“Tanto en la Segunda República como ahora rige un principio de supremacismo lingüístico: el castellano está por encima del resto de idiomas peninsulares”. Entrevista a Daniel Escribano

Daniel Escribano

23/04/2021

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en Sociología, traductor y colaborador, entre otros media, de Catarsi, El Salto y Sin Permiso. Es autor del libro El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears durant la Segona República (Palma: Lleonard Muntaner, Editor / Obra Cultural Balear, 2020). En esta entrevista nos da una muestra del contenido de uno de los libros importantes del Sant Jordi de este año.

T. V.

¿De dónde nace el libro?

De la tesis doctoral en Sociología defendida en marzo de 2015 en la Universitat de Barcelona. En 2017 Lleonard Muntaner publicó un extracto, principalmente la parte referida a las illes Balears. Este libro, en cambio, recoge las principales partes de la investigación y añade contenidos a partir de obras y materiales que he consultado posteriormente.

¿En qué momento surgió el conflicto lingüístico en Cataluña, País Valenciano y Balears?

La llegada de una lengua que competía con el catalán por el ejercicio de las funciones sociales formales no reservadas al latín se produjo en el siglo xv, con la entronización de la dinastía Trastámara (castellana) a los reinos de la Corona de Aragón, y se intensificó con la unión dinástica con la Corona de Castilla. Ello implicó una tendencia a la diglosia entre las elites castellanizadas, si bien, hasta los Decretos de Nueva Planta, el catalán mantuvo el carácter de lengua de las instituciones. A partir del siglo xviii, la tendencia diglósica se acentuó y el catalán quedó cada vez más relegado al carácter de lengua popular. Sin embargo, la naturaleza estamental de la sociedad de Antiguo Régimen evitó que la diglosia se convirtiera en sustitución e, incluso con la denominada revolución liberal, que pretendía difundir la “lengua nacional” al conjunto de la ciudadanía, la precariedad del sistema público de enseñanza impidió la castellanización de la mayor parte de la población catalanohablante. En lo tocante a la dimensión “subjetiva” del conflicto lingüístico, en Cataluña la emergencia del catalanismo político, en la década de 1880, supuso la impugnación del statu quo diglósico y la reivindicación de la plena restauración funcional de la lengua catalana.

¿Qué diferencias hay entre los tres territorios?

Que el movimiento político que impugnaba la diglosia sólo logró el carácter de movimiento de masas en el Principado. Ni en el País Valenciano ni en las illes hubo un movimiento regionalista fuerte, apoyado por el grueso de las elites económicas territoriales, como revela el que sólo en Cataluña se constituyera una mancomunidad de provincias. Sólo cuando, con el advenimiento de la Segunda República, la autonomía catalana se convirtió en una realidad hubo iniciativas autonomistas en el País Valenciano y las illes, en cuyo marco era inevitable que se planteara la cuestión lingüística.

¿Existen similitudes entre el conflicto lingüístico durante la Segunda República y el actual?

