La Convención Nacional Campesina de Colombia (Dossier)

La Convención Nacional Campesina y la nueva política de drogas

“Esta es la edad patente de nuevas invenciones para matar los cuerpos, y para salvar almas, y todas propagadas con la mejor intención”, citaba Graham Greene a Lord Byron en su libro El Americano Impasible, una novela aguda sobre la guerra estadounidense en Vietnam, donde los Estados Unidos persiguieron comunistas y asperjaron más de 8 millones de hectáreas en su Operación Arcoíris con químicos “de todos los colores” para acabar los bosques que protegían a las guerrillas vietnamitas que finalmente los derrotaron.

Después de 21 años del fin de esa guerra, en Colombia la invención de otra buscó “salvar al mundo de las drogas” y curar las almas, pero terminó matando y enfermando campesinas. En una larga duración, renovó la apuesta que desde la masacre de las bananeras venían defendiendo las élites y el gobierno colombiano, que el campesinado era un peligro para sus intereses y tocaba convertirlo en “problema de seguridad nacional”; se justificaba toda violencia sobre este.

En 1996 durante las marchas campesinas cocaleras se abrió un espacio para que el campesino cocalero se convirtiera en protagonista y sujeto en disputa en el marco  del conflicto armado y también de la paz. La Comisión de la Verdad en su caso “Campesinos cocaleros y su movilización en 1996: sujetos y territorios en disputa en el conflicto armado colombiano” llamó la atención sobre cómo la narrativa estigmatizadora e impuesta del “narco-cultivador” y la “narco-guerrilla” legitimó el uso de la aspersión aérea con el glifosato, lo que resultó en que funcionarios públicos en diferentes ministerios e instancias gubernamentales - para ver sus nombres puede revisar el caso- fueron cómplices de la tragedia humanitaria que significaba hacer llover en campos y cuerpos este químico. Los principales departamentos escenario de las mayores incautaciones de cocaína y de las aspersiones aéreas durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana fueron Putumayo y Guaviare.

La gente se movilizó y la reprimieron, exiliaron, asesinaron y desplazaron; sobre lo acordado y lo que se cumplió, el balance se debe realizar regionalmente. Luego se vino el Plan Colombia, los EE.UU. remodelaron las pistas como las de Larandia y Santana que, como dicen los cables de NSA, servirían a finales de los noventa como punta de lanza de las operaciones de erradicación aérea en Caquetá y Putumayo. Paralelamente, se extendió la presencia paramilitar en Putumayo a pesar de que en sus informes la DEA insistía en que no veía nada extraño.

A pesar de todos los intentos de destruir toda voz política del campesino cocalero, no faltaron las movilizaciones como la de Nariño en 2006, en pleno pico de guerra. Posteriormente, en los foros cocaleros que se dieron a partir del inicio de las negociaciones de paz en La Habana, entre 2012 y 2016, nuevos líderes levantarían masivamente la mano como voceros cocaleros. Desde entonces nuevas generaciones - y también antiguos marchantes- se unirían para la defensa de la oportunidad que abrieron los acuerdos de paz.

Este fin de semana se realizó la Convención Nacional Campesina en Bogotá y una mesa trató el tema de la transformación de la política de drogas. Nuevos líderes compartieron escenario con antiguas representaciones y discutieron con seriedad sus preocupaciones y propuestas. Muchos venían con insumos construidos porque se habían reunido juiciosamente en semanas anteriores a redactar sus ideas. En la tarima, un líder del Putumayo leyó las conclusiones.

El mercado de la cocaína y los liderazgos no son los mismos ahora que hace seis años. Tampoco el debate en el que está inserto el mundo sobre su relación con la cocaína, la marihuana y los opioides. Las conclusiones de estos y estas trabajadoras agrícolas fue claro: ser reconocidos como parte del proyecto de campesino sujeto político de derechos y como víctima- diría mejor sobrevivientes- del conflicto armado, cancelar todas las formas de erradicación forzada y decirle al país que son un grupo heterogéneo, compuesto por diferentes organizaciones que se suscriben a distintas alternativas para el tránsito a la economía legalizada, por ejemplo, aquellos que defienden el PNIS, los que quieren renegociar o quienes quieren planes nuevos basados en la palabra clave: gradualidad. Todas son propuestas legítimas que se deben respetar. Mientras se da este tránsito, los campesinos saben que hay debates importantes sobre cambios en la regulación de la marihuana y de la cocaína, y en estos quieren participar. Quieren acceder a licencias para la producción de cannabis y también hacer parte activa en todos los debates en el congreso y en las conferencias internacionales y nacionales sobre la nueva política de drogas. Por esto proponen una comisión para interlocutar directamente con el gobierno y los representantes en el congreso.

