Perú: Movilización popular por la democracia. Dossier

Séptima semana de levantamiento popular

Jacqueline Fawks

«Colecta para los hermanos en Lima», «Colecta para viaje a Lima», dicen las alcancías de cartón en las que ciudadanos de regiones del centro y sur de Perú reúnen fondos en las plazas y mercados para sostener las manifestaciones en la capital. En las marchas piden el adelanto de elecciones generales para este año –y no para 2024, como proyecta el Congreso– y la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, que asumió el 7 de diciembre tras el autogolpe del depuesto Pedro Castillo, un maestro rural que ganó las elecciones en junio de 2021 con la promesa de una Asamblea Constituyente y un gobierno identificado con los pobres, ofertas que abandonó una vez en el cargo. Desde el 11 de diciembre, los disparos de las fuerzas del orden durante las protestas han dejado 46 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y más de 1.078 civiles heridos.

Además, otras diez personas han fallecido en accidentes ligados a los bloqueos de carreteras y un policía murió calcinado en un patrullero. La mano dura empezó en diciembre, en la represión de las protestas regionales, pero la violencia policial desproporcionada se ha acentuado y expandido esta semana en Lima. Sin embargo, Boluarte niega que vaya a renunciar y descalifica constantemente las demandas que surgieron pocos días después de su juramentación. Cuestiona que los ciudadanos que marchan en sus regiones y quienes han viajado a Lima para protestar tengan un pliego político en vez de preocuparse del agua, la salud o el fertilizante para sus chacras.

Además de los comicios anticipados, los ciudadanos solicitan una Asamblea Constituyente y el cierre del Congreso. El proceso político y social que vive el país andino ha devenido en un incremento del porcentaje de peruanos a favor de una Constituyente: el 69 por ciento, según una encuesta de mediados de mes del Instituto de Estudios Peruanos. Un 40 por ciento está a favor de una nueva carta magna, el porcentaje más alto en los últimos años.

El politólogo peruano Eduardo Villanueva ha comentado en una columna que Boluarte no ejerce su función, sino que hace «cosplay presidencial». La abogada es el rostro de un régimen cuyos hilos mueven los parlamentarios de derecha y ultraderecha –el sector que perdió las elecciones en junio de 2021–. Su gabinete está formado por ese segmento de la clase política y cuenta con el respaldo de la fiscal general, el presidente del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional –elegido el año pasado por el actual parlamento– y las elites económicas y mediáticas que respaldaron a la candidata Keiko Fujimori en los últimos comicios. La línea política, que luego el Ejecutivo repite ante los medios de comunicación, parece venir de tres congresistas de la ultraderecha, altos oficiales jubilados de las fuerzas armadas.

Desde que empezaron las protestas, Boluarte y los dos primeros ministros que ha tenido el gabinete han ido lanzando diferentes acusaciones para desacreditar las protestas. Han señalado que las personas que las integran están azuzadas por violentos y terroristas, y que uno de los promotores es el expresidente boliviano Evo Morales. Desde inicios de mes, también aseguran que los contrabandistas, los mineros ilegales y los narcotraficantes financian los viajes de los ciudadanos de las regiones para llevar a cabo sus protestas en la capital. El actual primer ministro, Alberto Otárola, convocó, incluso, a una reunión a los directivos de tres gremios periodísticos para pedir el apoyo de la prensa al Ejecutivo y ayudarlo a sustentar la versión de que los manifestantes preparaban una «asonada» en Lima.

Sin embargo, los medios locales y cientos de videos en Tiktok documentan las colectas y las donaciones de monedas o el préstamo de vehículos para apoyar solidariamente a los manifestantes. Ellos han tenido al menos dos motivos para trasladarse a marchar en la capital. Los grandes medios –que los peruanos llaman, despectivamente, la prensa concentrada– no transmitían sus manifestaciones en sus territorios; solo llegaban a ser noticia cuando había muertos o daños a locales públicos. Aunque quizá el segundo motivo sea el más importante: confían en que, una vez en Lima, la Policía no les disparará con armas de fuego. No creen que en la capital las fuerzas del orden cometan una masacre como las ocurridas en las ciudades sureñas de Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca entre diciembre y enero.

