Oren Ziv
Yuval Abraham
17/01/2022
En la foto, la cooperante española Juana Ruiz, detenida por las autoridades militares israelíes el 13 de abril de 2021. En una parodia de juicio militar y tras alcanzar un acuerdo con el tribunal militar para su expulsión a España, Juana reconoció haber recaudado dinero para Comités de Trabajo Sanitario, que las autoridades militares israelís acusan de ser una organización afiliada al FPLP. Condenada a 13 meses de cárcel, Juana Ruiz ha sido encarcelada en Israel sin acceso a su familia y con visitas reducidas de las autoridades consulares españolas.
Durante la mayor parte del último año, el gobierno israelí ha intentado convencer a los países europeos de que seis de las organizaciones de la sociedad civil palestina más importantes son en realidad una fachada para el terrorismo. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, que incluyeron un expediente confidencial de 74 páginas del Shin Bet enviado a los diplomáticos extranjeros en mayo pasado, Israel no ha logrado convencer a los líderes europeos de sus acusaciones.
Tras su fracaso con los diplomáticos, el mes pasado Israel comenzó a circular un nuevo documento escrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores, obtenido por +972 y Local Call, y que publicamos por primera vez, con información adicional, en un nuevo intento de vincular a las ONGs citadas con el terrorismo. Una vez más, sin embargo, parece que Israel no ha podido demostrar sus afirmaciones y los líderes europeos siguen sin estar convencidos. Mientras tanto, Israel ha rechazado la solicitud de las seis organizaciones para recibir detalles sobre las acusaciones, aunque extendió el período para presentar una apelación sobre la decisión del 10 al 18 de enero.
El nuevo documento, que se clasifica como "secreto" a pesar de no presentar ningún logotipo estatal que lo distinga como oficial, y que se envió en inglés y hebreo a diferentes países, no presenta ninguna evidencia real contra los grupos, sino que hace afirmaciones generales sobre su supuesto apoyo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), proscrito como organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la UE. También se invoca presuntos vínculos personales entre altos miembros de los seis grupos y el PFLP.
El documento ha llegado inmediatamente después de un expediente del Shin Bet (servicio secreto interior israelí) de 74 páginas que Israel envió a varios países europeos en mayo de 2021. El objetivo de ese documento era demostrar que las seis organizaciones: Al-Haq , Addameer, Bisan Center, Defense For Children Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas son parte del FPLP, apoyan sus actividades y sirven como medio para canalizar dinero hacia él. Medio año después de su circulación, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, declaró a las organizaciones “grupos terroristas”.
Una investigación conjunta de +972, Local Call y The Intercept inmediatamente después de la declaración de Gantz encontró que las acusaciones del Shin Bet contra las organizaciones no tenían fundamento y se basaban principalmente en testimonios de segunda mano de dos contables palestinos que nunca trabajaron para las organizaciones en cuestión. La investigación reveló además que las actividades “criminales” en las que estaban involucradas estas ONG supuestamente incluían lecciones de danza tradicional palestina y ayuda a enfermos.
La investigación también encontró que los países europeos que recibieron el informe Shin Bet no creyeron que aportaba “pruebas concretas” contra las seis organizaciones. Tras la declaración de octubre de Gantz, Israel inició una campaña para convencer a los países europeos y a Estados Unidos de que tenía pruebas adicionales de los vínculos entre las organizaciones y el FPLP. El documento sin firmar, a diferencia del expediente del Shin Bet, “perfila” las seis ONG y enumera el personal directivo de cada una de ellas que supuestamente tiene o ha tenido vínculos personales con el FPLP. El documento no incluye acusaciones de que estos altos funcionarios alguna vez estuvieron involucrados en las actividades militares o violentas del PFLP.
El nuevo dossier describe a Addameer como “una organización muy importante para el FPLP”, que fue fundada para “enviar un mensaje claro a los militantes del FPLP y al público palestino en general de que la organización [FPLP] no abandona a quienes llevan a cabo actividades terroristas contra Israel, sino que los compensa a ellos y a sus familiares y garantiza su bienestar”. El documento afirma además que Addameer “promueve el apoyo público a los presos y líderes del FPLP”.