En el pasado, las marchas campesinas cocaleras de 1996 fueron un antes y después del conflicto armado; marcaron el rumbo de la avanzada paramilitar en diferentes territorios del país y del Plan Colombia. Durante 1998, en el Putumayo se hicieron acuerdos de sustitución que al año fueron saboteados por el Ejército y que dieron pie a la aspersión aérea con anuencia del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Actualmente, los campesinos cocaleros hoy piden lugar en la Paz Total para defender su vida, exigen una silla en los diferentes espacios de negociación de la política de drogas, como en el CNE, y demandan trazabilidad de sus conclusiones en el Plan Nacional de Desarrollo. No más “buenas intenciones”, el gobierno tiene que salvar los cuerpos y movilizar las almas hacia la transición económica democrática y la regulación justa de las drogas; la voz y la experiencia campesina cuentan. La historia no soporta más vueltas y se agotó la sangre para moverla.

Revista Raya, 7 de diciembre de 2022

Guía para entender los mensajes de la Convención Nacional Campesina sobre Política de Drogas

Este fin de semana se reunieron 2500 campesinos y campesinas y representantes de pesqueros de todo el país para discutir sus líneas gruesas de peticiones, mecanismos y demandas al gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto, con la urgencia de adicionar esto en el Plan Nacional de Desarrollo. Uno de los temas centrales fue la transformación de la política de drogas.

Este documento es así una guía para todos y todas aquellas interesadas en lo que dijeron los campesinos y campesinas sobre las transiciones de una economía ilegalizada a otra legalizada. Los ejes propuestos están divididos en cinco preocupaciones fundamentales:

a. Garantías de vida para los y las campesinas cocaleros, amapoleros y cultivadores de marihuana

b. Participación en el diseño y ejecución de la nueva política de drogas de los campesinos y campesinas cocaleras, amapoleras y cultivadoras de marihuana

c. Reajustes Institucionales urgentes para las nuevas políticas de drogas

d. Tierra y Territorio

e. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo

Garantías de vida para los y las campesinas cocaleros, amapoleros y cultivadores de marihuana

Primero

Las y los campesinos que se dedican a los cultivos de coca, marihuana y amapola son trabajadores agrarios. Son parte del mercado agroexportador más importante del país y del mundo. Además son víctimas del conflicto armado como lo señaló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y son sujeto político de derechos por su carácter campesino.

El texto dice:

Reconocimiento del campesinado cocalero, amapolero y de marihuana como sujeto político de derechos, sujeto de especial protección constitucional.

1.     Reconocimiento del campesinado cocalero, amapolero y cultivador de marihuana como parte del proyecto del campesino como sujeto político de derechos. Reconocimiento como víctimas del conflicto en el escenario transicional y ordinario. El campesino cultivador de coca, marihuana y amapola como sujeto de especial protección constitucional. Reconocimiento de que son trabajadores agrícolas.

2.     Inclusión del capítulo campesino cultivador de coca, amapola y marihuana dentro del plan nacional de desarrollo para poder desarrollar los planes, programas y proyectos en beneficio de las comunidades en los territorios, y las conclusiones de la mesa 1.6 del Eje 1 acerca de transformaciones de política de drogas y usos alternativos de cultivos de coca, marihuana y amapola

Segundo

Cancelación inmediata  de todas las formas de erradicación. No más erradicaciones que se vienen presentando por todo el país. En Putumayo, estas fueron parte central de la explosión del nuevo ciclo de violencia. En Nariño todavía la Masacre de El Tandil no tiene responsables. El asesinato de Alejandro Carvajal en Catatumbo aún está en la impunidad.