Gobernar con las armas

«Boluarte representa un gobierno en el que claramente no gobierna», comentó este jueves en un programa radial la ex primera ministra Mirtha Vásquez (octubre de 2021 – enero de 2022). La abogada defensora de derechos humanos describió que dentro de las fuerzas armadas y policiales hay «claramente un quiebre», y que el sector duro puede haber ganado el espacio que toma las decisiones.

El miércoles, el primer ministro, Otárola, dijo que pedirá un crédito suplementario al Ministerio de Economía para pagar un bono especial a los policías. «Ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y profesionalismo de nuestras fuerza policial y fuerzas armadas», declaró. El anuncio es una más de las declaraciones del gobierno que ofende a las familias que aún están en luto por las víctimas de la represión y a sus compueblanos. Según las necropsias, varias de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho murieron por disparos de fusiles Galil que portaban los soldados del Ejército, mientras en Juliaca –donde hubo 17 víctimas fatales– la Policía disparó con ametralladoras AKM, informó este jueves la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al presentar un balance de 50 días del gobierno de Boluarte, quien es la primera mujer presidenta de Perú.

Dichas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas mientras era primer ministro Pedro Angulo, abogado que cuando dejó el Ejecutivo asumió como jefe de Gabinete de Asesores del Poder Judicial. A la vez, Angulo está bajo investigación del Ministerio Público por homicidio calificado y lesiones graves debido a las masacres de diciembre en las regiones de Apurímac, Arequipa y Ayacucho. En aquellos días, Otárola era ministro de Defensa, hasta que el 22 de diciembre ascendió a presidente del Consejo de Ministros.

Vásquez, quien fue también presidenta del Congreso en 2021, asegura que, cuando pase el régimen de Boluarte, estas decisiones serán prueba de que el gobierno intentó evadir responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. «Estos delitos no prescriben», recordó. Para Vásquez, el nombramiento de Angulo en el Poder Judicial y el premio monetario para los policías podrán ser considerados pruebas de la conducta ilegal de Boluarte y sus funcionarios.

La abogada Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explicó a Brecha que las muertes a manos de las fuerzas del orden no son hechos aislados, sino «una política de Estado» que ha sido discriminatoria. «Hay una carga profundamente racista en la actuación de la Policía, porque las ejecuciones extrajudiciales han ocurrido donde hay una presencia marcadamente indígena y en Lima no hay ninguna muerte», refirió Pérez.

«No tiene ningún sostén que los manifestantes se han asesinado entre ellos [como indicó Boluarte esta semana]: los resultados de las necropsias y los registros audiovisuales evidencian que [las fuerzas del orden] han usado armas prohibidas en el control de multitudes en Ayacucho. En Juliaca [Puno] estaban usando rifles automáticos», precisó.

Sin garantías

Desde el inicio de las manifestaciones, en diciembre, el país está bajo estado de emergencia y la región Puno vive hace más de dos semanas con toque de queda. Allí, la presencia militar sigue creciendo. Pérez informó también que la Policía está haciendo un uso indiscriminado de la fuerza, incluso contra personas que no participan de las movilizaciones.

Mientras el gobierno descalifica el pliego político de la protesta, a la vez que dice estar dispuesto al diálogo, la Policía hace su parte: trata como terroristas o delincuentes a los manifestantes y usa tácticas para impedirles desplazarse pacíficamente, ya sea en la capital o en las carreteras cuando viajan rumbo a Lima. Cada vez que en Lima se reúne una multitud en las marchas, los policías forman columnas para romperla: los separan, les disparan gas lacrimógeno y perdigones a poca distancia y los dispersan agresivamente. Así, hacen inviables a los ciudadanos seguir su ruta y menos llegar a su destino.

«Esto no se ve en las noticias, pero la forma en la que actúa la Policía, diseminando en pequeños grupos la gran marcha, la vuelve estéril, la reduce a pequeños grupos de personas sin rumbo, desorientadas, en offside, e impide, por supuesto, que exista una gran foto que capture la magnitud del descontento. Es inaceptable en una democracia. La Policía está ahí para cuidar a las personas, no para privarlas de su derecho a la protesta a punta de técnicas antidemocráticas», manifestó a este semanario el actor y director Jason Day, una de las varias figuras públicas que han apoyado las protestas.

El martes último, en la marcha más grande en Lima desde diciembre, la Policía no solo cargó desproporcionadamente disparos de perdigones contra los ciudadanos, sino que también disparó a voluntarios de brigadas de primeros auxilios y fotoperiodistas: cinco reporteros gráficos fueron alcanzados por impactos de perdigón durante la cobertura informativa, cuatro de ellos, de medios internacionales. Por si ello fuera poco, los efectivos golpean con garrotes incluso a niños y transeúntes.

