Gustavo Buster
11/12/2022
(El eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, se manifiesta el 9 de diciembre contra Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados)
Quien quiera que siga la situación política del Reino de España se ha encontrado estos días con la denuncia por parte de los medios de comunicación y redes sociales de las derechas, que son mayoría, de un pretendido golpe de estado de Pedro Sánchez (un ejemplo). La presentación de un paquete de reformas legales para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados estaría a punto de alterar sustancialmente la naturaleza del Régimen del 78, gracias a los votos de independentistas vascos y catalanes. El nombramiento de los candidatos que le corresponden al gobierno en el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional acabaría con el estado de derecho al poner fin a cuatro años de secuestro y bloqueo de su renovación por el Partido Popular y las asociaciones de jueces conservadores. La reforma del delito de sedición abriría las puertas a un nuevo referéndum independentista en Cataluña. La segunda restauración borbónica esta al borde del abismo y el proyecto inconfesado del PSOE de Pedro Sánchez, que acaba de ser elegido presidente de la Internacional Socialista, es implantar una república federal…y laica.
Semejante narrativa desquiciada sería irrelevante y motivo de chirigota si no estuviera en boca del presidente del PP, Feijoo, que justifica así su propio incumplimiento del mandato constitucional y promete derogar todas las leyes aprobadas por el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) en cuanto gane las elecciones en diciembre de 2023. Al segundo partido de la oposición, la extrema derecha de Vox, no le parece posible esperar tanto tiempo. Su dirigente, Abascal, anuncia los preparativos para presentar una moción de censura con un “candidato neutral” que "reconstruya la patria herida y devuelva a los españoles la paz arrebatada". E Inés Arrimadas, lideresa del menguante tercer partido de la oposición, Ciudadanos, acusa a Sánchez de “auto-golpe” y ser un “aprendiz de dictador” al que hay que “pararle los pies”. Por si faltase algo, el “auto-golpe” del ya expresidente peruano Pedro Castillo ha servido para la enésima analogía bolivariana que tanto gusta a las derechas españolas.
De la sedición independentista a la sedición conservadora del CGPJ
El origen de esta narrativa sobre la “ilegitimidad” del GCP se remonta a la derrota de 2004 del Gobierno Aznar, que intentó construir una “realidad virtual” sobre los atentados de Atocha y atribuir su autoría a ETA con fines electorales. Se reforzó posteriormente con la moción de censura de junio de 2018 que acabó con el gobierno Rajoy, acusado de corrupción, y abrió el actual ciclo político. Ha llegado a su paroxismo con la aprobación de tres presupuestos anuales, 71 leyes y 83 reales decretos por un GCP, descalificado como “social-comunista”, con el apoyo en muchos casos de los votos independentistas de ERC y Bildu. Precisamente esta semana se han añadido a esta larga lista una serie de reformas del Código Penal, aprovechando el caballo de Troya de la reforma del delito de sedición, que incluyen el de malversación, la violación de los derechos de los trabajadores del artículo 311 y reforzar el derecho a la protesta pacífica.
Pero la piedra de escándalo es la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar los 3/5 de votos necesarios del Consejo General de Poder Judicial para designar a los magistrados del Tribunal Constitucional y sustituirlo por los dos candidatos con más apoyos. Se establece además el delito de desobediencia o prevaricación omisiva para los miembros del CGPJ si persisten en el bloqueo y se elimina el requisito de la elección simultánea de los dos candidatos del gobierno y los dos del poder judicial.
La reacción de los miembros conservadores del CGPJ ha sido convocar un pleno extraordinario del órgano invocando el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin renovar desde hace cuatro años, con vocales que llevan más de nueve, enfrentado numantinamente al gobierno y tras la ruptura de las negociaciones bipartidistas en octubre entre PP y PSOE, el sector conservador del CGPJ se adentra en una situación meta-constitucional, para no llamarla llanamente anti-constitucional, en la que arrastra y ancla al PP en el discurso de la ilegitimidad del Gobierno Sánchez, que cuestiona al propio Régimen del 78. Ernesto Ekaizer lo ha explicado con todo detalle. Queda pendiente si, cuando se aprueben las reformas, el GCP es capaz de designar a sus dos candidatos para el Tribunal Constitucional.
El pulso, por lo tanto, implica si el PP tiene un veto permanente sobre la composición de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional. El acuerdo ofrecido por el PSOE, y rechazado en octubre, implicaba una composición paritaria y una presidencia pactada. Era posiblemente el último intento de mantener el bipartidismo que sostenía el Régimen del 78.
El inicio del declive de Feijoo
El escenario de este pulso solo es comprensible con una cierta distancia. La sustitución de Pedro Casado al frente del PP por Alberto Núñez Feijoo disparó inmediatamente las encuestas antes del verano, con un importante trasvase de votos del PSOE al PP y la absorción de los votantes de Ciudadanos. La disminución de la presión funcional de Vox permitió a Feijoo abrir una estrategia de acumulación de fuerzas lenta, hasta el fin de la legislatura en diciembre de 2023, desplazando al PSOE del hipotético centro de la mayoría social. El “giro a la izquierda” de julio de Pedro Sánchez bloqueó, sin embargo, esta narrativa de “cambio de ciclo electoral” de las derechas.
