Gustavo Buster
25/06/2023
En estos primeros días de precampaña electoral ha cambiado sustancialmente el clima dominante, sobre todo después de la derrota de las izquierdas estatales en las elecciones municipales y autonómicas. Lo que era un contenido optimismo por el balance del Gobierno de Coalición Progresista, sobre todo en el terreno económico, se ha convertido en una nube de pesimismo que atenaza e inmoviliza a sectores imprescindibles de la izquierda, hasta el punto de dar pie a un cierto derrotismo, a pesar de la gravedad de lo que está en juego el 23 de julio.
En toda Europa hay una ola reaccionaria que la anega. A Italia se han añadido Suecia, Finlandia y Grecia en este giro hacia las derechas extremas. La “excepción ibérica” nos había permitido compartir con Portugal gobiernos con unas políticas arbitristas entre los intereses de clase, que han ejecutado de manera distinta que en el resto de Europa las ayudas comunitarias para superar la crisis del Covid y la de la inflación desencadenada por la Guerra de Ucrania.
Las limitaciones han sido muchas, porque la correlación de fuerzas, electoral y social, es prácticamente de equilibrio inestable y solo se ha mantenido a favor de las fuerzas progresistas por el apoyo de las fuerzas soberanistas vascas y de ERC. El confinamiento y las penurias reducían las movilizaciones y huelgas significativamente (de 898 conflictos con 264.500 trabajadores en 2019 a 679 huelgas y 192.750 trabajadores en 2022, la mitad en Euskadi).
El SMI ha aumentado en un 40% desde 2019, pero con una inflación acumulada del 17,3%. El Ingreso Mínimo Vital, una política condicionada para pobres que debía beneficiar a poco más de medio millón de hogares, no ha llegado a la mitad de sus destinatarios por las dificultades burocráticas y de gestión, mientras que la población en riesgo de pobreza, después de caer dos puntos, se sitúa en 2023 en el 26%. España, con un problema heredado de décadas, es uno de los estados europeos menos redistributivos presupuestaria y fiscalmente. Los ERTEs han permitido conservar el empleo -en el segundo país de la OCDE con mayor descenso del proletariado industrial (del 20,19% al 13,6% de 2015 a 2023)- y alcanzar el máximo histórico de empleados este año, mientras la reforma laboral ha contenido la precariedad, lo que ha permitido una serie de luchas sindicales defensivas. Las pensiones contributivas han crecido un 8,5% y las no contributivas el 15%. Cargada de razón, Yolanda Díaz ha explicado que una cosa son las cifras macroeconómicas y otra las cuentas a fin de mes de la mayoría de los hogares, que pasan penurias por la pérdida de poder adquisitivo de un 4,1%. Como ha explicado Raymond Torres, los beneficios empresariales son ya un 3,1% superiores a los de 2019 con la pandemia y las rentas salariales un 2,9% inferiores.
La expansión del sector servicios desde la Gran Recesión de 2008-2009- producto de la reestructuración de la economía española y superior en algunos sectores a la media de la UE-27, Francia y Alemania- supone ya el 67% del PIB y el 78% de los empleados. Este cambio social ha reducido drásticamente las clases medias tradicionales urbanas, ha amenazado y erosionado su identidad y estatus social, ligada en muchos casos a los servicios semi-públicos concertados, y está detrás, en última instancia, de la radicalización hacia la extrema derecha y la añoranza franquista de sectores del PP y el crecimiento de Vox. Emmanuel Rodríguez ha hecho un detallado análisis de este fenómeno en su libro El efecto clase media: crítica y crisis de la paz social.
Pero las mediaciones culturales, el proceso cognitivo social en el que se forma el “sentido común” del momento, es esencial. Es el terreno de las narrativas y de los medios de comunicación que las difunden y crean en buena medida. Como han señalado muchos analistas, el objetivo de “derogar el sanchismo” se ha convertido en el objetivo común del PP y Vox que, más allá de unos programas desconocidos, se centran en dos temas: 1) la critica de los avances feministas en la igualdad, para volver a situar el papel de la mujer en la familia y la economía de los cuidados, no en el mercado laboral compitiendo con los varones (extrapolado todo ello en la figura de Irene Montero y las políticas de género) y 2) la reivindicación de un centralismo nacionalista español frente a las tres nacionalidades históricas periféricas, acusando al “sanchismo” de apoyar ilegítimamente en ellas la mayoría parlamentaria a cambio de concesiones “traidoras” (y el reflejo invertido en esas nacionalidades de miedo y desconfianza, que refuerza su sistema político diferenciado como garantía).