El texto dice

Derogación del decreto 3080 y demás leyes y normas que generan violencia sobre el campesinado cultivador de coca, marihuana y amapola. No a la erradicación forzada y a la aspersión con glifosato o herbicidas; no a la militarización o acciones de la policía en ejercicios con fines de erradicación de cultivos o destrucción de trabajaderos artesanales de producción de pasta base de coca. No a la judicialización de cultivadores de coca, amapola y marihuana. Exigimos garantías y cese a las acciones de violación de derechos humanos. En este sentido también exigimos de manera inmediata un decreto presidencial y/o ministerial para tales fines enunciados. Esto con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y protección para las comunidades y territorios con cultivos de coca, marihuana y amapola reconociendo y fortaleciendo los mecanismos propios de autoprotección comunitarias como lo son las guardia campesina, cimarrona, indígena y comunitaria.

Participación en el diseño de la nueva política de drogas

Primero

Por lo menos tres alternativas diferentes para el tratamiento del tema de cultivos de coca, amapola y marihuana. El gobierno colombiano solo está interactuando con un sector del universo cultivador de coca, marihuana o amapola, pero desconoce otras alternativas más allá del PNIS. Todos y todas las campesinas cultivadoras se unen para que las diferentes propuestas sean escuchadas y se acompañan en sus cumplimientos: hay que cumplirle a la gente del PNIS, a la gente que quiere renegociar el PNIS y a las nuevas alternativas que surjan.

El texto dice:

Por lo menos tres alternativas diferentes para el tratamiento del tema de cultivos de coca, amapola y marihuana. Se reconoce que el campesino cocalero, amapolero y cultivador de marihuana es heterogéneo y tiene múltiples alternativas para el tránsito a economías propias. Una es el cumplimiento del PNIS tal y como está, otra es su re estructuración/renegociación e implementación concertada y en tercer lugar, otras estrategias se basan en planes alternativos que los territorios van a construir con base en gradualidad, territorialidad, participación y no violencia como la dejación social de coca. 

Creación de diálogos regionales o mesas regionales para acordar la ruta del trabajo con los cultivadores de coca, marihuana y amapola con todos los sectores y los que surjan.

Segundo

Se viene adelantando reuniones con algunos sectores pero todavía el gobierno no tiene claro el mapa del universo cocalero, amapolero y cultivador de marihuana en el país. Además se ha priorizado la voz de “expertos” que desde el extranjero o desde Bogotá, dictan las regulaciones, las leyes, le hablan al oído a los senadores y senadoras, pero que no tienen raíces o articulaciones con las regiones y sus organizaciones. También hay instancias como el Consejo Nacional de Estupefacientes – eje rector de la política de drogas en el país- que no tienen representación campesina.

El texto dice:

La construcción concertada y consensuada de una nueva política de drogas con enfoque de derechos humanos y participación efectiva por parte de las comunidades y organizaciones sociales.

Tercero

Transición económica por medio de la dejación social de coca, marihuana y amapola. La base de esto es la gradualidad y por lo tanto el país tiene que aprender a convivir por un tiempo de forma pacífica y respetuosa con la coca y la cocaína. Se cambia con el Estado colombiano hectáreas disminuidas de coca por toneladas de productos agropecuarios comprados y pagados.

El texto dice:

Un tránsito hacia las economías propias basada en planes, programas y proyectos con criterios de gradualidad, voluntariedad, tratamiento colectivo, basado en el contexto y las necesidades territoriales, autónoma, sin promover el monocultivo, basada en concertación voluntaria con las organizaciones sociales y comunales, y comunidades organizadas. Por ejemplo, en estas se pueden concertar la compra por el gobierno de cuotas de producción agropecuaria campesina por disminución de hectáreas de cultivos (sustitución de productos campesinos por hectáreas de coca, marihuana o amapola reducidas en alianza mixta entre el Estado y el campesinado), o compromisos porcentuales a mediano y largo plazo con las comunidades para el  tránsito y control de estos cultivos según se construya territorialmente. Un elemento clave es que haya garantías reales económicas en el marco del derecho a la soberanía alimentaria.

Construcción, implementación e ejecución de planes, proyectos y programas con la diversificacion de cultivos en regiones que son totalmente dependientes de cultivos de coca, marihuana y amapola con inversión social y proyectos de interés comunitario y medioambientales, formulados, ejecutados por las organizaciones sociales y comunales presentes en los territorios.

