Euskadi: Una triple burla social

Las elecciones del 21 de abril se presentan muy competidas. Uno de los temas de debate es el deterioro de la sanidad pública. En este artículo se aborda la relación entre la salud laboral y la intervención de la sanidad pública.  

Aumentan los debates sobre la atención primaria y el deterioro de la sanidad pública y surgen plataformas en su defensa y contra la privatización encubierta. Bienvenidas sean las iniciativas. 

Comparto la opinión de quienes señalan que la salud de las personas viene determinada por un abanico de circunstancias, entre ellas de forma importante por condiciones sociales. Aunque tengo que manifestar mi asombro y malestar porque se ignora o silencia la relación entre el trabajo y la salud, tal como viene promoviendo el neoliberalismo, tratando de exculpar al sistema de explotación y culpabilizando a la persona enferma por sus hábitos de vida o consumo. Es evidente que además de los hábitos de vida existen circunstancias, como la actividad laboral, que influyen en nuestra salud. Aunque las condiciones de trabajo mejoren no enferma de igual manera quien trabaja de directivo en la oficina que quienes trabajan en la fundición o como soldador o empleado en la subcontrata de mantenimiento de las instalaciones. Simplemente recordar a quienes limitan el daño laboral que, por ejemplo, el cáncer de origen laboral causa el 53% de las muertes laborales, aunque no sean instantáneas, tal como señala la propia Comisión Europea, sin por ello menospreciar las innumerables lesiones musculoesqueléticas y otras enfermedades laborales. 

En el siglo XVII, el Dr. Bernardino Ramazzini, recomendaba a sus alumnos: “Pregunta al enfermo en su lecho por la fuente de su sustento, puede ser el origen de la enfermedad”. Este brillante consejo, que viene siendo olvidado por los profesionales sanitarios, al ser sustituida por preguntas acerca de los hábitos tabáquicos u otros consumos de la persona enferma. ¿Cuánto fumas? le preguntaron a un amigo tras diagnosticarle un cáncer pulmonar, el cual respondió sin vacilar: “35 años trabajando en una sucia fundición, difícil inhalar tanto humo y polvo, con los cigarros que he fumado”. 

El neoliberalismo está logrando realizar estragos alterando el pensamiento humano, cuya influencia no se limita a los ejecutivos de la sanidad pública. Personalmente, como miembro de ASVIAMIE (Asociación Víctimas del Amianto), continúo revisando numerosos informes médicos de los enfermos, razón por lo que no puedo callar sobre la responsabilidad de los profesionales sanitarios en la ocultación del origen profesional de innumerables enfermedades y sus nefastas consecuencias para la gestión de los recursos de OSAKIDETZA o el conjunto de la sanidad pública. El problema bien merece una sosegada discusión. Si no se producen cambios tal vez sea necesario impulsar demandas por los perjuicios ocasionados, como nos plantea más de una de las personas perjudicadas.       

El Real Decreto 1299/2006 en vigor desde hace casi 2 décadas que aprobó el Cuadro de Enfermedades Profesionales vigente, el artículo 5, dice: “Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1 que podría ser calificada como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha, lo comunicarán a los oportunos efectos a través del organismo competente(OSALAN en el ámbito de la CAV)…, a la entidad gestora, a los efectos de su calificación prevista. Igual comunicación deberán realizar los facultativos de los Servicios de Prevención”.

Dicha obligación es incumplida de forma generalizada por los médicos de OSAKIDETZA (salvo honrosas excepciones) y los médicos de los Servicios de Prevención de las empresas, ante la pasividad de las organizaciones sindicales y la complacencia de las Autoridades Sanitarias del Gobierno Vasco. Esta práctica infractora no puede justificarse por la sobrecarga de trabajo que soportan los médicos, ni por el desconocimiento de su obligación. Incumplir la obligación de “comunicar sospecha” se ha convertido en la triple burla a las personas enfermas y al conjunto de la sociedad, por sus consecuencias sociales: 1) Perjudica a la persona enferma o familias que pierden las prestaciones de la Seguridad Social más beneficiosas a las que tienen derecho. 

2) Favorece la ocultación de los daños causados a la salud de trabajadores y trabajadoras en el proceso productivo, eludiendo así la prevención del riesgo laboral causante de la enfermedad, posibilitando que otros enfermen por la misma causa en el insalubre puesto de trabajo. 

