Mazón hundido. Feijóo tocado

La comparecencia de Carlos Mazón, el que ya no debería ser presidente de la Generalitat valenciana, ha cumplido todas las expectativas del guion del Partido Popular: ha mentido, ha echado las culpas a otros y ha tapado su incapacidad para actuar ante la catástrofe. Lo anunciamos en este artículo. Eso sí, no ha cumplido con ninguna de las mínimas expectativas democráticas: dar explicaciones, reconocer sus errores y dimitir, como le exigieron centenares de miles de personas en la manifestación de Valencia el pasado 9 de noviembre.

Mintió. Quiso echar la culpa a la Confederación Hidrográfica del Júcar de que no le había avisado con tiempo. La CHJ envió dos correos electrónicos horas antes anunciando el enorme caudal que se estaba generando. Mintió. Echó la culpa a la AEMET de que con su información no se podía prever la catástrofe, ocultando que a las 7 de la mañana la AEMET ya había anunciado el riesgo de lluvias tormentosas, que marcó como alerta roja (sólo el 0,5% de avisos merecen esa alerta) y, a diferencia de Mazón, la Universidad de Valencia y algunos municipios suspendieron las clases y la movilidad, mientras que él mantuvo su agenda como si no pasara nada. Es bien sabido que siguió comiendo con una larga sobremesa mientras algunos pueblos ya se estaban inundando. Mintió. Dijo que estaba continuamente informado, pero cuando a las 18 horas llegó al Centro de Emergencias (Cecopi) se le tuvo que poner al corriente. Mintió. Declaró que no estaba prevista la alerta telefónica, cuando estaba activa desde 2023. Mintió. La UME (Unidad Militar de Emergencias) se ofreció desde el primer momento como el propio jefe de la UME lo anunció públicamente. Mintió. Para no asumir responsabilidades declaró que el protocolo no ha funcionado. Le respondió con claridad el alcalde de Cullera: “lo que yo estoy seguro que no dice el protocolo es que en alerta roja te vayas cinco horas a comer en un restaurante”.

El primer objetivo político de la mentira es ganar tiempo para salvar a Mazón y el segundo salvar a Feijóo, porque si cae el primero debilita al segundo y las posibilidades de una eventual victoria electoral del PP. Por eso, después de mentir hay que echar la culpa a otros, como a la AEMET o a la Confederación Hidráulica del Júcar, y si no es suficiente, se echa la culpa a la ministra Teresa Ribera para evitar que pueda ser nombrada Comisaria europea. Para salvarse, el PP quiere convertir su incapacidad valenciana en una crisis europea.

Combatir la desinformación

Es necesario insistir e insistir en desmontar las mentiras. La riada se llevó por delante muchas vidas, pueblos y campos, pero los bulos y la desinformación se puede llevar por delante la verdad. La campaña está siendo tan enorme que no siempre resulta fácil diferenciar entre la mentira y los hechos de lo que realmente pasó. Muchos medios de comunicación y muchas redes sociales están convirtiendo los barros que el agua arrastró en un lodazal cuya beneficiaria directa es la antipolítica y la extrema derecha. Bajo la pregunta, supuestamente ingenua, de no nos están diciendo la verdad surgen todo tipo de interpretaciones, extravagancias y exageraciones.

Uno de esos ejemplos, que probablemente el lector habrá visto por las redes, es la campaña de que la Cruz Roja no estaba ayudando a los afectados por la riada mientras sí que ayuda a los emigrantes africanos que llegan a Canarias o que a los emigrantes se les aloja en hoteles mientras que a los valencianos se les aloja en recintos deportivos. Nada que ver con la ayuda a los afectados por la riada, sino aprovechar el desastre para una campaña xenófoba. 

La verdad es muy evidente. La crisis climática que niegan los desinformadores produjo la riada, la catástrofe encontró un terreno preparado por la especulación del suelo y la construcción desenfrenada y un gobierno valenciano inútil fue incapaz de prevenir la respuesta. Todo lo demás son bulos y desinformación para desviar a los verdaderos responsables.

Solo el pueblo salva al pueblo  

La manifestación de Valencia fue la expresión de la indignación frente a un gobierno incapaz e insensible frente a la catástrofe. El pueblo trabajador y de izquierdas se expresó con claridad: Mazón dimisión.

Pero en esta etapa de confrontación la extrema derecha está encontrando una vía para introducir sus ideas reaccionarias. Han convertido el desastre del gobierno Mazón en una campaña contra los políticos en general e intentan ser un canal de organización para que los españoles salven a los españoles (evidentemente no haría falta salvar a los inmigrantes y menos si son de color). “Todos los políticos son iguales”, se vuelve a escuchar machaconamente, reforzando las tendencias apolíticas y en realidad antidemocráticas de que puede existir la vida democrática sin los partidos, sindicatos y asociaciones de todo tipo.

Cuando la extrema derecha se apropia de esa idea la convierte en lo peor del populismo y la demagogia. Porque el pueblo solo puede salvar al pueblo si está organizado y tiene objetivos claros que no pueden ser los de enfrentar a diferentes sectores del propio pueblo (españoles contra inmigrantes) ni decir que todos los políticos son iguales, que en su lenguaje significa que los únicos que se aceptan son los misóginos, los xenófobos o los que niegan el cambio climático.

