La mercantilización y privatización de la naturaleza avanza en América Latina. Entrevista

Bajo el dominio y reglas impuestas por el mundo actual, la naturaleza y sus componentes son reducidos a una expresión monetaria con el pretexto de la necesidad de capital privado para mitigar los procesos de la crisis ambiental y los eventos extremos de cambio climático.

Con la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP) desarrollándose como telón de fondo en Glasgow, Reino Unido, Karin Nansen, integrante de Amigos de la Tierra internacional y REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, conversó con “la diaria sobre las implicancias y consecuencias de la mercantilización y privatización de la naturaleza y las luchas que se han desatado en el país y la región para intentar detener el avance de estos procesos.

¿Qué es la mercantilización de la naturaleza?

Es la naturaleza convertida en mercancía. Para eso, toda su riqueza, funciones, servicios eco-sistémicos, componentes, entre otros, son divididos en unidades a las que se puede poner un precio para vender y comprar en los mercados. Bajo esta lógica el valor más importante de la naturaleza pasa a ser el que le asigna el mercado. Un claro ejemplo es el énfasis en el carbono como unidad y el planteo del cero neto. Además, la mercantilización está muy relacionada con la “economía verde”, que tiene que ver con reconocer el valor, la importancia de protección y conservación de la naturaleza, pero adjudicándole un valor económico.

¿Y la privatización?

Es la apropiación privada de la naturaleza. La propiedad privada sobre la tierra tiene una larga historia, pero hay situaciones que son más recientes o de las que las personas somos más conscientes. La privatización se desarrolla de diferentes formas. En algunos casos, se produce de manera más directa y con un uso directo de la violencia física en la expulsión de las personas que habitan esos territorios, y en otros casos, los procesos son más “sutiles”. Por ejemplo, la apropiación privada de la atmósfera, la contaminación del aire, los derechos privados sobre el agua, la contaminación de los recursos hídricos y su uso indebido o excesivo, la contaminación con agroquímicos a partir de las fumigaciones, etcétera.

El vínculo entre la privatización y el uso indebido de territorio o el manejo incorrecto de elementos es algo que observamos desde hace muchos años, por ejemplo, antes de que se aprobara en 2004 la reforma constitucional del agua. La privatización de los territorios impacta directamente en los derechos de las personas, pero no sólo de los pueblos y comunidades que habitan esos espacios, sino de toda la sociedad.

Son procesos profundamente imbricados

Sí, están íntimamente relacionados. El proceso de mercantilización lleva a una apropiación privada, y viceversa. Son procesos que desconocen las verdaderas causas de los problemas ambientales. El último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático muestra claramente que estamos en una situación sumamente grave, y si se desconocen las causas estructurales de la crisis climática y no se define bien el problema, en lugar de resolverlo se va a continuar exacerbando. Si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero no hay solución al problema, y eso tiene que ocurrir ya. No implica sólo abandonar el sistema energético actual basado en los combustibles fósiles y pasar a energías renovables, sino también cambiar el sistema alimentario que es en parte responsable de las emisiones, detener de una vez por todas la deforestación, la degradación de los océanos, etcétera. Se necesita un cambio sumamente radical de todos los sistemas económicos, sociales y la forma en que organizamos nuestras ciudades. Las empresas trasnacionales y muchos gobiernos no están dispuestos a llevar a cabo ese cambio porque ven que afectaría sus ganancias y beneficios. Por eso van inventando supuestas soluciones de mercado para continuar con la acumulación de riquezas.

¿Qué tipos de “supuestas soluciones” proponen en este marco?

Por ejemplo, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se habla del “cero neto”, que no es llevar las emisiones a cero, sino seguir emitiendo gases contaminantes, pero compensar esa emisión mediante su captura, absorción y remoción de la atmósfera.

Una empresa como Shell puede compensar sus emisiones con la plantación de árboles y monocultivos forestales en África. Eso, que se presenta como una solución, en realidad es un doble problema. Por un lado, porque no está probado que se pueda absorber por completo la emisión de gases de efecto invernadero. La tierra tiene un límite de absorción, particularmente del CO2. Por otro lado, porque esas grandes plantaciones de árboles en un continente como África significan más acaparamiento de tierras ‒muchas veces con destrucción de los ecosistemas‒ y negación de derechos a los pueblos y comunidades locales sobre sus tierras. Por supuesto que genera nuevas oportunidades de negocio, porque las empresas pueden seguir contaminando con sus actividades tradicionales y, a la vez, pueden invertir en proyectos de este tipo, supuestamente amigables con el ambiente.

Otros planteos tienen que ver con el uso de tecnologías como la geoingeniería, que tampoco están probadas, o el uso de tecnologías para intensificar la producción en menos espacio y con menos recursos. Pero este planteo no tiene sentido ninguno. De hecho, ni siquiera es necesario aumentarla producción de alimentos. 70% de la población mundial se alimenta de la producción familiar y de las y los pequeños productores, y utiliza sólo 25% de los recursos del agronegocio. Las falsas soluciones son una de las mayores características en este proceso de mercantilización de la naturaleza y de los discursos de la “economía verde”.

