Guillermo Almeyra
Verdad Abierta
27/09/2015
Hacia una dificil paz en Colombia
Guillermo Almeyra
El largo y sostenido esfuerzo durante décadas de los hacedores de paz en Colombia comienza dar a sus frutos, con el nuevo impulso recibido con la mediación venezolana, cubana, noruega y papal. El apoyo de Raúl Castro y el gobierno cubano y las recientes declaraciones del Papa Francisco ayudaron poderosamente a destrabar un largo proceso de negociaciones, que parecían interminables. Fueron decisivos los paros campesinos y las movilizaciones de los indígenas colombianos que, con su simultaneidad con el conflicto con Venezuela en la frontera debido al contrabando de bienes venezolanos subsidiados y a la infiltración de paramilitares colombianos en la República Bolivariana de Venezuela, colocaron al presidente colombiano Juan Manuel Santos ante una presión social interna y otra externa y le obligaron a no ceder ante la presión y el chantaje de la ultraderecha colombiana dirigida por el ex presidente Álvaro Uribe.
La división de las facciones burguesas colombianas sobre cómo resolver la inestabilidad social- expresada en la disputa entre el agente de Estados Unidos y ultrarreaccionario Uribe, que tiene fuerte apoyo militar y paramilitar, y el conservador y derechista Santos, perteneciente a una familia importante de la oligarquía tradicional- debilita a las clases dominantes que gobiernan ligadas a Washington (Estados Unidos tiene siete bases en Colombia y ha firmado con Bogotá el Plan Colombia, que amenaza a Venezuela, Ecuador y Brasil). Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), por su parte, están debilitadas por la muerte o asesinato de importantes dirigentes y por la pérdida de miles de miembros y ya Hugo Chávez les dijo en el 2010 que no tenían futuro como movimiento armado; por lo tanto, en esta situación sin salida en la que todos están desgastados, no tienen otra opción que las negociaciones de paz que son también vitales para Ecuador, Venezuela y Cuba, en particular, que buscan hacer frente a las maniobras hostiles del imperialismo.
La lucha entre dos aparatos militares, el de la guerrilla, menor, y el del Estado lleva al inevitable fracaso del primero si no tiene apoyo político mayoritario y un programa revolucionario. Además, lleva a la degeneración de los originales movimientos campesinos de autodefensa, que recurren a secuestros, reclutamiento forzado o acuerdos con los delincuentes para obtener armas y pierden apoyo social hasta para las negociaciones de paz. s.
Pero la historia pesa mucho, particularmente en un país como Colombia que nunca llegó a constituir realmente un Estado debido al peso de las oligarquías locales las cuales mantuvieron hasta fines de la primera mitad del siglo XX las guerras civiles que ensangrentaron a otros países latinoamericanos en el siglo XIX.
La matanza de liberales y de obreros y campesinos culminó en 1948 con el asesinato del senador liberal Jorge Eliézer Gaitán, crimen que llevó al sangriento Bogotazo y a los años de la Violencia, con más de 200 mil muertos y millones de desplazados. Los campesinos liberales alzados en armas se aliaron con los comunistas y formaron la llamada República de Marquetalia, en lucha contra el poder central, los conservadores y la derecha del Partido Liberal. En 1970, ante el fraude que dio la presidencia a Pastrana, de las filas de la izquierda socialista de la ANAPO de Rojas Pinilla surgió un nuevo frente guerrillero - el Movimiento 19 de abril (M19)- que años después se unió con las FARC, el EPN y el EPL en una Coordinadora Guerrillera Bolivariana y en los primeros 80 negoció la paz en el Acuerdo de Corinto con el gobierno, que no cumplió lo acordado. Posteriormente, el M19 entregó las armas y se convirtió en un partido legal, la Alianza Democrática M19, cuyo dirigente Carlos Pizarro fue asesinado alevosamente en 1990, al igual que centenares de militantes. La ADM19 dio origen al Polo Democrático Alternativo y ex dirigentes del M19, como Gustavo Petro, alcalde de Bogotá o Navarro Wolf, se destacan actualmente entre los progresistas.
