar en la nueva legislatura la mayoría progresista, en caso de formar gobierno.
Es evidente que la primera de las tareas era frenar la involución que provocaría la formación de un gobierno PP-Vox. Pero también que la coalición de la derecha extrema gobierna diez comunidades autónomas y con mayoría absoluta del PP en Madrid; mientras que el PSOE conserva Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra, el PNV con el PSE Euskadi, ERC en Catalunya y Coalición Canaria lo hace con el apoyo del PP y Vox en aquellas islas. Cualquier planteamiento de reconstruir el sistema de financiación autonómico -del que depende en buena parte el gasto social transferido- chocará con la mayoría territorial del PP y la “bilateralización” de los socios del gobierno en Euskadi y Cataluña. La derecha extrema está lejos de ser derrotada y dispone de una base sustancial territorial, a la que hay que sumar la mayoría conservadora en el poder judicial y una parte de la administración del estado y las fuerzas de seguridad.
En este terreno de defensa de las reformas y avances de la pasada legislatura aparecen cinco aspectos esenciales:
a) Una transición ecológica justa que lleve a un nuevo modelo productivo y de país y permita contribuir a los objetivos fijados internacionalmente por los Acuerdos de París. Necesitamos tener más protagonismo en este terreno.
b) La lucha por la Igualdad, que ha tenido sus momentos decisivos en la Ley del “si es si” y en la Ley Trans. La policrisis vuelve a poner el foco en el papel de las mujeres en nuestra sociedad, en el salto a dar hacia una sociedad de los cuidados, y en la defensa de los derechos LGTBIQ+. La forma que adopte la digitalización del sector servicios, del que las mujeres constituyen una parte esencial, será determinante para el avance en la igualdad.
c) Las reformas del mercado de trabajo y el diálogo social, desde la subida del SMI, los ERTEs, el reforzamiento de la negociación colectiva, la defensa de las pensiones. En la nueva fase de ajuste fiscal exigido por la UE será fundamental para que los trabajadores y las trabajadoras no paguen una vez más la recesión que viene.
d) Una política exterior progresista y feminista, cuyo eje y principal instrumento sea el multilateralismo. Cuando la Agenda 2030 se había situado en el centro de la situación internacional, con un programa de reformas imprescindibles para acabar con la desigualdad global, la crisis geopolítica global amenaza con hacerla descarrilar. Es necesario acabar con la fase bélica de esta crisis y encauzarla diplomáticamente de acuerdo con los principios de la Carta de NNUU.
Las izquierdas necesitan por tanto recuperar capacidad de movilización social, no solo para la defensa de sus reivindicaciones ante la crisis inflacionaria, sanitaria, educativa y de vivienda, sino muy probablemente para defender al gobierno progresista del acoso de la derecha económica y social. Sin un cambio en la correlación de fuerzas social a favor de las izquierdas es difícil imaginar cómo se podrán producir avances o conservar lo conseguido. El ejemplo del “caso Rubiales” apunta claramente a que es posible si hay una articulación entre la autonomía de los movimientos sociales y las políticas gubernamentales.
La moción de investidura ha planteado inexcusablemente la crisis constitucional del modelo territorial y la cuestión nacional del régimen del 78. Feijoo no será presidente por ella y esta aun por ver si lo podrá ser Sánchez. Ya se han abordado sus elementos iniciales que, para tener solución acabarán planteando la necesidad de una reforma constitucional.
Los nuevos retos
Otros cuatro retos que se van a plantear ineludiblemente en el próximo periodo legislativo y que debemos abordar desde el comienzo:
1) Una reforma fiscal progresista: la injusticia de nuestro sistema fiscal es patente en la caída de los ingresos salariales en relación con los beneficios y en la falta de capacidad redistributiva de un estado que se considera social y democrático. Este debe ser uno de los instrumentos de que dispongamos para abordar desde una perspectiva progresista el ajuste de la deuda acumulada que exige la UE y que ya esta implementando la subida de los tipos de interés del BCE.
