El nombre de Francisco Pi y Margall (Barcelona, 1824-Madrid, 1901) está popularmente asociado a ese breve episodio de la historia contemporánea española del que este año conmemoramos su centésimo quincuagésimo aniversario: la Primera República. Tras la abdicación de Amadeo de Saboya y haber coadyuvado a la proclamación de la República el 11 de febrero de 1873, Pi ocupó el cargo, primero, de ministro de Gobernación —nuestro actual ministro del Interior— y, después, de jefe del Poder Ejecutivo durante algo más de cinco semanas, entre el 11 de junio y el 18 de julio. Pese a que los malentendidos, las omisiones y las mixtificaciones sobre su acción de gobierno y la propia obra republicana siguen siendo constantes en ese páramo falto de buen sentido que es la historiografía oficial del Reino, la importancia de la figura de Pi fue tal que, aún hoy en día, da nombre a calles, avenidas y plazuelas —menos céntricas de lo que algunos nos gustaría—. La pregunta, pues, parece pertinente: ¿quién fue aquel anticlerical, socialista, federalista y humano (en una palabra, republicano) llamado Francisco Pi y Margall?

Anticlerical. En 1851, con poco más de 27 años, Pi publicó el primer volumen de una Historia de la pintura en España. Más allá de los juicios estéticos que hallamos en la obra, fruto de su formación romántica, esta fue la confesión pública de una heterodoxia crítica y racional con el cristianismo y la Iglesia. Fragmentos como que «Jesucristo no fue más que el continuador de los demás filósofos», es decir, de Platón y Zenón, o que «el cristianismo no es más que [...] un orden de ideas más o menos estable, pero no eterno» despertaron la furia de la intransigencia católica española, que secuestró el libro e hizo que la censura lo fichase. Y hubo consecuencias: no solo no pudo continuar su historia de la pintura, sino que todos sus escritos desde entonces fueron escrutados con lupa. Por ejemplo, un estudio detenido y profundo sobre la Edad Media, que ya había dejado apuntado en su obra anterior, no pudo ver la luz hasta 1873; lo mismo ocurrió con un tratado de economía política. Hoy sabemos —y parece que Pi también era consciente de ello— que su racionalismo, la confianza en la ciencia y en el progreso y la denuncia del carácter reaccionario de la Iglesia católica seguían un camino muy similar al que, diez años antes, había recorrido en Alemania la izquierda hegeliana de Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e incluso Karl Marx.

No es casualidad, pues, que el anticlericalismo y panteísmo pimargallianos hayan sido algunos de los ejes más reivindicados por el movimiento libertario español, de Anselmo Lorenzo a Federica Montseny. Existe una reedición de La reacción y la revolución —la primera gran obra política de Pi, escrita en 1854— en La Revista Blanca, diario de cabecera de los libertarios, con un elogioso prólogo de la que después se convertiría en la primera mujer ministra de España. En él, Montseny coloca a Pi a la misma altura que un Spinoza, un Kant o un Cervantes, esto es, como un hombre íntegro que encarnó lo mejor del género humano y que supo legar su pensamiento y su ejemplo al porvenir. La alabanza es mayúscula, pero no sorprende de un autor que tomaba «la pluma para demostrar que la revolución es la paz [y] la reacción, la guerra»; una reacción que, para Pi, se manifestaba en tres instituciones muy concretas: la Iglesia, la monarquía y la propiedad.

Socialista. La mención a la cuestión de la propiedad no es baladí. Pi y Margall, como buen republicano, reconocía que los humanos somos seres con capacidad de raciocinio y que, por ello, somos libres y autónomos en lo que respecta a nuestras ideas, nuestra personalidad y nuestras acciones. Los humanos somos, si se quiere, soberanos de nuestro yo, lo cual nos hace poseedores de un conjunto de derechos naturales (como a la dignidad de la vida, a la libre expresión de pensamiento, a la capacidad de reunión y asociación o a la igualdad ante ley) superiores a cualquier ley positiva y que no pueden ser conculcados ni por el Estado más democrático ni por la mayoría social más abultada. Pero Pi, como buen republicano socialista, también era consciente de que esta libertad, autonomía o soberanía individual no son posibles sin el acceso a toda una serie de mecanismos institucionales —señaladamente, la propiedad de la tierra— que garanticen nuestra existencia material. En sus palabras, «la tierra, lejos de ser una extensión de nuestra personalidad, es la conditio sine qua non de nuestra personalidad misma».

