Hiram Hernández Castro
02/01/2025
I. Entre halcones y vientos de incertidumbre
En enero pasado, el senador de Florida Marco Rubio publicó una columna instando a Estados Unidos a apoyar a Ecuador en su lucha contra el narcotráfico. En el texto, Rubio destacó la urgencia de una respuesta inmediata con una categórica advertencia: «Si no intervenimos rápidamente, podemos perder a un amigo y aliado clave en nuestro propio hemisferio».
La declaración del senador de origen cubano cobra relevancia con su reciente nominación como secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, justo antes de las elecciones presidenciales en Ecuador. Lo que parecía retórica de un halcón estadounidense se convierte en un desafío directo para las aspiraciones del movimiento progresista liderado por Rafael Correa, cuya influencia política preocupa a Rubio.
El próximo 9 de febrero, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir en una papeleta electoral de 16 candidatos. Sin embargo, tras la polémica descalificación de un tercer candidato emergente, la contienda se ha reducido a dos figuras con posibilidades reales de triunfo: Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana (RC), y el presidente Noboa, quien busca la reelección con su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN).
En este artículo, me aparto de los análisis centrados en interpretar encuestas y diseñar estrategias de comunicación. En su lugar, utilizo el concepto del Angelus Novus de Walter Benjamin como marco para explorar las dinámicas de liderazgo de Noboa durante su primer año de mandato.
El Angelus de la historia, con ojos aterrados, contempla un pasado de ruinas mientras un viento implacable lo empuja hacia un futuro incierto. En este análisis, ese viento simboliza las decisiones y estrategias de Noboa, que moldean tanto su proyección política como el rumbo del país de cara a las elecciones de febrero de 2025. ¿Qué define el liderazgo de Noboa y qué implicaciones podría tener para el futuro del Ecuador si, como prefieren actores como Marco Rubio, Noboa logra prolongar su poder hasta 2029?
II. «Un accidente de la democracia»
Una frase incisiva y descriptiva del contexto que llevó a Noboa al gobierno fue pronunciada por la asambleísta afroecuatoriana Paola Cabeza: «Eres un accidente de la democracia». Esta afirmación, más allá de juicios de valor, sintetiza las circunstancias de su victoria en los comicios anticipados de 2023, tras la disolución de la Asamblea por Guillermo Lasso mediante la «muerte cruzada» para evitar su destitución, lo que condujo a elecciones presidenciales y legislativas transitorias.
Daniel Noboa, exlegislador de la disuelta Asamblea, inició su campaña presidencial con un modesto 4.5% de apoyo en las encuestas. Aunque su breve paso por el legislativo impide considerarlo un outsider completo, su bajo perfil político y discreto desempeño explican su limitado reconocimiento entre los votantes al inicio de la contienda.
Entonces, ¿cómo logró Noboa ascender electoralmente? Su triunfo, con el 52% de los votos, puede atribuirse a la convergencia de tres factores clave: a) su linaje familiar, b) la estrategia discursiva de su campaña, y c) el impacto político del asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
Durante su campaña, se proyectó como un empresario exitoso, aunque es el principal heredero de Álvaro Noboa, propietario de la mayor compañía exportadora de bananos del mundo. Formado en instituciones de élite como Harvard y ciudadano estadounidense de nacimiento, Noboa mantiene estrechos vínculos con los círculos políticos de poder en Estados Unidos, como lo confirma Robert F. Kennedy Jr., futuro secretario de Salud en el gobierno de Trump, quien afirmó que Daniel «fue criado en mi casa». Su ascendencia ha desempeñado un papel ambivalente en su trayectoria, destacando tanto su abolengo como las cuestionadas prácticas laborales de su grupo empresarial familiar, señalado además como «el mayor evasor fiscal del Estado».
La estrategia comunicativa de Noboa fue clave en su ascenso político. En su carrera hacia la presidencia, combinó redes sociales y herramientas digitales para proyectar una imagen equilibrada en un entorno polarizado. No obstante, tanto en campaña como en su gestión, su discurso ha estado marcado por promesas demagógicas y afirmaciones poco verificables, con solo el 9,88 % de sus 81 declaraciones consideradas ciertas en su último informe a la nación.
En una conferencia de prensa el 2 de abril, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se refirió al asesinato del candidato Villavicencio y su impacto en las elecciones ecuatorianas. AMLO señaló que el atentado debilitó la candidatura de González, inicialmente favorita, y favoreció el ascenso de Noboa. El propósito fue advertir a los medios mexicanos sobre los riesgos de incitar la violencia y difundir acusaciones falsas en procesos electorales.
