Jana Tsoneva
02/10/2020
Durante dos meses, los búlgaros han protestado contra un gobierno plagado de escándalos que se niega a dimitir.
El 2 de septiembre, tras dos meses de protestas antigubernamentales en Bulgaria, entraron en su etapa más violenta hasta la fecha. Por primera vez, la policía desplegó cañones de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta, marcando el final de la fase relativamente pacífica en las protestas, que hacia a Bulgaria un caso atípico en Europa en este sentido.
Al día siguiente, el asediado gobierno utilizó los enfrentamientos como excusa para dejar de negociar su salida del poder. Como dijo el 3 de septiembre el diputado Toma Bikov, del partido gobernante GERB, “después [de los acontecimientos de] ayer, ya no podemos discutir la dimisión del gobierno. Esto significaría resignarse tras los ataques criminales".
¿Qué ha llevado a estos dramáticos eventos y qué le espera al movimiento de protesta búlgaro?
Medio año de escándalos políticos
Desde principios de 2020, una serie de crisis y escándalos localizados generaron tensión en la esfera pública y provocaron una ola de protestas explosivas contra el gobierno casi ininterrumpido del GERB durante una década. El invierno estuvo marcado por una crisis de agua provocada por el secado de varias presas, la más grave de las cuales tuvo lugar en la ciudad de Pernik, a 45 kilómetros al suroeste de Sofía. La escasez de agua fue provocada a la falta de mantenimiento de infraestructura vital y a la indulgencia del gobierno con las grandes industrias que despilfarran las reservas de agua locales.
Luego vino la pandemia de coronavirus y la pésima gestión de la situación por parte del gobierno, que hizo que los médicos dimitieran debido a la falta de equipo de protección y las medidas de emergencia inadecuadas. Más tarde, una serie de escándalos pusieron al descubierto tramas corruptas que involucraban propiedades de lujo a lo largo de la costa del Mar Negro. El caso más notable fue en la playa de Aleppu, donde un deslizamiento de tierra despejó el terreno para un hotel de lujo justo en la playa, que según las autoridades era simplemente un “muro de contención”. Esto indignó a la opinión pública búlgara, que se ha quejado repetidamente por el desarrollo excesivo e imprudente de la costa del Mar Negro durante años.
El comienzo del verano también estuvo marcado por una reorganización repentina de las filas de la oligarquía gobernante y los hombres de negocios cercanos, lo que llevó a la caída en desgracia de Vassil Bozhkov, uno de los capos del juego, el turismo y la construcción más ricos de Bulgaria, seguido por una guerra territorial total que se desbordó en la esfera pública a través de filtraciones.
Se filtraron a la prensa fotografías del primer ministro Boyko Borisov durmiendo en su habitación junto a un cajón lleno de billetes de 500 euros, barras de oro y una pistola. El primer ministro no negó la autenticidad de las imágenes, pero afirmó que el dinero había sido colocado para implicarle.
Más tarde, el Fondo Anticorrupción, una ONG que documenta e investiga la corrupción a alto nivel, distribuyó un documental sobre un plan insidioso para robar empresas de alto perfil con la ayuda del poder judicial.
En julio de 2020, Hristo Ivanov, codirector de la coalición liberal "Bulgaria Democrática" y activista a favor de la reforma judicial, transformó la guerra entre las élites en una especie de "guerra civil" al desembarcar en la playa ilegalmente cerrada que rodea la mansión frente al mar de Ahmed Dogan, el honorario dirigente del Movimiento liberal por los Derechos y las Libertades (DPS), que afirma representar a las minorías étnicas en Bulgaria, pero es ampliamente conocido como uno de los partidos más corruptos.
Ivanov y su tripulación fueron rechazados brutalmente por los guardias de seguridad que se negaron a revelar si trabajaban para el Servicio de Seguridad Nacional (NSS), una agencia gubernamental encargada de brindar seguridad personal a políticos de alto rango y funcionarios estatales. La escaramuza provocó una protesta, que aumentó por la intervención del presidente búlgaro Rumen Radev, quien confirmó que los guardias de seguridad eran efectivamente empleados del NSS y que estaban de servicio en violación de su mandato.
El fiscal general, Ivan Geshev, a quien la oposición ha acusado de ayudar e incitar a la corrupción al negarse a presentar cargos contra políticos y empresarios, reaccionó inmediatamente ordenando un allanamiento de la presidencia, en flagrante violación de todas las garantías de inmunidad y separación de poderes sancionadas constitucionalmente.
Al día siguiente, el 9 de julio, tuvo lugar la primera protesta masiva en Sofía.
Un movimiento de protesta de amplio espectro
A pesar de la ideología liberal de sus organizadores, la protesta atrajo a personas de todo el arco político, incluidos los partidarios del presidente Radev, del Partido Socialista Búlgaro (BSP), a grupos escindidos del BSP, a la izquierda extraparlamentaria y radical, sin mencionar a hipsters apolíticos, artistas e incluso cantantes de turbo-folk.