Esta narrativa anti-modernizadora y reaccionaria no ha tenido una respuesta clara y contundente por las izquierdas hasta la semana pasada, más allá de apuntar las consecuencias catastróficas que implicaría una gestión desde la administración central parecida a la de Ayuso en Madrid, López Miras en Murcia y ahora personajes como Le Senne en Baleares o Barrera en Valencia. La búsqueda de una explicación en positivo del balance y la continuidad de las políticas progresista del “escudo social” anti-covid chocan con el escepticismo de aquellos sectores que creyeron que iban a beneficiarse de ellos y o no les ha llegado o no lo ha hecho de forma suficiente. Se intenta huir del pesimismo, cuando este, en una situación de reflujo social, puede ser la plataforma en que se apoye la voluntad de resistir el embate reaccionario y convertirse en optimismo cuando se perciba así, permitiendo la movilización.
Tres obstáculos para la movilización
Por el momento, tres sectores minoritarios en las izquierdas, con peso diferente que evoluciona en estas semanas, responden al pesimismo imperante ante la perspectiva de una derrota electoral el 23-J y la hegemonía de las derechas extremas.
El primero de estos grupos, con peso en los sectores anti-sanchistas del PSOE, son los “bipartidistas”. Incapaces de comprender y responder a la crisis estructural del régimen del 78 que agudiza los problemas coyunturales, su respuesta es una vuelta a un pasado que ya no existe. Entre otras cosas porque fueron ellos en buena medida los que acabaron con el bipartidismo PP-PSOE cuando dieron el golpe interno que destituyó a Pedro Sánchez para dar el gobierno al PP a cambio de nada, o en nombre de una estabilidad institucional que se convirtió en todo lo contrario. Son el reflejo directo en la izquierda de la ola reaccionaria, que creen frenar con una coalición PP-PSOE. Lo que llaman “socio-liberalismo”, como contraposición al “sanchismo” que también quieren derogar, no es sino una claudicación vacía en el escenario de polarización social y política actual.
El segundo grupo son los que podríamos calificar de “abstencionistas”. En un choque electoral que implica una polarización de clases sin precedentes, suelen excusarse en los limites evidentes del balance del Gobierno de Coalición Progresista. O en la falta de unos programas de superación del régimen del 78 -obviando el lazo articulador práctico de quién tiene no ya el poder, sino el gobierno- en una fase de reflujo en la que no hay movimientos sociales que los hagan suyos y los impulsen. Se quedan por lo tanto en lo meramente propagandístico. Con un gesto de superioridad moral, abandonan el terreno de confrontación coyuntural en el que se juega la correlación de fuerzas para el próximo periodo y se reservan para un futuro que les dé la razón contra la realidad. Es decir, una forma de derrotismo de altos vuelos morales.
El tercer grupo, los “adaptacionistas”, son los que responden a la amenaza de una victoria y hegemonía de las derechas extremas bajando un nuevo peldaño en la “política del mal menor”, que tantas veces hemos explicado en SP. Creen que el optimismo de la voluntad puede surgir de un “economicismo” buenista y no de explicar claramente el reto político al que se enfrentan las izquierdas y los intereses sociales que representan, con toda su complejidad. El programa máximo, las reformas profundas estructurales para superar los límites del régimen del 78, se esconde en el armario y el programa mínimo pierde credibilidad de ser tan pequeño e impotente.
Quizás sea una pedantería, pero a mi me ha ayudado estos días releer los artículos de Antonio Gramsci de 1925, cuando intentaba desarrollar en Italia la política de frente único y gobierno de los trabajadores, que fueron la respuesta táctica en la nueva fase de reflujo abierta tras la derrota de la revolución alemana de 1924 y el peligro del fascismo. Sus dos primeros capítulos, “Sobre el pesimismo” y “Previsión y perspectiva” son verdaderas cajas de herramientas para analizar la situación que atravesamos.