Aunque sus comentarios fueron objetivos, la situación escaló cuando el gobierno de Noboa declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito. Este acto, percibido al principio como una reacción desproporcionada, se reveló luego como parte de la trama que culminó en el asalto a la Embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político.
III. «Un pésimo, pésimo enemigo»
El 14 de octubre de 2023, autoridades españolas incautaron 13 toneladas de cocaína escondidas entre cajas de bananos provenientes de Guayaquil, en lo que se convirtió en «la mayor operación contra el narcotráfico de su historia y la segunda más importante en la Unión Europea».
Ubicado entre Perú y Colombia, dos de los principales productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha transformado en un corredor de tránsito clave, con sus puertos como puntos estratégicos para el envío de droga hacia Europa. Este fenómeno ha intensificado los conflictos relacionados con el narcotráfico, situando a Ecuador como «el país más mortífero de América Latina».
Durante la presidencia de Correa, Ecuador llegó a registrar una tasa de homicidios de 5.8 por cada 100,000 habitantes, posicionándose como uno de los países más seguros de la región. Bajo el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) esta cifra se disparó a 46.5 por cada 100,000, un aumento de más del 300% en siete años, con asesinatos de políticos, autoridades locales, miembros de bandas y víctimas colaterales de la violencia.
Al asumir la presidencia en noviembre de 2023, Noboa heredó un país en una crisis de seguridad sin precedentes. Aunque prometió implementar el Plan Fénix, con policías estilo «Robocop» y un enfoque punitivo inspirado en Bukele, los primeros meses de 2024 no mostraron avances significativos frente a la escalada de violencia.
La gravedad de la situación quedó expuesta el 9 de enero de 2024, cuando, pese al estado de excepción, 13 hombres armados irrumpieron en un canal de televisión en Guayaquil. Las imágenes de encapuchados maltratando al personal simbolizaron un clima de inseguridad creciente, marcado por coches bomba, tiroteos en universidades, motines carcelarios, asesinatos de funcionarios públicos y la fuga de prisión de dos líderes de las bandas más peligrosas del país.
Ante la crisis, el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno y designó a 20 grupos de delincuencia organizada como «organizaciones terroristas». Con esta reclasificación, buscó endurecer las políticas de seguridad y alinearlas con estándares internacionales de lucha contra el terrorismo. La medida, respaldada por la Asamblea Nacional y una ciudadanía desesperada, reflejó la gravedad de una ola de criminalidad sin precedentes en la historia del país.
La declaración de guerra permitió a Noboa consolidar su base política al posicionar la seguridad y su enfoque de «mano dura» como pilares de su gestión, lo que facilitó la implementación de medidas alineadas con las directrices del FMI, como el aumento del IVA del 12 % al 15 % y la eliminación de subsidios a los combustibles. Aunque estas acciones no ofrecieron soluciones estructurales ni resultados sostenibles, reforzaron la percepción de un liderazgo firme y decisivo, llevando su aprobación al 82 % en abril de 2024, impulsada por el impacto mediático de sus decisiones y el uso de «golpes de efecto» para captar apoyo de la opinión pública.
Durante su gestión, Noboa ha dirigido ataques hacia diversos objetivos políticos, incluyendo el correísmo, la Asamblea Nacional y miembros de su propio gobierno. Estos ataques forman parte de un relato del «enemigo único», que los presenta como símbolos del «viejo país», en contraposición a su visión de un «nuevo Ecuador» conformado por «gente de bien». Esta narrativa ha sido sostenida mediante un ecosistema de comunicación estratégica que incluye medios corporativos, propaganda digital y plataformas de trolls, financiados con recursos públicos. «Solo para pautaje y difusión ya llevan USD 12,3 millones». Esto equivale a USD 1,025 millones mensuales en su campaña permanente. «Mis contrincantes ―apuntaba Noboa en uno de sus discursos― reconocen que soy un pésimo, pésimo enemigo a tener». De todas las declaraciones del presidente, esta parece ser la más confirmada. Fue pronunciada en el marco de una consulta popular impulsada por su gobierno.
