Diseño de una Renta Básica Europea

Este texto es un resumen del artículo aparecido a principios de diciembre en la revista Poverty & Public Policy: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pop4.415.

Introducción

La idea de implementar una renta básica, un pago periódico incondicional entregado a todas las personas residentes acreditadas de forma individual, no es nueva. Su objetivo, desde una perspectiva republicano-socialista, es garantizar la existencia material de todas las personas. La concepción republicana de la libertad está estrechamente vinculada a las condiciones materiales de existencia, donde nadie debe poder interferir de manera arbitraria en la vida de las demás personas (Domènech, 2004; Domènech y Raventós, 2008). Aunque el concepto de renta básica data de la época del Renacimiento, ha cobrado relevancia recientemente debido al aumento de las desigualdades, el riesgo de pobreza y exclusión social, y las transformaciones tecnológicas y del mercado laboral, que pueden provocar tanto la pérdida de empleos como un aumento de la productividad.

Este artículo se centra en la Unión Europea (UE), donde aún no se han publicado en revistas académicas estudios de financiación de una renta básica suficiente para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. A pesar de varias iniciativas legislativas en diferentes países europeos para evaluar la viabilidad e impacto de la renta básica, una de las principales preocupaciones sigue siendo la cuestión de su financiación (Pereira, 2017). La pregunta de investigación, por tanto, es la siguiente: ¿puede una Renta Básica Europea (EBI, por sus siglas en inglés) financiarse de manera sostenible y equitativa?

La financiación sostenible se refiere a la viabilidad financiera y la estabilidad a largo plazo de la EBI, garantizando que su implementación se pueda mantener sin causar impactos económicos adversos. Por otro lado, la financiación equitativa significa que los grupos más desfavorecidos no verán empeorar su situación y que no se agudizarán las desigualdades sociales existentes (Standing, 2017; Bollain, 2024). Este estudio introduce un enfoque innovador, proponiendo una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como la implementación de un impuesto común europeo sobre la riqueza y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG). Estos mecanismos alternativos de financiación buscan cubrir los gastos no financiados por la reforma del IRPF y mejorar la viabilidad financiera de la EBI en el contexto europeo.

Estado del arte

En 1988, Francia implementó el Revenu Minimum d'Insertion (RMI), un sistema de garantía de ingresos que buscaba proporcionar apoyo económico a las personas que no podían trabajar debido a la edad, condiciones físicas o mentales. Este sistema introdujo dos elementos clave, la dimensión monetaria y la de inclusión laboral, que más tarde se convertirían en pilares de otros sistemas de garantía de ingresos en países del sur de Europa, como el reino de España, Portugal e Italia. Con el tiempo, muchos países europeos, como Suecia, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Alemania, Finlandia y el Reino Unido, han fortalecido las políticas de activación obligatoria, vinculando la garantía de ingresos a actividades de inclusión laboral, con el objetivo de restaurar las conexiones sociales entre los beneficiarios. Sin embargo, la eficacia de estos sistemas en la reducción de la pobreza ha sido cuestionada, ya que, según Frazer y Marlier (2016), "quedan muy por debajo de garantizar una vida digna para las personas más vulnerables".

En los últimos años, la renta básica ha ganado terreno en los ámbitos político, académico y social como una herramienta que podría suplir las carencias de los sistemas de ingresos mínimos. El debate sobre la renta básica ha aumentado significativamente a nivel europeo, con varias iniciativas legislativas que han aportado valiosos conocimientos sobre las complejidades y logros de abogar por políticas de renta básica. En el reino de España, los esfuerzos de base para una iniciativa legislativa popular sobre la renta básica mostraron una gran movilización, aunque no lograron el número necesario de firmas. En Cataluña, la creación de la Oficina del Plan Piloto para la Implementación de la Renta Básica Universal en 2021 subraya el compromiso regional para explorar su viabilidad. En Euskadi, una iniciativa ciudadana para una Renta Básica Incondicional consiguió 22.075 firmas y fue presentada en el Parlamento Vasco en 2020, aunque fue rechazada en 2021.

La experiencia de Alemania con iniciativas de renta básica refleja un patrón similar de gran apoyo público, pero resistencia política. En 2020, una petición apoyada por varios grupos de defensa de la renta básica y firmada por más de 176.000 personas fue debatida en el Bundestag, pero la propuesta fue rechazada debido a las preocupaciones sobre las implicaciones financieras. De manera similar, el referéndum nacional de Suiza en 2016 sobre la renta básica fue rechazado por un 77% de los votantes.

