Reino de España: “Lomce, de entrada No”

Los trabajos parlamentarios de la nueva legislatura del Congreso de los Diputados han comenzado con el debate de una proposición de ley sobre la LOMCE, impuesta por el PP contra todos los grupos parlamentarios en la anterior legislatura. Todos los partidos de la oposición se habían comprometido en sus programas a la derogación de la ley sobre educación del PP. Sin embargo, pareciera que la LOMCE hubiera entrado también en el paquete de acuerdos vergonzosos del PSOE con el PP y Ciudadanos para garantizar de forma “responsable” la gobernabilidad. En este caso, en vez de proponer una alternativa con la mayoría de los votos de la oposición, la propuesta de ley del PSOE tiene como objetivo la negociación con el PP de un “pacto de estado” sobre educación que, por el momento, no pasa por la derogación de la LOMCE y sus revalidas, como viene exigiendo la comunidad educativa, sino su mantenimiento sin carácter evaluativo. Vana esperanza por parte de los estrategas del PSOE. No había pasado una semana cuando el Gobierno Rajoy reclamaba al Congreso la revocación de la decisión mayoritaria de aceptación a trámite de la propuesta del PSOE alegando incumplimiento de un techo presupuestario que aún no se ha votado. Como ocurrió en la fallida legislatura anterior, el PP no esta dispuesto a ser rehén político de una oposición mayoritaria en el Congreso y se dispone a gobernar, que no a hacer política, por decreto y via recursos judiciales al Tribunal Constitucional. Reproducimos la intervención del diputado Sánchez Serna, portavoz de Unidos Podemos y sus confluencias, sobre las consecuencias que tiene para la comunidad educativa la deriva del PSOE, que resume como: “LOMCE, de entrada No”. El conjunto  del debate, con las posiciones de todos los grupos políticos puede leerse aquí. Reproducimos también el análisis de Agustín Moreno, uno de los más destacados impulsores de la Marea Verde en Madrid. SP

"Recuperar la educación pública pasa por enterrar la Lomce"

Javier Sánchez Cerna

Señoras y señores diputados, hoy volvemos a hablar aquí de la Lomce, una ley que ha conseguido cosas que parecían imposibles, y así se lo vamos a reconocer. Parecía imposible poner de acuerdo a toda la comunidad educativa, y sin embargo esta ley lo logró: profesores, asociaciones de padres y madres, sindicatos y estudiantes han manifestado de forma masiva y continua su absoluto rechazo a una ley no dialogada, injusta y educativamente inútil. Parecía imposible por otra parte que los partidos estuviéramos de acuerdo en algo, y con la excepción lógica del Partido Popular la mayoría de los partidos de esta Cámara nos presentamos a las pasadas elecciones prometiendo derogar esta ley educativa, derogar la Lomce, no solo una parte de la Lomce ni solo retrasar su aplicación. Así que con estos antecedentes parecía imposible que la anteriormente conocida como Ley Wert llegara al año 2017. Pero la realidad es que la Lomce sigue adelante, como bien saben y padecen docentes, alumnado y familias.

¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado para que una ley educativa que nació sin el menor consenso, una ley que ha sido respondida con veintiocho huelgas educativas, una ley rechazada por la mayoría de esta Cámara en dos ocasiones —una la legislatura pasada y otra en esta— siga vigente y goce aparentemente de tan buena salud? Se le podrán dar las vueltas que se quiera, pero hay una realidad que resulta innegable, y es que a una ley educativa la sustituye otra ley educativa, y para eso era necesaria una alternativa de gobierno, una alternativa de gobierno para la que —lo hemos dicho otras veces— había números en este Parlamento, y que sin embargo el Partido Socialista no quiso o no le dejaron explorar. Ahora, dos semanas después del abstencionazo, que ha permitido la continuidad del partido de los recortes y la Lomce al frente del Ejecutivo, los compañeros socialistas nos presentan una proposición de ley para la paralización del calendario de aplicación de la Lomce, un calendario que como saben ya está muy avanzado. El PSOE, con su abstención, parece por tanto haber transitado de pedir la derogación de la Lomce a la modificación de partes orgánicas de la misma y de esta a la paralización del calendario de aplicación. Parafraseando el viejo eslogan de los 80, podríamos decir aquello de: Lomce, de entrada no. Otra vez tarde, señorías del Partido Socialista. Van ustedes con retraso a todas las citas importantes. Llegaron tarde a la conclusión de que podían formar Gobierno con Podemos y miren el resultado. Incluso para ser oposición ya es demasiado tarde para ustedes. Por este camino llegarán tarde a su propio congreso, si es que les dejan convocarlo.