Noboa obtuvo el respaldo del «sí» en 9 de las 11 preguntas planteadas en el plebiscito. Entre las medidas aprobadas destacan la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, la extradición de ecuatorianos y el endurecimiento de penas relacionadas con la criminalidad y el narcotráfico. Por otro lado, los votantes rechazaron reconocer el arbitraje internacional como método para resolver controversias entre Estado y corporaciones y modificar las leyes laborales para permitir contratos por horas.
En un Ecuador azotado por la violencia, la consulta popular ha transformado la seguridad en un arma política que desplaza la inclusión, la justicia social y la reconstrucción del tejido social. Prácticas como la «paloterapia» —en las que militares golpean a presuntos criminales estigmatizados por su apariencia o condición social— son grabadas, difundidas y celebradas por una ciudadanía que exige justicia inmediata. Este espectáculo de violencia estatal, legitimado como mecanismo de control, refuerza un modelo securitista basado en el miedo ―al inmigrante, al negro, al indígena, al empobrecido― y normaliza la crueldad como respuesta socialmente aceptable.
El caso de los cuatro niños afroecuatorianos —Steven Medina (11 años), Saúl Arboleda (15 años) y los hermanos Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años, respectivamente)— «no es un caso aislado» y expone las consecuencias de las políticas de seguridad del gobierno de Daniel Noboa. Cuerpos calcinados aparecieron días después «en una zona cercana a una base de las Fuerzas Armadas»; está por confirmar si se trata de los niños. Desde la lógica de la necropolítica, planteada por Achille Mbembe, el poder estatal decide qué vidas son descartables, legitimando la violencia extrema contra los sectores más vulnerables. En lugar de abordar las raíces estructurales de la violencia que asola al país, el gobierno instrumentaliza la narrativa de seguridad para militarizar Ecuador, consolidar alianzas con intereses geoestratégicos y afianzar su poder, sacrificando vidas humanas en el proceso.
El asalto a la Embajada Mexicana para capturar a Jorge Glas, junto con la ruptura de relaciones diplomáticas con México —país clave en la ruta del creciente éxodo de ecuatorianos que huyen de la multicrisis—, refleja la apuesta de Noboa por construir una imagen «bukeliana» como eje de su estrategia política. Con sorprendente franqueza, Noboa declaró a The New Yorker: «Si Glas hubiera escapado, habríamos perdido el referéndum, porque nos habría hecho parecer débiles».
En un contexto donde el clivaje correísmo/anticorreísmo funciona como un eje polarizador, Noboa instrumentaliza el conflicto para desviar la atención de la ausencia de resultados y reforzar el apoyo de un electorado que prioriza la confrontación sobre la gestión. Este enfoque se inscribe en una lógica de «populismo punitivo», donde la demostración de fuerza y el castigo selectivo se convierten en herramientas clave para apuntalar su liderazgo.
Alondra Santiago, periodista ecuatoriana nacida en Cuba, llegó a Ecuador a los 13 años y se ha consolidado como una voz destacada del periodismo crítico. Cofundadora del medio digital IngobernablesEc, se enfoca en temas políticos que incomodan tanto al gobierno como a sectores conservadores y de ultraderecha. Su trabajo la ha convertido en un referente para audiencias progresistas, pero también en un blanco de ataques que incluyen acusaciones xenofóbicas y descalificaciones ideológicas. En un contexto marcado por creciente autocensura, hostilidad e inseguridad, Ecuador ha registrado este año «el mayor desplome en el ranking de libertad de prensa en la región».
La controversia que desencadenó el destierro de Alondra Santiago surgió tras interpretar una canción crítica al gobierno Noboa que incluía versos del Himno Nacional, Salve Patria. Aunque empleó un recurso de sampleo, fue acusada en redes de parodiar el himno, lo que desató una campaña coordinada de denuncias que culminó en la revocación de su visa, por supuestos motivos reservados de seguridad nacional. Analistas consideran su expulsión como un «regalo al anticorreísmo duro» para consolidar el respaldo al régimen. Desde México, donde continúa su labor periodística, Santiago advirtió: «Hoy soy yo, mañana puede ser cualquier ciudadano».
La posibilidad de que cualquiera sea víctima de la violencia política bajo el gobierno de Noboa encuentra su mayor expresión en el caso de Verónica Abad, su propia vicepresidenta. El enfrentamiento entre ambos no solo revela una pugna de poder, sino también cómo Noboa ha ignorado la Constitución para evitar ceder temporalmente la presidencia durante su campaña electoral. Al relegar a Abad a misiones diplomáticas en Israel y Turquía, buscó excluirla del escenario político nacional y neutralizarla como posible sucesora, contradiciendo la normativa que establece que la vicepresidencia debe asumir el cargo si el presidente busca la reelección.
