Albino Prada
14/07/2022
Con ocasión del reciente acuerdo del mes de junio entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para definir un nuevo modelo de residencias para mayores, que supere los graves problemas detectados con la pandemia del Covid-19 (en las que estos centros fueron la Zona Cero), y más allá de las críticas a aspectos sustantivos de dicho modelo (ver aquí) parece oportuno evaluar la oferta residencial existente en España distinguiendo sus vectores público y privado (con frecuencia concertado- alimentado con dinero público).
Porque se comprobó en los confinamientos que el cambio de modelo hacia parámetros de calidad y resiliencia ante pandemias debiera concentrar los (limitados) recursos públicos en la oferta y titularidad pública. Que es aquella que garantiza su acceso a todos los ciudadanos por igual con independencia de su nivel de ingresos (ya que el usuario solo aporta un porcentaje de su pensión de jubilación). Y no derivarlos a centros privados bajo la pura lógica del beneficio empresarial.
Una oferta residencial total muy insuficiente…
Con datos de 2020 según un reciente informe (FED-PWC) existían en España algo menos de dos millones de personas dependientes de las cuales algo menos de cuatrocientas mil (380.000) eran usuarios de residencias de mayores; uno de cada cinco (un 21%). Para el año 2050 se estima que las cifras prácticamente se duplicarán, y más si tenemos en cuenta que los hogares con una persona sola tendrán un crecimiento singular.
De lo que se deduce que la oferta de plazas debiera duplicarse en el horizonte del año 2050, más aún si corregimos el que en la actualidad la oferta total está por debajo de la rateo del 5 % (de los mayores de 65 años) recomendada por la OMS.
Fuente: FED-PWC página27
Y debiera hacerlo de forma singular en aquellas áreas de España (como Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana,…) que se sitúan incluso por debajo de la media en la oferta total (4,4 %).
Fuente: FED-PWC página27
… con una oferta de gestión pública residual
Según la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia las personas dependientes pueden acceder a plazas públicas o concertadas en residencias –en régimen de copago en función de la renta y grado de dependencia- y a ayudas económicas para poder sufragar parte de una plaza privada cuando no es posible acceder a las anteriores.
Fuente: FED-PWC página 25
Como quiera que solo una cuarta parte de las plazas son de titularidad pública (16 % más 9 % en el gráfico adjunto) estamos ante una barrera de acceso para la mayor parte de la demanda muy discriminatoria. Baste para ello anotar que “la pensión media en España (1.134 €/mes) permite cubrir el 60% del precio de una plaza privada (1.955 €, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido)” (FED-PWC página 7 y en página 39 datos por Comunidades Autónomas).
Datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales (Tabla 6.b.) informan de que solo el 26 % de los centros residenciales existentes en España eran de titularidad pública a finales del año 2020. Aunque luego dicha fuente (Tabla 6.c.1.) solo desglose plazas con financiación pública de plazas con financiación privada. Este desglose es ya un auténtico éxito de abducción neoliberal que hace imposible conocer la cuantía de plazas de titularidad pública y cuantas son privadas con financiación pública parcial.
En cualquier caso el resultado será, sí o sí, que más de dos tercios de nuestros mayores no cuentan con unos ingresos ordinarios que les permitan sufragar una plaza en la oferta privada. Una situación que se aún se agrava más en el colectivo femenino que, siendo el más numeroso a partir de 80 años, disfruta de pensiones inferiores a la media.
O, lo que es lo mismo, la oferta pública debiera pasar del actual 25 % de las plazas a, al menos, el 60 % del total para que la población dependiente no tenga que disponer de recursos extraordinarios (prestamos, hipotecas inversas, etc.) para poder tener acceso a una cobertura adecuada. Es decir, para que la estructura de la oferta de residencias en España no provoque un efecto exclusión social directo, se necesita duplicar la oferta de titularidad pública actual.
De no actuarse en esta dirección, además de agravar la exclusión social y la calidad de vida de nuestros mayores, se está alimentando una oferta privada-concertada con recursos públicos en detrimento de una oferta que garantice el acceso al margen del nivel de ingresos y que se rija por criterios no de lucro.
Conclusión
La actual oferta residencial para mayores dependientes en España sigue un modelo neoliberal puro y duro: el vector de titularidad pública es minoritario frente a un mayoritario vector centrado en el objetivo del beneficio empresarial. En conjunto la oferta es defectiva en relación a las necesidades y al contexto internacional.
Esa oferta defectiva total, y pública residual, es una bomba de exclusión social y de boyantes ambiciones empresariales alimentada con recursos públicos. Un patético paraíso neoliberal del que no se observan síntomas de salida. Ni siquiera en el mero detalle que ofrecen las estadísticas oficiales del Estado.
Por eso no sorprende que a esta asimetría público / privada no se haga ninguna referencia en las casi setenta páginas del reciente “Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)” (ver aquí) entre el Ministerio de Derechos Sociales y las Comunidades Autónomas.
Sí se habla de sistema sanitario público, pero sobre centros residenciales de titularidad pública no se hace ni una sola mención en relación a su infradotación en la oferta total en España. Mientras subsista esta asimetría de oferta seguiremos atrapados en un neoliberalismo tripulado en piloto automático.