Señorías, hablemos claro, a estas alturas la paralización del calendario de la Lomce significa fundamentalmente la suspensión de los efectos evaluativos de las reválidas, no la suspensión de las reválidas, sino que se sigan realizando sin ser determinantes a la hora de obtener el título. Esto y no otra cosa es lo que estamos debatiendo aquí.

Señorías, nuestro grupo se ha manifestado siempre en contra de las pruebas finales o reválidas, ya que a nuestro juicio representan una concepción obsoleta del proceso educativo, una concepción que no tiene ninguna justificación. La mayoría de docentes y expertos sostienen que es un sinsentido pedagógico hacer que el alumnado se lo juegue todo a la carta de un examen, sin tener en cuenta los resultados obtenidos a través de la evaluación continua, además de lo negativo que sería dejar sin validez los años cursados por suspender una prueba final. Por otra parte las reválidas suponen un descrédito de la labor docente, pues implican interrumpir el proceso de enseñanza con un agente externo, que rompe la idea de proceso educativo continuo. Por otro lado este sistema también perjudica al alumnado con problemas de aprendizaje o con un estilo de aprendizaje diferente, no memorístico, y en este sentido no va a servir para reducir el abandono escolar temprano, una sangría que según todos los indicadores internacionales es uno de los grandes problemas del sistema educativo de nuestro país. En definitiva las reválidas ni sirven para mejorar la calidad de la educación ni van a conseguir que nuestro alumnado alcance los niveles de aprendizaje adecuados, antes bien las reválidas van a ser una carrera de obstáculos de la que muchos de nuestro jóvenes se van a descolgar, y lo harán quienes tienen más dificultades de entrada, quienes son más vulnerables y disponen de menos recursos. A esos penalizan sus reválidas: a los de abajo, a los de siempre.

