Shock energético e inflación en el Reino de España: ¿Qué políticas económicas aplicar?

Introducción

A lo largo de este año 2022 hemos pasado de unas previsiones de crecimiento iniciales por encima del 6 % a estimar que finalmente lo haremos en un 4,5 %, a causa del shock externo provocado por el alza de los precios energéticos (petróleo y gas) y de materias primas (alimentarias como los cereales).

Mientras en abril de este año el Banco de España estimaba un crecimiento cercano al 3 % para 2023 en el mes de octubre la previsión de FUNCAS ya se situaba por debajo del 1 %. De manera que el impacto de dicho shock externo lo sería en tres puntos y medio de menor crecimiento del PIB entre 2022-2023.

La inflación desbocada (singularmente energética, pero también alimentaria) se ha convertido así en un muy grave desequilibrio económico y en un factor de alto riesgo social. Pues seguirá siendo muy elevada (en torno al 9 % este año y sobre un 6 % se estima para 2023) dañando la solvencia y el poder adquisitivo de amplias capas de la población con un riesgo creciente de desempleo y de empobrecimiento social.

En conjunto podríamos decir que para el Reino de España entre 2022-2023 cada punto de reducción de la inflación se estaría viendo acompañado de un idéntico menor crecimiento del PIB[1].

Esta retroalimentación (que agrava el BCE al aplicar medidas de encarecimiento del crédito como si la inflación fuese de demanda[2], penalizando el déficit público) y este shock externo colocará a nuestros principales clientes turísticos (Alemania, Francia, Reino Unido) al borde de una recesión con lo que un motor básico de nuestro PIB en 2022 se podría ver seriamente dañado y sin mucha capacidad de maniobra en 2023.

En este contexto el sostén de la demanda interna[3] -y su creciente cobertura con producciones nacionales- es la única estrategia que, a medio plazo, puede embridar la inflación sin dañar aún más el empleo y el PIB.

Sin embargo sería un error implementar medidas que reduzcan la hemorragia de la demanda interna, derivada del shock externo de inflación, si éstas son contradictorias con el imperativo de cambiar nuestro modelo de economía fósil cuanto antes. Un modelo que alimenta dicho shock externo.

Más aún si los recursos públicos utilizados (o dejados de ingresar) hacen que sean aún más insuficientes los disponibles para otras medidas que sí cumplan ambos objetivos: evitar la hemorragia de la demanda interna y alejarnos de una economía fósil.

Contexto para la evaluación de las medidas implementadas

Desde esa perspectiva el conjunto de medidas de urgencia puestas en marcha a lo largo de 2022 por el Gobierno podrían como mucho considerarse positivas para enfrentar este invierno. Sin embargo razonaré que debieran revisarse a fondo a partir de la primavera para corregir efectos contraproducentes sostenidos y abrir nuevas líneas de acción más ajustadas al enfoque del párrafo anterior[4].

Todo ello en el contexto de una transición energética que debiera apostar por un modelo alternativo al actual –que algunos denominamos capitalismo fósil- en el que la carbonización conformó una senda social dependiente de oleoductos, petroleros, autopistas, refinerías, térmicas, redes de larga distancia, etc. Un conjunto de infraestructuras diseñadas para alimentar enormes factorías o gigantescos centros de consumo de energía. Preferentemente asociadas a macro aglomeraciones urbanas y centralizadas. Muy lejos de la escala de las fuentes locales renovables, descentralizadas y de proximidad que debieran priorizarse. Un sistema –aquél- que genera daños sistémicos no solo al medio ambiente sino también a la resiliencia y capacidad de respuesta de nuestro sistema económico ante shocks externos, como bien estamos comprobando.

La actual crisis –a causa de los mercados y precios de la economía fósil- no debiera traducirse en una oportunidad para perseverar en ella y desentenderse del colapso climático, sino que debiera ser una doble luz roja de advertencia: por un lado del chantaje al que la economía fósil (basada en hidrocarburos y gas) puede someter a todas las sociedades que de ella dependan y, por otro, del apocalipsis climático al que nos está abocando. De esta crisis debemos salir con una rotunda senda de escape de la economía fósil, una senda que no puede ser gestionada por los mismos que nos trajeron hasta aquí.

Evaluación de las medidas vigentes[5] en 2022

Las medidas que nos proponemos revisar se orientan a los siguientes objetivos:

Fuente: Gobierno de España 29 de marzo de 2022

Para este análisis simplificaré los objetivos 1 y 3 que se centran en minorar el shock externo, mientras que los 4, 6 y 7 se centran en mejorar la resiliencia futura ante incertidumbres de esta naturaleza y los 2 y 5 definen el marco de las medidas paliativas para los sectores más vulnerables.