La noche del martes, el Ministerio de Salud reportó que atendía a 13 heridos, aunque el número de lesionados a la vista de los manifestantes y periodistas fue mucho mayor. Algunas víctimas de los perdigones quedaron registradas en decenas de videos y fotos que mostraban las heridas y a los brigadistas voluntarios que atendían dedicada y solidariamente a los ciudadanos. Una de ellos, una enfermera, fue llevada a un hospital cercano con heridas de perdigón.

Cerca de las 21 horas del martes, cuando la Policía había perdido el control de la calle, un grupo evacuaba a un joven herido, pero que podía andar. Su oreja izquierda sangraba un poco, le faltaba un pedazo del lóbulo; llevaba como capa la bandera peruana y transpiraba. «Soy huancavelicano, estaba pacíficamente en la marcha, y, de un momento a otro, empezaron a reprimir y me cayó una bala allí», relató a Brecha señalando su herida. Huancavelica es una de las regiones andinas más pobres del país. El herido añadió un mensaje para su familia y para quien quisiera oír:

—Me siento tranquilo, que estén tranquilos, porque esto no va a parar: va para más.

—¡Viva la huelga! –añadió alguien.

—¡Que viva! –respondió el lesionado.

En el contexto de las manifestaciones, el Ministerio de Salud reportó 32 personas hospitalizadas solo en Lima entre el 19 y el 24 de enero. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dos de ellos están en cuidados intensivos.

Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, es uno de los miles de ciudadanos peruanos que participan en estos días de las marchas luego de viajar a Lima. Remo Candia, uno de los dirigentes de su gremio, fue asesinado en la ciudad de Cusco hace dos semanas, cuando participaba pacíficamente de las movilizaciones. Merma está en la capital no solo para pedir el adelanto de las elecciones, sino para pedir justicia.

«Él era un luchador, fue elegido secretario general de la federación provincial de Anta el año pasado. Estábamos en las marchas y la Policía nos ha provocado con bombas lacrimógenas. A las 2 p. m. le dispararon una bala en el tórax, no lo ha podido soportar», contó sobre su colega caído. «Queremos elecciones de inmediato este año, no en abril de 2024, y que se levante el estado de emergencia. El Jurado Nacional de Elecciones debe garantizar ese proceso. Estamos viviendo esta crisis política, económica y social y queremos elegir a alguien que represente realmente a la población. Lamentablemente, a Castillo lo ataron de manos prácticamente desde el inicio de su gobierno y nos engañó a las organizaciones campesinas», sostuvo el dirigente campesino cusqueño, consultado por el semanario esta semana.

El ingreso de la policía a la Universidad de San Marcos

Uno de los motivos por los que esta semana llegaron a Lima más ciudadanos desde las regiones, se debe a un operativo policial ilegal y con excesivo uso de la fuerza realizado la mañana del sábado 21 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América y la principal de Perú.

Cientos de agentes de las divisiones Antiterrorismo, de Lavado de activos y de la Unidad de Servicios Especiales ingresaron violentamente a la casa de estudios, luego de que una tanqueta policial rompió una de las puertas del campus, y detuvieron arbitrariamente a ciudadanos de dos regiones del sur alojados allí desde el miércoles 18, con permiso de las autoridades universitarias para permanecer un día. Entre los detenidos había tres periodistas de medios locales de Puno, enviados especiales para cubrir las marchas.

Además, los agentes entraron con violencia a la residencia estudiantil para detener también a estudiantes universitarios. La operación se realizó sin fiscal y los policías impidieron el ingreso de abogados de derechos humanos, que se apersonaron rápidamente para garantizar los derechos y la integridad de los manifestantes de las regiones y de los estudiantes. La abogada Cruz Silva fue golpeada en las piernas por uno de los policías cuando solicitaba ingresar al campus y señalaba que los efectivos perpetraban una intervención ilegal.

La noche anterior, el procurador de la universidad denunció en una comisaría cercana que a los vigilantes privados del campus les habían robado sus chalecos y materiales de comunicación. Horas después de la intervención, el ministro Vicente Romero afirmó que la Policía Nacional ingresó porque había un delito “en flagrancia” de “usurpación agravada”. Incluso dijo el domingo en un programa de televisión que habían incautado material subversivo, aunque no supo detallar de qué material se trataba.

