Joaquín Urías
05/12/2020
El afán por castigar por todos los medios a los independentistas empieza a tener un coste inasumible para la democracia española.
La Constitución española sostiene que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Después de la dura experiencia de la dictadura, los optimistas constituyentes de 1978 soñaban con acabar con el uso de la cárcel como instrumento de represión.
En el ideal democrático radical la cárcel es un mal menor. Su función esencial no es ni el castigo ni la venganza social, sino retirar de la sociedad personas peligrosas para la colectividad mientras se consigue su recuperación.
En los tiempos en que vivimos este planteamiento se ha vuelto una ilusión inalcanzable. El populismo punitivo extendido por toda la sociedad lleva a unos y a otros a reclamar constantemente penas más duras contra todos los delitos imaginables. La masa enfurecida ya no pide libertad sino que, a la mínima, grita "¡Más cárcel!"
Según la ley, la duración efectiva de la privación de libertad depende de la evaluación individualizada que se haga de los progresos de cada interno.
En medio de este afán de venganza, la ley resiste como última garantía de la cárcel constitucional. Cumplido un tiempo mínimo de condena, los reclusos tienen derecho a acceder a determinados beneficios penitenciarios que les preparen para la vida en sociedad. Según la ley, inspirada por los ideales humanistas impuestos por la Constitución, la duración efectiva de la privación de libertad depende de la evaluación individualizada que se haga de los progresos de cada interno.
Es lo que ordena la ley, por más que en la realidad la falta de medios y recursos adecuados lleva demasiado a menudo al automatismo y a evaluaciones demasiado superficiales. Estos días, no obstante, el Tribunal Supremo parece decidido a acabar de una vez por siempre con el optimismo democrático de la Constitución. Y, como en tantas ocasiones, la excusa son los independentistas catalanes.
La sentencia del ‘Procés’, dictada en un contexto politizado, condenó a penas desproporcionadamente duras a líderes sociales y políticos. Lo hizo sin posibilidad de apelación e incluso a costa de inventarse un delito hasta entonces inexistente. El Tribunal Supremo apenas intentó disimular la intención predeterminada de defender el principio de la unidad de España castigando severamente a los que más hubieran sobresalido como líderes secesionistas.
Ahora, al suspender los beneficios penitenciarios de los condenados, viene a ratificar que su objetivo es la venganza y el escarmiento.
Las interlocutorias que tumban las medidas que las juntas de tratamiento penitenciario y algunos jueces de vigilancia habían acordado para suavizar la cárcel y favorecer la reinserción de los condenados menosprecian el ideal constitucional.
Básicamente, el Supremo las motiva con dos argumentos.
Por un lado, dice que el programa de reinserción sólo es válido si se conecta con el delito de sedición. O sea, que las cárceles han de reducar a los independentistas para que dejen de querer convocar manifestaciones y consultas populares.
El Supremo sostiene que esto no va contra su ideología, ya que hay un independentista en el Gobierno de la Generalitat. Como si la ideología protegida constitucionalmente fuera tan solo la de votar por un partido o por otro y no fuese ideología la movilización social, el derecho a decidir o incluso la desobediencia civil.
El Supremo parece decidido a acabar de una vez por todas con el optimismo democrático de la Constitución. Y, como en tantas ocasiones, la excusa son los independentistas catalanes.
No contento con esto, el Tribunal Supremo sostiene, en sus interlocutorias y en la nota de prensa que todos los medios han llevado a sus titulares, que los beneficios son prematuros. La ley no fija un tiempo mínimo para estos beneficios. No se conceden por la cantidad de tiempo cumplido sino por las posibilidades de resocialización. Incluso en el caso de los presos que ya han cumplido la cuarta parte de su condena, que es el tiempo usualmente exigido para acceder al tercer grado, al Supremo le parece prematuro.
Para el Supremo, en contra de lo que dicen la Constitución y las leyes, lo importante es que estos presos pasen suficiente tiempo en la cárcel. Los envió a la cárcel para castigarlos y no permitirá que una concepción democrática o constitucional de la cárcel frustre su acto de venganza. Este afán por castigar a los independentistas catalanes por todos los medios empieza a tener un coste inasumible para la democracia española. El Tribunal Supremo, politizado y obnubilado por su afán justiciero, continúa forzando las costuras del sistema democrático.
En algún momento de su deriva, el máximo órgano judicial español ha olvidado que es más importante vivir en una democracia constitucional que mantener la integridad territorial del Estado.
Vivimos horas tristes donde la principal amenaza para el estado de derecho es, precisamente, la existencia de algunos jueces.