Gustavo Buster
01/02/2025
A juzgar por las declaraciones e informaciones, Pedro Sánchez ha ganado el pulso. El escudo social que contenía el RD-L 9/2024 será recogido en un nuevo RD-L, que ha aprobado ya el Gobierno de Coalición Progresista, y que será sometido a voto en proximamente en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Junts…y del PP. Sánchez ha conseguido no solo retomar las negociaciones con Junts para mantener la mayoría de investidura, sino que ha descalabrado la ofensiva reaccionaria del PP, que pretendía hacer suyo el escudo social y las ayudas por la dana. Cual ha debido ser la presión interna en el PP para obligar a Feijoo a perder la cara con un giro de 180 grados. Abascal y Vox van a regodearse en su condena de la “derechita cobarde”, convertidos ya en los alabarderos de Trump.
Rehacer la cuadratura del círculo de la mayoría de investidura no ha sido fácil. PNV conserva el retorno de su palacete en París expropiado por la Gestapo y hasta ahora no devuelto a su propietario en justicia. El RD-L 9/2024 se divide, sí, pero se mantiene unido todo el paquete del escudo social, incluida la moratoria de desahucios. Las medidas fiscales y de política económica tendrán que votarse por separado, seguramente con los presupuestos de 2025, cuya negociación tiene ahora un horizonte abierto que puede extender la legislatura.
Junts pierde en buena medida su capacidad de amenazar con acabar por las buenas con la legislatura. El síndrome de “Sansón y los filisteos” ha resultado ser una argucia difícilmente repetible, porque en el contexto interno e internacional, hay poco espacio para las fanfarronadas. Junts no solo está en pleno giro de orientación estratégica, sino que quiere recuperar el papel de CiU de portavoz del empresariado catalán (por el que compite también el PSC de Illa), empezando por la negativa a la jornada de 37 horas y media. El escándalo Comín va a erosionar el peso interno de los sectores más intransigentes o de izquierdas, acaba con el Consell de la República, ayudando al giro hacia la representatividad de los intereses económicos más que del legado inmediato de un procés en reflujo.
Pero Junts retoma la negociación con el PSOE de su larga lista de reivindicaciones, poniendo el acento más en los plazos que en la naturaleza de los contenidos. Quiere fotos de Mossos en las fronteras -donde ya están- controlando la inmigración y quiere una foto de “amnistía política” de Puigdemont con Sánchez, porque la jurídica depende de unos jueces que, cumpliendo consignas de Aznar, ponen un obstáculo detrás de otro. Todo ello rompe el bipartidismo dinástico, pero no desborda los límites del régimen del 78.
Quedan muchas cuestiones que dirimir en los presupuestos de 2025. El PSOE de Sánchez, que necesita un poco de calma y estabilidad para su reconstrucción interna en marcha, sabe que tendrá que hacer juegos malabares para mantener la cuadratura del círculo entre el bloque de izquierdas y las derechas nacionalistas. Pero el papel de árbitro, y de Bonaparte, lo tiene garantizado porque controla la gestión de los fondos New Generation de la UE, con una economía creciendo por encima del 2%, cuando Francia y Alemania están en recesión. La derecha social, la patronal empresarial y bancaria, surfean una ola extraordinaria de beneficios, han conseguido parar el precedente de la extensión de los impuestos a los beneficios extraordinarios de las energéticas. Saben que cuentan con el PNV y Junts para establecer los límites de este equilibrismo arbitrista. También quieren un poco de calma y sosiego para entrar en la negociación de su parte de los presupuestos, mientras que la recuperación de derechos laborales, la reforma del mercado de trabajo e incluso el recorte de jornada ha permitido un aumento de las rentas y de la demanda, por mucho que sea desigual y que la pobreza no baje del 25%.
¿Para qué sirve el Gobierno Sánchez?
Algunos sectores de la “izquierda de la izquierda” se preguntan a quién y para que sirve el gobierno Sánchez. La respuesta es sencilla. En una situación de giro internacional reaccionario, de extrema polarización, ha conseguido mantener el escudo social, acrecentar derechos sociales, reforzar la capacidad de negociación colectiva a cambio de contraprestaciones a los distintos sectores económicos de la clase dominante, gestionando él, no un gobierno PP-Vox, la crisis política larvada del régimen del 78 y los reflujos del 15-M y del 1-O catalán. Con la presión de CCOO y UGT y su proyección en el gobierno a través de la coalición con Sumar, el PSOE ha podido reproducir, en una correlación de fuerzas deteriorada, el arbitrismo de los gobiernos Zapatero. Si ha podido hacerlo -y la mayoría de los partidos social-demócratas europeos, no- es porque ha contado con el margen económico que le han proporcionado una gestión no-austeritaria las ayudas europeas, el reforzamiento del mercado de trabajo y la demanda y la rápida recuperación tras el Covid del sector exportador en todos sus componentes.
Es, en definitiva, un reformismo utilitario para sectores significativos de las clases trabajadoras, que no tienen otra alternativa que un gobierno PP-Vox y la vuelta a las políticas de austeridad y centralistas como bajo los gobiernos Rajoy. Eso es lo que conforma su conciencia de clase, con el sesgo de la identidad nacional y la precariedad que amenaza a ese 25% en la pobreza, con un peso importante de mujeres y jóvenes.
Y a pesar de la polarización política extrema, ese reformismo ha sido también útil a la derecha social y económica que, a pesar de aspirar a tener la sartén por el mango y volver a sentarse directamente en el gobierno, sabe que el amortiguamiento de la tensión social, el reflujo del 15-M y del 1-O aseguran sus beneficios extraordinarios, por el momento.
Cualquier repaso de la situación internacional, por poner solo los ejemplos de Brasil y Francia, permite comprender que este reformismo se sostiene no sobre cuestiones ideológicas, sino sobre condiciones materiales que tienden a erosionarse. Pero preparar alternativas estratégicas, republicanas y socialistas, exige comenzar por asumir las tareas defensivas de forma unitaria y hacer pesar cada vez más en el bloque de las izquierdas la movilización y la organización social autónoma que la gestión legislativa y gubernamental, que depende de las primeras para ir más allá del arbitrismo reformista actual.
Esta es, por tanto, la ecuación política y social que ha estado detrás del pulso de enero y de la encrucijada de la legislatura en los presupuestos pendientes de 2025.