A la presión de Vox se sumó de manera decisiva la de la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Su estrategia, dirigida por su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, no solo tiene un tiempo electoral más corto, hasta mayo, para desplegarse, sino que se construye en una polarización permanente que absorbe y utiliza a su favor por igual a Ciudadanos y a Vox. Pero con la radicalización del discurso de Feijoo y, sobre todo, la ruptura de las negociaciones sobre el CGPJ en octubre pasado, el “efecto Feijoo” comenzó a debilitarse en las encuestas, como ha estudiado en detalle Oriol Bartomeus a partir de ocho barómetros del CIS.
Las diferencias siguen operando en el marco del empate técnico entre ambos bloques de derechas e izquierdas existente desde 2019. Pero en cuanto a las preferencias de presidente de gobierno, Sánchez ha ido recuperando apoyos desde el verano en todas las formaciones que componen el bloque de la mayoría parlamentaria, mientras que Feijoo ha disminuido en los tres componentes de la derecha. El último barómetro de 40DB vuelve a situar al borde de la mayoría absoluta a la actual mayoría parlamentaria.
El problema electoral para uno y otro bloque es como evitar la dispersión de voto. En el caso del PP a ello se suma que cualquier mayoría electoral imaginable pasa por una coalición con Vox. Y aunque la extrema derecha participa en coaliciones parlamentarias o de gobierno en países como Suecia o Italia, su “blanqueo”, con las actuales intenciones de voto, resulta cuanto menos complicado y una fuente constante de polarización y radicalización política en la izquierda. El debate parlamentario – por llamarlo de alguna manera- con la ministra de Igualdad Irene Montero sobre la Ley del “si es si” es una prueba de lo que se podría avecinar.
En el caso del bloque que apoya al GCP, la clave está -según las encuestas- en el éxito de la confluencia de “Sumar” que impulsa Yolanda Díaz y la coalición o integración en ella de Podemos.
Sin embargo, la estrategia de Feijoo hasta las elecciones de diciembre de 2023 parece fijada, como cuenta en una entrevista de radio con Alsina, en el marco de una polarización acentuada, cuyos ritmos van a marcar Ayuso en Madrid y Vox en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora los intentos de Vox de llevarla a la calle y la confrontación social, como la fracasada huelga de transportistas en noviembre, ha chocado con la realidad de una movilización latente y continua, aunque parcial, de sectores industriales como el metal, los pensionistas y, sobre todo, la sanidad, que ejercen una presión continua en el GCP para mantener y ampliar el “escudo social” y los salarios frente a una patronal cerrada en banda a cualquier negociación sobre rentas. A pesar de que, como ha señalado el Banco de España, los beneficios han crecido siete veces más que los salarios.
Una vez más, los límites agobiantes del Régimen del 78
Una vez más, no hay más remedio que constatar que son los límites agobiantes del Régimen del 78 los que hipotecan y condicionan la acción del GCP. Está sigue siendo la tesis que mantiene el análisis de Sin Permiso, aún en una etapa de reflujo social, marcada por el fuerte ataque estructural que han supuesto las tres crisis económicas acumuladas (la Gran Recesión, la crisis del Covid y ahora la crisis del coste de la vida..), las políticas defensivas sociales del GCP y el desvanecimiento del horizonte constituyente republicano.
Pero los factores estructurales de la crisis del Régimen siguen operando, con consecuencias cada vez más duras. La corrupción institucional que vertebra el “capitalismo de amiguetes”, en la que participaba el propio monarca hoy emérito y desterrado, sigue reapareciendo en los juicios de Villarejo, Bárcenas y otras figuras políticas del PP. En buena medida la actual crisis constitucional del Poder Judicial es la expresión del cuestionamiento de la hegemonía de las clases dominantes a través del bipartidismo y de los efectos de la crisis constitucional en Cataluña, judicializada por el Gobierno Rajoy.
Pero incluso en los aspectos más progresistas de la acción del GCP, como los “escudos sociales” y la gestión de las ayudas europeas para la reconstrucción pos-COVID, el principal obstáculo no ha sido ni las presiones de la CEOE o las otras patronales como el arcaísmo y la falta de modernización de un aparato del estado lastrado por la falta de funcionarios, envejecido y con graves dificultades en su digitalización. Pero sobre todo por el “caciquismo” normalizado en el que se ha transformado el “estado de las autonomías”, con una crisis fiscal permanente y una captura de los sistemas fiscales y las transferencias presupuestarias por unos intereses dominantes centrales y periféricos jerarquizados. Si Madrid es el ejemplo esperpéntico, la sanidad y la educación pública de las autonomías son sus principales victimas, en un ciclo continuo de deterioro, en vez de ser los puntales de un cambio progresista.
Los datos no pueden por menos de ser alarmantes. Según la UE, en 2021, de los 28.000 millones de euros presupuestados del paquete de ayudas comunitarias solo se ejecutaron 2.400 millones y 9.600 se transfirieron a otras administraciones o empresas públicas. De los 70.000 millones de euros cuya ejecución debe finalizar en 2026, se han licitado 15.000 millones y se han convocado subvenciones por otros 30.000 millones.
En nombre de la política del “mal menor” y la amenaza cierta de un gobierno PP-Vox, que supondría un ataque frontal reaccionario contra las clases trabajadoras, la narrativa y las políticas de las izquierdas se han ido acomodando a la gestión de la crisis, sin cuestionar los limites estructurales en los que opera. El peligro que corre es doble: por un lado perder legitimidad frente a la derecha -como ha ocurrido en buena parte de Europa- para sus políticas reformistas; y, sobre todo, la apatía de una base social y electoral castigada hasta la extenuación por las crisis económicas y sociales que se vea defraudada en sus expectativas de vivir con dignidad.
Queda por delante un año largo para evitarlo.