Porque la consigna de “solo el pueblo salva al pueblo” solo puede ser el reflejo de los miles de voluntarios que se desplazaron a ayudar a los afectados o de la ayuda solidaria recogida en todo el país y no se opone a la necesidad de que los técnicos, los bomberos e incluso los militares ayuden en las tareas de limpieza. Es como la consigna “el pueblo unido jamás será vencido”, expresa la voluntad de unión, pero no confrontada a las organizaciones sociales, sino que las incorpora y, en todo caso, expresa que no deben estar por encima del pueblo sino junto a él.

La indignación ha movilizado la solidaridad de miles de jóvenes, la despectivamente llamada “generación de cristal” ha respondido con la abnegación que la juventud puede aportar para abrir mejores horizontes para toda la sociedad. Así fue en la crisis del Prestige cuando miles de jóvenes se trasladaron a Galicia para limpiar las playas de chapapote. Las izquierdas, los sindicatos, las asociaciones de vecinos y de todo tipo deben seguir organizando la solidaridad y apoyarse en esa indignación y movilización para volver a tomar impulso y ofrecer alternativas reales de cambio. No es suficiente con esperar las medidas del gobierno, que son necesarias, sino generar respuestas de organización, de movilización y de participación democrática, así es como el pueblo puede salvar al pueblo y combatir a la extrema derecha.    

Reconstrucción

El gobierno valenciano lo fía todo a la reconstrucción del desastre. Forma parte del manual de la derecha: privatizo todo lo que puedo para beneficiar a mis amigotes; si hay una catástrofe pido dinero al Estado y a Europa para que financien, pero una parte importante de ese dinero no va directamente a los afectados sino a las empresas privadas que tienen medios para solicitar y obtener financiación pública para fines privados. ¡Y vuelta a empezar! Quienes obtienen los mayores beneficios son los capitalistas, sea a través de la reconstrucción de las infraestructuras, de la concentración de empresas (muy probablemente una parte del pequeño tejido industrial y comercial de la zona no podrá seguir adelante) o incluso de la compra de suelo urbano o rústico, que probablemente perderá valor.

Es lo que ha pasado con otras reconstrucciones o lo que pasó con la pandemia del Covid-19. Se decía que saldríamos mejor de la pandemia, pero quien salió mejor fueron las farmacéuticas, la banca o las grandes cadenas de distribución.

El gobierno ha aportado más de 14.000 millones de euros y toda una serie de ayudas directas, así como un escudo laboral para proteger el empleo y acoger los ERTES de las empresas. Son medidas de urgencia y pasos positivos. Como lo sería una renta básica y universal para toda la población afectada (como explicamos en esta editorial la semana pasada) Ya es evidente que los subsidios son más un problema que una solución: largas colas, los ayuntamientos desbordados y la gente que sigue diciendo que semanas después aún siguen esperando. Todavía hay familias en Lorca que siguen esperando tras el terremoto de 2011 como en la isla de La Palma tras la erupción del volcán en 2021.  

Como publicamos en la editorial mencionada: “no caben dudas que la reconstrucción de las áreas afectadas, más allá de las ayudas de emergencia, ponen sobre la mesa modelos de país alternativos, entre otras cosas por el negacionismo climático parcial del PP y el completo de Vox. […] La reconstrucción, partir de fondos públicos del presupuesto estatal y del Fondo de Solidaridad de la UE, deben de partir de criterios de equidad social y sostenibilidad medio-ambiental […] con objetivos finalistas que haga que lleguen a las zonas afectadas y puedan ser controlados. La larga historia de corrupción en la Comunidad Valenciana gestionada por el PP, en especial por su sector zaplanista al que pertenece Carlos Mazón, así lo aconseja”.

La previsión de inversión para la reconstrucción oscila entre 25.000 y 30.000 millones. ¿Por qué no establecer un fondo público, controlado por Hacienda o el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para gestionar y controlar todas las inversiones?

Si prácticamente todo el dinero que se va a invertir será público hay que dar peso a la actividad pública y debatir públicamente sobre el modelo de país que se piensa reconstruir. ¿O se va a seguir construyendo hoteles e inmuebles en zonas inundables?

Los ayuntamientos afectados deberían ser escuchados y tener peso en las decisiones y que controlen la inversión en sus pueblos y ciudades, que puedan organizar brigadas públicas con contratación pública directa para las tareas de reconstrucción.

Que establezcan procesos participativos para decidir con los vecinos y vecinas la manera de reconstruir sus ciudades. La lucha contra el cambio climático exige también maneras diferentes de organizar la vida ciudadana y de los barrios. No hay que repetir los errores del pasado y que el cemento y la especulación vuelva a imponerse. Es imprescindible que los técnicos, arquitectos y urbanistas colaboren con la ciudadanía.

Contra la opinión de las derechas, lo público es lo que garantiza el ejercicio de los derechos y que se tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía. Hay que reforzar el tejido social y dar la voz al pueblo. Es la manera democrática de hacer las cosas y la mejor forma para combatir a las derechas