No tiene precedentes, dado que los liberales y la izquierda siempre se han definido recíprocamente en oposición virulenta; pero al parecer, GERB y sus socios menores de extrema derecha de la coalición lograron lo imposible: unir literalmente a todos contra ellos.
Las protestas expresaron tres reivindicaciones: la dimisión de la coalición gobernante y del fiscal jefe, elecciones anticipadas y reforma judicial posterior mediante enmiendas constitucionales. En un juego de manos, el partido gobernante cambió el orden de las reivindicaciones y en agosto sorprendió a todos al declarar que habían redactado una nueva constitución para responder a las exigencias de cambio.
Borisov vinculó su dimisión a las enmiendas constitucionales, explicando que si el partido no logra recolectar las firmas del 50 por ciento de los parlamentarios (es decir, de 120 diputados) para el 2 de septiembre, la cuota mínima requerida para que el Parlamento comience a discutir el borrador, dimitiría.
A pesar de la vaga promesa de dimisión, los manifestantes se indignaron. El borrador constitucional estaba lleno de errores, tanto gramaticales como técnicos; preveía algunos cambios preocupantes, percibidos como intentos de afianzar el poder del partido gobernante, como la reducción del número de diputados. También eliminaba las garantías constitucionales para la igualdad entre hombres y mujeres, reemplazándolas por párrafos pro-natalistas y “valores familiares”.
En dos semanas de angustiosas negociaciones, la propuesta de Borisov finalmente reunió 122 firmas antes de la fecha límite del 2 de septiembre, con la ayuda del partido populista del magnate de los combustibles y las farmacias Veselin Mareshki. Al día siguiente se reveló que una empresa vinculada a Mareshki obtuvo una lucrativa concesión de playa por 20 años.
En efecto, el ejercicio de enmienda constitucional de Borisov tenía como objetivo ganar tiempo en el poder. Esto enfureció a los manifestantes y el 2 de septiembre, se congregó en el centro de Sofía la mayor multitud desde el comienzo de la crisis.
Sin embargo, por la noche, algunos manifestantes, que se cree que eran provocadores pagados, comenzaron a lanzar pequeños fuegos artificiales a la policía, lo que finalmente provocó una respuesta violenta. Los agentes se lanzaron contra la multitud, golpeando a la gente con porras y utilizando gas lacrimógeno y cañones de agua. Unas 100 personas fueron arrestadas, muchas fueron brutalmente golpeadas, incluido al menos un periodista que mostró su carnet de prensa, pero que no se libró de la violencia policial.
Las explicaciones que dieron los jefes de policía más tarde sobre este despliegue inaudito de fuerza policial provocaron una protesta y avivaron las teorías conspirativas en el sentido de que la policía había dejado a los provocadores libres para tener una excusa para atacar a los manifestantes.
¿Qué pasará?
Estos hechos cuestionan la idea habitual del Estado como un árbitro neutral. La élite búlgara está profundamente dividida y las facciones en guerra ejercen su poder sobre el estado como arma contra sus competidores.
Estos enfrentamientos intra-clase a veces se desbordan y salen de la “trastienda” y nos llegan a través de una incesante corriente de escándalos de corrupción, filtraciones de fotos y grabaciones, detenciones sorpresas de empresarios que caen en desgracia e incluso la nacionalización de empresas privadas. Pero el violento cambio de posiciones dentro de la élite gobernante y esta eliminación de competidores erosiona al estado.
A pesar del impulso que la coalición liberal de Hristo Ivanov recibió de las protestas, es poco probable que el partido resuelva este problema en el estrecho marco de una reforma jurídica como la que propone (reforma judicial y despolitización de la fiscalía general).
El poder de la oligarquía debe ser socavado no solo "desde arriba", es decir, a través de una legislación penal y anticorrupción más estricta, sino también desde "abajo", desde los cimientos. El dinero es poder y cuanta más riqueza se acumula en privado, mayor es su capacidad de infiltrarse, deformando y corrompiendo la esfera pública y la vida política en beneficio de sus dueños.
Por lo tanto, su poder también debe ser socavado por reformas económicas, como la abolición muchas veces pospuesta del régimen de impuesto único establecido por un gobierno BSP-DPS en 2008, que canaliza el dinero de abajo hacia arriba, concentrando el poder económico en las manos de algunos círculos empresariales.
Bulgaria también necesita un estado de bienestar más sólido que pueda hacer que los trabajadores dependan menos de los oligarcas para su sustento. Por eso es una gran noticia que las fuerzas de izquierda también participen en la protesta. Por débil que sea su voz, es importante seguir presionando por soluciones "sociales" a la corrupción y contra el dominio de la mafia.
La guerra contra la corrupción también debe ser una batalla por principios. Sin una noción de justicia social que amplíe las ideas liberales sobre el estado de derecho y la reforma judicial, los elevados llamamientos a la justicia que animan la protesta tienen pocas posibilidades de ser escuchados por la mayoría de la población búlgara, cuya principal preocupación es la supervivencia socio-económica.