Los agentes maltrataron a los ciudadanos, los hicieron tumbarse boca abajo como si fueran delincuentes y alguno de los policías difundió un vídeo en el que decía que habían logrado su objetivo: detener a “terroristas”. Los principales canales de televisión transmitieron en directo la humillación de estas personas, muchas de ellas indígenas, a quienes les despojaron de sus mochilas y pertenencias.

La Policía llevó a 193 detenidos en autobuses oficiales a tres dependencias policiales, una de ellas la Dirección contra el Terrorismo, sede en los años 80 y 90 de torturas a personas injusta o justamente detenidas.

Luego de retrasar el ingreso de abogados, las declaraciones ante los fiscales empezaron la noche del sábado. La noche del domingo se liberó a todos los detenidos, excepto a uno que tenía una requisitoria por otro tipo de delito. El miércoles, una disposición fiscal ordenaba devolver los efectos personales incautados a las 193 personas, porque no tenían ninguna relación con el supuesto delito de “usurpación agravada” del campus universitario.

El trato denigrante y violento a dichos ciudadanos dentro del campus universitario y en las sedes policiales ha sido uno más de los tantos gestos agraviantes del gobierno de Boluarte hacia quienes ejercen su derecho a la protesta y a la participación política. Mientras tanto, el Congreso sigue ajeno al país en llamas y desatiende los pedidos de ajustar el cronograma electoral. La legislatura termina el 10 de febrero y antes de esa fecha podría replantear su posición y adelantar los comicios generales para que se realicen este año.

https://brecha.com.uy/, 27 de enero 2023

¿Por qué debemos apoyar la rebelión popular en Perú?

Israel Dutra

Más de 20 años después, el pueblo peruano ha emprendido una lucha de masas contra un gobierno que quiere afirmarse con elementos dictatoriales.

En este mismo momento, hay una lucha muy dura en el Perú. Por un lado, un levantamiento popular, cuyo punto más alto fue la huelga general del pasado jueves 19 de enero; por el otro, un gobierno golpista, cada vez más aislado, que se aferra a la represión para sostener su programa e iniciativas. Esta batalla en curso es decisiva para el futuro del Perú y del continente.

Estuve unas semanas en Lima, como corresponsal de la Revista Movimento, llevando la solidaridad del MES y PSOL a los luchadores que se levantan.

Aquí, de forma resumida, presentamos la dinámica de los últimos hechos y la necesidad de un posicionamiento de la izquierda brasileña y del gobierno de Lula frente a la crisis institucional abierta por los golpistas del gobierno de Dina Boluarte.

La Marcha de los 4 Suyos, 20 años después

Como sabemos, el 7 de diciembre Castillo sufrió un golpe parlamentario, luego de un desastroso intento de sacar a la mayoría derechista del Congreso Nacional. Fruto de esta acción palaciega, la vice presidenta, Dina Boluarte, se convierte en presidenta. Castillo fue arrestado y encarcelado.

Para consolidarse en el poder, Boluarte optó por figuras de derecha para el ministerio y su entorno, con énfasis en Willians y Otarola. Desde los primeros días del gobierno golpista, el sur peruano ha protagonizado diferentes protestas y manifestaciones, a las que Boluarte respondió con más represión. El año terminó con un saldo de activistas muertos y la esperanza, por parte del gobierno, de una tregua en las festividades navideñas que estabilizara la situación.

Sin embargo, la fuerza de la intervención de los campesinos y trabajadores del sur del Perú (de origen indígena, aymara y quechua en su gran mayoría) derivó en una verdadera insurrección popular en la provincia de Puno, en los primeros días de enero de 2023. Dentro de este contexto, el gobierno promueve la masacre de Juliaca, dejando 18 muertos – uno de los capítulos más trágicos de la historia peruana.

La indignación creció, se apoderó de todo el sur y se extendió por todo el país. El 19 de enero se convocó a una nueva “Marcha de los 4 Suyos”. Este nombre hace referencia a la manifestación que tuvo lugar en julio de 2000 y fue el detonante de la caída de la dictadura de Alberto Fujimori. Los “cuatro suyos” eran los cuatro puntos políticos acomodados de las diferentes regiones del país, durante la época Inca.

