Manuel Lago Peña
24/01/2025
En la foto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, interviene en Davos.
El pasado 22 de enero, el pleno del Congreso de los Diputados debatió la ratificación del Real Decreto-Ley 10/2024 para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. La presión del puñado de grandes compañias energéticas se expresó en un voto en contra del PP y Vox, pero tambien de Junts y el PNV. Reproducimo aqui la intervención del representante de Sumar, Manuel Lago, que explica claramente lo que obtenienen de beneficios extraordinarios por su posición de oligopolios unas compañias que, aunque operan en el Reino de España, son propiedad de grandes fondos de inversión internacionales. SP
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Lo que hoy votamos aquí es la continuidad, o no, de un impuesto que pagan tan solo cinco empresas, las grandes multinacionales que conforman el oligopolio energético español.
Son cinco empresas que tienen beneficios multimillonarios, pero, por lo que parece, han conseguido convencer a la derecha de esta cámara para acabar con un impuesto que es socialmente justo y tributariamente eficaz.
Este impuesto lo creamos en 2022, cuando los beneficios de las empresas eléctricas y petroleras se dispararon, con precios de la electricidad y de los combustibles abusivos, que afectaron gravemente a las familias y a las empresas españolas.
Precios abusivos para obtener beneficios escandalosos, que fueron los principales responsables de la crisis de inflación de 2022.
En 2019, las cinco compañías energéticas habían ganado 5.000 millones de euros antes de impuestos. En 2022 los beneficios se dispararon hasta los 22.000 millones de euros: cuatro veces más, un incremento del 300%.
Beneficios extraordinarios, yo diría que obscenos, que tienen su origen en el dominio de mercado de estas grandes multinacionales, que obtienen enormes beneficios, pero que apenas pagan impuestos.
En el año 2022, el tipo efectivo sobre beneficios que pagaron las compañías energéticas fue del 6,8% en el impuesto de sociedades. Las eléctricas tendrían que haber pagado el 25% y las petroleras el 30%, pero pagaron cuatro veces menos.
El impuesto de sociedades en España es un coladero que permite la elusión fiscal de las grandes compañías.
Por eso, en 2022, ante los beneficios extraordinarios de las energéticas, creamos un gravamen específico que ha funcionado muy bien.
Las cinco grandes multinacionales han aportado 2.500 millones de euros, que han permitido financiar parte del gasto en el bono social eléctrico o en las bonificaciones del transporte público, por citar dos ejemplos.
El argumento central que utiliza la derecha para intentar suprimir el impuesto es que, supuestamente, pone en peligro las inversiones de las empresas.
No es verdad.
Las cifras recogidas en el plan estratégico 2024/2027 de Repsol lo demuestra. La compañía estima que en estos cuatros cuatro años va a generar un flujo de caja operativo de 29.000 millones de euros y piensa destinar 10.000 millones de euros de esos beneficios brutos a remunerar a los accionistas.
Lo voy a repetir: Repsol va a destinar 10.000 millones de euros a remunerar a sus accionistas, entre dividendos y recompra de acciones.
Señorías de la derecha, ¿ustedes saben cuánto va a pagar Repsol por el gravamen especial a las energéticas en el año 2024? Se lo digo yo, 335 millones de euros.
10.000 millones en remuneración a los accionistas frente a 335 millones en el impuesto.
Y aun tienen la desfachatez de decir que este gravamen pone en peligro las inversiones.
Por decirlo con más claridad: ustedes no están defendiendo las inversiones, lo que están defendiendo son las ganancias abusivas de los propietarios de las empresas.
Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que pone en evidencia el lamentable papel que juegan hoy aquí las derechas.
¿Quiénes son los propietarios de las empresas del oligopolio energético español?
Porque a la derecha se le llena la boca hablando de su defensa de las empresas españolas, pero la realidad es muy diferente.
Endesa está en las manos del Estado Italiano, que tiene el 70% de su capital a través de Enel, una compañía publica.
Naturgy tiene entre sus accionistas de referencia al fondo norteamericano Black Rock, al fondo australiano IFM, al fondo luxemburgués CVC y al estado de Argelia, que sumados poseen más del 61% de su capital.
Iberdrola tiene como principales accionistas al fondo soberano de Qatar y a Black Rock, como no, de tal forma que el 71% del total de sus accionistas son extranjeros.
La antigua Cepsa es propiedad del Mubadala Investiment, un fondo soberano de Abu Dabi y del fondo de inversión norteamericano Carlyle, entre los dos tienen el 100% del capital.
Y por último Repsol, empresa en la que el 95% de sus accionistas institucionales son extranjeros, con el mayor paquete de acciones en manos del fondo de inversión norteamericano Black Rock, otra vez Black Rock.
Esta es la realidad del oligopolio energético español: está mayoritariamente en manos de fondos soberanos de países árabes y de fondos de inversión norteamericanos. Esos son a los que quiere beneficiar la derecha.
Termino. Hoy estamos debatiendo sobre el modelo fiscal en España. Sumar defiende que los más ricos, los que más ganan y los que más tienen son los que más deben contribuir. En este caso, las cinco multinacionales energéticas.
El sentido de la votación de este Real Decreto va a poner en evidencia a qué intereses sirve cada uno. Sumar está el servicio de la ciudadanía, al servicio del pueblo, al servicio del país real.
La derecha representa los intereses del oligopolio energético, del gran capital, de los fondos de inversión extranjeros y por eso está en contra de los intereses de nuestro país.