Reino de España: las fricciones sísmicas europeas y sus consecuencias

Gustavo Buster

11/04/2021

Dos semanas ha tardado el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) en aceptar la nueva situación tras el anuncio de la paralización de la ratificación alemana del Fondo Nueva Generación Unión Europa (NGUE). Le ha tocado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con una rebaja de las previsiones económicas de más de tres puntos -desde el 9,8% al 6,5 % del PIB- para 2021. En su cuidada presentación achacó semejante perspectiva a la evolución de cuatro escenarios sobre los que el GCP no tiene en la practica capacidad de influencia, con excepción del último:

1- El ritmo de la campaña de vacunación, que depende de la llegada de la provisión de dosis dentro del plan de adquisiciones de la UE. A pesar de los problemas con Astrazeneca y la falta de coordinación autonómica, el GCP asegura que el 70% de la población estará vacunado al finalizar agosto. De la campaña de vacunación depende que se puedan mitigar los efectos de la cuarta ola del virus y reactivar la economía, empezando por el sector turístico, para lo que será necesario una estrecha coordinación de las políticas de confinamiento y movilidad en la Unión Europea y acuerdos con el Reino Unido.

2- La evolución del recurso legal contra la ratificación del Fondo Nueva Generación Europa ante el Tribunal Constitucional alemán. El joven constitucionalista alemán Benedikt Riedl advierte sobre la posibilidad de que, aunque el TC no dictamine a favor del recurrente, Bernd Lucke, su explicación imponga importantes limites interpretativos para la ratificación del Fondo NGEU. Y el respetado comentarista Wolfgang Münchau advierte a los lectores de su blog “Euro Intelligence” que “no den por dado el resultado” del dictamen, porque podría excluir la utilización de los fondos NGUE para todo aquello que no sea superar las emergencias descritas en el art 122 de los Tratado Europeos. Es decir, todo lo relacionado con la finalidad del Fondo NGUE de reconstruir reestructurando las economías de los estados miembros para lo que se ha diseñado, empezando por la transición energética. Añádase a ello que el dictamen no es probable que este listo hasta finales de 2021.

3- La política de los tipos de interés de los bancos centrales. El margen fiscal para las políticas de endeudamiento público frente a la crisis del coronavirus depende de que se mantengan y amplíen las políticas de “flexibilización cuantitativa” en las principales economías y no suban las tasas de interés. Calviño subraya el consenso existente por el momento en el FMI, el G-20, la FED y el BCE. Pero hay quienes, como Larry Summers, están predicando ya contra el peligro inflacionario. Y a él se sumarán todos aquellos que creen también que la recuperación esta vez, a diferencia de la Gran Recesión, será rápida y en forma de V.

4- La resiliencia y apoyo al tejido productivo español. El número de empresas zombie crece por encima de la zona euro y la cadena de cierres y bancarrotas se contiene con los ERTEs, la baja fiscalidad empresarial y el paquete de ayudas, entre ellos los 11.000 millones para el sector hostelería. Pero el factor tiempo es decisivo: cuanto tardará en reactivarse el turismo y los otros sectores económicos y cuanto tiempo pueden aguantar los bancos las moratorias y los impagos. El Banco de España, antes de pedir la eutanasia de las empresas zombies, ha comenzado por exigir el incremento extraordinario de provisiones a la banca y las fusiones en un sector ya hiper-concentrado.

Así que la recuperación económica se va “a retrasar un trimestre” -como adelantó Calviño-, y algo más. De entrada, la llegada de los fondos -transferencias, por valor de 23.000 millones de euros anuales durante tres años, y créditos, por valor de otros 70.000 millones de euros, pospuestos por el momento- de la NGUE quedan en suspenso, en el mejor de los casos, hasta 2022. Además, va a trastocar toda la ejecución de la Ley presupuestaria de 2021, la primera que rompe con la herencia del exministro del PP, Cristóbal Montoro, y en la que se basa la estabilidad parlamentaria del GCP.