Lo lógico sería buscar un encaje en el que las paliativas no socavasen la mejora de la resiliencia y no agravasen el shock externo. Lo que significa embridar las causas de fondo de la actual inflación de oferta al tiempo que los riesgos de una creciente pobreza energética o alimentaria entre la población española.

La colisión entre objetivos debiera evitarse sobre todo en relación a la “estabilidad financiera” (objetivo 5) ya que el Gobierno no parece avanzar de forma contundente para anular la brecha de ingresos fiscales respecto a la UE (de más de 4 puntos del PIB), mientras mantiene la senda de reducción del déficit previa al shock (pasar del -5% al -3,9%).

Dos asuntos en los que la UE y la eurozona debieran acompañar la estrategia nacional evitando la competencia fiscal a la baja dentro de la UE (y propuestas concretas existen) y una austeridad presupuestaria (senda de déficit) muy alejada del modelo de otras áreas monetarias.

Sin renunciar a superar estas dos restricciones (cosa que debiera ser prioritaria en el actual escenario de shock: déficit público y déficit de ingresos por ese orden) cualquier rebaja generalizada de impuestos (para el objetivo 2) será incompatible con el objetivo 5 (estabilidad). Incluso lo seguiría siendo aún en ausencia de aquellas dos restricciones.

Por tal motivo la reducción del IVA de la luz y del gas al 5 % hasta 31 diciembre de 2022 entraría en la colisión con el objetivo 5 (además de erosionar los objetivos 6 y 7). Y, por tanto, debiera suprimirse^[6] cuanto antes en la medida en que otros bonos/ayudas selectivos tengan una cobertura de beneficiarios razonable para la población vulnerable objetivo. No menos problemática es la subvención de 20 céntimos a los carburantes^[7] que siendo paliativa (objetivo 2) podría colisionar con los objetivos 6 y 7 (resiliencia) dañando el objetivo 5 (y hacerlo además de forma regresiva). Es, por tanto una medida, que a partir de abril de 2023 debiera sustituirse por otras alternativas o, al menos, modularse por tipos (sectores) y nivel de ingresos/facturación de los potenciales beneficiarios.

Las medidas que parecen más adecuadas en el contexto más arriba asumido son el bono social de electricidad^[8] para el consumidor vulnerable que se acota por nivel de ingresos para la tarifa regulada (PVPC) (objetivo 2). Una medida que debiera prorrogarse hasta que no se consiga un total desacoplamiento del actual sistema marginalista respecto al gas natural (el tope ibérico no lo es). Algo en lo que debiera emplazarse a la UE (por ejemplo con un sistema de media ponderada de las energías primarias utilizadas en el mix del Mwh) (Objetivo 1).

También es adecuado mantener el límite a la actualización de la renta de alquiler de viviendas (objetivo 2) en tanto el IPC supere el 5 % interanual pero para un nivel de ingresos medio-bajo^[9]. Complementariamente debiera acelerarse al máximo la dotación de un parque público de viviendas de alquiler a precio tasado (para empezar con el stock de la SAREB) por debajo del 30% de los ingresos del inquilino. Dicho parque debiera alcanzar un porcentaje objetivo por cada mil viviendas en alquiler en las áreas más tensionadas en precios, y será prioritariamente para jóvenes.

Por último considero mejorables las medidas de gratuidad de los billetes de RENFE y la reducción del billete del transporte urbano en un 30 %. Pue si bien se ajustan a los objetivos 2, 6 y 7, para no dañar el objetivo 5 debieran modularse igual (quizás una reducción del 50 %) pues la gratuidad de RENFE podría autogenerar su propia demanda (desbordando la oferta) y no limitarse a evitar el uso del coche particular. En ambos casos procedería discriminar por niveles de ingresos en sintonía con el concepto de consumidor vulnerable que ya se utiliza en el bono eléctrico.

Nuevas medidas: propuestas para 2023

Además de las supresiones, mejoras y mantenimiento de las medidas ya vigentes en 2022 que acabo de realizar es imprescindible abrir el foco y centrar mucho más el objetivo.

De entrada con la aceleración de las inversiones en energías renovables (dentro del Pilar 5) (solar, eólica, biomasa, pequeña hidráulica, etc.) que debiera pasar a ser un programa estrella para los objetivos 3, 4 y 6, con financiación ajustada a los avances en el objetivo 5. Modularse primando a hogares, comunidades, asociaciones y entes locales; favoreciendo el almacenamiento y autoconsumo^[10] de los excedentes de generación en vez de los trasvases a la red a precios irrisorios al oligopolio de comercializadores. En este programa estrella, la inversión pública (en la transición energética de las dotaciones educativas, sanitarias, administrativas,…) debe actuar de incubadora y factor de arrastre de instaladores y manufacturas de proximidad para el resto de inversores privados. Dicha aceleración descansará en subvenciones de hasta el 50 % de la inversión necesaria para los agentes privados^[11].