Más de 20 años después, el pueblo peruano ha emprendido una lucha de masas contra un gobierno que quiere afirmarse con elementos dictatoriales.

La huelga general fue un gran éxito. La Marcha de los 4 Suyos fue denominada por la prensa como “La Toma de Lima” debido a los cientos de delegaciones que llegaron de todas partes. Las calles de la capital peruana estaban vacías, casi como un domingo o un día festivo. Además de manifestantes del interior, delegaciones de barrios y distritos periféricos, provenientes de los cerros, marcharon al centro de Lima para repudiar al gobierno y pedir la renuncia de Dina, además del cierre del Congreso, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente.

El paro del 19 nacionalizó definitivamente la rebelión popular peruana. Protestas radicalizadas se realizaron en las provincias del norte, con cerca de 100 puntos de bloqueo de carreteras, con amplio apoyo popular.

Gobierno insiste en represión

La marcha del 19 terminó en grandes batallas en las calles del centro de Lima. Hubo un incendio en un edificio histórico, utilizado por la prensa y el gobierno para dispersar y criminalizar actos.

En los días siguientes, Dina salió a la televisión a defenderse diciendo que se quedaría en el cargo y que seguiría la línea del “orden”. La Universidad de San Marcos fue invadida por fuerzas de represión el 20 de enero, con tanquetas y bombas, terminando con la detención de 200 activistas. Ya llevamos casi 60 muertos en este proceso, 600 detenidos, además de la detención de dirigentes del Frente en defensa de Arequipa, acusados de terrorismo.
En constante pérdida de apoyos, el gobierno se sustenta en un giro represivo. Además de la acción policial abierta, combina una marca narrativa con la persecución y criminalización de activistas. El discurso de la derecha tiene dos pilares: el tradicional “terruqueo”, que consiste en imputar a los opositores políticos la relación con grupos terroristas, evocando la memoria de las acciones de grupos que actuaron en las décadas de 1980 y 1990; y el ataque a Evo Morales, alegando que el líder del MAS boliviano estaba detrás de las protestas en el Sur, con el objetivo de secesionar el país. El absurdo de esta narrativa pretende detener el avance de la rebelión.

La situación actual es la de un gobierno cada vez más débil políticamente, apoyado por las fuerzas represivas y los sectores más reaccionarios del odiado congreso. Las encuestas muestran que el 70% quiere una nueva constitución; el 88% rechaza al gobierno y el 75% no confía en la composición actual del Congreso. El gobierno se está aislando incluso entre las clases medias de las grandes ciudades como Lima

La izquierda necesita apoyar la lucha democrática en el Perú

Hemos llegado a un momento decisivo de la crisis nacional marcada por la rebelión peruana.
En las calles y carreteras del Perú se juega el futuro de la lucha continental. Hoy, la extrema derecha se atrinchera en Bolivia contra el gobierno del MAS, en Brasil con los bolsonaristas y en Perú para apoyar al gobierno de Dina, allanando el camino para el regreso del clan fujimorista al poder.

En medio de la reunión de la CELAC, los gobiernos de América del Sur deben comprometerse a apoyar la rebelión peruana. El gobierno de Petro señaló el camino, condenando la invasión de la Universidad de San Marcos. La omisión de sectores de izquierda solo ayuda a sostener el giro represivo de Dina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una entrevista para el diario Folha de São Paulo, el 23 de enero, mencionó que le preocupaba la “inestabilidad” en Perú, sin dar nombres ni señalar responsabilidades claras del gobierno. Lula, por su parte, y la diplomacia brasileña no se han pronunciado sobre las masacres y violaciones de derechos fundamentales que se vienen produciendo en las últimas semanas. Es necesario cambiar esta ruta y tomar partido frente a esta batalla.

El PSOL, que también aprobó en diciembre, en su Directorio Nacional, una nota de apoyo al pueblo peruano, apuesta por la solidaridad con la rebelión en curso. Participamos de actos en las embajadas, la diputada Fernanda Melchionna, en la bancada, cuestionó al gobierno peruano por la violencia y denunció a los órganos responsables en Brasil de la transacción y venta de armas a las fuerzas represivas del gobierno del Perú.

La heroica lucha del pueblo peruano merece nuestro apoyo.

https://movimentorevista.com.br/2023/01/por-que-debemos-apoyar-la-rebeli...