Leonardo Haberkorn
17/06/2023
Mientras políticos y organizaciones sociales discuten si abrir o no los archivos de la dictadura, alguien, no se sabe quién, subió a internet más de mil archivos del régimen, incluyendo algunos que venían siendo buscando sin éxito desde hace décadas.
En total se han subido desde el 18 de abril 1.602 archivos, cada uno correspondiente a un rollo de microfilms con cientos de documentos diversos. Una primera y muy somera revisación de algunos de los rollos, permitió encontrar fichas de detenidos políticos, de supuestos colaboradores, seguimientos a periodistas, sumarios a funcionarios públicos, persecuciones políticas a docentes y casos de corrupción, entre un largo etcétera.
Los divulgadores anónimos dijeron en un comunicado que acompaña la publicación que excluyeron los archivos que reproducían interrogatorios bajo tortura.
La difusión masiva ha sorprendido por varios motivos. Uno de ellos es que incluye los primeros 98 rollos del llamado “Archivo Berrutti”, que nunca se habían podido localizar hasta el momento y eran reclamados por activistas e investigadores.
Fuentes del Ministerio de Defensa Nacional negaron ser parte de esta difusión y se mostraron sorprendidas con la noticia.
La historiadora y docente Isabel Wschebor, quien fuera entre 2015 y 2016 directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo a El Observador que se enteró de la difusión de los archivos hace una semana, y que también estaba sorprendida.
Wschebor señaló que la difusión realizada en internet supera largamente lo conocido hasta ahora como Archivo Berrutti y que está en poder del Archivo General de la Nación, que abarcaba algo más de 1.200 documentos.
“Internet archive (archive.org) subió más de 1.500 rollos digitalizados de microfilms producidos por la inteligencia militar en Uruguay. Son más de los que están bajo custodia del Archivo General de la Nación”, escribió la docente en Facebook. “Nadie logra decirnos a los archivistas quien subió toda esa información. Los políticos se debaten en los medios sobre quien dió más información o quién es más transparente y un anónimo sube y libera el mayor volumen de archivos producido por la inteligencia militar uruguaya en dictadura ¿y nadie dice nada? ¿Nadie se pregunta ni nos explica quién lo hizo?”.
Wschebor dijo que una divulgación de este tipo -por parte de un anónimo- podría plantear problemas a la hora de autenticar los documentos, por ejemplo para usarlos como prueba en un caso judicial.
La académica señaló que desde que se enteró de la existencia de este repositorio, el número de documentos se ha seguido incrementando. Mientras se escribía esta nota, un nuevo archivo fue subido.
Por su parte, Augusto Gregory, excoordinador de Inteligencia en los gobiernos del Frente Amplio entre 2010 y 2011, dijo que la divulgación de estos archivos “es un hecho muy significativo. El asunto es saber quién y para qué lo hizo. Esto no es el trabajo de una sola persona”.
Cada rollo divulgado viene acompañado por el siguiente texto:
“Este material es una parte de los Archivos del Terror de Uruguay que se divulgan en el marco de los 50 años del golpe de estado de 1973. Estos archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el período de la dictadura cívico militar (1973-1985). El espionaje continuó luego de recuperada la democracia, contando con la complicidad política de los gobiernos, al menos hasta el año 2004.
Estos archivos contienen la información que los servicios represivos decidieron elaborar y preservar, mientras que muchos otros documentos han desaparecido o aún no han sido encontrados.
En los documentos que aquí se comparten, puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas,brindada por informantes pagos y muchas otras fuentes no confiables. De todas formas, es un testimonio histórico de gran valor para entender el funcionamiento de las redes del terror.
Quienes produjeron estos Archivos del Terror, los conocen, siguen especulando con sus contenidos y decidiendo que y cuando usar esta información. El resto de la sociedad uruguaya, que fue víctima de la represión y la vigilancia, no ha tenido acceso a los archivos de la represión”.
Hacer públicos los archivos
Semanas atrás, el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento un proyecto de ley para hacer públicos los “archivos de la dictadura”.
El proyecto alcanza a 153 conjuntos de documentos, integrados en el archivo Berrutti, declarados “reservados” por un lapso de 15 años por el Archivo General de la Nación, según una resolución de 2011 firmada por su directora Alicia Casas de Barrán.
Hacer públicos estos documentos es necesario “para el conocimiento de la verdad total, sin intermediarios ni ediciones, y sin que nadie diga qué se puede leer y qué no", había declarado el ministro de Defensa Nacional, Javier García en el programa Desayunos Informales (Canal 12).
El ministro dijo que es "notoria" la resistencia y el "nerviosismo" de algunos actores políticos ante el proyecto de ley para liberar estos archivos.
Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, había declarado al informativo Telemundo durante la Marcha del Silencio que “los archivos tienen cuestiones con las que hay que ser cuidadosos. Sobre todo tienen información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. A las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas. Pueden ser otra vez revictimizados".
La organización de expresos políticos Crysol emitió un comunicado donde manifiesta que se trata de “documentos sensibles que deben ser manejados muy criteriosamente por un Estado democrático”.
El proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento crea una sección dentro de Archivo General de la Nación encargada de “reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones a los derechos humanos”.
Se establece que el acceso al contenido de esos documentos será libre “sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que puede ser considerada sensible o pasible de afectación a un tercero, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.331 (ley de protección de datos personales)”.