Dar pasos para acelerar la reversión a la titularidad pública de las concesiones e instalaciones hidroeléctricas puestas en marcha en España antes del año 1976 para impulsar los Objetivos 1,3 y 4. Pues concesiones pre-constitucionales y con ya más de 40 años operativas deben considerarse de sobra amortizadas, siendo la base en la actualidad para la captura privativa de millonarios beneficios caídos del cielo que debieran socializarse para abaratar la factura eléctrica.

Realizar una rigurosa auditoría ambiental independiente de las iniciativas de grandes grupos (Iberdrola, Endesa o Naturgy) para reconvertir grandes térmicas en mega centrales de presunto hidrógeno verde o renovable (que con frecuencia es gris o rosado), en relación a su coherencia con la sostenibilidad ambiental y social. En concreto las denominadas^[12] dentro del PNIEC 2021 – 2030: “Hojas de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable y la Hoja de Ruta del biogás”. También respecto al uso del hidrógeno verde (metanol) para el transporte marítimo de larga distancia.

Mantenimiento de los calendarios de abandono del parque nuclear^[13] y de los usos del carbón para no dañar el objetivo 6. Plan de reconversión tecnológica de sectores electro intensivos que sea compatible con la transición energética (objetivos 7 y 8)

Para impulsar la eficiencia energética (objetivo 7), garantizar los suministros (objetivo 4) y reducir las emisiones por tm/km (objetivo 6) implementar un plan de trasvase de cargas de carretera a ferrocarril. Suprimiendo el programa de ayudas directas al transporte por carretera y de ayudas directas a empresas privadas ferroviarias de mercancías, sustituyéndolos por bonos del 50 % del coste evitado por carretera cuando la carga se transporte por ferrocarril (trayectos de más de 200 km.) en favor del remitente de la carga.

Bonificación selectiva del precio de los carburantes utilizados en la agricultura, ganadería y pesca a cambio del compromiso de comercialización en canales cortos que reduzcan la brecha entre precios recibidos por los productores y pagados por los consumidores (objetivos 2, 3 y 4). Complementariamente para avanzar en los objetivos 3 y 4 definir un programa de puesta en cultivo de tierras en abandono para cereales de uso alimentario. Separación radical del apoyo al sector agrícola, ganadero y pesquero del –mucho más problemático- a los sectores electro intensivos y grandes consumidores de gas.

Definir una senda de ajuste progresiva de los ingresos fiscales a la media de la UE (objetivo 5), con un objetivo de 40.000 millones en cuatro años (2023-2027) centrado en el impuesto de sociedades, en las rentas no salariales en el IRPF y en un mínimo sobre el patrimonio a escala española^[14]. Negociar y conseguir un entorno presupuestario y fiscal europeo que evite la competencia dentro de la UE en esos ámbitos.

Modificación de la senda de déficit público de acuerdo con la Comisión Europea mientras no se suprime la brecha de ingresos (Objetivo 5). Así para 2023 mantener el anotado en 2022 en vez de reducirse, a la vista del sobrevenido shock de la inflación sobre la sociedad y el crecimiento del PIB.

Coda final: ¿«guerra de Putin» o «refinerías de Wall Street»?

En vez de un shock provocado por la llamada «guerra de Putin»^[15] quizás habría que enmarcar la actual situación con Exxon, Shell, Chevron o BP que producen y comercializan[16] petróleo o gas, pero también con otros emporios menos conocidos pero non menos decisivos que solo comercializan (como Vitol, Trafigura, Glencore).

Mercados en los que se compra y vende a precios de hoy, o a precios futuros (estimados), y en los que siempre están por detrás moviendo los hilos las llamadas «refinerías de Wall Street» (los Goldman Sachs o Morgan Stanley). Eso para los combustibles fósiles, mientras que para los cereales debiéramos tomar buena nota de cómo las tres cuartas partes del mercado mundial están controladas por ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus.

En resumen: que podríamos estar ante un shock de oferta de raíces más profundas, duraderas y transversales. Pues más que con el choque entre Rusia-Ucrania tendrían que ver con la emergencia de China al hilo de los manejos especulativos de la llamada mano invisible del mercado para gestionar recursos estratégicos energéticos o alimentarios.