A nivel europeo, las Iniciativas Ciudadanas Europeas (ECI) de 2013 y 2020 buscaron influir en las políticas de la UE sobre la renta básica, aunque enfrentaron numerosos obstáculos, como la complejidad del sistema de recogida de firmas online. A pesar de esto, lograron elevar el discurso sobre la renta básica dentro de las instituciones de la UE y entre parte de la ciudadanía. En 2017, el Parlamento Europeo rechazó una resolución que incluía propuestas para un marco regulatorio para la inteligencia artificial y los robots, junto con la renta básica y un impuesto a los robots. Sin embargo, en 2018, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución a favor de un debate profundo sobre la renta básica en todos sus 47 estados miembros.

Según Raittila y Bollain (2021), una renta básica bien implementada a nivel europeo sería particularmente interesante como herramienta redistributiva para asegurar que todas las personas se beneficien equitativamente de la riqueza generada por la integración europea. Además, podría actuar como un mecanismo de solidaridad a través de transferencias fiscales transnacionales, reduciendo las desigualdades económicas y sociales, evitando efectos negativos como la "fuga de cerebros" en algunos países de la UE y aumentando la legitimidad y el apoyo público al proyecto europeo desde una perspectiva social.

La pandemia de la COVID-19 ha expuesto e intensificado muchas de las disparidades sociales y económicas preexistentes en Europa, lo que hace que la discusión sobre la financiación de una EBI sea particularmente pertinente. Esta crisis ha subrayado la necesidad de un estado de bienestar más robusto e inclusivo, y una EBI, si se concibe y financia adecuadamente, podría ser una herramienta eficaz para abordar estos problemas, promoviendo la justicia social y la solidaridad.

A pesar de que algunos autores sostienen que la renta básica no debería generar problemas presupuestarios si se diseña adecuadamente, financiarla requiere una asignación sustancial de recursos. Sin embargo, varios estudios en diferentes áreas geográficas demuestran que, con una buena gestión, un programa de renta básica completo es asequible, viable y altamente consistente. Sin embargo, la implementación de una EBI requiere un esfuerzo integral y sostenido por parte de los responsables políticos, académicos y la sociedad civil, lo que justifica la necesidad de investigar su viabilidad financiera.

Materiales, modelo y metodología

Este estudio utiliza la base de datos EU-SILC de 2020 proporcionada por Eurostat, que incluye microdatos sobre ingresos y condiciones de vida de los hogares europeos. Se abordan cinco categorías clave: ingresos de individuos, ingresos del hogar, datos demográficos, características del hogar y niveles de pobreza o exclusión social. Estos datos se emplean para evaluar el impacto de un modelo de EBI mediante un modelo de microsimulación (Arcarons et alter, 2023).

La renta básica propuesta es individualizada por hogar, lo que significa que cada persona del hogar recibe la renta básica de forma separada, pero la cuantía se ajusta de acuerdo con las características de cada hogar. Para calcular los ingresos equivalentes de cada hogar, se utiliza la escala de equivalencia modificada de la OCDE. Esta escala tiene en cuenta que, a medida que más personas cohabitan en un hogar, los costes aumentan, pero de manera decreciente debido a las economías de escala en el consumo. Según esta escala, el primer adulto de un hogar recibe un peso de 1, los siguientes adultos mayores de 13 años reciben un peso de 0,5, y los menores de 13 años reciben un peso de 0,3. Este ajuste permite que el cálculo de la renta básica sea más preciso y refleje las diferencias en las necesidades económicas de los hogares según su tamaño y composición.

Además, el modelo asegura que la renta básica se alinee con los objetivos de erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, estableciendo que el monto de la renta básica se indexe al umbral de riesgo de pobreza. Este enfoque garantiza que la renta básica no solo proporcione una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas, sino que también tenga un impacto redistributivo significativo, reduciendo las disparidades en los ingresos. La implementación del modelo también considera la eliminación de los beneficios sociales por debajo de la cuantía de la renta básica, que serían absorbidos y generarían ahorros destinados a la financiación del modelo. Además, se incluye una cláusula de compensación para que ningún hogar por debajo del percentil 80 de renta bruta equivalente (de cada estado miembro) salga perjudicado tras la implementación del modelo, así como una cláusula de eliminación de la pobreza para que nadie se encuentre en situación de pobreza tras la implementación de la renta básica. Este diseño permite que el modelo sea tanto equitativo como financieramente sostenible, adaptándose a las realidades económicas y sociales de cada país dentro de la UE.

