La fabrique
20/04/2023
Comunicado de prensa de La fabrique, miércoles 19 de abril de 2023:
Ernest, responsable de derechos extranjeros de La Fabrique, ha sido puesto en libertad tras ser detenido y encarcelado por la policía antiterrorista británica a su llegada a la estación de Londres. Todos nos sentimos muy aliviados de que ya esté libre, pero también muy conmocionados y preocupados por lo ocurrido.
Por un lado, Ernest no salió indemne. Su teléfono y su ordenador de trabajo fueron incautados y siguen en manos de la policía británica, que extraerá todos los datos para analizarlos y explotarlos. Más grave aún, nuestro colega ha sido citado en Londres dentro de 4 semanas para ser presentado ante la unidad antiterrorista británica. El sistema antiterrorista británico es único en Europa en términos de legislación de excepción: es el único que permite, sin ninguna pista de investigación, comportamiento sospechoso, procesamiento o incluso detención preventiva oficial, interpelar, arrestar e interrogar a sospechosos que se enfrentan automáticamente a un proceso judicial si se niegan a cooperar. También proporciona un marco legal muy permisivo para que la policía extraiga todos los datos de cualquier dispositivo informático o teléfono de un entrevistado. A pesar de su liberación, los derechos fundamentales de nuestro colega están siendo violados y su vida está siendo sometida a una arbitrariedad estatal totalmente opaca.
Por otro lado, Ernest fue interrogado durante varias horas y se le hicieron preguntas muy perturbadoras: su opinión sobre la reforma de las pensiones en Francia, sobre el gobierno francés, sobre Emmanuel Macron, su opinión sobre la crisis de Covid, etc. Quizá lo más grave es que, durante su interrogatorio, le pidieron que nombrara a los autores "antigubernamentales" del catálogo de ediciones de La fabrique, la editorial para la que trabaja. Más allá de la escandalosa situación de que la lucha antiterrorista investigue las intenciones y opiniones políticas y filosóficas de personas privadas de libertad, ninguna de estas preguntas debería ser pertinente para un agente de policía británico. Por otro lado, interrogar al representante de una editorial, en un contexto antiterrorista, sobre las opiniones de sus autores, es llevar aún más lejos la lógica de la censura política y la represión de corrientes de ideas contestatarias. En un contexto de escalada autoritaria del gobierno francés, en pleno período de movilizaciones sociales, este elemento resulta escalofriante.
¿Cómo pueden ser compatibles estas medidas con los principios fundamentales de los que se enorgullecen países como Francia y Gran Bretaña, como la libertad de expresión y los derechos democráticos? ¿Cómo caracterizar un régimen que permite que una persona que va a una Feria Internacional del Libro en Londres sea detenida durante casi 24 horas sin que se haya recabado nada en concreto contra esta, y que luego siga sometida a un procedimiento antiterrorista por tiempo indefinido? ¿Por qué la policía británica se presta a llevar a cabo interrogatorios que, al parecer, le han sido remitidos por los servicios franceses? ¿Debemos suponer que, cuando viajamos entre Francia y el Reino Unido, ahora debemos tener miedo de llevar nuestros teléfonos y equipos informáticos con nosotros y esperar que sean incautados y registrados por los servicios antiterroristas? Todos aquellos que valoran los principios democráticos deberían estar preocupados por un síntoma tan grave en la evolución del mantenimiento del orden.
Este suceso marca un precedente para cualquiera que realice un trabajo intelectual y cuya producción pueda ser juzgada como incómoda por el poder. Si cualquier teléfono y ordenador que contenga manuscritos confidenciales, fuentes periodísticas o sociológicas puede ser requisado, integralmente analizado y descifrado por una fuerza policial extranjera con prerrogativas draconianas debido a su legislación excepcional, entonces los derechos de prensa, académicos, de expresión y de protección de datos se ven muy seriamente amenazados.
La fabrique éditions exige que se detengan todos los procedimientos y actuaciones judiciales contra su responsable de derechos extranjeros.