Las muchas consecuencias europeas del recurso alemán

El Bundestag, la cámara baja alemana, aprobó el Acta de Ratificación para la Provisión de Capital, la ley alemana de financiación de la UE hasta 2027, el 25 de marzo. Un día más tarde, lo hizo el Senado. En el agitado debate, el ministro de exteriores Michael Roth (SPD) señaló que se trataba de “un paso necesario y largamente aplazado hacia la unión fiscal” en la UE. No solo debe permitir la reconstrucción de la economía de la UE, con la digitalización, la transición energética y el reforzamiento de la cohesión social (estado de bienestar), sino desarrollar nuevos impuestos europeos de la UE en el futuro, ampliando las responsabilidades del Parlamento Europeo como cámara de control fiscal.

Para el portavoz de la extrema derecha (AfD) y presidente del comité presupuestario, Peter Boehringer, es “el último paso hacia una unión fiscal ilegal”. Carece de base legal en los Tratados Europeos y ya en 2012 el Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el parlamento alemán no puede aprobar ningún mecanismo comunitario que suponga asumir deudas de otros estados miembros de la UE. En su argumentación, Boehringer encontró el apoyo parcial de los diputados Eckhardt Rehberg (CDU-CSU) y Christian Dürr (FDP) que aceptarón el carácter de emergencia del Fondo NGUE, pero rechazaron de plano la interpretación del ministro Roth de que suponía “un paso” hacia una unión fiscal, inadmisible según la sentencia de 2012 del Tribunal Constitucional alemán.

Por su parte, el recurso de la “Alianza de la Voluntad Ciudadana” de Bernd Lucke, de extrema derecha, de 22 de marzo, argumenta que el Fondo NGUE viola los Tratados Europeos al crear créditos fiscales mancomunados en el presupuesto europeo, más allá de la responsabilidad fiscal de los estados miembros. Y, en segundo lugar, al hacerlo así, la Comisión europea se atribuye derechos políticos sobre los presupuestos de los estados miembros, como la responsabilidad de hacer frente a las deudas contraídas de forma mancomunada, que solo corresponden a la soberanía de los estados miembros.

Ambas cuestiones en el recurso trasladan al Tribunal Constitucional alemán dos elementos decisivos de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La construcción del nuevo consenso político comunitario, que debe acompañar el Plan de Reconstrucción europeo, queda así inevitablemente condicionado a cual sea el dictamen y la explicación del mismo del Tribunal Constitucional alemán. Lo que es evidente ya es que los avances hacia la unión fiscal a partir de la situación de emergencia del art. 122 de los Tratados Europeos ha quedado bloqueada por el recurso, sea cual sea el dictamen, porque como señala Münchau, el Tribunal Constitucional “evitará que el gobierno alemán pueda repetir este ejercicio en el futuro”. No hará falta solo una reforma de los Tratados Europeos, también de la Ley Básica alemana (art. 79.3), que exige una mayoría de dos tercios, confiriendo de hecho un veto a la derecha del CDU-CSU.

El problema del futuro del Fondo NGUE no se circunscribe al Tribunal Constitucional alemán y las próximas elecciones alemanas del 26 de septiembre, con la retirada de Angela Merkel. El efecto contagio y la utilización del chantaje negociador se extiende automáticamente a todos los estados miembros de la UE a través de los partidos euroescépticos. El Fondo NGUE necesita una ratificación de todos y cada uno de los estados miembros. En Polonia, la coalición conservadora-nacionalista de derecha extrema tiene que votar este mes la propuesta en el parlamento y uno de los tres partidos que la componen, Polonia Unida, ha dicho ya que no la apoyará, dinamitando si lo hace la coalición gobernante

Este bloqueo político situará toda la presión en la política de reconstrucción post-coronavirus en la menos democrática y, según su estatuto, más independiente, de las instituciones europeas: el Banco Central Europeo. Sus políticas de “flexibilización quantitativa” y compra de bonos se convertirá en el sostén principal de las políticas de recuperación de los estados miembros.

El debilitamiento político de la Comisión europea se ve acentuado además por el fracaso del plan de vacunación europeo. Como lo explicaba recientemente un artículo del NYT, la UE “compró vacunas actuando como un cliente. Mientras que EEUU se incorporó al negocio con las farmacéuticas, invirtiendo mucho más para acelerar el desarrollo, pruebas y producción de las vacunas. ‘Asumieron que con firmar contratos de compra de dosis, bastaría’ recuerda el Dr. Slaoui, a quién el Presidente Trump contrató para acelerar el desarrollo de la vacuna. ‘De hecho, lo que era más importante era ser un socio activo y completo en el desarrollo y fabricación de la vacuna. Y hacerlo desde el comienzo”.

