El laberinto catalán

El pasado 11 de agosto el periódico El País titulaba en portada: “Cataluña entierra su revolución independentista”. Los que atacaron la rebelión catalana, denigraron la movilización popular o la denominaron “golpe de estado” han tenido que esperar a un cambio de ciclo y de gobierno en Cataluña para reconocer lo evidente: que hubo una rebelión democrática de contenido republicano, que un sector mayoritario de la población catalana puso en cuestión a la monarquía y luchó por ejercer su derecho a decidir y representó, más allá de los errores e inconsecuencias, la esperanza democrática y de cambio social que tanta falta hace.

Se ha producido un cambio de ciclo en Cataluña, no se puede negar, pero cuando los problemas importantes siguen sin resolverse más tarde o más temprano volverán a reaparecer, no de la misma manera, seguramente con otros actores políticos y mucho dependerá del balance que finalmente se haga de la rebelión catalana. Como hemos defendido muchas veces el problema catalán afecta, y de qué manera, al conjunto del Reino de España. Mientras no se resuelva democráticamente seguirá estando presente.

Valga como ejemplo que uno de los problemas denunciados por la movilización democrática catalana, el papel de los jueces, sigue como espada de Damocles no solo sobre Cataluña sino sobre todo el Estado. ¿Dónde se ha visto que los jueces sigan imponiendo sus condiciones sobre el poder democráticamente elegido por el pueblo? Pues eso pasa aquí, los jueces ejercen su oposición a la ley de amnistía y la aplican. De un primer listado de 486 personas a las que debía aplicarse la amnistía, sólo se han beneficiado 102 y de ellos 46 son policías. La judicatura impone su legalidad por encima del Parlamento. Una más de las herencias del franquismo.

Es importante analizar el sentido del actual cambio. En el 2003 se formó un tripartito basado en un acuerdo entre el PSC, ERC y la coalición ICV-EUiA que, a pesar de sus debilidades e inconsecuencias, representaba un cambio frente a las decenas de años de gobierno de Convergencia. En cambio, el gobierno Illa representa el intento de enterrar el esfuerzo democrático y de movilización expresado en ejercer el derecho de autodeterminación. El gobierno actual es una alianza entre los sectores más de derecha del PSC, los que estuvieron en contra del derecho a decidir de Cataluña, los que se manifestaron con el PP, Ciudadanos y Vox tras el voto en las urnas el 1 de octubre de 2017, el mismo Illa declaró que el artículo 155 debía haberse implantado mucho antes y, además, económica y socialmente representa una alianza con los poderes económicos ligados a la especulación turística, a las grandes infraestructuras y al establishment catalán que sobre todo quiere tranquilidad para los negocios y nada de rebeliones.

Los consellers que ha nombrado Illa reflejan esa alianza. Una parte vienen del municipalismo en el que el PSC ha aguantado durante estos años, pero es significativa la presencia de Ramón Espadaler, que viene de la desaparecida Unió Democràtica de Catalunya dirigida por Duràn i Lleida, con potentes relaciones con las multinacionales y la Iglesia y públicamente contrario al derecho al aborto y al matrimonio homosexual. Olga Pané es la consellera de Salut, que sin tapujos considera que los profesionales de la sanidad trabajan poco, que quiere reforzar la colaboración de la sanidad pública y la privada, eufemismo para seguir reforzando la sanidad privada (De unas 35.000 camas hospitalarias en Cataluña alrededor de 20.000 están en el sector privado) La nueva consellera es también partidaria de financiar la sanidad pública ofreciendo al sector privado los datos secundarios de los pacientes. Jaume Duch, el responsable de las relaciones con la Unión europea ejerció como responsable de Comunicación en el Parlamento europeo donde se distinguió por sus continuos ataques al procès. Miquel Sàmper es el responsable de Empresa i Treball, fue conseller con Junts, y otro intermediario con los empresarios. Resulta chocante, por no decir otra cosa, que en una misma Conselleria se haya incluido empresa y trabajo ¿será para conciliar los intereses entre las patronales y los sindicatos?

El PSC es la primera fuerza parlamentaria, 42 diputados, lejos de los 68 necesarios para la mayoría, por eso ha tenido que hacer concesiones que quizás ni podía imaginar. “París bien vale una misa” reconoció el rey Enrique IV que tuvo que convertirse al catolicismo para poder reinar en la Francia de finales del siglo XVI. El humanismo cristiano de Illa -según sus palabras- habrá tenido que pasar por la sacristía para aceptar un Conselleria de política lingüística y una mesa de reflexión sobre el conflicto político, porque lo que es ya visible es la presencia de la Iglesia en primer plano. La primera reunión de trabajo del govern la convocó en el Monasterio de Poblet y el Parlament acaba de conceder la Medalla de Honor al Monasterio de Montserrat (con la protesta de las víctimas de pederastia). Antonio Gómez Movellán alertó sobre el significado del humanismo de Illa en este artículo que publicamos la semana pasada. 

Illa ha tenido que echar marcha atrás del megacasino Hard Rock (que estaba más muerto que vivo) y aceptar, en el papel, que la vivienda será una de sus prioridades. Sin embargo, a las pocas semanas de estar en el cargo ha retomado la ampliación del aeropuerto de El Prat, que tiene una amplia oposición ecológica y popular, pero con muchas presiones del lobby aéreo y turístico.

