Un reino por encima del rey. Reseña de ‘Dejar de ser súbditos’, de Gerardo Pisarello

El libro de Gerardo Pisarello es una magnífica introducción a los dilemas de la democratización social en España. En todos los grandes retos de nuestra historia moderna y contemporánea, siempre han chocado dos principios: el principio monárquico y el principio democrático, o lo que es lo mismo, el poder -tal y como se ha constituido en España- y la libertad. Esto se puede observar atendiendo a la redacción de los textos constitucionales y al lugar que ocupaba la soberanía nacional y la soberanía regia.

Los textos más conservadores hicieron derivar el poder del monarca de un principio divino, configurando una tradición conservadora -encarnada entre otros en Donoso Cortés y las constituciones de 1845 y 1876-, que concebía la monarquía por encima del pueblo soberano. Es más, para Donoso, marqués de Valdegamas, la fuente de legitimidad de todas las cosas era la voluntad de la corona y las cortes, descartando toda posibilidad de fundar un orden social en la legitimidad democrática. El pueblo, para los liberales doctrinarios y los conservadores, no fue más que populacho sin razón, sujeto pasivo que vivía en una eterna minoría de edad. 

Aquellos textos constitucionales que se inclinaron más hacia el progresismo, como la Pepa o la Constitución de 1869 fruto de la Revolución Gloriosa, procedían de manera contraria. El poder constituyente del pueblo daba fruto a unas Cortes Generales, y éstas, posteriormente, decidían el papel que jugaría la monarquía. Así, el pueblo se situaba por encima del monarca buscando su control y sometimiento a la ley. 

Al contrario que otras monarquías como las de los países nórdicos o la inglesa, en España la dinastía borbónica ha demostrado una tendencia innata a resistirse a su “parlamentarización”. Los sectores progresistas cercanos a los postulados democráticos y, evidentemente, los republicanos, tendieron a desconfiar permanentemente de una corona que huía de los mecanismos de control popular y escapaba de las limitaciones institucionales que pudieran cercar su poder arbitrario. Quien fuera el primer presidente de la Primera República, Estanislau Figueras, afirmaría en 1855 que, en las monarquías parlamentarias, las constituciones no son más que pactos de desconfianza del pueblo para con la corona, y la ciudadanía armada -en su caso, la Milicia Nacional- “una bayoneta puesta al pecho del Monarca para que observe la Constitución”. 

Si en Gran Bretaña permanecía el principio de que el “rey no puede actuar mal (the King can do no wrong) porque no “puede actuar solo” (the King cannot act alone), en España los reyes han demostrado un abuso constante de su inviolabilidad, utilizándola para amasar gran fortuna a costa de los ciudadanos -como bien ha descrito, para el caso del emérito, Rebeca Quintans en su libro Juan Carlos I. La biografía sin silencios (Akal, 2016), aun a costa de la censura-.

Por esta tendencia y sus vínculos con las élites históricas del país, ya sean feudales, absolutistas o empresariales, la monarquía siempre ha sido una monarquía de parte: la clave de bóveda de todo un sistema de privilegios. Como dijo Azaña de Alfonso XIII, éste nunca dudó en tomar partido: “¿Es que no sabemos todos que un día don Alfonso pudo decir “sí” y no lo dijo, y que otro pudo decir “no” y tampoco lo dijo?”.

Esto nos recuerda al propio papel que ha jugado Felipe VI durante el conflicto catalán. El rey actual también tomó partido por un determinado status quo. Esta es la propia opinión del reputado exmagistrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, a quien Gerardo cita en su libro para explicar el papel que asumió el rey los días posteriores al referéndum del 1 de Octubre. A decir de Gerardo, “el monarca se asumía como rey-soldado, como ‘guardián coronado de la Constitución’ y se arrogaba un poder de reserva que el marco legal no le reconocía” (p. 237).

El libro de Gerardo nos invita a dejar de ser “súbditos”. Recogiendo toda una larga tradición republicana que, ante los abusos y arbitrariedades del rey, siempre presentó una alternativa: ante la centralización política, proponía la federación, y ante la patrimonialización de las instituciones, proponía la democratización del Estado.

Ante un modelo de Estado que nunca permitió la expresión de la diversidad regional y nacional de España, el republicanismo puso siempre por delante la fraternidad de todos los pueblos de la Península, e incluso despertó las simpatías de los pueblos latinoamericanos, llegando a pensar en una confederación con los mismos. Pisarello destaca figuras como la de Dionisio Inca Yupanqui, diputado de ultramar en las Cortes de Cádiz, quien advirtió a los demás diputados de la injusticia con la que la metrópolis trataba a las colonias, abriendo la puerta a la independencia de las mismas:

La mayor parte de los diputados y de la Nación apenas tienen noticia de este dilatado continente [americano]. Los Gobiernos anteriores la han considerado poco, y solo han procurado asegurar remesas de precioso metal, origen de tanta inhumanidad, del que no han sabido aprovecharse […]. Un pueblo que oprime a otros no puede ser libre […]. Napoleón, tirano de Europa, su esclava, apetece marcar con este sello a la generosa España. Pero esta, que lo resiste valerosamente, no advierte […] que se le castiga con la misma pena que por el espacio de tres siglos hace sufrir a sus inocentes hermanos. Como Inca, Indio y Americano, ofrezco a la consideración de vuestra majestad un cuadro sumamente instructivo. Dígnese hacer de él una comparada aplicación, y sacará consecuencias muy sabias e importantes.[1]

Aquí late toda la tradición republicana democrática española: desde la primera Escuela de Salamanca y la recuperación del aristotelismo clásico, pasando por Juan de Mariana y la defensa del regicidio hasta Bartolomé de Las Casas y su indignación ante “la destrucción de las indias”. Como bien nos recordaba Miguel Martínez, todo esto no hizo sino configurar una veta republicana[2], bien visible ya en 1520-1521 con la revolución comunera.

En las luchas que recoge Gerardo en su libro, la democracia siempre encontró en los municipios un espacio privilegiado para defender las libertades ciudadanas. Sobresalen mujeres como Natividad Yarza Planas, vallisoletana, hija de zapateros y la primera mujer de España y Cataluña en acceder al cargo de alcaldesa por sufragio universal.

Así, algunos municipios pudieron convertirse ya antes de la llegada de la II República en auténticos espacios de libertad, como la Figueres republicana de Abdó Terrades a inicios de la década de 1840, o la València blasquista de principios del siglo XX. Frente a un poder estatal despótico que concebía la soberanía y la administración desde el centro hacia la periferia, los municipios trataron de ofrecer una imagen de cómo podría ser una sociedad distinta. De esta forma, el municipalismo ha sido (y es) fundamental en todos los procesos democratizadores, “ya fuera en 1873 con la I República, en 1931 con la II República o en 1979 tras la ebullición movilizadora del antifranquismo” (p. 235).

Después de la crisis económica del 2008, el drama de los desahucios, los recortes y la pérdida de derechos, la ciudadanía respondió en las plazas de todo el país. El 15-M fue un nuevo anhelo democratizador que, ante la ruptura del pacto social por parte de las élites, reivindicó los derechos robados al tiempo que ayudaba a imaginar un país distinto -cuando se desalojó Plaça Catalunya, en la Puerta del Sol se decía: “si Barcelona no tiene miedo, Madrid no té por”-. El municipalismo volvió a resurgir otra vez como parte de esos momentos constituyentes con las primeras confluencias que, recogiendo esos anhelos, llegaron a los principales ayuntamientos del país, como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, València o Santiago. Lo que se vivió fue una especie de reedición del viejo combate entre la tentación centralizadora del partido monárquico y aquella federal y/o descentralizadora encarnada por los diferentes rostros del partido del pueblo: las políticas del Partido Popular de Rajoy y la tristemente famosa “Ley Montoro” fueron dirigidas precisamente a sesgar la autonomía financiera municipal y asegurar el control político de estos municipios republicanos.

Actualmente nos encontramos en un momento muy difícil, como es el que nos deja la pandemia. Asistimos a un cruce de, por una parte, la quiebra del modo de proceder neoliberal por lo que respecta al poder económico y político y el sistema de valores que lo dotaba de legitimidad (el sociólogo César Rendueles utiliza la acertada metáfora de “zombie político” para referirse al estado actual del neoliberalismo), y, por otra, la ofensiva cultural de la derecha reorganizada que pretende dar una salida regresiva a los anhelos legítimos de querer dejar de vivir en pandemia (quien introdujo, desde sectores progresistas, el marco de “nueva normalidad” parece que no calculó bien los ecos que podía tener). 

Ante esta coyuntura, dentro de la cual se enmarcan los escándalos de corrupción y la huida de Juan Carlos I, Gerardo sitúa como horizonte “un nuevo Pacto de San Sebastián, similar al de 1930”, que nos lleve a un “proceso de procesos constituyentes capaz de profundizar la democracia en sus diferentes ámbitos” (p. 258). Para que esto se haga realidad, es necesario un paso previo: caminar hacia una federación de izquierdas ibéricas -no necesariamente orgánica-, como reconocen ya diversos dirigentes y muchos líderes de opinión. Esto debería pasar por el reconocimiento de espacios políticos asentados en territorios con algún grado de complejidad nacional, al tiempo que se tejen alianzas perdurables con los mismos y se abandona la lógica de competición por la de colaboración.

Para caminar hacia ese objetivo, el libro de Gerardo es un fantástico compañero de viaje. Cargado de memoria y rigor histórico, nos brinda algunas pistas sobre una de las disputas centrales de nuestro tiempo: la libertad. Y es que, solo dejando de ser súbditos, podemos ser realmente libres.