3) Esta ocultación del origen de las enfermedades favorece que OSAKIDETZA y demás Instituciones Sanitarías públicas pierdan importantes recursos económicos al correr con los gastos sanitarios, hospitalarios y farmacéuticos, que corresponden a la contingencia profesional, gestionada por las Mutuas patronales. De rebote, las MATEPSS, alardean de su gestión eficaz, tratando de arrebatar nuevas competencias a la sanidad pública, mientras se ahorran las cotizaciones de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional realizadas por la persona enferma. 

La falta de “comunicación de sospecha”, incumpliendo el Real Decreto 1299/2006, resulta inadmisible ante la epidemia de cáncer o fibrosis pulmonar y cáncer de próstata que afecta a quienes trabajaron en las fundiciones, siderurgia o en trabajos de soldadura que estuvieron expuestos al amianto, sílice, humos de soldadura, cadmio y otros cancerígenos.  

Gestores políticos o Inspectores Sanitarios de OSAKIDETZA vienen haciendo la vista gorda de esta práctica fraudulenta, con argumentos negacionistas y demagógicos acerca de las bondades de la gestión privada, para justificar la privatización y recorte de servicios. 

Durante la legislatura del Lehendakari Patxi López, OSALAN realizó un estudio, que fue rápidamente silenciado, el cual, cifraba en 106.056.881,6 euros, el coste anual asumido por OSAKIDETZA, atendiendo enfermedades de origen laboral (54.875.118,4€ en atención especializada; 22.654.953 € en primaría y 28.526.810,2 € en farmacia), es decir, el 3,3% del gasto sanitario anual en la Comunidad Autónoma Vasca. Cifras, que bien merecen una discusión, incluso me gustaría que la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui o su sucesora, tras las elecciones del 21 de abril, respondiera en el Parlamento de Gasteiz ¿Si OSAKIDETZA pasó a las Mutuas el coste hospitalario y sanitario generado por los 56 y 45 canceres profesionales reconocidos en la CAV durante los años 2022 y 2023? Si se ha reconocido la contingencia profesional de dichos cánceres, siendo atendidos y tratados por OSAKIDETZA, es lógico que los gastos hospitalarios vayan a cargo de las Mutuas. Tal vez soy mal pensado, pero mi interés por la respuesta es enorme dado que, por segundo año consecutivo, en torno al 50% del cáncer profesional reconocido en el Reino de España, que recoge el CEPROSS, registro del Ministerio, está situado en la CAV. En el 2002, tras sufrir una hospitalización prolongada después de sufrir un accidente de tráfico yendo al trabajo, OSAKIDETZA actuó con rapidez pasando los gastos de mi hospitalización a MUTUALIA. ¿Por qué no se actúa de igual manera con las enfermedades profesionales? 

Volviendo al incumplimiento del R.D 1299/2006, resulta inaceptable la práctica fraudulenta de las Unidades Sanitarias de los Servicios de Prevención que convierte en ineficaz para la gestión preventiva la vigilancia sanitaria anual. Todavía recuerdo, ya hace años, mientras el INSS reconocía anualmente miles de hipoacusias o perdidas auditivas, causadas por el ruido laboral y que las Mutuas indemnizaban, incluso dotando de audífonos a los afectados, los médicos de los Servicios de Prevención se lamentaban, afirmando con poca vergüenza: “Que se veían obligados a comunicar sospecha de las pérdidas auditivas detectadas, por la presión sindical, que les amenazaba con denuncias, si no lo hacían.” 

No cabe duda, soy firme partidario de que el sindicalismo y otros colectivos asuman la defensa de la salud laboral como un objetivo estratégico. Para ello es necesario contrarrestar la presión empresarial o de las Mutuas para que los profesionales sanitarios cumplan con la obligación de “comunicar sospecha” cuando diagnostiquen una enfermedad incluida en el listado o sospechen su posible relación laboral. Al hacerlo mejorará la prevención de los riesgos laborales y las condiciones de trabajo, las personas enfermas tendrán mejores prestaciones de la Seguridad Social y los gestores políticos de OSAKIDETZA y otras instituciones tendrán más dificultades para tragar que la sanidad pública asuma costes que corresponden a las Mutuas, por tanto, la sanidad pública tendrá más recursos para la atención sanitaria.