Patrick Wintour
10/12/2023La destrucción de más de un tercio del parque de viviendas de Gaza, conforme Israel bombardea el territorio en su persecución de Hamás, está llevando a expertos jurídicos internacionales a plantear el concepto de "domicidio": la destrucción masiva de viviendas para hacer inhabitable el territorio.
En la actual guerra de Gaza, iniciada tras el ataque del 7 de octubre de Hamás contra el sur de Israel, calculan expertos independientes que hasta el 40% de las viviendas de Gaza han resultado dañadas o destruidas. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, hay 1,8 millones de desplazados internos en Gaza, muchos de los cuales viven hacinados en refugios de la ONU en el sur.
Aunque Gaza ha sufrido daños en conflictos anteriores y ha sido reconstruida, en gran parte con dinero de los países del Golfo, la magnitud actual de la devastación es de otro orden.
La cuestión estriba en saber si la magnitud de los daños a las infraestructuras es un resultado colateral de ir tras Hamás o parte de un plan encubierto para expulsar a los palestinos de Gaza, borrando la posibilidad de que Gaza se convierta en una sociedad semiviable en un futuro previsible.
El “domicidio”, un concepto cada vez más aceptado en el mundo académico, no se considera un crimen de lesa humanidad diferenciado en el Derecho internacional, y el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda presentó un informe a las Naciones Unidas en octubre del año pasado en el que sostenía que era necesario colmar "una laguna de protección muy importante".
La destrucción de viviendas en Alepo durante la guerra civil siria, el arrasamiento de asentamientos rohingya en Myanmar y la destrucción de Mariupol en Ucrania han aumentado en los últimos años la atención prestada a esta cuestión.
"Es necesario abordar las hostilidades que se llevan a cabo a sabiendas de que destruirán y dañarán sistemáticamente viviendas e infraestructuras civiles, haciendo que una urbe entera -como la ciudad de Gaza- sea inhabitable para los civiles", declaró a The Guardian el relator de la ONU, Balakrishnan Rajagopal, profesor de Derecho del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Boston.
Rajagopal sostiene que existe una laguna en el derecho internacional, ya que mientras que la protección de los hogares de los civiles está contemplada en el Estatuto de Roma por el que se crea el Tribunal Penal Internacional en relación con los crímenes de guerra en conflictos entre estados, no figura entre los crímenes de lesa humanidad que pueden tener lugar en un conflicto dentro de un Estado o en el que participen agentes no estatales.
"Esto resulta relevante para la destrucción masiva de viviendas en el caso del conflicto palestino-israelí en Gaza", afirmó Rajagopal. "Israel afirmará que el conflicto no es un conflicto armado internacional, pues Israel no reconoce a Palestina como Estado".
Ha argumentado que la mayoría de los conflictos en los que se ha producido mayor mortandad desde la II Guerra Mundial han sido conflictos armados no internacionales, y que el conflicto entre Rusia y Ucrania constituye una excepción y no la regla.
Ha declarado que se acababa de colmar una laguna similar en relación con la hambruna. El estatuto de Roma había incluido la hambruna como crimen de guerra, pero no como crimen contra la humanidad, eximiendo así a los actores no estatales. Suiza presionó para enmendar el estatuto y convertir la hambruna en crimen de lesa humanidad, un cambio que finalmente se llevó a cabo en 2022.
Rajagopal ha declarado: "Me gustaría hacer un llamamiento a estos países que se oponen a lo que está sucediendo en Gaza, como Sudáfrica y España, para que hagan exactamente lo mismo que hicieron con respecto a la hambruna a fin de abordar esa laguna en la protección [y] asegurarse de que la destrucción masiva de viviendas en Gaza pueda ser objeto de procesamiento.
Añadió que, basándose en los hechos y en las declaraciones de los dirigentes israelíes, creía que el objetivo de la destrucción a esta escala no consistía simplemente en eliminar a Hamás, sino en hacer que Gaza fuera inhabitable.
