Reino de España: Sobre la Ley de Memoria Democrática

Ramón Górriz

15/02/2023

Escribía el escritor checo Milan Kundera “la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido” y Pepe Mujica, ex presidente uruguayo, añadía “quienes no cultivan la memoria no desafían el poder. Es una herramienta más para construir el futuro que, pese a quien le pese, es nuestro porque no nos pudieron derrotar”.

La ley de Memoria Democrática aprobada en el Parlamento y publicada en el BOE el 20  Octubre, aunque llega tarde (a día de hoy hay miles de víctimas que ya han muerto) y se queda corta en algunos aspectos, es un importante avance.

La Ley de Memoria democrática aprobada deberá afrontar múltiples desafíos, algunos expuestos en los Informes de Naciones Unidas, realizados por el relator Pablo Greiff, en 2014, Sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y Sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, que planteaba la necesidad de articular una política de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que son los principios de la justicia transicional. En estos informes se señala que no es posible una verdadera reconciliación nacional sin investigar y juzgar las vulneraciones de los derechos humanos y los crímenes de la Dictadura y de los aparatos represivos. No cabe duda, en suma, que la Ley puede significar una esperanza si algunas de las cuestiones que enuncia se aplican y existe el presupuesto necesario para que se lleve a cabo.

No obstante, un sector considerable de las asociaciones de víctimas y del movimiento memorialista, ya en la fase de Anteproyecto de la Ley, señalaron que la norma no terminaba de clausurar la impunidad del franquismo. Ciertamente se ha dispuesto la creación de una Fiscalía de Sala para investigar los crímenes franquistas. Sin embargo, dada la amplia jurisprudencia en este sentido que inauguró la Sentencia del Tribunal Supremo de 2012 contra el juez Garzón, mucho nos tememos que el derecho a la tutela judicial efectiva pueda seguir encontrando obstáculos. Para removerlos, más allá de la propia Ley, hubieran sido necesarias modificaciones en el Código Penal, así como la adhesión de España al Convenio Internacional contra los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Este convenio señala que tales crímenes no prescriben nunca y no son amnistiables.

Otro aspecto que requiere un desarrollo legislativo es el del acceso a los archivos, porque la Ley no resuelve la contradicción entre el principio de transparencia y la normativa relativa a la protección de datos. Más aún, la norma remite a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y al Real Decreto 1708/2011 en lo que concierne a la cuestión del acceso a los archivos. Y ambas normas dejan las cosas tal y como estaban antes de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática.

Una tercera cuestión que requiere un desarrollo legislativo complementario a la Ley de Memoria Democrática es el de los llamados bebés robados. Sin embargo el Proyecto de Ley de Bebés Robados se encuentra paralizado hace más de dos años en el Parlamento, debido a que los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición le mantienen congelado en fase de enmiendas.
Por otro lado, la rememoración de las víctimas no puede servir para eclipsar el significado de la Historia. El conflicto entre democracia y fascismo no se puede transformar en una secuencia de crímenes de lesa humanidad, al igual que la memoria del Holocausto no puede reemplazar a la del antifascismo, tal como de manera desafortunada, en mi opinión, aprobó el Parlamento europeo. La rememoración de las víctimas no puede servir para eclipsar el significado de la Historia.

En este sentido la Ley de Memoria Democrática se centra, como no podía ser de otro modo, en las víctimas, pero ignora a los victimarios, cuando las primeras no pueden comprenderse sin la existencia de estos últimos. Está bien que la Ley de Memoria Democrática levante el manto del silencio sobre los crímenes del franquismo. Pero, al mismo tiempo, debería arrojarse luz sobre la fosa de impunidad que ampara y protege a los victimarios, tal como hemos podido ver en los últimos acontecimientos, con las denuncias impulsadas por la CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina).
Este tipo de limitaciones tiene que ver con nuestra propia herencia histórica; con una época marcada todavía por una transición a la democracia voluntariamente amnésica basada en el llamado pacto del olvido, donde los fantasmas del franquismo regresan, tal como escribía Santos Julia, en “Memoria, Historia y Política de un pasado de guerra y dictadura”.

En este sentido, no se puede ignorar que la Ley de Amnistía impidió exigir responsabilidades a la dictadura por sus crímenes contra los derechos, las libertades y las personas al elevar a los altares de la desmemoria, el ungüento mágico de la reconciliación. Una reconciliación que parece que nunca termina de producirse. En efecto,  cada vez que la memoria democrática aparece en el debate público, la derecha arremete contra ella en nombre de la reconciliación, como si no estuviese ya hecha hace décadas. La Ley de Amnistía colocó en un mismo plano a los luchadores y luchadoras por la democracia y las libertades y a la caverna criminal franquista que se había levantado contra la República. No sólo eso, sino que quienes lucharon por la democracia fueron juzgados, condenados y acabaron en prisión, mientras que sus victimarios ni siquiera llegaron a sentarse en un banquillo ante la justicia. Esa Ley, como dijo un alto dirigente socialista, “es la única ley de punto final que hicimos los demócratas para los franquistas”.

Cuando veía la película Argentina 1985, la investigación pública y el juicio a los dictadores, constaté la distancia tan grande que existía con nuestro país. España está a la cola de las políticas públicas que se han realizado en Sudáfrica, Uruguay, Chile y otros países que sufrieron las dictaduras del siglo XX.

Consejero del Consejo Económico y Social en representación de la Confederación Sindical de CCOO.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de febrero 2023

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