Sabino Cuadra
18/02/2022
En el pequeño vídeo que acompaña a este artículo se denuncia la práctica policial de la tortura llevada a cabo en el Estado español en las últimas décadas. Es un soporte, a su vez, de una extensa campaña de denuncia realizada en Euskal Herria contra la misma en estos últimos días: concentraciones y manifestaciones, artículos en la prensa diaria, intervenciones en las instituciones…
La tortura ha tenido y tiene patente de corso en el Estado español. La ha tenido durante el franquismo, por supuesto, pero también después. Se asienta en leyes que incomunican a las personas detenidas, dependencias policiales blindadas a cualquier investigación, policías sabedores de su impunidad, jueces que miran para otro lado y dan alas a la misma, indultos cómplices para los pocos torturadores que son condenados…
La campaña realizada durante estos días ha girado en el tiempo en torno al 13 de febrero, día en el que, en 1981, falleció Joseba Arregi, militante de ETA, tras ser torturado durante nueve días en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Las fotografías de su cuerpo amoratado y las plantas de sus pies quemadas con cigarrillos ocuparon importantes espacios en los medios de comunicación, tanto vascos, como estatales e internacionales. Para todo el mundo que quisiera ver, era evidente lo sucedido: Joseba Arregi había sido torturado hasta la muerte en las celdas policiales de la nueva democracia española regida por UCD.
El proceso judicial fue esperpéntico. De los 73 policías que participaron en los interrogatorios tan solo cinco fueron imputados y solo dos serían finalmente encausados y juzgados. Tras una absolución inicial, el Tribunal Supremo, en 1989, condenó a Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales a la irrisoria pena de cuatro y tres meses de arresto. Poco después, en 1990, serían indultados por el Gobierno de Felipe González. No solo eso, sino que siguieron ascendiendo en el escalafón policial como si nada hubiera pasado. En 2005, Gil Rubiales sería designado Comisario Jefe Provincial de Policía de Tenerife por el gobierno de Rodríguez Zapatero.
Por aquellas mismas fechas, policías franquistas de recortados bigotillos y firme el ademán, se habían hecho con los más altos cargos del Ministerio del Interior. En 1982, en plena “democracia”, antiguos alumnos de la BPS (Brigada Político-Social franquista) ocupaban 9 de las 13 Jefaturas Superiores de Policía existentes en el Estado. Para los policías y torturadores Roberto Conesa, los hermanos Creix, Saturnino Yagüe, Heliodoro Rodríguez, Martín Ballesteros, Jesús Martínez Torres, Ricardo Algar, Pascual Honrado de la Fuente, Benjamín Solsona… el paso de la dictadura franquista al nuevo régimen constitucional no fue sino un mero “de oca a oca y tiro porque me toca”.
De aquellos polvos estos lodozales. En diciembre de 2013, el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco presentó un Informe elaborado por encargo del Gobierno Vasco en el que se detallaban 4.113 casos de torturas habidos entre los años 1960 y 2014 en la Comunidad Autónoma Vasca. Faltan por añadir a la lista las denuncias recibidas posteriormente, los de las personas fallecidas, los cerca de mil casos correspondientes a Nafarroa y los de quienes, por diferentes razones, no han presentado sus denuncias. En total, más de 6.000 casos.
Pues bien, saquemos la calculadora. A nada que cada una de estas personas haya permanecido detenida e incomunicada tan solo durante tres días (por regla general la duración ha sido bastante mayor), se puede afirmar que a lo largo de los 54 años investigados no ha existido día en Euskal Herria en el que, una persona al menos, no haya estado sometida a golpes, bañera, bolsa, descargas eléctricas, vejaciones sexuales, violaciones, tortura psicológica… Pues bien, ¿cuántos han sido los inmaculados miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que han participado directamente en la comisión de aquellas torturas?, ¿cuántos los que han colaborado con las mismas?, ¿cuántos los las vieron, oyeron o supieron de ellas y callaron? Las cifras abruman.
Tras aplicarse a estas personas el Protocolo de Estambul, aprobado por la ONU en 1999 con el fin de fijar las directrices a la ahora de determinar si una persona ha sido sometida a torturas, el Informe concluía que el 47% de las declaraciones analizadas gozaban de un nivel de máxima o muy alta consistencia y que, en un 48,5% más, éstas eran consideradas como consistentes. Significativo también, por otro lado, que el 73,4% de los casos detallados en el Informe del Gobierno Vasco habían sido realizados entre 1977 y 2014, es decir, en plena democracia.