En el ala izquierda y progresista de Colombia pesan, por lo tanto, los recuerdos del fracaso del acuerdo de Corinto en los 80 y de la ola de asesinatos de quienes dejando las armas optaron por una vida política legal y de cientos de sindicalistas y militantes obreros.
Por eso es tan difícil en Colombia el camino de la paz: no basta con que el gobierno de turno se vea obligado a aceptarla de los dientes para afuera sino que es necesario que las empresas, la ultraderecha y Estados Unidos (una verdadera trinidad) cumplan con los acuerdos firmados tras el desarme de las guerrillas mientras se siguen rearmando los militares y paramilitares.
No hay otra salida que la paz, que permitiría la vuelta a sus hogares de millones de refugiados y podría abrir la puerta a un proceso de reforma agraria radical para satisfacer las necesidades de los campesinos y los indígenas y cambiar la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela que casi llevó a un enfrentamiento armado. Pero las garantías establecidas en el proyecto de acuerdo FARC-Santos sólo podrán ser eficaces si el acuerdo de paz en La Habana permite construir en el futuro próximo un vasto movimiento social y político progresista en Colombia.
El 25 de octubre se deberían realizar en Colombia las elecciones regionales que elegirán los gobernadores. El plazo de la negociación de la paz y de actuación de lo acordado es mucho más lento que el electoral y eso favorece a los poderes locales de la ultraderecha. Pero las negociaciones de paz podrían estimular la reorganización del progresismo y permitirle lograr nuevamente la alcaldía de Bogotá y posiciones políticas de fuerza propia entre los frentes del conservador Santos, ex ministro de Defensa de Uribe, y la ultraderecha uribista, ligada al narcotráfico y dependiente de Washington y dar nuevas fuerzas al movimiento obrero, campesino e indígena. No habrá paz real en Colombia sin un cambio radical en la relación de fuerzas entre las clases que conduzca a la unificación real, desde abajo, del país que se disputan las oligarquías.
http://www.jornada.unam.mx/2015/09/27/opinion/020a1pol
Para entender lo acordado en La Habana
Verdad Abierta
Más que la foto del histórico apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe guerrillero ´Timochenko´, lo ocurrido este miércoles en Cuba es el paso más importante -hasta ahora- para llegar al fin del conflicto armado en Colombia. En otras palabras, no hay vuelta atrás en La Mesa de Negociaciones. Incluso, en el discurso del Presidente hubo fecha para la firma del Acuerdo Final: 23 de marzo de 2016.
Sin embargo, cada uno de los puntos expuestos en los discursos de ambas partes: la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la dejación de armas, las penas, la amnistía o la transformación de la Farc en un movimiento político legal; debe ser leído con cautela porque es justo eso lo que, al final, deberá ser refrendado o no por los colombianos.
¿Qué significa, entonces, lo acordado en La Habana? Sobre la base de lo que se dio a conocer este miércoles, VerdadAbierta.com explica los cinco pilares de las declaraciones de ambas partes.
Restricción de libertad, pero no cárcel
Los guerrilleros que dejen las armas y reconozcan su responsabilidad en los delitos de la guerra no irán a la cárcel, en cambio, serán sancionados con 5 a 8 años de restricciones a su libertad, de acuerdo con la gravedad de los crímenes. Aunque aún no está claro en qué lugares se cumplirán estas sanciones, se acordó que tendrán un sistema de vigilancia “austero y flexible” que permitirá a los desmovilizados contribuir al desminado y la sustitución de cultivos ilícitos.
Sí irán a la cárcel quienes reconozcan tardíamente sus delitos, con penas que variarán también entre los 5 a 8 años. Y, los que definitivamente se nieguen a aceptar sus crímenes, pagarán condenas de hasta 20 años, en condiciones ordinarias de ejecución. Para determinar quién debe ir a la cárcel, las confesiones serán contrastadas con las investigaciones de la Fiscalía, que para ello designó a la Dirección de Análisis y Contexto, las sentencias proferidas y la información de organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Esta será una de las tareas de la Jurisdicción Especial para la Paz, una nueva figura judicial encargada de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. En su mayoría, serán magistrados colombianos -y algunos de corte internacional-, los encargados de juzgar a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado.
