Tiago Rogero
Blanca Moncada
09/02/2025
Carlos Javier Vega, de 19 años, pidió cambiar el turno en la panadería de su padre en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, para poder ayudar a su primo a vender un cachorro. Sin embargo, a pocas manzanas del lugar donde se encontraba el comprador, su coche fue detenido en un puesto de control por efectivos de la Marina desplegados en las calles después de que el Presidente Daniel Noboa decretara un «conflicto armado interno» contra el crimen organizado.
El primo de Vega intentó dar la vuelta y chocó contra un soldado y un vehículo militar. Se produjo una discusión y las tropas abrieron fuego. Vega recibió cuatro disparos y murió; su primo sobrevivió con un disparo en el hombro.
El gobierno no tardó en calificar a las dos víctimas desarmadas de «terroristas» que supuestamente habían intentado «atacar un control militar». Aunque la fiscalía desestimó la denuncia y los exculpó de cualquier delito, el gobierno nunca se ha disculpado.
«Su muerte destrozó a nuestra familia», declaró el padre de Vega, Carlos Vicente Vega Molina, de 55 años.
«No quiero que la muerte de mi hijo quede impune como tantas otras», dijo su madre, Laura Ipanaqué, de 43 años.
El caso de Vega, junto con el de cuatro niños negros que murieron en diciembre tras ser detenidos por los militares, son los dos ejemplos más flagrantes de una oleada de graves violaciones de los derechos humanos desde que Noboa introdujo su política de mano dura hace un año en respuesta a un dramático aumento de la delincuencia violenta.
Este domingo, esa política y los breves 14 meses de Noboa en el poder se pondrán a prueba cuando unos 13 millones de ecuatorianos acudan a las urnas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Heredero de una fortuna bananera, Noboa, de 37 años, se convirtió en el presidente más joven de Ecuador en 2023 tras ganar sorprendentemente unas elecciones extraordinarias para completar el mandato del anterior presidente, Guillermo Lasso, que había disuelto el Congreso y dimitido para evitar un impeachment. Noboa fue uno de los tres presidentes latinoamericanos que asistieron a la toma de posesión de Donald Trump en el Capitolio estadounidense, junto con el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.
«La presidencia de Noboa ha estado marcada sobre todo por una radicalización contra los derechos humanos», dijo la periodista Karol Noroña, quien dirigió una investigación que reveló inconsistencias en la versión de los militares sobre la muerte de Vega. Aunque reconoció que «en los hogares ecuatorianos no se suele hablar de violaciones de los derechos humanos», Noroña afirmó que otros temas -como una crisis energética que ha provocado apagones programados de hasta 14 horas- podrían influir en las próximas elecciones.
Para Guillaume Long, investigador principal del Center for Economic and Policy Research, el gobierno de Noboa mostró «claros signos de autoritarismo y un desprecio por el Estado de derecho, las prácticas constitucionales y los derechos».
Destacó la negativa del presidente a dimitir durante el periodo de 30 días de campaña electoral, tal y como establece la Constitución, y un incidente diplomático sin precedentes en el que fuerzas policiales y militares ecuatorianas invadieron la embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, ex vicepresidente del izquierdista Rafael Correa.
«Noboa también tiene tendencia a gobernar mediante decretos de urgencia de todo tipo», dijo Long, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador con Correa. El año pasado, el país estuvo en estado de excepción durante 250 días, lo que permitió la adopción de medidas como el allanamiento de domicilios sin orden judicial y la prohibición del derecho de reunión. Noboa ha justificado estas medidas como necesarias para luchar contra las bandas.
En abril, el presidente derechista ganó un referéndum que apoyaba su plan de seguridad, pero Long dijo que eso no significaba necesariamente que gozara de suficiente apoyo popular para tener un camino fácil en las elecciones del domingo, aunque las encuestas sugieren una ventaja para el actual presidente.
«Cuando hacía campaña para el referéndum, Noboa dijo que no había podido reducir la delincuencia porque tenía las manos atadas. Casi un año después, todavía no ha cumplido», afirma Long.
El que fuera uno de los países más seguros de América Latina, Ecuador experimentó un repunte de la violencia después de que sus puertos se convirtieran en lo que InsighCrime ha denominado una «autopista de la cocaína» hacia Estados Unidos y Europa. Hubo un descenso inicial de los homicidios cuando Noboa impuso su «guerra contra las drogas», pero los índices volvieron rápidamente a los alarmantes niveles anteriores, convirtiendo 2024 en el segundo año más violento. Mientras tanto, el secuestro y la extorsión siguieron aumentando.
En Cañaveral, un barrio empobrecido del noroeste de Guayaquil, la gente paga semanalmente 2 dólares de vacuna (cuota de extorsión) a la banda local.«Si no pagas, entran en tu casa y se llevan tus cosas. A veces, los 2 dólares son el único dinero que tengo, así que acabo por no comprar comida ni agua para mis hijos», dijo un residente.
Las autoridades europeas atribuyen a las medidas enérgicas de Noboa una reducción significativa de los envíos de droga, aunque la mayor incautación de cocaína de la historia de España, el pasado noviembre, procedía de un barco cargado de plátanos procedente de Guayaquil.
«¿Cómo pasa un cargamento de 13 toneladas por el puerto? Hay una política de cero control en los puertos marítimos en Ecuador», dijo Mónica Luzárraga, abogada exdefensora pública en Guayaquil, quien en los últimos años ha trabajado en cientos de casos de narcotráfico.
«El saldo de este conflicto armado interno es desastroso en términos de derechos humanos y control criminal», dijo. «Ahora los ciudadanos no sólo son víctimas de los grupos criminales, sino también de los abusos cometidos por las fuerzas armadas».
En el caso de Vega, dos soldados de la Armada y un cabo esperan juicio en libertad bajo fianza. «Perdono a esas personas porque nos han enseñado a perdonar, pero eso no significa que no deban ser juzgados por todo el daño que nos han causado», dijo la madre del joven, Laura Ipanaqué.
«La verdad es que los soldados no sólo mataron a mi hijo, también nos mataron a nosotros», añadió.