Sabemos la angustia que estas pruebas están generando entre las familias y los alumnos, que temen con razón que su futuro se pueda torcer por un mal examen. Por este motivo vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero queremos ser claros, nos parece una medida insuficiente, una medida que se queda a medio camino, porque la comunidad educativa ha sido muy clara también, ni quiere reválidas, ni quiere simulacros de reválidas. A nuestro juicio sirve de poco posponer el carácter evaluativo de estas pruebas dos o tres cursos, mientras se siguen realizando y de esta manera normalizando. El compromiso de la mayoría de los grupos de esta Cámara con sus electores —lo vuelvo a recordar— no era paralizar un calendario de aplicación, sino derogar la Lomce y así eliminar definitivamente estas pruebas. Señorías, temo que hayamos olvidado nuestros compromisos o, peor, que los hayamos cambiado por guiños lampedusianos, ya saben, cambiar algo para que nada cambie, un guiño que incluso contaría con el visto bueno de Ciudadanos y del propio Partido Popular. De hecho, el pasado 26 de octubre y coincidiendo con la convocatoria de una nueva jornada de huelga, el Gobierno anunciaba a bombo y platillo la paralización de las reválidas. Luego supimos que no se trataba de paralizar nada, sino solo de suspender sus efectos sobre la titulación, y además solo durante el plazo de seis meses, mientras se acordaba un nuevo pacto nacional por la educación, lo que dicho sea de paso nos da una idea de lo que entiende este Gobierno por pacto educativo, porque seis meses dan para lo que dan, es decir, para un acuerdo por arriba, un acuerdo de partidos y élites, sin abrir el debate a la comunidad educativa o, dicho de otro modo, el inicio de otra ley educativa condenada al fracaso, que es una jugada peligrosa, ya que la paciencia de la comunidad educativa con este tipo de procedimientos hace tiempo que está agotada. Por tanto con esta proposición de ley seguimos el guión fijado por la triple alianza, una triple alianza que ha permitido la continuidad del Gobierno de Mariano Rajoy, que permite que siga la Lomce, que permite que sigan los recortes en educación. Y ahora nos quieren presentar como una victoria del Partido Socialista que las reválidas sigan, pero que sigan sin efectos evaluativos. Si este es un ejemplo del modelo de oposición que piensan ejercer, señorías del PSOE, no se esfuercen, ni nos convencen a nosotros ni creo que convenzan a nadie. Claro, alguien podrá decir que mejor eso que nada, pero a nuestro juicio estamos desplazando el foco del problema, un problema que se llama Lomce, porque la Lomce, señorías, es algo más que una ley ideológica, que solo busca restaurar las viejas obsesiones de la derecha, ya saben, la catequesis en las escuelas o españolizar a los niños catalanes. Como digo, la Lomce es algo más, es una ley educativa que se enmarca en un modelo de país muy concreto, un país que no pretende salir de la crisis por arriba, innovando y recuperando tejido industrial, sino todo lo contrario, recortando servicios públicos, especializándose en productos de bajo valor añadido y devaluando salarios. La Lomce es una ley subdesarrollada, pensada para un país de la periferia europea. Ustedes, señores del PP, no confían en España; ustedes no confían en los y las españolas, y por eso legislan con una mirada desconfiada, que culpa a los estudiantes de lo que son sus fracasos. Esta ley divide a la sociedad entre élites y precarios, como se demuestra claramente con la elección temprana de los itinerarios educativos en 3o de la ESO, donde se orienta al alumnado, en función de sus resultados, hacia la formación profesional o hacia el bachillerato. Pues bien esta expulsión temprana del sistema educativo, que separa a los que tienen talento de los que no, crea condiciones para una mano de obra poco cualificada, barata y con conocimientos meramente instrumentales, justamente lo que ustedes buscan, una ley que divide y jerarquiza escuelas en función del establecimiento de rankings, unos rankings completamente injustos que no solo no tienen en cuenta los condicionamientos socioeconómicos del proceso de enseñanza, sino que rompen uno de los principales logros de la escuela pública, como reconocen todos los estudios: la capacidad inclusiva de nuestro sistema. De este modo van a derribar el trabajo de décadas en unos pocos años, y sí, van a pasar a la historia como sepultureros de la inteligencia de nuestro país. Una ley por lo demás que equipara educación pública y privada, que permite que la escuela privada pueda cubrir plazas que le corresponden a la pública, que permite incluso que los colegios privados que segregan por cuestiones de sexo puedan recibir financiación. En definitiva la Lomce es una ley que deja de concebir la escuela como espacio de socialización y transmisión cultural, y la acaba reduciendo a un departamento de selección de personal.

Por estas y otras razones mi grupo considera que la respuesta a esta situación no puede pasar únicamente por maquillar la Lomce o hacerla más digerible, alargando los plazos de su aplicación. Por eso, aunque vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, no nos hacemos ilusiones. Hace pocos días escuchábamos al ministro de Educación afirmar que la Lomce no se iba a derogar, y que en todo caso el famoso pacto educativo no tenía por qué significar el final de esta ley. Bueno, nosotros creemos justamente lo contrario. Sostenemos que recuperar la educación pública y reparar el daño que se le ha infligido estos años pasa por enterrar definitivamente la Lomce y abrir el debate sobre una nueva ley educativa, un debate no solo entre partidos, no solo entre élites, sino fundamentalmente con la comunidad educativa. Este fue el compromiso con el que llegamos a esta Cámara y es el compromiso que vamos a mantener, nosotros sí.

Gracias.