El modelo, asimismo, está diseñado para ser autofinanciado. Es decir, no genera un déficit estructural adicional, ya que los impuestos previamente recaudados seguirían recaudándose como en la actualidad. El modelo de financiación se basa en una reforma del impuesto sobre la renta, la introducción de un impuesto común europeo sobre la riqueza y un impuesto a las emisiones de CO2. El impuesto sobre la riqueza y sobre las emisiones de CO2 son utilizados para financiar los costes no cubiertos a través del impuesto sobre la renta.

Este enfoque asegura que la financiación de la EBI sea sostenible a largo plazo, a pesar de los posibles costos adicionales que surjan. El estudio destaca la importancia de estas reformas fiscales para asegurar la viabilidad del modelo y su efectividad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Resultados

Situación ex ante

El análisis inicial de la situación en los 26 estados miembros de la UE revela una considerable variabilidad en términos de ingresos, pobreza y desigualdad entre los diferentes países. El estudio muestra que varios países como Estonia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, el reino de España, Italia y Malta tienen tasas de hogares en riesgo de pobreza superiores al 20%, mientras que otros, como Eslovaquia, Chequia, Francia y Hungría, tienen tasas inferiores al 15%. Este dato resalta las diferencias sustanciales en el bienestar social entre los estados miembros.

En cuanto a la desigualdad de ingresos, se observa que algunos países presentan un alto nivel de desigualdad de ingresos brutos, como Bulgaria (con un coeficiente de Gini de 0,4148), Rumanía (0,3837), Letonia (0,3733) e Italia (0,3710). Estos países tienen un coeficiente de Gini superior a 0.35, lo que indica una gran desigualdad en la distribución de los ingresos. Por otro lado, países como Eslovaquia (0,2389), Chequia (0,2795) y Eslovenia (0,2874) muestran una situación más igualitaria con coeficientes de Gini más bajos (inferiores a 0,29). Sin embargo, al analizar la desigualdad de los ingresos netos, se observa que, aunque algunos países logran reducir la desigualdad a través de sus sistemas fiscales, como Eslovaquia, Chequia y Eslovenia, otros países como Bulgaria, Letonia y el reino de España mantienen altos niveles de desigualdad incluso después de la intervención fiscal.

El análisis de la redistribución de los ingresos revela que países como Francia, Irlanda, Bélgica y Portugal tienen los sistemas fiscales más redistributivos, con un efecto significativo en la reducción de la desigualdad. Estos países logran transferir recursos de los individuos de mayores ingresos a los de menores ingresos en una proporción superior al 6%. Por el contrario, países como Bulgaria, Polonia, Luxemburgo, Grecia, Letonia y Eslovaquia tienen sistemas fiscales menos redistributivos, con transferencias inferiores al 3%. Estos hallazgos proporcionan una base de comparación crucial para evaluar el impacto de la EBI en términos de reducción de la desigualdad y la pobreza.

Situación ex post

Tras la implementación de la reforma del impuesto sobre la renta[1], se calcula que el coste bruto de la renta básica a financiar es de 3,23 billones de euros. Al eliminar los beneficios inferiores a las cantidades de la renta básica que serían absorbidos, se obtienen ahorros de 1,19 billones de euros. La diferencia entre el coste bruto y los ahorros constituye el coste neto de financiar la renta básica, que resulta ser de 2,04 billones de euros.

El siguiente paso es determinar el objetivo de financiación, que debe incluir la cantidad recaudada previamente a través del impuesto sobre la renta (1,41 billones de euros) más el coste neto de financiar la renta básica. El objetivo total de financiación, por tanto, es de 3,44 billones de euros (1,41 billones de euros de recaudación previa + 2,04 billones de euros de coste neto). La reforma fiscal del impuesto sobre la renta propuesta recauda 3,18 billones de euros, por lo que queda un déficit de financiación de 257,86 mil millones de euros.

Además de este déficit, se debe agregar el coste de la cláusula de compensación y el coste de la cláusula de eliminación de la pobreza, que ascienden a 112,84 mil millones de euros y 7,95 mil millones de euros, respectivamente. Esto eleva el coste total no financiado a 378,65 mil millones de euros.