Amnistía e indulto
Habrá amnistía para los delitos políticos y conexos, como la rebelión, el porte ilegal de armas y las conductas que no son prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. No sucederá lo mismo con los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra. Se juzgará “la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual”, de acuerdo con el cuarto punto del comunicado conjunto.
En el nuevo acuerdo, se abre una puerta para indultar el tráfico de estupefacientes. Sólo se tendrá en cuenta el si tiene relación con el conflicto armado, no habrá narcotraficantes “colados” como sucedió en la desmovilización de los paramilitares y será el Congreso el encargado de definir qué conductas usadas para financiar la rebelión pueden considerarse como delitos conexos.
Serán juzgados agentes del Estado y terceros que hayan financiado o colaborado con grupos armados. “Nos complace poder anunciar que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes y no combatientes y no sólo para una de las partes”, aclaró Timochenko en su discurso. En este caso, no habrá indultos y sus penas pueden tener un tratamiento diferenciado, pero “equitativo, equilibrado y simétrico”, según dijo el Presidente.
Estas reglas de juego no aplican para los guerrilleros del Eln, quienes siguen en una fase explotaría de conversaciones con el Gobierno. Los exparamilitares que hacen parte del proceso de Justicia y Paz, como actores del conflicto, harán parte de este sistema, aunque no queda muy claro cómo será su participación. Lo cierto es que se prometieron respuestas a las víctimas del paramilitarismo y, al mismo tiempo, garantías a los exparamilitares de que tendrán un “verdadero cierre jurídico”.
Los tiempos de la paz
“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las Farc y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo de 2016”, aseguró Juan Manuel Santos en su alocución. Agregó que luego de esta fecha, las Farc tienen un plazo de 60 días para dejar las armas.
En los seis meses que faltan para la firma del acuerdo, las partes deberán terminar de discutir el punto sobre las víctimas que, tras 15 meses de discusión, se ha convertido en el más largo en la mesa de negociaciones.
Además, tendrá que definirse el punto conocido como “el fin del conflicto”, en el que se pactará el cese bilateral y la dejación de armadas de las Farc. Este aspecto ya ha sido discutido por los asesores del Gobierno y de la guerrilla, pero aún no ha llegado a manos de los plenipotenciarios.
También será el momento de concretar el mecanismo de refrendación e implementación del Acuerdo Final. Será la primera vez que las partes discutan formalmente cómo le preguntarán a los colombianos si están de acuerdo o no con lo pactado en La Habana.
Participación política
“La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden", señala el punto 10 del comunicado conjunto. No obstante, la consecución de la llamada “apertura democrática” no va a ser tarea fácil. Muestra de ello es el panorama político de las próximas elecciones regionales de octubre. A la fecha, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), hay 29 candidatos de los partidos de oposición que están protegidos por haber recibido amenazas y atentados. El más reciente de ellos, el intento de homicidio contra el candidato a la alcaldía de Los Palmitos, Sucre, Hugo Sánchez.
Para la guerrilla esto ha sido muestra de que el paramilitarismo es un fenómeno que no ha desaparecido del país, por lo cual han insistido en repetidas ocasiones en su desmonte. Como lo dejan ver en su más reciente comunicado, fechado el 12 de noviembre, “la construcción de la paz solo será posible si el establecimiento desarrolla una estrategia efectiva dirigida al desmonte del paramilitarismo y aplica una política integral de respeto de los derechos humanos”.
Ante esto, Santos mencionó, durante la alocución, que al Gobierno le corresponde dar todas las garantías de seguridad a la guerrilla.
Lo que queda claro para las víctimas
“Se abre la posibilidad de sentar bases para la reparación y no repetición que satisfaga derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la ciudadanía”, aseguró Timochenko.
Sin embargo, para las víctimas -que son el centro de este acuerdo- no son muchas las novedades. Se dejó claro que los indultos no las afectarán porque la Jurisdicción Especial para la Paz investigará los delitos más graves. Y que en todo caso estas amnistías sólo se darán si los excombatientes contribuyen a la satisfacción de sus derechos.
Las organizaciones de víctimas tendrán la oportunidad de contrastar las versiones de los guerrilleros y en caso de que estén mintiendo, estos podrán serán enviados a prisión.