De manera que los proyectos productivos se implementen en el marco comercial de mano con las organizaciones sociales y comunales, con enfoque étnico, cultural y de género brindando asistencia técnica, estímulos a la economía solidaria y colaborativa, subsidios, generaciones de ingresos, crédito, mercadeo, comercialización, rentabilidad y sostenibilidad.

Cuarto

Consumo como tema de salud pública y necesario uso consciente de uso de drogas. Es necesario atender qué ocurre con el consumo en contextos de guerra y en contextos rurales, para buscar alternativas respetuosas del DDHH. Algunas pistas sobre esto la ofreció la Comisión de la Verdad en el caso “Guerra en las Drogas”.

El texto dice

Consumo como tema de salud pública y necesario uso consciente de uso de drogas, reducción de daños y ddhh. Es importante insertar en la discusión el consumo rural y las alternativas a la juventud rural.

Cinco

Los y las campesinas viven en medio de la guerra. Sus líderes han sido asesinados, el incumplimiento de los acuerdos en términos de sustitución los puso en peligro, los conflictos entre grupos armados y la política antidrogas los tiene en medio de una violencia sin límites. Ellos y ellas deben ser protagonistas de la Paz Total; sin pensar en regulaciones pacíficas de las economías cocaleras, no se puede pensar en el fin de la guerra.

El texto dice

Diálogos regionales sobre coca, marihuana y amapola en la mesa con los actores armados en el marco de la Paz Total en la cual organizaciones sociales y comunales, y comunidad organizada tengan autonomía y garantía de vida.

Seis

Participación  de los campesinas y campesinos cocaleros, de marihuana y amapola en escenarios regionales, nacionales e internacionales. Estos espacios han estado copados específicamente por expertos y expertas y por ONGs que subcontratan con el gobierno y reciben importantes fondos internacionales, copando la discusión de drogas en el Congreso, en el gobierno y en las Conferencias o organismos internacionales.

En ninguno de ellos participan de forma autónoma y no instrumental organizaciones de base que permita mostrar la heterogeneidad y el universo del campesinado cocalero, de amapola o cultivador de marihuana. Es urgente que dejen de copar estos espacios y estos presupuestos y sean tomados por los y las campesinas. No más fotos de funcionarios con “el pueblo” para las redes sociales. Es necesario que no instrumentalicen la gente y que realmente ejecuten y hagan realidad sus demandas; también que se fortalezcan las organizaciones de base como las juntas de acción comunal.

El texto dice:

1.     Los recursos del Estado colombiano y cooperación deben llegar directamente a fortalecer las juntas de acción comunal.

2.     Garantizar una coordinación o convergencia nacional de  todas las organizaciones campesinas/trabajadores agrícolas cocaleros.

3.     Los campesinos/trabajadores agrícolas de las economías cocaleras, amapolas y de marihuana deben ser protagonistas en todos los espacios políticos de construcción de la regulación de las drogas nacional e internacionalmente, por ejemplo las conferencias latinoamericanas e internacionales de drogas. También en la redacción de las leyes sobre regulación legal estricta de coca, amapola y marihuana.

Siete

Es necesario monitorear, seguir, evaluar y presionar al gobierno el cumplimiento. Por esto el texto dice

Creación de una comisión de seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de las conclusiones de la Convención Nacional Campesina sobre la mesa 1.6 del EJE 1 acerca transformaciones de política de drogas y usos alternativos de cultivos de coca, marihuana y amapola que será conformada por organizaciones y movimientos presentes en este debate de nivel nacional y regional.

Reajuste Institucional

Los y las campesinas deben estar en TODAS las discusiones sobre regulación de cannabis, coca y cocaína que en este momento ocurren en el país e internacionalmente. Es protagonista de esta discusión.

Primero

El mercado de la marihuana recreativa y cannabis medicinal es para el pueblo, para las y los campesinos, no para las multinacionales, el gran capital o los grandes terratenientes. En un futuro mercado de la cocaína, esto debe ser un laboratorio de organización para que no ocurra la exclusión  que ha ocurrido con la legalización del cannabis medicinal.