Las raíces del pesimismo global
La ola reaccionaria que nos amenaza no es solo europea, aunque pretenda ser una peculiar “finlandización” actualizada del Reino de España con un gobierno PP-Vox. El pesimismo que bloquea la voluntad transformadora, es global. La mejor explicación que he encontrado de las razones de este pesimismo es el Informe de Desarrollo Humano 2021-2022, que fue publicado en septiembre de 2022 sin que tuviera la atención que merecía.
El informe del PNUD es la conclusión de una serie de estudios que comenzó a acumular reflexiones sobre los problemas centrales globales desde la crisis del Covid. El de 2019 estuvo dedicado al crecimiento sin precedentes de las desigualdades, cómo se perpetúan y están erosionando cualquier consenso social, deteriorando los sistemas de gobernanza a todos los niveles. El de 2020 se centró en la intersección entre desigualdad y cambio climático y cómo se retroalimentan en una espiral destructiva. Un informe especial de 2022 abordó el problema de la inseguridad humana en sus múltiples dimensiones. Y el informe sobre desarrollo humano 2021-2022, al que me he referido al comienzo, reúne todos estos análisis previos y los encuadra en la sensación de incertidumbre y pesimismo que bloquea la acción transformadora multilateral para gestionar la adaptación a esta situación cada vez más catastrófica y cómo superarla.
Apoyándose en un importante aparato estadístico, la conclusión primera del Informe es demoledora: 6 de cada 7 habitantes del planeta se sienten inseguros; menos del 30% de la gente cree que puede confiar en otras personas. Es el índice más bajo desde que se recogen este tipo de datos y nos retrotraen a los años veinte y treinta del siglo pasado. Para una especie social por definición, cuyo principal motor de desarrollo y garantía de supervivencia es la cooperación, en los distintos niveles de convivencia y organización social y política, es un aviso de implosión. Por primera vez desde que se elabora, el índice de desarrollo humano ha retrocedido a antes de la adopción de la Agenda 2030 y los Acuerdos de París sobre Cambio Climático. De los 193 estados miembros de Naciones Unidas, el 90% ha visto retroceder sus índices en 2020 y 2021 y actualmente 58 países se encuentran en suspensión de pagos de su deuda y quebrados o a punto de hacerlo.
Esta ola de pesimismo nace, según el informe, de la incertidumbre que produce en las vidas cotidianas de la gente la intersección de 1) el cambio climático en el Antropoceno; 2) transformaciones sociales solo comparables en sus consecuencias a la revolución industrial; y 3) la polarización y desigualdad social. Todo ello en un contexto histórico de las tres mayores crisis económicas y sociales que ha tenido el capitalismo probablemente desde sus inicios: la Gran Recesión de 2007-2009, la crisis del Covid, y la crisis inflacionaria y de seguridad alimentaria que ha desencadenado la Guerra de Ucrania.
La gente no sabe cómo hacer frente a estos problemas que no solo les desborda a ellos, sino también a los estados nación surgidos paulatinamente en las sucesivas crisis geopolíticas desde el siglo XVII. Se trata de problemas globales existenciales para la propia especie humana que solo pueden ser resueltos globalmente a través de la cooperación y gobernanza multilateral, partiendo de unas estructuras internacionales como Naciones Unidas y sus organismos especializados, que constituyen una estructura organizativa y normativa imprescindible pero claramente insuficiente; que surgieron en una coyuntura histórica muy específica, como el fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazismo, el fascismo y el imperialismo japonés, de un acuerdo entre las grandes potencias, pronto nucleares, para repartirse el planeta en zonas de influencia.
