Miguel Salas
05/04/2020
El estado de alarma y el confinamiento son, de hecho, una limitación de derechos y libertades. Lo aceptamos, en determinadas circunstancias, por las necesidades sanitarias para combatir la pandemia, pero su aplicación no es neutral y está plagada de peligros.
Las epidemias, plagas y pandemias tienen un componente de irrealidad, de algo incontrolable que es capaz de causar la muerte y producir desastres como los que estamos viviendo. Es un terreno fértil para el cultivo, consciente o inconsciente, de miedos que pueden ser utilizados para limitar derechos y libertades. Son demasiados los ejemplos para comprender que los riesgos son reales.
No es neutral el gobierno de coalición cuando en las ruedas de prensa coloca al lado de los responsables sanitarios a representantes del ejército, la policía y la guardia civil. ¿Cuál es el mensaje que se pretende transmitir? ¿Es un problema sanitario o de orden público? ¿No sería más útil un científico o científica, un médico, una representante del Ministerio de Sanidad y otro del Ministerio del Interior? Si comparecen un policía, un militar y un guardia civil es porque el Gobierno quiere darle ese tono policial al estado de alarma.
Las libertades no están hibernadas
Periodistas y periódicos han tenido que protestar por lo que es un evidente recorte de la libertad de expresión cuando en las ruedas de prensa del Gobierno las preguntas llegan a través del filtro del Secretario de Estado. Pasa lo mismo en otras comunidades autónomas. Existen los medios técnicos para que los periodistas puedan preguntar directamente; pero se ha colado el peligroso virus de evitar preguntas que puedan ser embarazosas.
Algo parecido puede decirse de la actividad parlamentaria, tanto en el Congreso como en los parlamentos autonómicos, e incluso en los ayuntamientos. Los gobiernos, sean del color que sean, interpretan el estado de alarma como si pudieran hacer lo que quisieran o no necesitaran del control de la oposición, en este caso da lo mismo que sean de izquierdas o de derechas. Las decisiones tienes que ser conocidas, debatidas y aprobadas o rechazadas. E, insistimos, existen los medios técnicos para hacerlo. Formalmente, el estado de alarma no ha hibernado el ejercicio de derechos y libertades y, sin embargo, parece como si así fuera. Ya criticamos en su momento que la decisión del gobierno Sánchez de centralizar todas las decisiones no era la más adecuada, ni siquiera desde el punto de vista práctico. La realidad es que se está utilizando torticeramente para poner en marcha decisiones, sean correctas o no, sin tener en cuenta la opinión del resto de grupos parlamentarios, ni tan solo de los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
La presencia de la policía en las calles es otro ejemplo. Seguramente debe haber policías que cumplan adecuadamente las instrucciones respecto a las personas que se saltan el confinamiento, pero también existen bastantes denuncias de que se ensañan en los barrios populares con los jóvenes que encuentran en la calle, o sus formas son todo lo contrario a amables, o con inmigrantes no regularizados y, sin embargo, desconocemos que hayan intervenido contra quienes en las empresas no protegen a los trabajadores.
Como en política nada ocurre por casualidad, la explicación de estos hechos hay que buscarla en el carácter y funcionamiento de este Estado. Muchas de sus instituciones, empezando por la monarquía y siguiendo por la Justicia o el Ejército, tienen más que déficits democráticos -por decirlo suavemente- y cuando esta crisis ha hecho saltar por los aires las costuras de la sociedad, el Estado saca también a la luz su verdadera idiosincrasia: sus déficits democráticos y el origen y práctica antidemocrática de muchas de sus instituciones.
A su manera, lo han expuesto dirigentes de CCOO de Cataluña en una columna publicada en La Vanguardia: “La paralización judicial es otra restricción de derechos y anuncio de colapso futuro, pospone la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), dificultando actuar ante abusos como despidos colectivos sin garantías, despido masivo de temporales o ETT. CCOO estará vigilante para que esta situación de shock no conlleve una suspensión ‘de hecho’ de derechos constitucionales que afecten abrumadoramente a la población trabajadora, inoculando y sufriendo esta los mayores costes de la pandemia”.
El Ejército por las calles
Si hay una cosa escandalosa desde el punto de vista democrático es la utilización que se está haciendo del Ejército. Se está montando una operación de blanqueo para presentarlo como una institución que ayudaría a la población. Sólo hay que ver, o haber vivido, el paseo militar, sin ningún sentido sanitario ni de ayuda a la población, que tuvieron que soportar los vecinos de Pamplona el pasado día 3 de abril. Menos mal que respondieron magnífica y espontáneamente organizando una cacerolada al paso de los soldados (no es un fake. Se puede ver aquí).
En muchos casos la presencia del Ejército ha sido una imposición más que una colaboración. Algunas de las funciones podrían haberlas realizado los bomberos o incluso personal especializado que ya existe en numerosas comunidades. Eso sí, hemos podido comprobar que los militares disponían de los mejores equipos de protección, mientras en los hospitales escaseaban los utensilios básicos para una buena asistencia y una adecuada protección para los profesionales. No somos contrarios a que los soldados colaboren y participen en tareas de ayuda a la población; al contrario, para eso deberían estar, pero de ninguna manera del modo en que se está haciendo. Hasta con la Guardia Civil han tenido roces, ya que por donde pasaban imponían sus condiciones y manera de hacer.