Tras la implementación de la reforma fiscal propuesta, los resultados ex post muestran un impacto significativo en términos de equidad y cohesión social. El índice Gini, que mide la desigualdad, mejora notablemente, pasando de 0,3756 al 0,3000, reflejando una redistribución más equitativa de los ingresos. Además, el riesgo de pobreza y de pobreza severa se elimina por completo tanto para los hogares como para los individuos en toda la población analizada. Los hogares situados por debajo del percentil 80 de ingresos brutos equivalentes en cada estado miembro mejoran su posición económica respecto a la situación previa, mientras que las pérdidas económicas se limitan a los dos deciles más ricos de la población, garantizando que el impacto sea progresivo y justo. Estos resultados confirman que la reforma propuesta no solo financia de manera sostenible una renta básica, sino que también transforma la estructura de ingresos en la Unión Europea, promoviendo una sociedad más igualitaria y cohesionada.

Financiación adicional

Para cubrir el déficit no financiado, se proponen diversas fuentes de financiación adicionales. En primer lugar, se considera la exclusión de la población reclusa de la renta básica o el pago de esta a las instituciones penitenciarias. Dado que las personas privadas de libertad no pueden acceder a todos los derechos civiles, se justifica que no reciban la renta básica, lo que generaría un ahorro de 4,97 mil millones de euros. Además, se propone una reducción del 50% de los costos administrativos de los beneficios sociales, que son significativos debido a la necesidad de dirigir los beneficios a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Esto resultaría en un ahorro adicional de 59,91 mil millones de euros. Sin embargo, estos ahorros aún no cubrirían el déficit restante de 314,1 mil millones de euros, equivalente al 2,25% del PIB de la UE, excluyendo a Lituania.

Se propone, entonces, un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG), con una tasa de 221,83 euros por tonelada de CO2, lo que generaría un financiamiento adicional de 323,46 mil millones de euros. Este impuesto se aplicaría de manera progresiva según las emisiones de CO2 por país, de forma que los países con una tasa de impuestos superior a esta no pagarían impuestos adicionales. La idea es aplicar una convergencia de las tasas de impuestos entre los países, de modo que todos contribuyan de manera equitativa a la financiación de la renta básica.

Asimismo, se propone un impuesto sobre la riqueza dirigido al 2% más rico de la población. Este impuesto se calcularía aplicando una tasa media del 1,01%, lo que generaría 236,24 mil millones de euros. La tasa aplicada es moderada en comparación con otros estudios que proponen tasas más altas, pero es suficiente para cubrir el déficit de financiación adicional. La aplicación de un impuesto sobre la riqueza se dirige exclusivamente al 2% más rico de la población, lo que garantiza que los más pobres no se vean afectados, y contribuye a reducir la concentración de riqueza.

Con estas reformas fiscales, se cubriría el 100% del déficit de financiación adicional, con un 35% proveniente del impuesto sobre las emisiones de GHG y un 65% del impuesto sobre la riqueza. Este enfoque busca garantizar una financiación progresiva, afectando a toda la población a través del impuesto ambiental y centrando el impuesto sobre la riqueza en los hogares más ricos. De esta manera, la financiación de la EBI sería sostenible a largo plazo y permitiría avanzar en la erradicación de la pobreza y la desigualdad social.

Discusión

La financiación de una EBI es una cuestión compleja que requiere un análisis exhaustivo de varios factores, los cuales se han abordado a lo largo del estudio. La investigación se ha centrado en la UE y se ha demostrado que una EBI individualizada por hogar, utilizando la escala de equivalencia modificada de la OCDE, es económicamente viable. Esta escala muestra que, a medida que más personas cohabitan en un hogar, los costes aumentan, pero de manera decreciente, lo que refleja los principios de economías de escala en el consumo familiar.

El análisis comparativo entre la situación ex ante y ex post revela resultados significativos. En la situación ex ante, el 18,34% de los 190,6 millones de hogares europeos se encontraba en riesgo de pobreza, y un 6,73% en riesgo de pobreza severa. A nivel individual, el 18,17% de los niños y el 16,04% de los adultos estaban en riesgo de pobreza, mientras que un 6,57% de los niños y un 5,84% de los adultos sufrían pobreza severa. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini para los ingresos brutos fue de 0,4236, lo que indica una desigualdad significativa, que se redujo ligeramente al considerar los ingresos netos (Gini = 0,3756). Sin embargo, esto sugiere que los impuestos sobre la renta y la riqueza no generan los efectos redistributivos esperados en muchos estados miembros.