La financiación singular   

El aspecto clave para lograr la mayoría parlamentaria que invistió a Illa es el acuerdo sobre una mejora de la financiación para Cataluña. Se trata de un problema real que muchos analistas han confirmado y del que ya nos ocupamos en este artículo. Dicho acuerdo es otro intento, uno más, de abordar una disfunción en la financiación de las Comunidades Autónomas. Lo que ahora se presenta como financiación singular era en la época de Convergencia un pacto fiscal y en distintos momentos históricos un acuerdo de este tipo ha sido defendido por socialistas, populares ¡sí, el Partido Popular!, por ejemplo, en la época en que Alicia Sánchez Camacho lo presidía en Cataluña. Son reaccionarios, pero no tontos y saben que el problema de la infrafinanciación de Cataluña es un problema muy sentido y muy transversal, desde la gente común hasta las patronales saben que falta financiación básica en infraestructuras, sanidad o educación.

Que el Partido Popular de Feijóo se haya lanzado a otra campaña demagógica con la excusa de Cataluña no deja de ser el reflejo de como el llamado problema catalán seguirá siendo un problema para el conjunto del Reino. El PP reclama la igualdad de todos los españoles, cuando la principal desigualdad no la pone la diferencia de método de financiación autonómica, sino la de renta e impuestos entre los más ricos y la inmensa mayoría de la población no rica que en más de un 20% está en riesgo de pobreza.

La supuesta igualdad de la que habla el PP es la pantalla para seguir dedicando el dinero que el Estado entrega a las Comunidades a los beneficios fiscales de los grandes propietarios y capitalistas. Así de sencillo: por una ventana pido más dinero al Estado y por la otra lo reparto entre mis amigos. Entre 2018 y 2022 (no hay datos posteriores), el gobierno de la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso perdonó a 22.185 grandes patrimonios, la gente más rica, un total de 5.040 millones a razón de 1.260 millones de euros al año. El patrimonio medio de cada uno de los “agraciados” ronda los 11 millones de euros. Y esa política se está aplicando en Andalucía, Comunidad Valenciana o Galicia.

El acuerdo de financiación singular es todavía un deseo que tiene que aprobarse en las Cortes y que necesita de una mayoría que no está garantizada. Hay, además, muchas incógnitas por resolver: qué impuestos se recaudarán, qué cuotas se establecerán y cómo se calcularán.

Cada vez que surge un debate sobre la financiación autonómica saltan todas las alarmas y cruje todo el sistema sobre el que se basa. La última actualización del complejo y casi indescifrable sistema es del 2009 y es evidente que está obsoleto. Pero esta crisis es la expresión de que ya no aguantan las costuras, de que la arquitectura surgida del régimen del 78 -el llamado café para todos- tiene profundas grietas y por eso cuesta tocarla, no sea que no aguante. Por eso el problema catalán es recurrente porque, de una forma u otra, pone en cuestión al conjunto.   

El frente interno

La responsabilidad sobre el descenso de la influencia electoral y social del independentismo recae directamente en sus diferentes componentes. Las palabras, ni que sean mágicas, no arreglan la vida ni conquistan derechos, pero si producen cansancio cuando no hay resultados ni perspectivas. Durante estos últimos años no ha habido un balance compartido ni un nuevo plan unitario y movilizador, al contrario, el enfrentamiento y el sectarismo entre las diversas fuerzas ha sido el común denominador. Junts abandonó el govern y su política consistió en boicotear al minoritario govern de ERC. La ANC derivó hacia iniciativas contra los partidos y la CUP no llegó a tener suficiente iniciativa en sus propuestas, tanto institucionales como de movilización. Quizás sólo Ómnium Cultural (una asociación con 180.000 socios) alertó en los últimos 11 de septiembre de la necesidad de cambiar el rumbo. Se la escuchó, pero no se le hizo mucho caso. Xavier Antich, presidente de Ómnium, lo ha vuelto a repetir este 11 de septiembre: “No estamos aquí para alimentar la nostalgia ni alimentar la autocomplacencia (ni para) vender humo (ni para) alimentar la lucha fratricida […] Necesitamos urgentemente salir de la parálisis y el estancamiento”.

Durante este otoño, tanto las fuerzas independentistas como los Comunes celebrarán sus congresos y habrá que valorar hacia dónde encaminan sus propuestas. Hubo una época en la que se hablaba del oasis catalán, ahora es un laberinto del que se intuye que debe tener una salida, pero también muchos recorridos que no llevan a ninguna parte. La apuesta consiste en saber encontrar el camino adecuado que no necesariamente es el más recto ni el más rápido. Y algunos elementos tienen que estar muy presentes: que son inseparables los derechos nacionales de los derechos sociales básicos y públicos, sanidad, enseñanza, vivienda, igualdad, que ese es el significado de los valores republicanos, esto vale para las izquierdas soberanistas como para las españolas; que solo el pueblo catalán no puede lograrlo, ni tampoco el pueblo español podrá librarse de la pesada carga monárquica sin aliarse con los otros pueblos del Estado y por eso se necesitan alianzas para quebrar la fuerza del Estado y que las diferentes luchas compartidas, obreras, sociales y nacionales, son las que pueden volver a dar un impulso al movimiento de emancipación social y nacional, nacional y social.