Ha llegado el momento de recular, de dar marcha atrás, de abandonar un relato que se forjó a base de conveniencia. Ha llegado el momento de explicar a los propios por qué es justo y necesario reconducir la cuestión catalana al lugar del que nunca debió salir, el de la política. Nunca debió usarse el derecho penal para intentar no ya solventar sino castigar y represaliar.
Es algo que llevo diciendo desde 2017, columna tras columna, en las que he denunciado el torcimiento de las normas procesales y de los tipos penales y de las competencias jurisdiccionales que se ha producido para amoldar lo que no estaba previsto al castigo que políticamente se decidió. El Estado de Derecho se transformó en la Razón de Estado y así se asumió por casi todo el mundo. Hemos sido una minoría, que incluye a algún jurista, algún periodista y algún político, los que hemos insistido una y otra vez en que la respuesta que la Constitución preveía para el desafío catalán se adoptó (la aplicación del 155) y que la querella presentada a posteriori por Maza, el fiscal de Rajoy, fue la forma política de pasar a las togas la gestión de un castigo que iba más allá de lo contemplado por nuestra legislación.
La cuestión es que, en un momento dado, incluso los políticos que a priori no vieron el delito –no lo vio nadie en directo, nadie en la tele gritó ¡golpe de estado!, todo ese relato se construyó a posteriori – fueron virando para evitar ser identificados como traidores o vendepatrias. El relato nacionalista español, el de esa España que se rompía, cuando no hubo jamás ninguna posibilidad de que esto sucediera, contagió a los que llegaron al Gobierno porque creyeron que era necesario para no tener penalizaciones electorales. Y de pronto los socialistas empezaron a llamar delincuentes a los políticos independentistas catalanes y anunciaron a bombo y platillo –el propio Pedro Sánchez– que traerían al prófugo de la Justicia y los sentaría en el banquillo. Un relato, una historia, una reescritura de lo sucedido, que pesa ahora como una losa. Ni siquiera Puigdemont huyó de la Justicia. Recuerden la verdad: el lenguaraz fiscal general Maza y sus mandantes no pudieron evitar dar la exclusiva a El Mundo de que iban a presentar una querella por rebelión contra los políticos destituidos. Lo publicaron varios días antes de hacerlo. Puigdemont se marchó cuando ni siquiera existía ninguna acción contra él. Lo hizo porque consideró que lo que se iba a hacer con ellos era injusto y espurio. Y lo era. Esto es lo que va a haber que explicarle ahora al pueblo y a los votantes.
Con la tranquilidad que me da haberlo escrito durante años en este diario, puedo repetirles ahora que las normas legales fueron utilizadas, amoldadas y ahormadas para llevar a cabo la represión. Va a ser muy duro tener que decir esto a los soldados con toga que aceptaron llevar a cabo esta tarea de forjado. Fíjense si forzaron que ni siquiera el Tribunal Supremo se atrevió a firmar ese golpe de estado, esa rebelión que nadie vio, y dejaron la sedición –que tampoco se produjo en puridad si no es como construcción de un relato jurídico– porque algo, claro, tenía que dejar. Si quieren recordamos cómo se atrajo la competencia del Tribunal Supremo o la de la Audiencia Nacional, que se declaró competente para juzgar la rebelión y la sedición en la persona de Trapero –con una decisión de la sección presidida por Espejel– saltándose a la torera que el Pleno de la Sala de lo Penal de esa AN ya había determinado que NO eran competentes ni para la rebelión ni para la sedición. ¡Qué más da! Era justo y necesario para el fin sagrado de la unidad de España. Así todo. Así esa acusación de terrorismo de García Castellón sobre los CDR que una y otra vez le tiraron sus superiores de la Sala y que él volvía a armar. Y es que usar el terrorismo para castigarles –como ya se intentó con Alsatsu o con los titiriteros– suscita un aplauso unánime y ¡ay del que opinara otra cosa!
Evidentemente yo no soy una independentista catalana ni tampoco vasca pero eso no me impide observar con objetividad los acontecimientos y discernir cuando la Razón de Estado está avasallando al Estado de Derecho, cosa que no sucede por primera vez en nuestro país –metan aquí el GAL y otras tropelías en la lucha contra ETA– y que es no solo inaceptable sino poco útil. Al final, la trampa campa. Campó en aquel caso y campa en este. Pretender acabar a garrotazos con las demandas políticas de votantes, aislarlos, estigmatizar a sus representantes, no puede salir bien. Ahí lo tienen, en la composición del Parlamento, en el encaje de bolillos para gobernar y en la imposibilidad del PP de hacerlo al haber roto los puentes. No, no es una anomalía que los representantes de esas sensibilidades tengan voz y voto, lo que la constituye es pretenderlos indignos e ilegítimos.
Así que ahora va a tocar recular para enmendar el entuerto. Yo no necesito explicármelo, porque siempre lo he tenido meridianamente claro, pero a ver cómo se lo explican a todos los que les vendieron el producto. A ver cómo dejan con el culo al aire a todas las togas que pensaron que era su hora de arrastrarse por el polvo del camino. Aplaudo que las cosas se intenten volver a su cauce –y si la amnistía es la forma de hacerlo, pues adelante–, pero hubiera preferido que no llegáramos a este extremo y que se hubiera comprendido que con la Constitución bastaba y que no es posible ahormar el derecho penal para castigar hechos que no encajan en sus tipos. ¡Pero si los catalanes lo que hicieron precisamente fue esquivar los muros del derecho penal! ¡Si lo que pretendían era explorar vías ajenas a él! Si las vías no gustan, se cierran para el futuro. Se legisla y se tipifica. Para el futuro, así es como funciona el derecho penal.
Les dejo recular a gusto, aunque fácil no va a resultar.