La situación ex post bajo el modelo de EBI propuesto muestra un escenario completamente diferente, con la pobreza y la pobreza severa erradicadas en todos los hogares y grupos demográficos, tanto jóvenes como adultos. Además, los hogares situados por debajo del percentil 80 de ingresos brutos equivalentes experimentan mejoras notables en comparación con la situación ex ante. Un 63,2% de los hogares son "ganadores" en el modelo propuesto, mientras que un 36,8% son "perdedores". Esta tendencia también se refleja a nivel individual, con un 60,7% de las personas adultas siendo beneficiarias y un 39,3% experimentando pérdidas. El impacto redistributivo de la EBI es sustancial, con un aumento significativo en la redistribución, pasando del 4,8% en la situación ex ante al 12,4% en la situación ex post. El costo financiero total requerido para financiar la EBI es del 2,71% del PIB de los 26 países de la UE.

Estos resultados coinciden con estudios previos, como los de Sommer (2016), Dawkins et al. (1998), y otros, que afirman que un programa bien diseñado para financiar una renta básica integral no solo es teóricamente posible, sino alcanzable. Sin embargo, es importante examinar cuidadosamente los mecanismos subyacentes de viabilidad y equidad. Los estudios previos han señalado que una renta básica puede ser viable financieramente y reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. Las similitudes en los resultados a nivel global demuestran la robustez del concepto de renta básica, aunque también existen diferencias que se pueden atribuir a las variaciones en las estructuras económicas, los sistemas fiscales y las provisiones de bienestar social. Al comparar los hallazgos de este estudio con la literatura existente, se pueden identificar tanto los puntos comunes como las divergencias, lo que ayuda a entender los factores contextuales que influyen en los resultados de las iniciativas de renta básica.

El análisis de la sostenibilidad fiscal de la EBI subraya la necesidad de examinar de manera holística las fuentes de ingresos y los efectos distributivos. Este estudio explora diversos mecanismos de financiación, como la reforma del impuesto sobre la renta, un impuesto europeo sobre la riqueza y un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, la eficacia de estos mecanismos depende de abordar posibles problemas, como la evasión fiscal y las distorsiones del mercado, lo que requiere una monitorización continua y adaptaciones.

A partir de los hallazgos del análisis de microsimulación, surgen varias recomendaciones políticas para el diseño y la implementación de programas de renta básica. En primer lugar, los responsables de las políticas deben considerar adoptar un sistema fiscal progresivo que asegure contribuciones equitativas de los individuos con mayores ingresos, minimizando la carga sobre los hogares de menores ingresos. En segundo lugar, debe implementarse un impuesto europeo sobre la riqueza para abordar de manera más eficaz la desigualdad de riqueza entre individuos. En tercer lugar, la integración de un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero no solo generaría ingresos adicionales, sino que también contribuiría a los objetivos medioambientales de la UE. Por último, es esencial diseñar políticas complementarias que aborden las posibles respuestas conductuales a una renta básica.

Aunque este estudio ha proporcionado una evaluación exhaustiva de la viabilidad financiera de la EBI y ha propuesto mecanismos de financiación innovadores, es crucial reconocer las complejidades inherentes y las incertidumbres que acompañan a las proyecciones de intervenciones políticas. El análisis se basa en diversas suposiciones y fuentes de datos, lo que introduce limitaciones y posibles incertidumbres en los hallazgos. Por ejemplo, aunque se proyecta la eficacia de las reformas fiscales propuestas para generar los ingresos necesarios y abordar las desigualdades socioeconómicas, los resultados reales pueden verse influenciados por factores económicos dinámicos y externalidades imprevistas.

Para finalizar, esta investigación también muestra que el hecho de que la renta básica sea recibida por todas las personas en la población detectada en la base de datos no implica que todas experimenten un aumento en su ingreso neto en comparación con la situación ex ante. Esto significa que algunos hogares experimentarán una mejora con respecto a la situación anterior, mientras que otros sufrirán pérdidas. No obstante, la inclusión de la cláusula de compensación asegura que las pérdidas solo afecten a los dos deciles más ricos de la población. Asimismo, el efecto redistributivo de la EBI es sustancial y el coste financiero total requerido para financiarla, considerando el coste no financiado por la reforma del impuesto sobre la renta, asciende al 2,71% del PIB de los 26 países de la UE, lo que refleja la viabilidad de la política propuesta.

En resumen, esta investigación muestra que es económicamente factible garantizar el derecho a la existencia de todas las personas en la UE, desarrollando la idea de la libertad como "libertad real" y no solo "libertad formal". Es decir, que la libertad no es independiente de las condiciones materiales de existencia, sino que garantizar las condiciones materiales es esencial para que las personas puedan ser verdaderamente libres.

Bibliografía

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Sommer, M. (2016). A feasible basic income scheme for Germany. Effects on Labor Supply, Poverty, and Income Inequality. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24064-0

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