El documento acusa a la Directora Ejecutiva de Addameer, Sahar Francis , de ser “militante del FPLP” y afirma que “la mayoría de los empleados de la organización son conocidos y destacados militantes/simpatizantes del FPLP”. El documento afirma además que Addameer participa en proyectos del PFLP, sin incluir ningún detalle, y que sus “empleados participan en actividades organizativas en nombre del PFLP que no están directamente relacionadas con la organización [Addameer], por ejemplo, transmitir mensajes e instrucciones a los presos del FPLP”. El documento también afirma que las oficinas de Addameer se utilizan para actividades del FPLP, aunque no explica cómo ni cuándo.
El documento afirma además que Al-Haq, la ONG palestina de derechos humanos más antigua y respetada, es una organización del PFLP, cuyos empleados son todos “agentes del FPLP”. Al-Haq, dice el documento, “enfoca sus actividades a la guerra legal contra Israel y actúa en coordinación [con] y bajo la dirección del liderazgo del FPLP. Este último ve las actividades [de Al-Haq] como estratégicamente importantes en la lucha contra Israel, y como un apoyo a la lucha armada del FPLP”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirma que Al-Haq se ha “abstenido de hacer pública su pertenencia al FPLP y lo niega. Es una decisión consciente diseñada para retener a los donantes y disipar cualquier duda que pueda surgir por parte de la comunidad internacional sobre la credibilidad de la organización”.
El director ejecutivo de Al-Haq, Shawan Jabarin, es descrito en el documento como “un miembro de alto rango del FPLP… como parte de su trabajo, Jabarin se reúne con agentes del FPLP en varios distritos”. El documento establece que Jabarin ha sido parte del PFLP desde la década de 1980, ha participado en actividades organizativas, formó parte de la célula estudiantil del PFLP durante sus estudios en la Universidad de Birzeit y comenzó a trabajar en Al-Haq mientras “pertenecía al FPLP”.
El documento argumenta además que tanto Kitan Safin, quien encabeza la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UPWC), como Abla Sa'adat, empleada de la organización y esposa de Ahmad Sa'adat, el secretario general del FPLP que está cumpliendo una sentencia de prisión por planear el asesinato del ministro israelí de extrema derecha Rehavam Ze'evi en 2001, son ambos miembros de alto rango del FPLP.
Según el expediente, la UPWC “lleva a cabo varios proyectos en Cisjordania, incluidos los que sirven al FPLP, por ejemplo, centros culturales y jardines de infancia”. El documento también establece que la organización se enfoca, entre otras cosas, a “apoyar a poblaciones especiales, familias de mártires y presos de seguridad”. El documento alega además que los miembros de la UPWC han realizado actividades en nombre del FPLP, como la transferencia de fondos, capacitación organizativa y declaraciones, y que la infraestructura de la organización se utilizó para las reuniones del FPLP. Ninguna de estas acusaciones esta acompañada de detalles, fechas o de cualquier otra evidencia.
El documento también afirma que la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) es una “organización clave” del PFLP, que está controlada por sus principales dirigentes y ayuda a financiar el PFLP. El documento cita a dos altos miembros de la organización, Abed al-Razaq y Samer Arbid, que actualmente están siendo juzgados por conspiración y ejecución deel asesinato de Rina Shnerb, de 17 años, en un manantial en la Cisjordania ocupada en 2019.
El documento afirma además que la UAWC recibe millones de dólares en donaciones de países europeos y está involucrada en “falsificación y fraude”, pero, al igual que en sus alegaciones anteriores, no proporciona ninguna prueba. El documento también afirma que las oficinas de la UAWC se utilizan para reuniones del FPLP.
'Le estás quitando su último perro guardián'
Al igual que con el expediente Shin Bet que le precedió, el nuevo documento no ha logrado convencer a los países europeos de que las organizaciones señaladas estaban involucradas en actividades terroristas.
“No se ha presentado ni una sola prueba incriminatoria, ni un solo país ha aceptado o ha sido convencido de las acusaciones”, señaló un diplomático occidental con sede en Ramallah, que pidió permanecer en el anonimato, a +972 y Local Call el mes pasado. “Según la información existente, [los estados donantes] en Europa no creen que los documentos provistos por Israel justifiquen designarlas como organizaciones terroristas”.