2) Una reforma de la financiación del estado de las autonomías. El sistema transitorio actual ha estallado y ha sido sustituido por una tensión bilateral continua con cada comunidad autónoma, que lo hace insostenible. Gran parte del gasto social esta transferido a las autonomías y carecen de los recursos suficientes, acumulando deudas, generando desigualdad entre los ciudadanos, erosionando los servicios universales del estado de bienestar y poniendo en peligro la legitimidad de nuestra democracia. Será la precondición, una vez garantizadas las condiciones materiales de ciudadania, para abordar un nuevo pacto territorial y plurinacional.
3) Una reforma del Estado de Bienestar. La crisis del Covid ha llevado al limite la capacidad de resiliencia del sistema sanitario, educativo de dependencia públicos. Frente a su erosión y privatización, es urgente su modernización y financiación. El acceso universal a ellos es la base de la ciudadania y del contrato social. Como las pensiones, es necesario garantizarlos y ampliarlos, hacerlos de verdad universales. Es decir, que se sustituyan los programas condicionados para pobres -mientras los sectores privilegiados minoritarios acceden a la concertada y la privada donde articulan su estatus social- por el acceso universal a los derechos como ciudadanos. El paso a una sociedad de los cuidados plena, donde la igualdad no sea una cuestión meramente jurídica sino la práctica cotidiana, está condicionada por esta transformación.
4) La reforma de la administración del estado y de la administración de justicia. Sobre la situación de nuestro sistema judicial, que es ya un escándalo anti-constitucional en el caso de la renovación del poder judicial, ha llegado a una situación que afecta a la credibilidad del estado de derecho. La pretensión del PP de que esa renovación se sitúe de manera corporativa en los jueces y no en el Congreso de los Diputados no es democrática ni aceptable.Por lo que se refiere a la administración general del estado, con una media de edad de más de 50 años, con plantillas sin cubrir y falta de funcionarios, con tendencia a la externalización para evadir sus problemas, con una multiplicación de cuerpos de dirección y de gestión, ha llegado a una situación limite que hace difícil imaginar su digitalización.
La encrucijada
Si las negociaciones para la moción de investidura de Pedro Sánchez llegan a término y es posible constituir una mayoría parlamentaria y un gobierno de coalición progresista -lo que aún esta por ver dadas las resistencias que habrá que superar y establecer una mejor correlación de fuerzas-, la encrucijada en la que se encontrará es evidente. Por parte del PSOE se insiste ya que la nueva mayoría parlamentaria dependerá más del PNV y de Junts, los partidos de la derecha nacionalistas. Aplicando una lógica “frente populista”, la necesidad de estas alianzas marcará el techo de cristal de las políticas progresistas en la nueva legislatura. Que habrá que sacrificar las transformaciones sociales, en especial las políticas redistributivas frente al ajuste del déficit fiscal y la reducción de la deuda exigidas desde Bruselas, en el proceso de negociación de un sistema territorial que combina, explosivamente, la solución democrática de la cuestión nacional con la ampliación del gasto social transferido hasta alcanzar al menos la media de la zona euro.
Esta argumentación, encuentra eco en algunos sectores de la izquierda alternativa, con distintas consecuencias tácticas que van desde el abandono del espacio de confrontación política institucional hasta quienes, a la inversa, pretenden priorizar esta exclusivamente y subordinar a ella la movilización social. No es una cuestión nueva en las izquierdas el cómo desarrollar una política defensiva que al mismo tiempo cambie a su favor la correlación y la acumulación de fuerzas. Esta era en definitiva la orientación de frente único de los años 20, que es necesario recuperar y reformular en nuestras circunstancias históricas, en términos de instrumentos organizativos y de políticas.
Jordi Solé Tura, representante del PCE en la comisión constitucional, que cargaba sobre sus espaldas el balance del fracaso de la “vía comunista al socialismo” con el desplome de la URSS y el fracaso en Chile de la “vía democrática al socialismo”, resumió en 1991, antes de los primeros síntomas de la crisis constitucional del régimen del 78, el actual marco: “Es lo que tenemos. Ese marco puede admitir retoques, pero no reformas básicas”. De hasta dónde se llegue en los retoques y como se construya una hegemonía y el consenso social para las reformas ya imprescindibles dependerá que esta legislatura pueda comenzar y de cual será su balance posterior.