Por encima, por debajo y por todos los costados, la ley del silencio ha envuelto esta realidad. La sacra omertá tejida por uniformados de todos los colores, togas de todas las hechuras, gobiernos de los más variados pelajes, plumillas y responsables de cualquier medio, telediario o tertulia lo han silenciado todo. Lo decíamos al principio, la tortura es tabú en el Estado español. Y cuando un caso salta a la luz, ya se sabe: quienes denuncian su práctica lo hacen siguiendo instrucciones de vaya usted a saber qué banda, o autolesionándose, golpeando la pared con su cabeza.
Hace tan solo un año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a condenar al Estado español por no haber investigado una denuncia por torturas, presentada por el navarro Iñigo González Etayo, en 2011, cuando fue detenido. Con ella ya suman once las condenas realizadas por este alto Tribunal por idéntica causa. Pues bien, ¿cual es el caso que se ha hecho por el Estado español a tan reiteradas condenas? La respuesta es sencilla: ninguno. El Gobierno ha pagado las multas impuestas y todo ha seguido igual. Nada ha sido investigado y los policías denunciados han seguido en sus puestos, igual que los jueces que silbaron distraidos cuando esas personas, destrozadas física y psicológicamente por las torturas padecidas, les contaron cara a cara el infierno que habían pasado. Así, de esta manera, cientos de personas (¿cuántos cientos?) han sido condenadas a largas penas de cárcel sin que haya existido contra ellas mayores pruebas que sus propias autoinculpaciones o las hechas por terceras personas, obtenidas todas ellas en un marco de incomunicación y bajo torturas.
Últimamente, en enero de 2022, éste mismo Tribunal ha condenado al Estado español por haber negado a un detenido, Xabier Atristrain Gorosabel, su derecho a contar con un abogado a su elección mientras permanecía detenido, señalando además que esto “minó la legitimidad de los consiguientes procedimientos criminales, dado que la declaración incriminatoria inicial fue admitida como prueba” en un juicio del cual se derivó una condena de 17 años de cárcel, en base a la declaración autoinculpatoria realizada por el mismo. En este caso, tras la petición realizada por su defensa de que la condena sea revisada y de que, mientras esto no se resuelva, se conceda la libertad a Xabier Atristain, el Tribunal Supremo ha accedido a esto último. Esperemos que esto sea el anuncio de la anulación de la pena a todos los efectos, pues ninguna otra cosa debería derivarse del dictamen europeo, pero vaya vd. a saber.
Han pasado ya 8 años desde que el Informe sobre Torturas realizado a instancias del Gobierno Vasco fue publicado. Sin embargo, desde entonces, ningún fiscal ni juez de ninguna instancia local, autonómica o estatal ha movido siquiera un dedo, cual sería su obligación legal, para realizar la más mínima investigación al respecto. Todas esas señorías, tan togadas y empuñetadas ellas, que muestran tanta diligencia a la hora de analizar con lupa cualquier recibimiento a un preso que sale en libertad tras pasar 20, 25 o 30 años de cárcel en régimen de aislamiento, o los gritos dados en una manifestación, se llaman andana cuando lo que se presenta ante ellas es un caso de torturas policiales.
La práctica de la tortura es uno de los hilos conductores que mejor reflejan buena parte de las herencias de la vieja dictadura franquista y su engarce con el actual régimen constitucional. Gran parte de los policías, jueces y políticos que durante décadas fueron el soporte de aquel régimen criminal anidaron después, tras los oportunos cambios estéticos, en las nuevas instituciones, tejiendo en ellas nuevas redes y asentando renovados espacios de poder. Desde todos esos espacios, aventajados discípulos suyos siguen propiciando hoy el mantenimiento de un marco de impunidad para con la práctica de la tortura y la imposición de un férreo silencio para con todas sus denuncias. Cientos de zorros y raposas tienen encomendada hoy la vigilancia de los gallineros de la seguridad ciudadana y la impartición de justicia en juzgados especializados, herederos directos de aquel infecto Tribunal de Orden Público franquista.
Por cierto, nunca nadie ha reflejado mejor lo anterior que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, antes magistrado de la Audiencia Nacional, togado ayer, uniformado hoy, que tanto monta, monta tanto. De las once condenas al Estado español realizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias por torturas, seis habían tenido como juez instructor a este señor. Más claro, agua.
Lo dicho. Para acabar con la tortura el primer paso es denunciarla. Romper el pacto de silencio y la sacra omerta con que la envuelven. Manos a la obra.