El mismo diplomático estima que estos países pronto deberán tomar una decisión sobre si continúan con su apoyo financiero a las seis organizaciones. “La mayoría de los países no detuvieron sus ayudas, porque no vimos evidencia”, dijo el diplomático. “Estos países no pueden esperar mucho más. En los próximos meses se tomará una decisión, muy probablemente para continuar con el apoyo”.
Según el diplomático, la decisión de Israel de declarar ilegales a las organizaciones “no se sostendrá en un tribunal europeo”, ya que la ley israelí “se basa en una definición mucho más amplia de lo que constituye 'terrorismo', que no coincide con la forma en que la Unión Europea lo define”. En Israel, cualquier persona que apoya a un grupo que ha sido designado como “organización terrorista” es designado automáticamente como “partidario del terrorismo”. En Europa, explicó el diplomático, simplemente no es el caso. “Incluso si expresó su apoyo [a un grupo considerado una “organización terrorista”], no será juzgado por hacerlo”, dijo.
“No podemos castigar a las organizaciones porque Israel las designó como 'terroristas' sobre una base legal diferente a la nuestra”, continuó el diplomático. “Estas organizaciones critican las dos dictaduras que sufre el pueblo palestino: la dictadura de Israel y la dictadura de la Autoridad Palestina. Le está quitando su último defensor”, agregó.
Las declaraciones del diplomático están en línea con las declaraciones oficiales publicadas por varios países europeos, así como con los comentarios realizados por otros diplomáticos. Dinamarca e Irlanda ya han anunciado que no aceptan las acusaciones de Israel y seguirán financiando a las organizaciones, mientras que representantes de otros 10 países adelantaron a +972 y Local Call que no estaban convencidos de los documentos adicionales proporcionados por Israel desde octubre de 2021.
Sin embargo, la semana pasada, el gobierno holandés anunció que dejaría de financiar a la UAWC, tras aparentemente encontrar “conexiones personales” entre sus empleados y el PFLP, y porque la organización no fue transparente sobre esos vínculos. La decisión, que se produjo después de una suspensión de 18 meses de la financiación de la UAWC, utiliza un lenguaje similar al del nuevo documento, que se centra en los vínculos personales entre los miembros principales de las seis ONG y el FPLP.
Sin embargo, la declaración del gobierno holandés también rechaza algunas de las afirmaciones centrales de Israel con respecto a las supuestas conexiones organizativas entre la UAWC y el FPLP. Tras una investigación externa realizada por el grupo de consultoría de riesgos Proximities con sede en los Países Bajos, que comenzó a principios de 2021 y abarcó el período entre 2007 y 2020, durante el cual el UAWC recibió financiamiento de los Países Bajos, el gobierno dijo que no encontró evidencia de "flujos financieros" entre la UAWC y el PFLP… Tampoco se ha encontrado ninguna prueba de unidad organizativa entre la UAWC y el PFLP o de que el PFLP dirija a la UAWC”. La investigación tampoco encontró evidencia de que el personal o los miembros de la junta hayan usado sus posiciones en la organización para organizar ataques armados.
Por lo tanto, la declaración holandesa está en línea con las declaraciones de varios países europeos frente a las seis organizaciones. Durante una sesión en el parlamento danés el 21 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod, dijo que su gobierno no había recibido documentación sobre la decisión de Israel de declarar a Al-Haq una organización terrorista y, por lo tanto, Dinamarca tiene la intención de continuar financiando a la organización como estaba previsto, al menos hasta 2023. Kofod agregó que si Israel proporciona evidencia, “reevaluará la situación”.
El gobierno irlandés anunció en noviembre de 2021 que Israel no había proporcionado pruebas convincentes contra las organizaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Simon Coveney, declaró que “seguiremos hablando con ambas ONG [Al-Haq y Addameer] sobre cómo podemos seguir apoyando su trabajo”. En diciembre de 2021, la embajadora de Irlanda ante la ONU, Gerladine Byrne Nason , dijo que “en ausencia de pruebas que respalden estas acusaciones, Irlanda seguirá apoyando a las organizaciones en cuestión”.
