Pavel Gerardo Vega
15/07/2023
El proceso de reconteo de actas de la primera vuelta de las elecciones acaba en más incertidumbre: por un lado el Tribunal Supremo Electoral oficializa el balotaje entre Sandra Torres y el candidato sorpresa Bernardo Arévalo, y por el otro la Fiscalía pide suspender a Movimiento Semilla. Sobre el fallo judicial abundan críticas de parte de constitucionalistas, pero la gran pregunta es si los magistrados electorales acatarán el fallo perentorio de 24 horas dictado por un juez para sacar de circulación al partido progresista y su presidenciable que critica al “Pacto de corruptos”
La tensión cundió entre los círculos políticos, las redes sociales y las calles de Guatemala este miércoles. El epicentro de la tirantez fue primero el edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la capital chapina, donde un centenar de manifestantes se apostó en las afueras de la institución para reclamar por la tardanza de la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral; los mismos que ya estaban retrasados dos semanas por la objeción de una decena de partidos políticos, que lograron una segunda revisión de escrutinio de actas ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los magistrados electorales tenían previsto culminar una reunión de su pleno a las 4:30 p.m. para brindar una conferencia de prensa, después de finalizar un tenso proceso reconteo de actas que mantuvo en vilo al país centroamericano durante diez días. Los manifestantes gritaban consignas y la prensa cuestionaba la ausencia de resultados oficiales. El retraso de casi dos horas fue cimbrado por un video que el Ministerio Público (MP) divulgó en su cuenta de Twitter: el controvertido Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, anunció la existencia de un caso de supuesta falsificación de firmas para la constitución del Movimiento Semilla. Se trata del partido que lidera Bernardo Arévalo, el candidato sorpresa de las elecciones, y quien –en teoría– disputará el balotaje con la exprimera dama Sandra Torres.
Curruchiche dijo que existe la posibilidad de que el partido de Arévalo haya cometido “lavado de dinero” en ese proceso de falsificación de rúbricas y zanjó al inicio del video: “El Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión provisional de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla”. En ese momento el epicentro de la tensión dejó de ser la sede del TSE.
El descontento y las críticas por la suspensión ordenada estallaron en las redes sociales y luego fue tendencia en los medios de comunicación internacionales. Era, para muchos de los manifestantes del Movimiento Semilla, la confabulación de siempre del “Pacto de corruptos” pero con un agravante inédito: un atentado contra la voluntad popular. “Una intentona de golpe electoral”, lo catalogaron diversas organizaciones sociales.
El “Pacto de corruptos” es un grupo de políticos, militares, empresarios y personas vinculadas al narcotráfico que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado desde que lograron la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que desmanteló más de 200 estructuras de corrupción. Los críticos del sistema ven en Curruchiche –mano derecha de la Fiscal General Consuelo Porras– a uno de los operadores más eficientes de este entramado.
El fiscal de la FECI ha promovido investigaciones en contra de periodistas, exfiscales, exjueces, activistas de derechos humanos y operadores de justicia que desvelaron la corrupción del sistema guatemalteco en todas sus esferas. El Gobierno de Estados Unidos nombró a Curruchiche –y a Porras– como actores corruptos y antidemocráticos en 2021.
Analistas políticas coinciden que uno de los factores que catapultó de manera silenciosa la candidatura de Arévalo fue su crítica hacia la corrupción imperante. “Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer”, dijo el presidenciable progresista después de conocerse el mensaje de Curruchiche. “La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”.
El mismo juez que persigue periodistas
Fredy Orellana, el titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, fue quien ordenó suspender a Semilla, un partido creado en 2019 y que sorprendió al colarse a la segunda vuelta en 2023 con unos 653, 000 votos; además de lograr la tercera bancada más grande del Congreso con unos 23 diputados.
Orellana es el mismo juez que ordenó la captura del expresidente del extinto diario elPeriódico, José Rubén Zamora. El periodista fue condenado por lavado de dinero a seis años de cárcel en un juicio atropellado, durante el cual siete de sus abogados fueron sacados del caso, y otros cuatro fueron procesados judicialmente por defenderlo. Este mismo juez también ordenó la captura del exiliado antecesor de Curruchiche en la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien, en contraste con el actual fiscal, fue galardonado por Estados Unidos con el “título de campeón anticorrupción”.
En su resolución, el juez ordena “que se suspenda provisionalmente la inscripción de persona jurídica del comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla y del partido Movimiento Semilla”. Por tanto, dice el fallo, “no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos o candidatos del partido”.