La vergüenza del Tribunal Supremo
La Justicia, una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, ha vuelto a la primera línea de la ignominia antidemocrática. Las Juntas de Tratamiento de las prisiones, basándose en el artículo 100.2 del régimen penitenciario, tienen la potestad en momentos de emergencia de facilitar que los presos en segundo grado puedan estar confinados en su domicilio. Ante la posibilidad de que se tomara esa decisión respecto a los presos políticos catalanes, el Tribunal Supremo realizó una declaración, no en comunicado oficial, ni siquiera en rueda de prensa, sino por WhatsApp, en la que amenazaba con que se “identifique de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo. Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación”. No hubiera sido un trato de favor, ya que todos los presos en esa condición pueden solicitarlo, sino una decisión humanitaria que el Tribunal Supremo no está dispuesto a tener en cuenta respecto a los presos políticos. ¡Hasta ese grado llega su encarnizamiento!
En Alemania, Estados Unidos, Canadá, Italia, etc. se han producido miles de excarcelaciones para evitar que el virus convierta las cárceles en cementerios. Michelle Bachelet, la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recomendó a todos los países la liberación de presos de baja peligrosidad. El Tribunal Supremo del Reino de España suele estar sordo cuando se pronuncia la expresión derechos humanos o cuando se trata de resoluciones de los tribunales europeos que afecten a los presos políticos catalanes. Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, ironizó sobre el tema: “Sería interesante ver si hay precedentes de que un tribunal avise del mal que pueden sufrir unos funcionarios por una cosa que se rumorea que harán”.
En la aplicación de las medidas laborales a los trabajadores de la Justicia, el Consejo del Poder Judicial ha mostrado también su “espíritu democrático”. Todos los sindicatos representativos (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) en el ámbito judicial acordaron reprobar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por la gestión de la crisis sanitaria en los juzgados y con los trabajadores del sector. Le denuncian por ejercer competencias que no le corresponden en materia de medios personales y de prevención de riesgos laborales y de que “ha intentado imponer su criterio de manera despótica, comportándose de forma desleal con el resto de administraciones y sin contar con la representación legal de la mayoría del personal de la Administración de Justicia”. Por ejemplo, mientras la mayoría de los jueces podían trabajar desde su casa, se ha ido obligando a los trabajadores a desplazamientos y presencias innecesarias y obligadas, sin pactar con la representación legal. ¡Como para fiarse de esos jueces a la hora de interpretar las leyes!
Se puede hacer de otra manera
El estado de alarma y el confinamiento son necesarios para combatir la pandemia, pero la respuesta política y democrática podría, y debería, ser diferente. No era necesaria la centralización. Mejor, más práctica y más democrática es la colaboración, no el ordeno y mando ni enviar el ejército sin que nadie lo pida. Colaboración con las comunidades autónomas, con las ciudades, con los agentes sociales, sindicatos, organizaciones sanitarias y científicas. No se necesita un hiperliderazgo que luego tiene que pedir apoyo político y social, sino que hay que compartir las decisiones, e incluso, si es necesario, acordar las diferencias. Como se ha visto, por ejemplo, en las compras de material sanitario, la centralización ni ha sido práctica ni rentable.
Se puede hacer reforzando el papel del Estado, y esa es la opción del Gobierno al darle tanto peso a militares y fuerzas de seguridad, o utilizar las palancas del Estado, no solo económicas sino también de capacidad para movilizar recursos, para empoderar y movilizar a la sociedad. Eso sería una manera más democrática, más participativa de afrontar la crisis. Lo contrario a “yo lo hago todo porque tengo el gobierno, y el pueblo que se confine, que ya lo salvaré”. Habría que escuchar más y dar más peso a los ayuntamientos, la institución más cercana a la gente y la mejor valorada. En muchas ciudades y pueblos han sido la gente, los sindicatos, las asociaciones, los grupos de ayuda mutua los que se han organizado y respondido a las necesidades de los vecinos y vecinas, incluso a confeccionar mascarillas, batas, etc. Allí donde no han querido o sabido llegar las instituciones está llegando el impulso desde abajo del pueblo llano.
Una respuesta democrática debería incorporar decisiones que incluyeran también, por ejemplo, la regularización de los inmigrantes, que ahora se han quedado sin recursos y ni siquiera pueden circular por miedo a ser detenidos, y una atención especial hacia las mujeres amenazadas de violencia. Hay datos que indican que el maltrato está creciendo enormemente durante estas semanas de confinamiento.
Movilizar a todo el pueblo frente a esta crisis, exige más democracia, más derechos, más información, más colaboración y más empoderamiento de la gente. Los virus y las pandemias no anulan la lucha de clases, solo la expresan de otra manera, incluso más crudamente que en tiempos de normalidad. De esta crisis, la democracia puede salir reforzada (o no), porque, a fin de cuentas, se trata de diferentes intereses sociales en liza. Por eso vale la pena recordar para estos momentos duros una estrofa de la Internacional: “Ni en dioses, reyes ni tribunos está el supremo salvador. Nosotros mismos realizaremos el esfuerzo redentor”.