¿Se ha profundizado en los últimos años esta idea de la naturaleza como mercancía?

Hay distintos momentos en la política ambiental en los que se ha ido, de alguna manera, consolidando está visión mercantilista de la naturaleza. Es un proceso que sigue en marcha y quelas organizaciones sociales estamos denunciando en distintos foros como las cumbres del cambio climático. De hecho, en la COP26 las organizaciones sociales vamos a denunciar la profundización de la mercantilización y la privatización, por ejemplo, en relación a los mercados de carbono y el modelo del cero neto. Observamos que las grandes empresas trasnacionales y muchos gobiernos están poniendo un mayor énfasis en estas lógicas mercantilistas y privatizadoras y eso influye en cómo se define la política ambiental. También hay un avance en lo que tiene que ver con la financiarización de la naturaleza, en la medida en que se convierte en un activo financiero que puede ser comercializado en la bolsa y en los mercados financieros.

Frente a todo esto, ¿qué hacen o deberían hacer los gobiernos?

Lo que deberían hacer los gobiernos es establecer normas que prohíban determinadas actividades y limiten la destrucción ambiental, y realmente hacerlas cumplir. Pero, en lugar de eso, generan posibilidades de comercialización y de créditos que supuestamente compensan la destrucción ambiental. Los países industrializados del norte, que son los grandes responsables de la crisis climática, ignoran sus responsabilidades históricas y su deuda ecológica con los países más empobrecidos. No sólo eso, sino que promueven este tipo de lógicas de compensación para no tener que afrontar el cambio necesario y el compromiso que requiere la acción climática. Se sigue transfiriendo la responsabilidad a los países del sur, porque esos proyectos van a parar a los países más vulnerables.

Muchas veces, la justificación de los países para acompañar y sostener las lógicas de privatización y mercantilización es que la mitigación de la crisis climática y la adaptación a los eventos de cambio climático requieren mucho dinero. ¿Qué tan real es esto? ¿Los países podrían hacerse cargo si quisieran?

Ese es un argumento que opera de diferentes maneras. A veces, por ese mismo motivo, se plantea que tiene que haber más áreas de conservación privadas que públicas. Se relaciona con la forma en que se distribuye el gasto público y dónde se invierte. Muchas veces, proyectos o propuestas relacionadas a lo ambiental no son una prioridad para los gobiernos, sino que la prioridad es el crecimiento económico y la inversión extranjera. Es cierto que los países más empobrecidos tienen menos posibilidades de invertir recursos para proteger su diversidad y sus sistemas ecológicos en general, y para mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático. Por eso es que también se reclama la responsabilidad de los países industrializados. No se ha cumplido con los magros compromisos que hicieron. Además, la forma en que se miden esos recursos es muy perversa; muchos fondos que ya eran para la cooperación internacional ahora se hacen pasar como fondos para la adaptación al cambio climático. Entonces, no son recursos genuinos, que son necesarios y que deben ser donaciones y no préstamos.

Los países del norte tienen que cumplir su promesa, no porque tengan que ser buenos por ser más ricos, simplemente porque tienen una responsabilidad en la crisis climática. La deuda ecológica del norte con el sur es brutal, porque han destruido históricamente la naturaleza a través del proceso de colonización y neocolonialismo. Por otra parte, los países del sur tienen que cambiar el sendero del desarrollo por su propio bien. No podemos esperar a que el norte haga lo que tiene que hacer. Los más vulnerables tienen que elegir otra senda de desarrollo, donde lo ambiental sea considerado algo estructural y no algo accesorio. La dimensión ambiental es estructural para un verdadero desarrollo que sea justo, inclusivo y con equidad.

¿Cómo se posicionan en este esquema los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la FAO?

Hay debates internos en esos organismos. Estamos viendo un proceso que nos preocupa mucho. Cada vez se apuesta más a otorgar el mismo papel en los debates al sector privado que a los gobiernos y movimientos sociales. Pero el peso y el poder de las grandes empresas es desproporcionado frente a las organizaciones sociales, y eso impide establecer un debate democrático. Es algo que cuestionamos desde antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en1992, y que se mostró claramente en la cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, incluso en las COP. Es muy preocupante lo que está pasando.

También depende mucho de los gobiernos que están representados en los organismos; en la medida en que van cambiando las lógicas de los gobiernos, cambia la situación. Se ha invertido muchísima energía desde las organizaciones de la sociedad civil en este sentido. Ha habido un proceso de organización creciente, en el que más y más organizaciones nos unimos para trabajar en forma conjunta frente a estos procesos, en las conferencias y negociaciones. Pero es muy difícil. Actualmente estamos trabajando en el marco de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en la ONU para que las empresas trasnacionales, de una vez por todas, tengan que enfrentarse a la Justicia. Porque una de las cosas que logran las empresas es evadir sus responsabilidades, muchas veces porque alegan que la sede central no tiene nada que ver con las acciones de una empresa subsidiaria ubicada en otro país. Un caso emblemático es el de Shell: su casa matriz, en Países Bajos, niega tener responsabilidad por lo que hace Shell en Nigeria, pero es la misma empresa. Realmente es necesario contar con un tratado de esas características. En este momento, se está en el proceso de negociaciones en Ginebra. Es muy difícil porque no todo el mundo quiere juzgar a las empresas trasnacionales por sus crímenes y violaciones de derechos humanos, a pesar de que cada vez más se reconoce que eso es un hecho.