El socialismo pimargalliano, entendido en un sentido amplio, se escenificó públicamente en la famosa polémica que los demócratas mantuvieron en 1864. Aquel año, desde las páginas de La Discusión, Pi trató de influir en la definición ideológica y organizativa del Partido Democrático, viéndose respondido, entre otros, por los individualistas de La Democracia. A diferencia de lo que estos últimos argumentaban, Pi entendía que la propiedad tiene una función social y que, por ello mismo, no puede entregarse al dominio absoluto del individuo, sino que debe estar subordinada al interés de la colectividad. Allá donde se acumulasen tierras sin cultivar o los campesinos tuviesen contratos de arrendamiento desfavorables, el Estado debía poder intervenir para generalizar la propiedad, para repartirla entre los jornaleros y, así, convertir a los proletarios en propietarios. Pero no se trataba solo de una mera acción predistributiva, sino que, para el ala izquierda de la democracia que Pi representaba, la sociedad, a través del Estado, debía moderar y regularizar las relaciones económicas, esto es, hacer efectivos los derechos: implantar la gratuidad de la educación primaria y secundaria, construir hospitales para los enfermos, proveer créditos a bajo interés para las cooperativas de productores y consumidores, establecer medidas proteccionistas para el desarrollo de la industria, etc.

Algunas de estas propuestas pudieron vislumbrarse durante la breve experiencia de la Primera República. Entre las leyes aprobadas o propuestas en el corto verano de «La Federal» destacaron: la llamada ley Benot, que regulaba el trabajo infantil en las fábricas, establecía cierta escolarización primaria obligatoria y está considerada el primer caso de legislación laboral en España; la de creación de jurados mixtos, unos convenios colectivos que permitirían resolver los conflictos entre obreros y empresarios; la que fijaba la jornada laboral máxima de nueve horas; la de repartir a censo tierras de «propios y comunes» entre los jornaleros sin tierras, propuesta presentada y defendida por José María Orense, el viejo patriarca del republicanismo; y, notoriamente, la de redención de foros y otras rentas de igual naturaleza, como la catalana rabassa morta, que se enmarcaba en el intento de edificar una reforma agraria en España que recondujese el proceso de desamortización iniciado en la década de los treinta. Estoy seguro que, cuando en 1934 Lluís Companys hizo aprobar en el Parlament la Llei de Contractes de Conreu —la cual permitía a los rabassaires convertirse en propietarios previa indemnización a los terratenientes—, se sintió parte del mismo espíritu de justicia social propugnado por Pi y Margall.

Hay otros testimonios que, leídos a día de hoy, hacen aún más patente el avanzado contenido social del republicanismo federal. Pi, junto con Fernando Garrido, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, defendió en las Cortes de 1871 la legalidad de la Primera Internacional. Pocos meses después, Paul Lafargue, yerno de Marx, fue enviado como emisario de este último para proponer a Pi que fundase un partido socialista en España. Se fue con las manos vacías, pues, tal como le respondió, «las masas obreras españolas están fatigadas de las luchas políticas. No quieren ningún partido. Ni aun el mío» —el pronóstico no iba desencaminado, ya que el Partido Socialista Obrero Español no se fundó hasta 1888—. Pero pese a la negativa, ello no fue óbice para que Friedrich Engels afirmase, en un fragmento de Los bakuninistas en acción, que «entre los republicanos oficiales, Pi fue el único socialista, el único que vio la necesidad de apoyar la república en los trabajadores». No era para menos: aun habiendo quedado políticamente aislado y sufrido escisiones notables, el contenido social del Programa del Partido Federal, aprobado definitivamente en 1894, era fácilmente equiparable a lo que se ha conocido como el programa mínimo de los partidos agrupados en la Segunda Internacional; en este sentido, durante la última década del siglo XIX se produjo más de una coalición electoral entre federales y socialdemócratas.

