Para acabar con la pobreza en Cataluña

Carme Porta

Sergi Raventós

28/04/2013

La campaña de recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular (ILP) por una renta garantizada ciudadana (RGC) ya está en marcha. Esta ILP pretende garantizar una prestación económica a toda persona que tenga unos ingresos por debajo del índice de suficiencia garantizada que establece la Generalitat de Cataluña cada año. La RGC está reconocida en el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía que votamos en Cataluña en el referéndum del 2006.

La situación de pobreza en Cataluña es más alarmante cada día que pasa y los variados informes que se publican alertan de unos cuantos indicadores muy negativos. Es relevante y no muy conocido: más de una cuarta parte de la población catalana está en situación de pobreza y la tendencia no se frena. A pesar que Cataluña está por encima de la mediana del Reino de España, la evolución indica que entre el 2009 y el 2011 el riesgo de pobreza y exclusión social ha aumentado mucho más que en el resto del Estado: un 6,8% en Cataluña por un 3,6% en el conjunto del Estado.

Otro indicador muy preocupante para el futuro de cualquier país es el gran aumento de la pobreza entre las personas menores de 16 años. Se ha pasado de una tasa de riesgo de pobreza del 17,60% en el 2008 al 26,40% del 2011.

El índice de privación material es otro indicador que complementa los cálculos de la pobreza monetaria. La privación material hace referencia a la dificultad de las personas o de las familias para poder pagar los bienes de consumo y las actividades que son propias de una sociedad. La privación material severa ha aumentado del 1,15% del 2007 al 4,98% del 2011. Este concepto incluye no poder hacer frente a tres de los siguientes indicadores: pagar las facturas del alquiler, la hipoteca o los servicios públicos; mantener la vivienda adecuadamente caliente; asumir gastos inesperados; comer carne o proteínas con regularidad; ir de vacaciones; disponer de televisión; tener nevera; disponer de coche y disponer de teléfono. ¡Aproximadamente el 5% de la población está en una situación de privación material severa!

Hay que destacar otro nuevo indicador: el considerable crecimiento de los trabajadores y trabajadoras que padecen la pobreza, los working poor: las personas que a pesar de trabajar, tienen unos ingresos inferiores a los que determina el umbral de la pobreza. En Cataluña han aumentado más de un 2% entre el 2007 y el 2010, y han pasado de ser un 11,40% a un 13,70%, mientras que en la Unión Europea de los veintisiete se mantiene estable, a pesar de la crisis, en un 8,50%.

¿Qué están haciendo en esta situación socialmente insostenible los gobiernos, aunque hablen a menudo de “blindar el Estado de bienestar”? Hay que recordar que mutilaron en Cataluña de forma vergonzosa la renta mínima de inserción (RMI) el verano del 2011: para el 2012, el gobierno destinó un 27% menos de recursos a la RMI que para el 2011. Los recortes en otros ámbitos como la sanidad o la educación públicas empeoran la situación.

Por todas estas razones y por la falta de una respuesta efectiva y decidida del gobierno actual, hace más de un año se creó una comisión promotora -formada por personas de ámbitos diversos de la ciudadanía de Cataluña- para impulsar la ILP por una renta garantizada ciudadana. Esta pasada semana, la comisión ha iniciado un despliegue por toda Cataluña para conseguir las 50.000 firmas necesarias para ser debatida en el Parlamento catalán.

La RGC se hace imprescindible para centenares de miles de personas y más aún cada día que pasa. La destrucción de puestos de trabajo acompañada de la falta de protección social, está llevando y llevará a unos escenarios de muchas necesidades sociales, económicas, de vivienda, de salud, etc. Frente a este panorama desolador, la existencia de unos ingresos mínimos (por encima del umbral de la pobreza) no sujetos a ninguna disponibilidad presupuestaria ni a las arbitrariedades políticas de última hora, es una tarea que una administración que piensa en beneficio de la ciudadanía tendría que tener como prioridad más absoluta.

Queremos asimismo subrayar que somos conscientes de las limitaciones y condicionalidades que tendrá esta iniciativa. Habrá que saber quién la puede percibir y quién no, habrá de haber un cierto control administrativo, se tendrán que hacer trámites, verificarlos, etc. Todo esto, a diferencia de una renta básica incondicional- propuesta que los autores de este artículo defendemos desde la Red Renta Básica- y que no conllevaría ningún test de ingresos y por tanto ningún estigma, y sería más fácil de administrar. En todo caso, para no colapsar del todo el Estado de bienestar, no hay que olvidar redistribuir la riqueza y revertir las grandes desigualdades sociales existentes.

No hay libertad (tampoco para poder decidir ningún proyecto político serio) si el derecho a la existencia no está garantizado, y esto quiere decir tener una garantía suficiente de rentas, tal como reconoce el actual Estatuto de Cataluña. La renta garantizada es un paso muy considerable en esta dirección. Que se haga realidad sólo depende de nosotras y nosotros.

 

Carme Porta y Sergi Raventós son miembros de la comisión promotora de la ILP por una RGC y pertenecen a la Red Renta Básica www.redrentabasica.org

Traducción para www.sinpermiso.info: Roger Tallaferro

Fuente:
Ara, 25 de abril de 2013

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