En principio, el marco jurídico-lingüístico actual es más favorable a las lenguas peninsulares distintas del castellano, por cuanto la propia Constitución anuncia el carácter oficial de las “demás lenguas españolas” (anuncio que no se ha desarrollado en todos los Estatutos de Autonomía), cosa que no ocurrió con la Constitución de 1931, que sólo declaraba la oficialidad del castellano. Sin embargo, al menos como hipótesis, es pensable que este avance ha tenido que ver con factores como la mayor movilización autonomista durante la década de 1970 o que las elites del régimen de la monarquía reinstaurada eran conscientes de que era políticamente inviable una regulación del plurilingüismo ibérico que, cuando menos, no igualara los derechos reconocidos durante la Segunda República. En todo caso, lo que es común a ambos regímenes es el establecimiento, por la vía constitucional o por la vía jurisprudencial, de un principio de supremacismo lingüístico muy claro: el castellano debe ser oficial en todo el territorio estatal y con un rango jurídico fácticamente superior al del resto de idiomas peninsulares. El artículo cuarto de la Constitución de 1931 imponía el deber de saber castellano a todos los españoles y restringía a medidas legislativas “especiales” los casos en que se podría establecer el deber de saber “lenguas regionales”. Este principio lo ha reimplantado el actual Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias, la más destacada de las cuales (STC 31/2010, de 28 de junio) vacía de contenido el precepto de una norma que forma parte del bloque de constitucionalidad como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Concretamente, mediante una interpretación manipulativa de la literalidad del precepto, el TC ha considerado conforme a Constitución el deber de saber catalán establecido en el artículo 6.2 del Estatuto, pero negando que sea “un deber generalizado para todos los ciudadanos de Cataluña” ―que “sólo puede predicarse del castellano”―, sino que se limitaría al ámbito de la educación y la función pública (FJ 14.a). Asimismo, mediante el pseudoconcepto de “cooficialidad” ―que no aparece en la Constitución ni en los Estatutos de Autonomía ni en las leyes lingüísticas de las comunidades autónomas―, el TC y el legislativo y el ejecutivo españoles han pretendido rebajar el estatuto jurídico de las lenguas peninsulares distintas del castellano. Eso ya había aparecido durante los debates en las Cortes sobre el Proyecto de Estatuto de Cataluña de 1932: algunos diputados arguyeron que el castellano era “oficial” y el catalán, “cooficial” ―“como máximo de concesiones”― y que la cooficialidad no implicaba deber de conocimiento.

¿Crees que el hecho de que se elaborara un Estatuto para las illes Balears, en lugar de sólo para Mallorca, tal y como se preveía originalmente, fue determinante para que fuera rechazado?

El problema fue exactamente el contrario. El artículo 11 de la Constitución establecía la provincia como sujeto mínimo para la constitución de una región autónoma, por lo que la negativa de los representantes municipales de Menorca a participar en la elaboración del Anteproyecto de Estatuto para las illes Balears provocó la inviabilidad constitucional del Proyecto de Estatuto Autonómico para Mallorca y Eivissa, aprobado por la asamblea de concejales y diputados de 20 de julio de 1931. Problemas constitucionales aparte, en Mallorca mismo había bastante división sobre la cuestión autonómica, incluyendo a sectores de la izquierda, que temían que unas illes autónomas fueran gobernadas por la derecha. Una muestra elocuente de ello fue la polémica desatada entre los impulsores del Anteproyecto y los diputados constituyentes Gabriel Alomar y Alexandre Jaume, por unas declaraciones de Alomar el 25 de septiembre, en que cuestionaba la capacidad autonómica de las illes, o la propia disputa que se produjo en aquella sesión parlamentaria entre los diputados isleños a raíz de la intervención de Alomar.

Equiparando el catalán o “lengua materna” al castellano en el Anteproyecto, ¿se desaprovechó la oportunidad de potenciar realmente la lengua propia de las Balears en detrimento de la española?

Ciertamente, la situación sociolingüística isleña y el que, en el momento en que se elaboró el Anteproyecto de Estatuto, todavía no se hubiera aprobado la Constitución española, de modo que aún no existía canon de constitucionalidad alguno, habrían justificado que, igual que en el Proyecto de Estatuto de Cataluña, se hubiera previsto la oficialidad del catalán, con el reconocimiento de derechos lingüísticos individuales para los hispanohablantes. Con todo, dado el recorrido que tuvieron tanto el Anteproyecto como el Proyecto, todo esto no pasa de ejercicio meramente especulativo. En todo caso, además de la aceptación ex ante de la doble oficialidad, es harto cuestionable la denominación del catalán como lengua materna, un pseudoconcepto empapado de connotaciones diglósicas y con el que se pretendía esquivar la espinosa cuestión del nombre del idioma. En el código normativo para las variedades valencianas acordado el 21 de diciembre de 1932 en Castelló de la Plana, los principales escritores y entidades culturales del País Valenciano resolvieron mejor esta cuestión, refiriéndose al idioma como lengua propia. Por otra parte, la principal reivindicación en las illes, igual que en el País Valenciano, fue la aplicación del Decreto de 29 de abril de 1931, que establecía para Cataluña que la enseñanza se impartiera en la lengua de los niños. El artículo adicional autorizaba al Gobierno a extender el mismo régimen a cualquier otro territorio de lengua distinta del castellano, y en seguida llegaron peticiones en este sentido de las principales instituciones isleñas y del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes respondió siempre negativamente.

