Jaume Asens
22/06/2016
Maquiavelo pasó a la posteridad por defender que en ciertas ocasiones quien ejerce el poder debe adoptar medidas extraordinarias, sucias, para conservarlo. El ministro Fernández Díaz, sin duda, tomó buena nota de sus consejos. La revelación por Público de sus conversaciones con el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, es un ejemplo claro de cómo la máquina estatal puede ponerse al servicio de una “caza de brujas” contra opositores políticos. Una guerra sucia que no es nueva ni exclusiva del Estado español.
A lo largo de la historia, en efecto, esa “razón de Estado” se ha invocado en numeras ocasiones y en no pocos países. Ya sea desde una comisaría, un cuartel o un despacho ministerial. Mientras la luz y el taquígrafo son el ADN de la democracia, la opacidad de las trastiendas lo es de los regímenes totalitarios. En la mayoría de los que se reclaman democráticos, no obstante, se sigue recurriendo a la política de cloacas. El periodista David Fernández contaba en un libro publicado en el 2006 como en la era de los 90’ entre sus víctimas recurrentes se encontraban todo tipo de activistas. La conveniencia de recurrir a medios ilegítimos para salvaguardar el bien común todavía hoy es objeto de defensa de algunos dirigentes. Sin ir más lejos, el propio expresidente del Gobierno del PSOE, Felipe González, señaló hace poco sin pudor que “el Estado de derecho se defiende también en las alcantarillas” en referencia a la guerra sucia de los GAL.
Con la celebración de la consulta del 9N, los métodos poco ortodoxos se pusieron otra vez de moda. Ya cuando ocupó su cargo, el ministro dejó las cosas claras. El “problema catalán” era –según él- un cuestión más de orden criminal que político. Se creó – según informó la prensa – una unidad destinada a rastrear información para desgastar el proceso soberanista. La lista de damnificados, desde entonces, es larga. Incluso, los jueces pro-consulta salieron salpicados. La policía elaboró un informe –publicado en La Razón– donde se recogía la afiliación política y las actividades de su vida privada. En esa cruzada, la Fiscalía bajo las órdenes del Gobierno ha jugado a menudo un papel crucial. Buen ejemplo de ello es la reciente acusación contra los concejales que expresaron su apoyo a la resolución independentista aprobada en el Parlament.
En el presente caso, lo primero que llama la atención es la naturalidad con la que ministro y De Alfonso mantienen sus conversaciones. Y más cuando la Oficina Antifraude de Catalunya es un organismo independiente que solo “debe rendir cuentas” ante la cámara legislativa catalana. La normativa aprobada en el 2008 señala explícitamente que no puede recibir instrucciones de ninguna otra autoridad. Tampoco puede encargar la investigación a terceros ajenos a la propia oficina. Ni mucho menos informar de investigaciones en curso. Lo prohíbe el deber de confidencialidad o secreto impuesto legalmente para salvaguardar los derechos de las personas investigadas.
Visto desde esta perspectiva, las sospechas van en una doble dirección. Hacia el ministro, sin duda. Pero también recaen sobre De Alfonso. Lejos de ejercer una función de contrapoder, parece hacer un rol de mera comparsa en un abuso de poder. El Parlament ya ha iniciado, por eso, su proceso de destitución a petición de los grupos parlamentarios. El propósito de ese intercambio de información reservada tampoco ofrece muchas dudas. Se pretende buscar pruebas que permitan sostener imputaciones ad hominem contra dirigentes destacados del independentismo.
Es fácil advertir en todo ello un cambio de estrategia. Quienes eran aliados políticos, tras el giro independentista, se vuelven adversarios. Y se rompen los acuerdos tácitos de impunidad y protección mutua. Acuerdos que habían funcionado sin sobresaltos entre las élites políticas catalanas y españolas. No hay que olvidar, por ejemplo, que Pujol era una figura intocable – el “español del año” para el ABC- hasta ese momento. El hecho de que su partido se sumara al proceso soberanista es el desencadenante del fin de esa omertá.
Naturalmente, ese cambio de alianzas tiene que ver con el progresivo derrumbe de un sistema político nacido tras la Transición. No resulta causal que, precisamente, sus valedores resulten ahora los principales afectados. El partido de Pujol arrastra tras de sí un sinfín de casos de corrupción. Con las sedes embargadas, sus tesoreros imputados y el juicio del 3% pendiente de su celebración, es un blanco fácil. Nada que ver con otros partidos del arco soberanista catalán como ERC, CUP o En Comú Podem. Con esos mimbres, resulta poco creíble su vieja estrategia de victimización, de señalar al otro, para ocultar las propias vergüenzas. Y más cuando De Alfonso fue designado en su cargo a propuesta de Mas tras un pacto con el PP.
Las exigencias de regeneración democrática de un sistema lastrado por una corrupción que afecta a CDC y a los dos grandes partidos del Régimen, PP y PSOE, son ineludibles. Debemos evitar que en el futuro se reproduzcan los pactos del pasado y den lugar a nuevas formas de impunidad. Y reforzar los mecanismos de control. En verdad, cuando el vigilante se pliega a los intereses del gobernante de turno deberían saltar las alarmas. Para advertirnos de la necesidad de que los ciudadanos no bajen la guardia. La mayor fortaleza de la corrupción es su inacción. Su presión, movilización, sigue siendo el mejor antídoto para acabar con la podredumbre política. Se pudo comprobar ya en la noche del 12 marzo de 2004. Un anónimo tecleó en su teléfono móvil un mensaje que corrió como la pólvora. Terminaba con la palabra Pásalo y decía: “¿Aznar de rositas? ¿Lo llaman jornada de reflexión y Urdaci trabajando? Hoy 13M, a las 18h. Sede PP, C/ Génova 13. Sin partidos. Silencio por la verdad. ¡Pásalo!” Es la hora de que la gente vuelva a organizarse para defender la democracia de quien la debilita desde el poder. Este domingo, tenemos otra oportunidad de echarlos de una vez por todas.