Para mantenerse en el poder mientras se proyecta como candidato, Noboa ha recurrido a estrategias que desafían la institucionalidad y, en ocasiones, rozan lo absurdo. Entre ellas destaca la trivialización del rol de la vicepresidencia con frases como «pude haberla enviado a la Antártida» y una campaña de acoso que incluye un sumario administrativo para suspenderla del cargo. Estas acciones reflejan un patrón de abuso de poder y la reiterada violación de normas legales para obtener ventajas. La violencia política ejercida contra Abad no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis sistémica que debilita los fundamentos institucionales y democráticos de Ecuador, configurando un régimen con claros tintes autoritarios.
En este contexto, Jan Topic, empresario de centro-derecha, emergía como uno de los principales contendientes de Noboa en las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, su candidatura fue inhabilitada por el Tribunal Contencioso Electoral en un proceso cuestionado por el uso de informes reservados que limitaron su defensa. Este hecho, que refleja el control de Noboa sobre los poderes electorales, fue descrito por el secretario de la OEA, Luis Almagro, como «un serio revés a la democracia ecuatoriana».
El caso de Andrea Arrobo, primera mujer en liderar el Ministerio de Energía y Minas, refuerza la percepción de Noboa como un líder que recurre al ensañamiento y prácticas misóginas. Arrobo asumió el cargo en medio de una crisis energética, alertando sobre un déficit de 1.600 MW que exigía medidas urgentes. Sin embargo, tras los apagones masivos de 2024, Noboa la destituyó acusándola de conspirar con el correísmo para «apagar al país». En una carta pública, Arrobo calificó su destitución como una estrategia para desviar la atención de Noboa, afirmando: «Me prohibieron hablar porque la verdad habría sido devastadora para sus intereses». Además, advirtió que, de revelarla, «mi vida y la de mi familia habrá acabado», tras denunciar actos de intimidación, como drones y patrulleros rondando su hogar.
Los apagones, de hasta 14 horas diarias, han golpeado gravemente la economía y la vida cotidiana de los ecuatorianos, exponiendo la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis. Según la Cámara de Industrias y Producción, cada hora sin electricidad cuesta al sector industrial unos $2,4 millones, lo que equivale a pérdidas de hasta $20 millones por noche. En 2015, Ecuador figuraba entre los cinco países con mayor seguridad energética y exportaba electricidad a sus vecinos; hoy, enfrenta un déficit severo, dependiendo de las lluvias, importaciones desde Colombia y contratos con barcazas turcas, que, pese a su elevado costo, no han resuelto los apagones ni cubierto plenamente la demanda.
El mal manejo de la crisis energética ha debilitado la credibilidad del presidente, como lo evidencia el «descalabro en su popularidad». Mientras tanto, la oposición, liderada por la candidata del correísmo, intenta canalizar el descontento social con una narrativa centrada en la recuperación de la institucionalidad, la justicia social y la obra pública. En un contexto de inseguridad, inestabilidad económica y desempleo, González tiene posibilidades reales de consolidar su ventaja y triunfar en las urnas, aunque persiste el escepticismo popular resumido en la frase: «Luisa no va a ganar ni ganando».
IV. Bases militares y democracia inclinada
Durante el gobierno de Correa (2007-2017), Ecuador adoptó un modelo posneoliberal inspirado en un keynesianismo progresista, de fuerte intervención estatal, políticas redistributivas y una relativa reducción de la influencia de las élites tradicionales en el gobierno, sin embargo, Lenín Moreno, quien llegó al poder con el respaldo del correísmo, se apartó rápidamente de esta línea, reinstaurando políticas neoliberales de los años 90 y promoviendo un proceso de desinstitucionalización que debilitó profundamente al Estado.
La pandemia de covid-19 profundizó la crisis estatal en Ecuador, debilitando las capacidades institucionales y facilitando la apropiación de recursos públicos por actores privados. Paralelamente, la «descorreización» se consolidó mediante una intensa campaña mediática y el uso del lawfare, que judicializó y criminalizó a las principales figuras del correísmo. Estas estrategias no solo generaron una espiral de silencio entre sus simpatizantes, sino que construyeron un imaginario social que vinculó al correísmo primero con la corrupción y, bajo el gobierno de Noboa, con la «la narcopolítica».
