Jeremy Corbyn
18/09/2024
Todos los días, los electores de mi distrito se enfrentan a decisiones difíciles. Elecciones difíciles como decidir si calentar la casa o tener algo que comer. Decisiones difíciles como pedir un préstamo para pagar el alquiler de este mes. Decisiones difíciles como vender su casa para pagar la asistencia social de la familia.
La gente anda enfrentándose a decisiones difíciles porque los gobiernos han tomado las decisiones equivocadas. Avisamos de que la austeridad conservadora debilitaría nuestra economía y diezmaría nuestros servicios públicos. Nos ignoraron, y pagaron el precio los más pobres de la sociedad. La austeridad no es sólo una expresión en boga. Es la realidad brutal de millones de personas que se han visto abocadas a la indigencia. Es el rostro de la desesperación y la ansiedad de quienes se han visto obligados a entrar en una espiral de deudas. Es una noche helada para el número sin precedentes de personas que duermen en la calle. Es el cementerio de quienes se han quedado sin ayudas vitales: se estima en un exceso de más de 300.000 las muertes debidas a las políticas de austeridad.
A menudo hablamos de austeridad en términos de recortes del gasto público, pero eso no es más que una cara de la moneda. Al privar de recursos a los servicios públicos, el Gobierno fabricó una excusa conveniente para su privatización. Lo vimos de forma más aguda con el NHS [Servicio Nacional de Salud]: un servicio público infradotado no sólo provoca una caída en picado de la satisfacción, sino de la propia creencia en el principio de la sanidad pública. La austeridad nunca tuvo como objetivo ahorrar dinero (la deuda del Reino Unido fue aumentando todos los años durante el mandato de los conservadores). Se trataba de transferir dinero de los más pobres a los más ricos. Entre 2010 y 2018, la riqueza agregada en el Reino Unido creció en 5,68 billones de libras. El 94% fue a parar al 50% más rico de los hogares. El 6% fue al 50% más pobre. Mientras la pobreza infantil se encaminaba a sus niveles más altos desde 2007, los multimillonarios británicos multiplicaron más del doble su riqueza.
Desfinanciar, desmantelar y subastar nuestros servicios públicos fue una decisión política. Y será una decisión política repetir este experimento económico fallido. «Va a ser doloroso», le ha dicho el Primer Ministro al país la semana pasada, preparando a la opinión pública para “decisiones difíciles”. ¿Les han dado permiso los conservadores para reutilizar sus lemas? Hay otros ministros que han ido un paso más allá, indicando que no tienen más remedio que empobrecer a niños y pensionistas. Mantener a los niños en la pobreza es inevitable, a lo que parece, si queremos sanear las finanzas públicas. La supresión del subsidio invernal de combustible es una necesidad, se nos dijo de una forma que es como para reírse, si queremos detener el pánico respecto a la libra esterlina.
Es asombroso oír a los ministros del Gobierno tratar de engañar a los ciudadanos. El Gobierno sabe que tiene varias opciones. Podrían introducir impuestos sobre el patrimonio con el fin de recaudar más de 10.000 millones de libras. Podrían dejar de malgastar el dinero público en contratos privados. Podrían poner en marcha una redistribución fundamental del poder haciendo que el agua y la energía pasaran a ser de propiedad pública. En lugar de eso, han optado por dejar sin recursos a la gente a la que le prometieron que las cosas cambiarían. Hay dinero de sobra, sólo que está en las manos equivocadas, y no nos dejaremos engañar por los intentos de los ministros de fingir arrepentimiento por decisiones crueles que saben que no tienen por qué tomar.
Entre otras cosas porque, para algunos ministros, no es necesario lamentarse en absoluto. No, suprimir el subsidio invernal de combustible es supuestamente la opción progresista, ya que retira ayudas a quienes no las necesitan para dirigirlas a quienes más las necesitan. La realidad es bien distinta. La evaluación de recursos económicos no garantiza que las ayudas vayan a donde más se necesitan. Sólo el 63% de los pensionistas que reúnen los requisitos para recibir un crédito de pensión [ingreso extra para que los pensionistas alcancen un mínimo] llegan a solicitarlo. Si esto se convierte en la forma de acceso a los pagos de combustible de invierno, casi un millón de los pensionistas más pobres se quedarán sin ello. El IFS [Instituto de Estudios Fiscales] ha calculado que al Gobierno le costaría más de 2.000 millones de libras garantizar una aceptación del 100%, una cifra superior a los 1.400 millones de libras que afirman que se ahorrarán con el recorte.
Más allá de eso, hay un precio mucho más alto que pagar. Se trata de la destrucción de un principio fundamental: el universalismo. Un sistema universal de asistencia social reduce el estigma que pesa sobre quienes dependen de él y elimina los obstáculos para quienes tienen dificultades para solicitarla (ambas son razones por las que la aceptación de las ayudas condicionadas a los recursos sea tan baja). ¿Y ahora qué? ¿La pensión pública? ¿El NHS?
Si el gobierno se preocupara realmente por la desigualdad de la riqueza, no atacaría el principio de universalismo. Subirían los impuestos a los más ricos de nuestra sociedad. De ese modo, nos aseguramos de que todo el mundo disponga del apoyo que necesita y de que quienes tienen las espaldas más anchas paguen lo que les corresponde.
La política consiste en elegir entre opciones. El Partido Laborista se creó para aliviar las condiciones de los más desfavorecidos; quienes optan por empujar a niños y pensionistas a la pobreza deberían preguntarse: ¿para esto me han elegido mis electores? Estoy orgulloso de trabajar junto a otros diputados del Parlamento que fueron elegidos para defender un mundo más igualitario. Creemos que la austeridad es la opción equivocada, y nuestra puerta está siempre abierta a quienes quieran optar por otra cosa.
El principio de universalismo es el principio de una sociedad que se preocupa por todos. Un principio por el que merece la pena luchar.