Albino Prada
29/09/2022
La inflación de este año 2022, ya por encima del 10 %, puede suponer un empobrecimiento masivo si no se toman medidas para evitarlo. Sobre todo agravando la pobreza energética y la alimentaria. Si bien es cierto que una parte de los factores que explican la inflación son de origen externo (energéticas y de materias primas) lo cierto es que no pocos agentes internos (sector de la energía, de la distribución alimentaria, de las finanzas, etc.) están trasladando todo el impacto externo, y mucho más, a los consumidores. A río revuelto…
El conjunto de las empresas y rentas no salariales podrían así trasladar el impacto de esa espiral de inflación de oferta a los trabajadores y pensionistas, que perderían una parte sustantiva de su poder adquisitivo (como estamos experimentando todos estos meses en nuestras compras y suministros). O dicho de otro modo una minoría conservaría su nivel adquisitivo intacto mientras fuerzan un empobrecimiento masivo del resto. Un asunto de poder y dominio por mucho que se presente bajo razonamientos técnicos.
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Uno de estos razonamientos “técnicos” es el mantra neoliberal de que la subida de los salarios no puede ni de lejos igualar la inflación porque perderíamos competitividad con el exterior y, además, se generaría una inflación de segunda ronda. Es éste un razonamiento en extremo sorprendente viniendo de aquellos que no admiten el control de precios para ninguna mercancía… excepto, a lo que parece, cuando se trata del precio de la mercancía “trabajo”.
Remachan el argumento, si consiguieran imponer por ejemplo una revisión salarial del 3 %, añadiendo que funcionarios y pensionistas estarías descalificados para esperar subidas mayores que ese 3 % establecido con los trabajadores. Así trasladarían el 7 % restante como empobrecimiento masivo, mientras muchos de ellos incluso estarían ganando más que antes.
Lo único que ofrecen como “solución” a este empobrecimiento de rentas monetarias es una rebaja fiscal (IVA sobre todo pero también patrimonio e IRPF) que no haría sino empobrecer los recursos públicos para las “rentas en especie” (sanidad, educación, dependencia…) de la mayoría. Y, de paso, incentivando el consumo de bienes que deberíamos usar cada vez con mayor austeridad (carburantes, climatizadores, electro intensivos, etc.)
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Existe un enfoque alternativo al neoliberal: el de una sociedad decente. En este caso se invierte la cadena de decisiones intentando no dañar la competitividad (algo que aquella minoría daña sin despeinarse con su traslado especulativo a precios) y los efectos de segunda ronda. Un enfoque en el que los muchos no pierden y los pocos no se enriquecen aún más. Vayamos por partes.
En este enfoque el primero que tiene que mover ficha es el Estado y el Gobierno. Para empezar marcando la señal de una revalorización de las pensiones ajustada al IPC tal como obliga la Ley 21/2021 sobre el particular (que en su artículo 1 obliga a hacerlo por el IPC del año anterior). Si la previsión de gasto en pensiones para este año 2022 asciende a 171.000 millones, un incremento del 10% (la media del IPC hasta agosto de 2022 ya está en el 9%) supone algo más de 17.000 millones lo que equivale a un 1,4 % del PIB.
Sobre esta base debiera también homologarse la revisión del SMI y de las retribuciones del resto de trabajadores (del sector privado y del sector público). El último dato para 2021 de la masa de retribuciones de los asalariados en el reino de España asciende a 576.000 millones, con lo que revisarlo al 10% supondría unos 57.000 millones (un 4,7% del PIB).
Bajo el supuesto de que las presiones empresariales solo asumiesen una revisión del 5% (la mitad del IPC), restaría la otra mitad (unos 28.000 millones, un 2,3 % del PIB) para que fuese retribuida por el Estado. Los trabajadores recibirían vía nóminas un 5% más cada mes del año 2023 y vía Estado el resto (que podría acumularse en una deducción extraordinaria para todos los asalariados en la declaración del IRPF de 2022 por unos 1.500 euros). Una prestación de pago único y uniforme que, obviamente, ayudaría tanto más a un asalariado cuanto menor sea su salario.
Lo ideal sería que esta compensación figurase en las nóminas mensuales como un “anticipo” de 125 euros para que, en cualquier caso, las bases de cotización se incrementen en un 10% y así no dañar sucesivas revisiones. Al final para las empresas el coste sería de poco más del 5 % de la masa salarial, un mayor coste que no deterioraría la competitividad dentro de la UE y que no supondría una aceleración inflacionaria de segunda ronda.
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En este escenario -alternativo al neoliberal- el coste público de la salvaguarda del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas ascendería a un 3,7 % del PIB (2,3% pensiones + 1,4% salarios), que justo se sitúa en el entorno del actual diferencial defectivo de ingresos del reino de España con la media de la UE.
Con lo que bastaría con anular ese diferencial con ajustes en la progresividad fiscal para que la mayoría social mantuviese su poder adquisitivo y la minoría que ha acelerado esta espiral de inflación no se enriquezca aún más de lo que ya lo era.
Si a muy corto plazo este diferencial no se pudiese anular habría que revisar el último calendario de ajuste del déficit público presentado por el Gobierno en julio pasado, según el cual pasaríamos de un -5% en 2022 a un -3,9 en 2023. Un calendario de ajuste del déficit a todas luces contraproducente con las necesidades sociales de las que aquí nos estamos ocupando.
Porque el batacazo de oferta de una inflación del 10 % (y su impacto en el crecimiento del PIB) al menos justificaría regresar al déficit de 2021 (6,8%). Lo que supone casi dos puntos de PIB, es decir más de la mitad del coste público de la salvaguarda del poder adquisitivo de pensionistas y trabajadores para 2023. Un coste en el que nos va la pobreza alimentaria y energética de millones de ciudadanos, pero también el que la demanda interna no se desplome y con ella el empleo.
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Post data.- El coste público de este enfoque alternativo al neoliberal es, por tanto, de 45.000 millones. De momento el proyectado impuesto del Gobierno a energéticas y finanzas recaudaría 3.500 millones anuales, cifra que habría que minorar por las rebajas al IVA de la electricidad y del gas. Para reducir esa enorme distancia –más de 40.000 millones- bienvenido sea el debate sobre un nuevo impuesto a los ricos. Por algo se empieza.