Israel afirma que son de lamentar todos los daños a edificios y la pérdida de vidas civiles, pero que han sido necesarios, puesto que Hamás se esconde deliberadamente en escuelas y hospitales y se niega a rendirse. Israel afirma que está haciendo todo lo posible para advertir a los ciudadanos de ataques inminentes.
Las estimaciones sobre el nivel de destrucción de los edificios de Gaza son controvertidas, pero un nuevo uso de las imágenes por satélite sugiere que habrían resultado dañados 98.000 a fecha del 29 de noviembre, día de inicio del alto el fuego temporal, ahora abandonado.
Las conclusiones se basan en el análisis de los datos del satélite Copernicus Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea realizado por Corey Scher, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y Jamon van den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón. Su trabajo lo han citado en repetidas ocasiones medios de comunicación que van desde la BBC al Washington Post, lo que refleja la dificultad que tienen los reporteros para cartografiar la verdadera magnitud del bombardeo.
En lugar de utilizar imágenes ópticas, la evaluación se basa en datos de radar por satélite disponibles públicamente y en un algoritmo desarrollado específicamente para medir la estabilidad del entorno construido e inferir los daños en los edificios. Tiene la ventaja de observar las estructuras desde ángulos oblicuos y no sólo desde arriba.
Las imágenes de norte a sur mostraron entre un 47% y un 59% de daños entre el 7 de octubre y el 22 de noviembre en el norte de Gaza, entre un 47% y un 58% en la ciudad de Gaza, entre un 11% y un 16% en Deir al-Balah, entre un 10% y un 15% en Jan Yunis y entre un 7% y un 11% en Rafá, la zona más cercana a la frontera con Egipto. Esto supone entre 67.000 y 88.000 edificios, lo que significa que aproximadamente el 70% de los edificios permanecen intactos. La cifra correspondiente a Jan Yunis habrá aumentado desde el fin del alto el fuego y la concentración de la actividad militar israelí en el sur.
Entre los edificios destruidos o parcialmente destruidos se encuentran el principal tribunal palestino de Gaza, conocido como Palacio de Justicia, el complejo del Consejo Legislativo Palestino, 339 centros educativos y 167 lugares de culto, mientras que 26 de los 35 hospitales del territorio no funcionan.
Hugh Lovatt, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, sugirió que Israel estaba "destruyendo deliberada y metódicamente las instituciones civiles y las infraestructuras que serán necesarias para gobernar y estabilizar Gaza tras el conflicto".
Las imágenes por satélite también revelan la destrucción de huertos, invernaderos y tierras de cultivo en el norte de Gaza. Human Rights Watch declaró el lunes: "En el noreste de Gaza, al norte de Beit Hanún, tierras agrícolas antaño verdes se ven ahora pardas y desoladas. Los campos y huertos sufrieron los primeros daños durante las hostilidades que siguieron a la invasión terrestre de Israel a finales de octubre. Las excavadoras abrieron nuevas carreteras, despejando el camino para los vehículos militares israelíes".
Algunas filtraciones desde dentro del gobierno israelí, entre ellas del Ministerio de Inteligencia, indican que hay funcionarios que han estado analizando formas de obligar a los palestinos a abandonar Gaza, ya sea voluntariamente o por la fuerza. El Ministerio de Inteligencia no es un órgano de alto rango en el gobierno, pero conservadores norteamericanos como John Bolton, ex asesor de seguridad nacional, han sondeado variantes de tales planes.
Giora Eiland, antiguo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, escribió en el diario israelí Yedioth Ahronoth: "El Estado de Israel no tiene otra opción que convertir Gaza en un lugar en el que sea temporal o permanentemente imposible vivir. Crear una grave crisis humanitaria en Gaza es un medio necesario para lograr el objetivo... Gaza se convertirá en un lugar en el que ningún ser humano pueda subsistir".
Los Estados Unidos han descartado en repetidas ocasiones una política de este tipo, en parte porque saben que dos aliados, Jordania y Egipto, no acogerán a más refugiados en sus países, ni siquiera de forma temporal.