El juez Orellana también amenaza con certificar lo conducente contra quien incumpla su mandato, es decir, que si el titular del Registro de Ciudadanos o el pleno de magistrados del TSE no suspenden a Semilla en las próximas 24 horas del fallo, ordenará al Ministerio Público procesarlos judicialmente.
El documento fue recibido por el Registro de Ciudadanos del TSE que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), es el ente autorizado para aprobar, suspender y cancelar partidos. Además, el artículo 92 de esa ley también establece que “no se podrá suspender un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
TSE avala resultados, reina incertidumbre
Manifestantes participan en una marcha para exigir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral que se oficialicen los resultados de las elecciones. EFE/ Edwin Bercian
En medio del descontento causado por las declaraciones de Curruchiche y del giro del juez Orellana –que suponía dejar en el aire la candidatura de Arévalo–, los magistrados electorales por fin salieron de su reunión. Avalaron los resultados de la primera vuelta y dieron el banderazo para el balotaje. El descontento pasó a ser una especie de alegría con muchas interrogantes.
Durante la conferencia de prensa ofrecida por el pleno del TSE, la magistrada presidenta, Irma Palencia, declaró que la suspensión del Movimiento Semilla “es algo que les preocupa, porque las elecciones se ganan en las urnas derivado del sagrado sufragio de los ciudadanos y estamos trabajando para eso”, aunque dijo desconocer el fallo en ese momento.
Los magistrados prefirieron no responder las preguntas sobre el caso anunciado por Curruchiche. Argumentaron que, al declarar algo, podrían adelantar opinión y luego no podrían conocer la resolución del juez. Sin embargo, Palencia recordó que la LEPP tiene “rango constitucional”. En otras palabras, vale lo mismo que la propia Constitución Política de la República.
El abogado constitucionalista Edgar Orta publicó en Twitter que el proceso para anular un partido no puede ser dictado por un juez ordinario. “La acción es absolutamente ilegal, un juez penal no tiene competencia para suspender la personalidad jurídica de un partido político”, enfatizó el experto. La resolución del juez Orellana provocó una andanada de críticas de otros juristas, como Gregorio Saavedra y Alejandro Balsells Conde, quienes insistieron en el carácter constitucional de la LEPP. La exfiscal general, Claudia Paz y Paz, quien vive en Costa Rica, se sumó a la protesta.
El decreto del TSE que oficializó la segunda vuelta presidencial tomó vigencia desde el momento en el que se firmó, explicó la presidenta Palencia, por lo que ambos candidatos pueden comenzar la campaña desde ese momento. Sin embargo, la tensión de esta tarde se convirtió en incertidumbre en Guatemala. ¿Los magistrados electorales suspenderán al Movimiento Semilla y sus candidatos en el plazo perentorio de 24 horas dado por la cuestionada justicia? Está por verse, pero en las afueras del TSE en Ciudad de Guatemala más ciudadanos se agolparon a gritar “golpe de Estado”.
La patronal se pronuncia
Desde la oficialización del resultado, Sandra Torres no ha emitido opinión en ninguna plataforma o medio de comunicación. Quien sí se pronunció fue la principal patronal de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El conglomerado manifestó en un comunicado su desacuerdo con las acciones del Ministerio Público y del juzgado. “Es imperativo respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas. Es fundamental el respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país”, enfatiza el comunicado.
La patronal también reiteró la importancia de respetar el artículo 92 de la LEPP para impedir la suspensión de un partido durante el proceso electoral. Además, se declaran en sesión permanente y llamaron a los órganos de gobernanza del sector privado a “indicar decisiones y acciones que deben seguirse”.
Al respecto de los fallos del TSE y del juzgado, Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró en un tuit: “Recibimos la certificación del TSE de Guatemala de los resultados de la primera ronda electoral que respaldan la voluntad del pueblo y esperamos la votación del 20 agosto con los dos candidatos presidenciables punteros anunciados. Pero estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del MP a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la decisión de los votantes”.
Por su parte la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), integrada por siete organizaciones de la sociedad civil, declaró que reconoce la decisión del pleno del TSE para oficializar los resultados electorales.
“Condenamos toda interferencia en la competencia electoral y la independencia de la autoridad electoral (…) por ello respaldamos la defensa del TSE al procesos electoral y al Estado de Derecho”, apunta el comunicado emitido.