Federalista. Sin embargo, el republicanismo no fue un todo unitario. Derrotada la Primera República con el dinero de esclavistas y grandes propietarios, algunos de los nombres que han ido apareciendo a lo largo del texto, como Salmerón y Castelar, abandonaron rápidamente el credo federal para sumarse al de la República unitaria —la única «República posible», en palabras de este último— o, como mucho, la República descentralizada. Pi no fue uno de ellos. Tal era la importancia de la dimensión federal en su pensamiento y acción que, más que un adjetivo, constituía el núcleo fundamental de su doctrina, desde 1854 hasta 1901. El federalismo pimargalliano debe entenderse como un pacto entre individuos, regiones y naciones libres e iguales, tres órdenes que son soberanos en lo que toca a sus respectivos intereses. La razón demuestra que esta forma de organizar territorialmente el poder es la que mejor garantiza la «unidad en la variedad». La historia de España también lo prueba: para Pi, en todos los grandes momentos revolucionarios, las antiguas provincias, «que fueron durante mucho tiempo independientes», se hicieron soberanas y levantaron sobre sí una soberanía que, sin menoscabo de la suya, atendiera a los comunes intereses de todas ellas.

Sobre todo al final de su vida, el federalismo pimargalliano se acercó al naciente movimiento catalanista, pues veía en él algunos principios de estructuración de las relaciones políticas y administrativas ciertamente parecidos a los que él proponía. Y aunque no se abstuvo de criticar su carácter conservador, hegemónico tras la aprobación de las Bases de Manresa —«la tradición es mala consejera en tiempos en que la razón va siendo señora y dueña del mundo»—, ello no fue impedimento para que los propios catalanistas lo reconocieran como un aliado en la capital del Reino, tal como lo demuestra el hecho de que le otorgasen la presidencia de honor de los Juegos Florales de 1901. En la que sería una de sus últimas apariciones públicas, y en un discurso traducido al catalán por Pere Corominas, Pi fue capaz de articular nuestras distintas naciones de referencia de forma armónica y espontánea:

Hay una patria para todos los hombres: la tierra. Hay una patria que nos ha traído siglos de las mismas glorias y fatigas: la nación. Hay una patria que forman la misma lengua, las mismas leyes y los mismos usos y costumbres: la región; la región donde nacimos, donde nos educamos y donde tenemos los sepulcros de nuestros padres. Seamos catalanes, españoles, humanos.

Dedicado a la problemática catalana estuvo, de hecho, su último artículo escrito en vida en El Nuevo Régimen, semanario que se convirtió en su altavoz en las postrimerías del siglo. Por esa y otras razones, Pi se convertiría en un referente fundamental de aquellos catalanistas de izquierdas que, durante el primer tercio del XX, trabajaron en pos de una nueva brecha política emancipatoria. Aun cuando los nombres y las corrientes sociales que protagonizaron esa segunda experiencia republicana fueron otros, el espíritu anticlerical, socialista, federal y humano de Francisco Pi y Margall siguió presente. No hay duda, pues, de que estudiar las raíces de nuestro árbol de la libertad es una tarea memorialística preñada de futuro.

Para saber más: tres textos de tres momentos de la vida de Pi y Margall

- El Eco de la Revolución, 21 de julio de 1854, disponible aquí.

- «Discurso de presentación del programa de Gobierno», 13 de junio de 1873, disponible aquí.

- «Preámbulo al Programa del Partido Federal», 22 de junio de 1894, disponible aquí.