Paralizar reválidas está bien, pero urge derogar la LOMCE

Agustín Moreno

Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la LOMCE por 208 votos a favor y 133 en contra. Han votado a favor de ella PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDC, PNV, Bildu…; en contra lo ha hecho el PP. Es un paso, pero no se suprimen las reválidas. El Gobierno ha anunciado que aprobará un decreto ley para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato mientras se llega a un pacto educativo. Poco nuevo bajo el sol: hay que recordar que esa ausencia de efectos académicos para este curso ya lo recogía el decreto del gobierno de julio y que el gobierno, por la presión y por su ineptitud no puede hacer otra cosa.

Porque veamos lo que está pasando en las aulas. La semana que viene se celebran los exámenes finales de la primera evaluación de 2º de Bachillerato en la mayoría de los institutos, y el 24-N está convocada una Huelga General de estudiantes contra las reválidas, la LOMCE y los recortes. Después de la gran movilización de la comunidad educativa del 26 de octubre, y de la gran irresponsabilidad de acabar el primer trimestre sin que el alumnado y el profesorado sepamos en qué van a consistir las reválidas, a Méndez de Vigo no le queda otra opción que dejar que este curso no tengan efectos académicos y sean del tipo de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Probablemente lo hará el 28 de noviembre e intentará convertir su incompetencia en un gesto de buena voluntad en el colmo de la desfachatez.

Para que no nos confundan con los enredos hay que recordar que la LOMCE es una ley aprobada en pleno vendaval de recortes del gasto público y desde la borrachera de poder del PP por una mayoría absoluta que creía eterna. Ninguna de las dos cosas se nos debe olvidar. La primera, porque la reducción de 8.000 millones de inversión educativa fue acompañada por una ley que legitimaba un irresponsable hachazo a la educación por el que hoy nos tiran de las orejas la Unión Europea, la OCDE y otros organismos internacionales por la situación calamitosa de la educación. La segunda cuestión que hay que tener presentes es que el PP, aunque haya formado gobierno, no tiene mayoría parlamentaria y por ello no debe dirigir ni manipular el proceso de construcción de un consenso para una nueva ley educativa. Sería una burla que quiera liderar el pacto educativo para conservar intactas buena parte de las bases de la LOMCE.

La LOMCE es mucho más que las reválidas, aunque parece que todo se focaliza en esta cuestión de innegable transcendencia. No podemos olvidar que la LOMCE está en vigor en los nuevos currículos de asignaturas, en los privilegios para la religión católica, en los itinerarios tempranos que segregan y expulsan al alumnado del sistema, en la reducción de la educación comprensiva y de la inclusión, en la posibilidad legal de establecer rankings y en la competitividad entre centros, en la segregación por sexo pagada con dinero público, en el modelo autoritario que en la práctica suprime la democracia en los centros educativos y permite imponer direcciones a dedo, y en el reforzamiento del proceso de privatización de lo público para fortalecer la red privada-concertada. Ya en el mes de julio una representación importante de la comunidad educativa planteaba una serie de medidas urgentes para evitar los destrozos que ocasionaba la ley y que conviene recordar ahora.

Por todo lo anterior urge la derogación de la LOMCE e iniciar la construcción de un nuevo marco legal para la educación. Ha de hacerse dentro de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios para alcanzar un consenso social, político y territorial. Pretender negociar una nueva ley en la mesa camilla de una subcomisión parlamentaria volvería a conducir al fracaso y, ojo, al mantenimiento de la LOMCE. Como bien dice Redes para una Nueva política Educativa, “no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas”.

Por último, hay que abordar también la política educativa y el aumento de la inversión. Debe quedar claro que, además de suspender-paralizar y finalmente derogar la LOMCE, debe aumentar la financiación educativa para revertir los recortes, bajar a las ratios, ampliar plantillas y mejorar las condiciones del profesorado. Estamos en una de las cifras más bajas de la Unión Europea (4,1% del PIB) y al mismo tiempo que aumentaba el alumnado un 6% se producían los recortes. Estos afectan tanto a la Universidad como a la enseñanza no universitaria y, especialmente, a los recursos que se deberían dedicar a la atención de la diversidad para que la escuela sea inclusiva y se reduzcan las desigualdades sociales.

https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/11/16/suprimir-revalida...