El Anteproyecto tenía algunas carencias. ¿Qué cuestiones piensas que dejaba pendientes? ¿Acaso el no garantizar la educación en catalán?

El uso del catalán en la enseñanza se habría podido deducir del propio principio de oficialidad lingüística (art. 2), del hecho de que sería función competencia de la región (art. 24.8) o, alternativamente, de la aplicación a las illes del artículo adicional del Decreto de 29 de abril de 1931. Además de las cuestiones ya mencionadas del Anteproyecto, las principales carencias estarían en el Proyecto para Mallorca y Eivissa, especialmente la supresión del régimen tributario en las competencias regionales y, en particular, de la fórmula del concierto económico para fijar la aportación mallorquina e ibicenca a la Hacienda estatal, que sí figuraba en el Anteproyecto (art. 26). Sin un sistema de financiación que garantice recursos suficientes a la Administración regional para cubrir los gastos del ejercicio de las competencias atribuidas, el reconocimiento de éstas puede convertirse en puramente formal. En realidad, eso mismo denunciaría en 1937 el consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el mallorquín Antoni M. Sbert: aunque el Estatuto había reconocido a la Generalitat la potestad para crear centros de enseñanza con sus propios recursos (no le había traspasado los ya existentes), ésta no la había podido ejercer por el problema de la financiación.

En el libro, también llegas a la conclusión de que fue determinante para que Cataluña consiguiera el Estatuto y la oficialidad del catalán el que tuviera una mayoría republicana y de izquierda...

Hay que recordar que, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià declaró la República catalana (dentro de la confederación/federación ibérica) y que, sólo tras intensas negociaciones con el Gobierno provisional de la República española y a cambio de un régimen de preautonomía, aceptó disolverla y sustituirla por la Generalitat de Catalunya. El Gobierno de la República contrajo el compromiso de asumir como propio el Proyecto de Estatuto que aprobara la Diputación provisional de la Generalitat, cosa que, finalmente, no hizo, ya que éste fue reelaborado por una comisión de las Cortes, que impuso rebajas sustanciales en las facultades autonómicas previstas en el Proyecto, especialmente visibles en la definición institucional de Cataluña (que pasaba de ser estado autónomo a región autónoma), régimen lingüístico (con la imposición de la doble oficialidad y con ámbitos de no oficialidad de facto para el catalán), competencias y financiación. A pesar de todo, se acabó aprobando un Estatuto y en un plazo no excesivamente largo, a lo que no era ajeno el apoyo parlamentario de la minoría catalana al gobierno de la conjunción republicano-socialista. Es ilustrativo a este respecto el contraste con el proceso estatutario vasco, donde la principal fuerza impulsora era conservadora, tenía una actitud ambigua respecto a la República y había concurrido a las elecciones constituyentes coaligada con el carlismo. El Proyecto de Estatuto vasco estuvo empantanado durante toda la República y sólo cuando, una vez estallada la guerra, al Gobierno de la República le interesó obtener el apoyo de una fuerza democristiana que contribuyera a transmitir una imagen más conservadora de la República, el Proyecto de Estatuto avanzó y, en la misma sesión en que la comisión parlamentaria presentó el dictamen, el 1 de octubre de 1936, éste se aprobó en bloque. Este mismo interés explica también el fracaso de los tres proyectos autonomistas para el País Valenciano presentados durante la guerra, dada la fuerza del anarcosindicalismo, que también llegó a presentar su propio proyecto.

es doctor en Sociología, traductor y colaborador, entre otros media, de Catarsi, El Salto y Sin Permiso. Es autor del libro "El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears durant la Segona República" (Palma: Lleonard Muntaner, Editor / Obra Cultural Balear, 2020).
Fuente:
Diari de Balears, 4 de abril de 2021
Traducción:
Aurora Turmeda
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