La incertidumbre se extiende también a 1) cómo hacer las inversiones para prepararse para los cambios civilizatorios que transformarán nuestras vidas, a 2) cómo asegurar una distribución igualitaria de recursos para hacer frente a los derechos universales de servicios básicos que permitan materialmente el ejercicio de la ciudadanía y la ampliación de la democracia y nuestra cohesión social, y 3) a cómo crear las condiciones para una toma de decisiones basada en criterios informados y científicos, extendiendo innovaciones tecnológicas y organizativas imprescindibles para el cambio civilizatorio. Y debemos hacer todo ello en medio del cambio climático, un colapso de la biodiversidad que ha articulado nuestro ecosistema desde hace miles de años.
Cuando se dice como una gracia que el cambio climático se arregla con macetas y se colocan pancartas gigantes arrojando a la basura la Agenda 2030 y los derechos humanos, se está atentando contra el conjunto de la humanidad. Pensar que quienes defienden semejante programa pueden gobernar al undécimo mayor contribuyente de Naciones Unidas e intervenir en los mecanismos multilaterales complejos de gobernanza de la Unión Europea y Naciones Unidas sin que pase nada, es situar al frente de los bomberos a unos pirómanos confesos.
Hace escasamente cinco semanas, el Secretario General de NNUU, Antonio Guterres, ha presentado su informe a medio camino del cumplimiento de la hoja de ruta de la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es el programa acordado inter-gubernamentalmente por consenso para responder a los múltiples desafíos civilizatorios antes descritos. Se trata de 17 objetivos y 164 metas de lo que es imprescindible hacer a nivel global.
Sin embargo, según el balance de Guterres, de las 140 metas analizadas con datos científicos suficientes para su evaluación, solo un 12% progresan adecuadamente, el 50% están retrasadas a pesar de progresar y 30% no progresan en absoluto o incluso han retrocedido a niveles de 2015. ¿Qué supone eso? Que 575 millones de personas viven en la pobreza extrema en nuestro planeta (4,8 millones en el Reino de España) y solo un tercio de los países reducirá en la mitad sus índices. Que los niveles de hambre han vuelto a 2005. Que se tardaría 286 años en alcanzar la igualdad de género. Que 84 millones de niños no tendrán colegios y que 300 millones de niños y jóvenes serán analfabetos a pesar de ir a la escuela primaria. Naturalmente, sin contar con que la temperatura aumente en 2-3 grados centígrados, con consecuencias catastróficas impredecibles.
El informe de Guterres especifica también que los próximos siete años serán una verdadera encrucijada para superar los obstáculos existentes en la aplicación de la Agenda 2030. Para ello, Naciones Unidas ha previsto y adoptado por consenso un calendario de reuniones inter-gubernamentales decisivas: Cumbre de la Agenda 2030 en septiembre de 2023, Cumbre del Futuro en septiembre de 2024, Cumbre Social en septiembre de 2025 y Cumbre para la Financiación del Desarrollo en 2025. Además de continuar con las Cumbres sobre el Cambio Climático y las Cumbres sobre Biodiversidad o el Agua. ¿Se puede de verdad, seriamente, dejar en manos de un gobierno PP-Vox la participación en ellas?
Hacer camino al andar
“Se hace camino al andar”, escribió Antonio Machado. El primer paso debe ser asegurar una movilización electoral el 23 J a la altura de las necesidades descritas de todas las izquierdas, de todos los ciudadanos responsables. Obtener una mayoría parlamentaria plural con 176 escaños que oriente y sostenga a un gobierno que defienda los intereses de la mayoría de la ciudadanía de un estado plurinacional. Una mayoría parlamentaria que aprenderá sin duda del balance y de las limitaciones del Gobierno de Coalición Progresista para comprometerse con la búsqueda de soluciones para los desafíos civilizatorios a todos los niveles a los que nos enfrentamos.
Su programa no será probablemente más que un primer borrador, porque solo la movilización desde abajo de los intereses sociales implicados permitirá el marco democrático y cooperativo necesario para irlo perfilando. Y tendrá que debatir seriamente en las instituciones democráticas cómo superar los límites estructurales que hoy nos atenazan: la crisis constitucional e institucional del régimen del 78, el consenso neoliberal de Bruselas y las imposiciones geopolíticas de las grandes potencias. Para hacerlo necesitamos más democracia, menos autoritarismo reaccionario, más solidaridad entre iguales.