El texto dice

Reajuste institucional y legislativo que permita avanzar en la producción, transformación y comercialización con enfoque preferencial para las regiones cocaleras, amapoleras y de cultivos de marihuana que asegure la rentabilidad de los y las campesinas. Los beneficiarios serán las comunidades que históricamente han sobrevivido con el cultivo de la coca, marihuana y amapola.

Segundo

Cumplir por fin el tratamiento penal diferencial, eje de los acuerdos de Paz en el punto 4, y ofrecer reparaciones, beneficios y amnistías por la crisis del incumplimiento.

El texto dice

Indemnización a los campesinos y alas campesinas que se acogieron al programa PNIS y el gobierno anterior no cumplió.

Amnistías. 

Avanzar de manera participativa y concertada con las organizaciones sociales, campesinas, afros, indígenas y organismos comunales; e la construcción y formulación del Proyecto de Ley, sobre el tratamiento penal diferencial para los cultivadores y cultivadoras de coca, marihuana y amapola, incluyendo en la Ley 599 del 2000 art 375, modificación o adición de artículos. Conservación y financiación de cultivos de uso ilícito. Diferencie la acción penal y proporcionalidad de las penas. 

Tercero

Las licencias del cannabis como uso medicinal o alternativos, y recreativo, son para los y las campesinas, no para las multinacionales o terratenientes. Los proyectos de ley en el Congreso se han mostrado débiles porque ignoran cómo funciona el mercado y además excluyen las voces de los y las campesinas. Es urgente crear los mecanismos para corregir esto, por eso hay que crear una comisión permanente y participativa.

El texto dice:

Modificación del decreto 811 del 2021 del ministerio de salud y protección social y la resolución número 227 del 2022 del ministerio de justicia y del derecho, agricultura y desarrollo rural, y salud y protección social respecto a las licencias para la producción y comercialización del cannabis como uso medicinal y alternativos. Esto con el fin de garantizar la democratización de la producción,  transformación y comercialización para uso legal y recreativo del cannabis.  Para tal fin se creará una comisión permanente de vigilancia y veeduría par el seguimiento de decretos y resoluciones ministeriales. 

Y en los proyectos legislativos, se cree una comisión permanente participativa con presupuesto ministeriales que garantice el funcionamiento compuesto por el campesinado cultivador de coca, marihuana y amapola para los debates legislativos frente a temas de estos cultivos. Esta comisión estará creada por organizaciones sociales, comunales, campesinas, con presencia con producción de coca, marihuana y amapola con instituciones garantes, competentes y no gubernamentales como garantes. Para tal fin, se solicita  que gobierno convoque a la comisión permanente con presupuesto ministerial (Min Interior, Justicia, Derecho, Justicia y del Derecho, y Defensa).

Tierra y Territorio

Los y las campesinas exigen tierras y transformación económica, no proyectos productivos individuales sino verdadero cambio en la industrialización, soberanía y avance agroalimentario en sus regiones. Eso se logra con tierra formalizada, con inversión y con planificación para la inserción en mercados nacionales e internacionales, no con pollos enfermos, tejas y sobreprecios corruptos.

El texto dice:

Configuración de proyectos agropecuarios para  agregar valor de campesinos que articule producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios. Esto con apoyo en ciencia y tecnología.

Bienes incautados por extinción de dominio sean recibidos para reparar campesinos cocaleros y el tránsito, y ofrecer garantías de acceso a la tierra.

Impulso y ejecución de diversas reformas agrarias – aparte de RRI- que permitan la transición hacia las economías propias.

Solución a la problemática de las tierras en el marco del punto 1 y 4 desde la formalización, adjudicación, desarrollo y avance del ordenamiento social de la propiedad de manera integral.  Implementación integral del punto 1 y 4 del acuerdo de paz.

Plan Nacional de Desarrollo

Nada de esto es posible si no está en el PND.

El texto dice

En el Plan Nacional de Desarrollo integrar un trazado presupuestal que permita o garantice el desarrollo e implementación del acuerdo de paz y de las demás alternativas de transición y dejación social del cultivo de coca.

¡La Convención Nacional Campesina se expresó!

AlaOrilladelRío, 5 de diciembre de 2022 (fotografía de Diana Machuca)