Soberanía digital europea o subordinación (social, comercial, política y defensiva)

Recientemente razonaba en este semanario que la guerra global arancelaria sobre las mercancías desplegada desde los Estados Unidos no debiera ocultarnos la absoluta libertad que reclaman para los servicios (singularmente digitales para sus GAFAM) a escala global. Y, algo antes, enfatizaba que una defensa autónoma de la UE -en medio de la creciente polarización EE.UU. / China- pasaba por una estrategia federal que tuviera como uno de sus ejes la soberanía digital europea. El punto de convergencia, como bien se deduce, de ambas estrategias (comercial y defensiva) nos remite a una prioritaria soberanía digital europea que estamos muy lejos de disfrutar. Pues a día de hoy nuestras redes digitales, en la nube, algoritmos, financieras, logísticas, de comunicaciones, redes sociales, etc. a lo largo y ancho de la Unión Europea pueden ser colapsadas, controladas y utilizadas a su antojo por los llamados “anarco capitalistas” de Silicon Valley, disciplinados a su imperio[1].

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Sobre este particular en mi ensayo[2] del año 2023 “¿Sociedad de mercado o sociedad decente?” escribía en referencia a la Unión Europea y al ámbito digital (capítulo tercero, en apartados titulados “¿Soberanía digital europea?” y “Soberanía fiscal, tecnológica y big data”, páginas 103-109) algunas consideraciones que reproduzco en lo que sigue.

Argumentos para entender, recordaba en ese ensayo, por qué en el horizonte del 5G, la IA y el big data, el gobierno chino había tomado la enigmática decisión de erradicar el hardware y software occidental en todos sus organismos públicos antes de 2022. Levantando un telón de precaución: ahora no de acero, pero sí digital.

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Decía entonces que desde la perspectiva fiscal federal de la UE era necesario un impuesto a la facturación de las grandes plataformas tecnológicas que prestan servicios, para asegurar que tributan allá donde generan dichos beneficios (GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Complementariamente, y como quiera que dichas empresas están imbricadas con grupos y fondos de inversión globales (como Vanguard Group o Blackrock), desacelerar este capitalismo de casino con una «Tasa Tobin» comunitaria sobre las transacciones financieras. Sin olvidarse de la lucha contra la competencia fiscal dentro de la UE por medio de la armonización fiscal, particularmente en lo relativo al Impuesto de Sociedades con un tramo europeo de una fracción de las base del impuesto.

Desde la perspectiva de la defensa de la competencia dentro de la UE, vista de la propensión depredadora y oligopólica de estos grandes grupos globales, se impone también una aplicación contundente de lo que ya figura en nuestro artículo 10 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, relativo a concentraciones que afecten a la seguridad nacional o al desarrollo tecnológico. Tal como empieza a plantearse la Comisión Europea en el control a la inversión extranjera en medios de comunicación y firmas de datos. Para ello creo necesario replicar todas las veces que sean necesarias la multa de la Comisión Europea a Alphabet-Google por abuso de posición en las compras online[3]. O los fallos del tribunal de la UE contra falsas plataformas colaborativas. Hasta llegar incluso a la partición de estos megamonopolios, o a su gestión pública previa su reversión en iniciativas locales colaborativas.

Y sobre el crucial asunto del big data y la IA anotaba que conviene saber que la Comisión Europea hizo públicos sendos documentos -COM (2020) 66 final y 67 final- en los que frente al modelo privativo de las GAFAM en Estados Unidos (donde los datos acaban en manos de un pequeño número de empresas privadas), defiende un espacio europeo común de datos (especificando sectores clave como: manufacturas, economía verde, movilidad, salud, finanzas, energía, agricultura y administración pública) que no permita prácticas que limiten la competencia, y compartiendo los datos de las empresas con los poderes públicos en aras del interés público. Allí se puede leer[4] literalmente que “los datos son hoy un factor de producción esencial, y el valor que de ellos se derive debe ser compartido con el conjunto de la sociedad que participa en la generación de dichos datos”.

Añadía la necesidad de convertir en prioritario el acelerar al máximo el camino hacia un Espacio Europeo Común de Datos[5] (replicando en esto una biblioteca pública online como Europeana frente a su contraparte monopólica Google Books) en combinación con una estrategia para el 5G y el internet de las cosas en la que Europa tuviese soberanía digital respecto al duopolio chimericano (Telón Digital entre Google & Baidu o Android & Huawei). Por razones de resiliencia, control democrático y proximidad.

Algo que -incluso- parece haber asumido nuestro el presidente en su presentación del Plan España Digital 2025, cuando hablaba[6] de una: “apuesta para garantizar una soberanía digital europea basada en los valores comunitarios”. O seis días más tarde en el Congreso de los Diputados, defendiendo una[7]: “autonomía estratégica de la UE”. Aunque tal soberanía y autonomía, a la hora de la verdad, parecen no hacernos reclamar una alternativa europea para el 5G frente a China o Estados Unidos.

Sin embargo es éste un reto insoslayable, porque tanto EE.UU. como China son perfectamente conscientes de que hoy la IA, el big data y el 5G son llaves estratégicas que pueden poner patas arriba a un adversario. Incluido en lo relativo al despliegue de sus armas convencionales. Por eso llama poderosamente la atención que frente a la opción de un control por empresas públicas de las redes de cableado submarino, de lo que se llama, quizás para despistar “la nube”, este control lo tengan de facto en exclusiva grandes corporaciones privadas[8] (y no precisamente chinas como se observa en este mapa adjunto para España).

De no hacerlo así, nuestra resiliencia y capacidad de enfrentar ya sea una crisis sanitaria, una totalitaria manipulación política y social, o una ciberguerra harán que resulte una broma de chiquillos lo que nos sucedió con las mascarillas en la última pandemia. Acabaríamos mendigando el chip o la actualización de la app que (pagado a buen precio) nos permita estar a cubierto de las amenazas que los plutócratas globales tengan a bien poner encima de la mesa.

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Se trata de conseguir una soberanía social, sobre la tecnología digital, que no va a ser menos difícil de transitar que la de la soberanía fiscal, pero que sí sería mucho más efectiva. Sobre todo para embridar la galopante concentración de poder económico y social en media docena de corporaciones globales (controladas por gigantescos grupos de inversión como Vanguard o Blackrock) de la Inteligencia Artificial, el Big Data y el 5G en este siglo XXI. Corporaciones que amenazan con ser los Gobiernos reales del mundo (también de la UE) gracias a hacer suyos datos e invenciones que son bienes globales colectivos.