Una vez más, la experiencia de la intervención del estado para regular y dirigir la economía durante la II Guerra Mundial, fue decisiva en EEUU. Los múltiples mecanismo regulatorios comunitarios pusieron de manifiesto su respeto sacrosanto por la propiedad privada y la autonomía de gestión de las grandes farmacéuticas europeas, a pesar de gastar 3.200 millones de euros en la compra conjunta de vacunas. El 20 de marzo pasado solo el 10% de los europeos habían recibido la primera dosis, frente al 23% en EEUU y el 39% en el Reino Unido. Esto también formará parte del debate sobre el futuro de Europa.

Y algunas de las consecuencias para el Reino de España

La peculiar situación política en el Reino de España, sometida a una cadena sucesiva de acontecimientos desde las elecciones catalanas hasta las de la Comunidad de Madrid, pasando por la salida del ejecutivo del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias -ya comentada en un artículo anterior- no han permitido un debate real sobre el Fondo NGUE ni sobre la naturaleza y orientación de las políticas económicas y de escudo social ante la crisis del coronavirus del GCP. Tras el debate traumático con la derecha del PP y la extrema derecha de Vox que permitió la aprobación primero de los presupuestos de 2021 y más tarde el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, se ha asumido que significaban una aplicación concreta del programa de gobierno del GCP, que eran la mejor de las alternativas posibles que podía alcanzar la amplia, pero exigua, mayoría parlamentaria de izquierdas y nacionalistas-soberanistas que le apoyan y que los debates internos que han tensionado al GCP representaban presiones de las clases dominantes y de la burocracia neoliberal europea.

Pendientes de los resultados decisivos de las elecciones autonómicas en Madrid, un auténtico pulso entre la derecha extrema y las izquierdas, quizás convenga volver a revisar esta narrativa que, como es habitualmente, está construida en el ‘mal menor’ de la gestión de la crisis del Régimen del 78. En primer lugar, porque el orden de los factores sí altera el producto. Si el Fondo NGUE se retrasa y su efecto añadido se debilita, como ya se calcula, por debajo del 0,5% del PIB, las políticas de reconstrucción ante la crisis del coronavirus van a depender mucho más del margen fiscal, incluida una reforma fiscal progresiva como la que reclama el propio FMI, y de la capacidad de los agentes sociales de negociar los salarios, las pensiones y las rentas del trabajo, es decir de la capacidad de negociación sindical, duramente recortada por las contrarreformas del mercado laboral, como han recordado en un reciente artículo Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, exsecretarios generales de CC OO y UGT. Y en segundo lugar, porque la condicionalidad que acompaña el Fondo NGUE, además de las que han quedado en suspenso del Pacto fiscal europeo, en principio hasta 2023, carecen no solo de razón, sino de la legitimidad de lo aprobado parlamentariamente como contrapartida a las ayudas y créditos europeos que, en el mejor de los casos, tardarán en llegar.

Las propias tensiones en el seno del GCP, entre PSOE y Unidas Podemos, por la derogación de las consecuencias de la contrarreforma laboral del PP, por el control de los precios de los alquileres, por el mantenimiento y mejora del poder adquisitivo de las pensiones, por el reforzamiento del “escudo social” frente a la crisis (ERTEs, ayudas a las empresas) deberían acoplarse a la nueva realidad marcada por la gestión de la deuda pública. La reforma fiscal debería situarse en primer plano e igualar de manera progresiva la presión fiscal en la zona euro. En este sentido, es interesante señalar el debate surgido en Euskadi entre el sindicato ELA y Sortu no solo sobre la condicionalidad y la naturaleza de los Fondos NGUE, sino también sobre la orientación social, en definitiva, de un plan de reconstrucción post-covid-19 alternativo que articule un nuevo contrato social de izquierdas. Y, por supuesto, del papel de la Renta Básica Universal en él.

Esperemos que la movilización de las izquierdas y los resultados electorales en la Comunidad de Madrid creen el escenario para este debate, así como un reposicionamiento “dentro y fuera” del GCP de Unidas Podemos que permita la configuración de un nuevo bloque político y social, con movimientos sociales, sindicatos y fuerzas de izquierdas. Será un debate imprescindible por los límites que constriñen al GCP del Régimen del 78 y de la UE.

es co-editor de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 11 de abril 2021