Una renta máxima como condición para la libertad

Existe en nuestra sociedad un amplio consenso sobre que la creciente desigualdad y polarización, con una minoría privilegiada que cada vez concentra mayores niveles de riqueza y una mayoría social a quien cada vez se le pone más cuesta arriba llegar a fin de mes, son extremadamente perjudiciales para el progreso humano. Incluso instituciones internacionales como el Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional calificaron en 2013 la desigualdad como uno de los principales riesgos mundiales.

Durante las últimas décadas gran parte de la atención política y académica se ha centrado exclusivamente en estudiar y tratar de aminorar la pobreza extrema. Sin embargo, ésta tan solo es una fracción de la ecuación de la desigualdad. La otra gran fracción, la cual ha pasado mucho más desapercibida, es la concentración extrema de la riqueza.

Esta misma semana podíamos leer que por primera vez se superaba en España la barrera del millón de grandes fortunas. Es decir, más de un millón de personas que acumulan, cada una de ellas, más de un millón de dólares en patrimonio. En el lado opuesto y también en este 2021, se ha superado la barrera de las 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un aumento de 711.600 personas desde el año 2009.

Quienes somos partidarios de la libertad republicana defendemos que no puede existir libertad para la mayoría social cuando la riqueza está distribuida de una forma tan desigual que permite a unos pocos privilegiados ejercer el dominium e imponer su concepción privada de la buena vida.

Día sí y día también observamos cómo las grandes riquezas tienen un poder desproporcionado que les permite atentar contra las condiciones materiales de la mayoría social. En enero de 2020, Oxfam publicó un informe titulado “Tiempo para el cuidado”[1] en el que se puede apreciar cuál es la magnitud real de la brecha entre ricos y pobres en la actualidad. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas y los 2.153 milmillonarios que en 2019 había en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas. Pero aún se puede ir más allá y observar cómo los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África juntas, mientras que, en España, el 10% más rico concentra más riqueza que el 90% restante de la población.

La evolución, en este sentido, es clara. Apunta hacia una cada vez mayor concentración de la riqueza entre las élites económicas. Además, este aumento progresivo de la acumulación de la riqueza viene acompañado de un estancamiento de la clase media junto a un crecimiento de la deuda de los hogares y una supremacía del sistema financiero. Es decir, nos encontramos con una cada vez mayor polarización de la sociedad, donde el aumento de la riqueza en proporciones excesivamente altas por parte de los millonarios supera, por mucho, el ritmo al que aumentan los ingresos de la mayoría de la población. Welcome to the golden age for billionaires.

Por eso son diversas las personas del mundo de la economía, de la política o del activismo que han puesto encima de la mesa la posibilidad de establecer una renta máxima que impida acumular más riqueza a partir de determinada cantidad. Esto ya lo planteó el presidente de los Estados Unidos Roosevelt en el año 1942. Una tasa marginal impositiva del 100% a quienes tuvieran rentas de más de 25.000 dólares anuales (unos 350.000 dólares actuales). La propuesta no salió adelante como él la había planteado, pero sí se estableció una tasa marginal del 94% para rentas por encima de los 200.000 dólares. No se consiguió una renta máxima, pero se legisló en esa dirección y el tipo máximo sobre la renta en EE.UU. se mantuvo por encima del 90% durante las décadas de los 40, 50 y 60 (la época de mayor crecimiento económico y de igualdad en EE.UU.), hasta que Reagan, ya en la década de los 80, lo redujo al 28%.

En definitiva, tanto garantizar la existencia material de toda la población como impedir que los grandes poderes privados puedan imponer su concepción privada del bien a los poderes públicos, son condiciones necesarias para que todas las personas podamos ejercer plenamente la libertad.