Mientras que otros países han rechazado las acusaciones de Israel, no han anunciado oficialmente que seguirán apoyando a las seis organizaciones. La ministra de Asuntos Exteriores belga, Sophie Wilmès, anunció a principios de diciembre que “no se ha comprobado el presunto mal uso de fondos por parte de algunos socios palestinos, ni su asociación con el FPLP. Hasta el momento, las nuevas acusaciones tampoco han sido fundamentadas”. Wilmès afirmó además que “en una próxima fase, durante la cual es importante coordinar con nuestros socios europeos, será necesario determinar nuestro curso de acción a nivel operativo en apoyo de la sociedad civil”.
La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Anniken Huitfeldt , declaró el 29 de octubre que le preocupaba que la decisión de Israel “reduzca el espacio ya limitado para la participación de la sociedad civil en Palestina, en particular el espacio para el trabajo de derechos humanos”, y que “Noruega da alta prioridad a los esfuerzos para promover los derechos humanos y el apoyo a la sociedad civil en Palestina”. Mona Juul, embajadora de Noruega ante la ONU, anunció el 30 de noviembre que “si no se nos presenta, en un tiempo razonable, información suficiente para corroborar estas acusaciones, solicitaremos a Israel que rescinda la decisión”.
Los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Suecia y varios organismos de la UE también expresaron su "preocupación" por las acusaciones, y señalaron que las denuncias anteriores de malversación de fondos de donantes se investigaron pero no se probaron.
'Los donantes tienen miedo'
El intento de las seis organizaciones de obtener información adicional de las autoridades israelíes no ha dado frutos. El 16 de diciembre de 2021, menos de cuatro semanas antes de la fecha límite inicial establecida por las autoridades israelíes para una audiencia sobre la decisión, el equipo legal que representa a las organizaciones exigió que recibieran los materiales que Israel usó como base para su declaración. “Sin detallar los alegatos de hechos concretos (acto, hecho, fecha, lugar), y sin revelar los medios de prueba que supuestamente los establecen, no se les da a las organizaciones una oportunidad real y efectiva de responder y defenderse del alegato en su contra”, afirmaba el recurso. "Una audiencia en la que no se revelan las pruebas es un procedimiento viciado que carece de la característica más básica de un juicio justo".
La Fiscalía Militar respondió a principios de enero que se negaba a transmitir la inteligencia confidencial en la que se basaba la declaración, y que sólo estaba dispuesta a transmitir la inteligencia no confidencial, ya que, según afirmaba, "el núcleo de las declaraciones se basa en inteligencia clasificada, cruzada y fiable". La Fiscalía Militar ha ampliado el plazo para recurrir hasta el 18 de enero.
Shawan Jabarin, de Al-Haq, dijo a +972 que en los últimos meses se ha reunido con representantes de Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, España, Bélgica e Irlanda. "En todas las reuniones me han dicho que creen que las acusaciones contra nosotros no tienen fundamento", dijo, y añadió que los representantes dijeron que publicarían las declaraciones después de las vacaciones.
Sahar Francis, de Addameer, dijo también que en los últimos dos meses su organización ha mantenido numerosas reuniones con representantes de países europeos, en las que se puso de manifiesto que Israel no ha presentado pruebas adicionales desde el expediente del Shin Bet en mayo. "Dicen que no es suficiente y que no es convincente. Pero siguen esperando a ver si Israel envía más pruebas. Creemos que estos países deberían hacer una declaración pública valiente que diga: 'Han pasado dos meses, el tiempo se acaba. No estamos convencidos y seguiremos apoyando a las organizaciones'".
Fuad Abu Saif, que dirige la UAWC, dijo que su organización pidió a la UE que fijara un plazo para declarar públicamente si estaban convencidos de las acusaciones y si seguirían apoyando a las organizaciones. Dijo que algunos de los representantes con los que se reunió le habían dicho que harían esa declaración en enero. "Hay miedo. Los donantes tienen miedo y las organizaciones internacionales también", dijo Abu Said a +972. "Por un lado, creen que la declaración contra las seis organizaciones no se basa en nada. Pero, por otro lado, están esperando una decisión colectiva para seguir apoyando a las organizaciones, para no estar solos ante Israel. Por ejemplo, esto podría adoptar la forma de una decisión conjunta de todos los países de la UE".
A principios de esta semana, varias organizaciones israelíes de derechos humanos, como B'Tselem, Breaking the Silence, Physicians for Human Rights-Israel y HaMoked, pidieron a los países donantes europeos que siguieran apoyando a las organizaciones palestinas e incluso que aumentaran sus donaciones.