Durante el gobierno de Lasso se consolidó un modelo especulativo-financiero que profundizó la desigualdad y debilitó las capacidades estatales. En este contexto, Ecuador se convirtió en un ejemplo de la necropolítica descrita por Achille Mbembe, donde el abandono del control estatal permitió que bandas criminales decidieran quién vive, quién muere y quién debe pagar «vacunas extorsivas» para sobrevivir.
Con Noboa, esta dinámica no solo persiste, sino que se intensifica. Su gobierno mezcla elementos del neoliberalismo heredado de sus predecesores con un autoritarismo en ascenso, mientras se consolida un narcoestado y se profundiza la alineación con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos.
En 2009, Rafael Correa decidió no renovar el contrato de la Base de Manta, argumentando que su presencia comprometía la soberanía nacional. Desde entonces, medios corporativos y los tres gobiernos posteriores han utilizado esta decisión para vincular el aumento del crimen organizado y el narcotráfico con el cierre de la base estadounidense, pese a que los datos oficiales contradicen ese relato.
Con el gobierno de Lasso, Ecuador firmó un acuerdo con Washington, similar al Plan Colombia, conocido como Acuerdos sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA). Este pacto otorga al personal militar y civil extranjero privilegios, exenciones e inmunidad judicial. Noboa ratificó el convenio y apuesta por su ampliación, para lo cual ha enviado a la Asamblea Nacional una reforma parcial para eliminar la prohibición constitucional de bases extranjeras en el territorio nacional.
La militarización de las Islas Galápagos, autorizada el pasado 10 de diciembre, ha suscitado serias preocupaciones al comprometer la soberanía nacional y amenazar el frágil equilibrio ecológico del archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Los privilegios e inmunidades otorgados al personal militar estadounidense intensifican las dudas sobre las consecuencias a largo plazo para la autonomía política y el patrimonio ambiental del país.
La presencia militar en Galápagos parece responder más a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos que a una política de seguridad efectiva para Ecuador. En los hechos, el tráfico de droga conecta las fronteras con los puertos continentales, donde los grupos de delincuencia organizada aseguran el traslado hasta su camuflaje en cajas de banano para la exportación. La distancia entre el discurso que justifica las bases militares y la dinámica real del narcotráfico evidencia la falta de soluciones estructurales para abordar este problema multicausal.
La colaboración entre el gobierno de Noboa y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, que comenzó con el intento fallido de donar «chatarra bélica» rusa a Ucrania, ha sido respaldada por la administración de Joe Biden y figuras como la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur. La decisión del Departamento de Estado de negar visas a Correa, Glas y los familiares de ambos, aunque ninguno las había solicitado, fue un claro espaldarazo político a la reelección Noboa. En contraste, un grupo de congresistas demócratas ha pedido a Biden que revise su relación con Ecuador ante las amenazas a la democracia, los derechos humanos, la administración imparcial de justicia y las normas internacionales.
En este escenario, la declaración de Marco Rubio introduce un matiz aún más inquietante: ¿qué significa «intervenir rápidamente» para no perder a un amigo y aliado clave en su zona de influencia? ¿Qué acciones tomará la nueva administración para garantizar la continuidad de sus intereses, ya sea fortaleciendo a su aliado o entorpeciendo el triunfo de la corriente política que percibe como adversa?
Daniel Noboa representa un liderazgo que combina autoritarismo emergente con una comunicación estratégica orientada a proyectar cercanía y eficacia. Sustentado en golpes de efecto y narrativas polarizadoras, ha consolidado su base política explotando el miedo de una sociedad sumida en la violencia. Su gestión, marcada por el punitivismo y la confrontación, privilegia la apariencia de fuerza sobre soluciones estructurales, mientras enfrenta serios cuestionamientos por la erosión de derechos humanos. En esta trama de poder, su gobierno mantiene la «cancha inclinada», caracterizada por el uso de recursos públicos, control mediático, parcialidad judicial y exclusión electoral de sus competidores, profundizando la precariedad institucional y democrática del país.
Descrito como «el nuevo Narco-Estado del mundo», Ecuador, al igual que el Angelus Novus es arrastrado por los vientos neoliberales de la democracia restringida, la captura oligárquica del Estado y el intervencionismo norteamericano, dejando a su ciudadanía en riesgo de no poder decidir en las urnas un futuro mejor.