¿Qué características ha tenido este avance de la privatización y la mercantilización en la región?

En América Latina un tema central es y ha sido la lucha por el agua. Desde la Guerra de Cochabamba en Bolivia, en el 2000, se ha ido reproduciendo en todo el continente la defensa por el agua, el derecho al acceso a agua potable, la protección del ciclo hidrológico, etcétera. Es una bandera de las organizaciones de toda la región contra los procesos de privatización. La protección de las áreas protegidas, que están en riesgo en muchos países, es una lucha histórica contra la privatización en América Latina. La apropiación de las áreas protegidas implica muchas cosas, como expulsar a las personas que habitan esos territorios y la apropiación de todos los elementos de la naturaleza que se encuentran en ese espacio, bajo el argumento de que esas zonas deben protegerse y ser gestionadas por privados. También ha sido característica de la región la lucha constante contra el avance de la industria minera, del agronegocio y contra la instalación de grandes represas.

Mencionaste como una característica de estos procesos la expulsión de poblaciones de sus territorios, ¿qué pasa con esas personas en la región?

Los territorios en general no están desocupados, están habitados, y ahí viven pueblos que reproducen su vida y su cultura. En muchos casos, los pueblos indígenas han sido quienes han estado en esos territorios y tienen derechos consuetudinarios que son innegables. También la población campesina y los pescadores artesanales. Esos pueblos son los que han garantizado una gestión mucho más adecuada del territorio y juegan un papel clave en la conservación de la biodiversidad, que han sabido utilizar sin destruir. En la medida en que se produce el avance, por ejemplo, de la frontera agrícola, de la minería o de las grandes represas, esas poblaciones son expulsadas de sus territorios y pierden todo tipo de derechos. Además, se desarrolla un proceso de destrucción cultural que es nefasto. Cómo hacer frente a estos procesos es un tema central para muchas organizaciones. En países como Colombia, Honduras y Brasil, la violencia es brutal, especialmente contra las mujeres, que muchas veces son las que lideran estos procesos de defensa del territorio y los derechos de sus pueblos.

¿En Uruguay cómo se desarrolla esta mercantilización y privatización?

En nuestro país el avance es mucho más sutil que en otros. Quizá la cara más violenta de estos procesos en Uruguay es la contaminación de los ecosistemas ecológicos y las fumigaciones de agrotóxicos. Por ejemplo, las mujeres rurales desde hace tiempo denuncian que están rodeadas por los monocultivos de eucaliptos, de soja, y sus tierras son fumigadas. En eso también hay una negación y violación de derechos, además de afectación de la salud. Es una situación muy violenta que no hay que disminuir, pero al mismo tiempo es importante decir y defender que aquí no haya una persecución como existe en otros países de la región, que llegan las empresas con las topadoras y tiran abajo viviendas, toman el campo y las personas son expulsadas mediante el empleo de la fuerza.

De todos modos, en Uruguay se están dando procesos que si no estamos alertas como sociedad se van a seguir dando e intensificando. No sólo con la tierra, también con el agua y otros componentes de la naturaleza autóctona. Las plantaciones en las nacientes de las cuencas hidrográficas y la contaminación del agua ponen en riesgo la calidad de agua para el consumo humano y la disponibilidad de agua para los ecosistemas. Eso también es una forma de privatización y mercantilización, pero no se hace tan evidente hasta que se logra denunciar y mostrar que eso realmente atenta contra nuestros derechos. Un ejemplo claro de privatización y mercantilización en Uruguay fue la Ley de Riego, que se vincula con el proceso de mercantilización. Si bien antes ya existía la posibilidad de generar infraestructura de riego y proporcionar servicios de riego, estaban muy vinculados a los actores que ya estaban en el medio rural. Ahora se permite que actores financieros puedan invertir en el servicio de riego y vender el servicio a quienes decidan.

¿A qué nos conduce todo esto?

No creo que haya que pensar las cuestiones en términos lineales. Cuando decimos que se van profundizando los procesos de privatización y mercantilización, es cierto. Pero, por otra parte, también hay resistencias. Por suerte hay mucha gente luchando por el bien público y los intereses de la sociedad. Esa disputa en torno al territorio se va a seguir dando en Uruguay, eso es bueno para el país y para la democracia. El tema es qué termina prevaleciendo y cómo se establece la correlación de fuerzas. Para lograr decisiones más democráticas necesitamos reconocer las desigualdades que existen y tener claro qué es lo que debe estar en el centro de la toma de decisiones. Si se sigue privilegiando sólo el crecimiento económico, la inversión extranjera, la instalación de infraestructuras, etcétera, y eso se considera suficiente para el desarrollo, estamos en problemas.