Por qué sí hubo genocidio en Guatemala

El histórico juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez como máximos responsables de masacres atroces fue suspendido, hasta que la Corte de Constitucionalidad dictamine el camino a seguir. Hemos escuchado, por conducto de más de 100 testigos y víctimas, vejaciones que estremecerían al mismo Himmler. Sin embargo, una vez más, a parte de la sociedad guatemalteca, la urbana, letrada e instruida, aquella que escribe en la prensa diaria, estos hechos la dejan indiferente.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define como genocidio “cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Sus debilidades y ambigüedades han sido debatidas en los últimos años. Sin embargo, por sus características internas, el juicio se realiza por las leyes nacionales y el código penal guatemalteco, en el que la definición es: “Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare muerte de miembros de grupo; lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial; desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir su reproducción”. (Código Penal. Artículo 376).

He participado en el juicio aportando pruebas para demostrar por qué sí hubo genocidio en Guatemala. Resulta una evidencia, a la luz de los hechos y por los testimonios escuchados, así como por lo que se deduce de los planes elaborados por el ejército –Plan Victoria 82, Firmeza 83, Plan de operaciones Sofía– y las tesis de ascenso escritas por militares, que hubo planes y campañas destinadas a llevar a cabo un aniquilamiento de la guerrilla y de los grupos étnicos que habitaban esa región, con el objetivo de “quitar el agua al pez”, “quitar el mar humano a la guerrilla” o con la frase “cada mazorca es un guerrillero”.

Estos proyectos fueron diseñados, planificados y concebidos hasta el detalle desde el alto mando con campañas como la que contempla el Plan Sofía, con el fin de exterminar a los guerrilleros y a la población civil que supuestamente era su base de apoyo. En muchos de los informes del ejército se afirma que hay muy poca presencia guerrillera en determinada zona; no obstante, en la región ixil, denominada por los militares “triángulo Ixil”, se decide hacer una “intervención roja”, acabar con la población civil para “quitar el mar humano a la guerrilla”, “las hojas y raíces al árbol”.

La estigmatización de los grupos étnicos como subversivos y comunistas, que convierte a los indígenas en una “amenaza pública”, es una de las razones principales por las cuales se llevó a cabo la aniquilación de un grupo étnico como tal. La construcción histórica del prejuicio contra el indio, primero como haragán, maleante, ladrón; después, en el siglo XIX, como raza inferior, degenerada e irredimible. Cuando estalla el conflicto armado se añaden los tópicos de comunista, subversivo y guerrillero. Es cuando “todos los indios” se conviertan en “amenaza pública”.

La ideología racista es uno de los instrumentos para que actos y prácticas de violencia racista se conviertan en genocidio, porque para implementarlo es imprescindible justificarlo y considerar a “ese otro” como genéticamente inferior, un lastre o un obstáculo para el desarrollo.

En Guatemala, el racismo es el mecanismo simbólico y justificativo que hace posible que los aparatos ideológicos y represivos del Estado decidan exterminar a unos ciudadanos frente a otros en función de un discurso biológico-racial. El discurso racista justifica sus prácticas y lleva a la eliminación de un grupo étnico al considerarlo inferior, enemigo interno, “prescindible” o no normalizable.

El genocidio va dirigido a un grupo étnico, racial o religioso. Durante el conflicto armado se cometieron actos de genocidio contra los ixil, achi, chuj, q’anjobal y k’iché. El proceso de aniquilamiento fue de una violencia letal y continuada, con coordinación y planificación desde el alto mando, cuyo objetivo fue la destrucción total o parcial de un grupo étnico en un área geográfica aislada y cercana adonde estaba la guerrilla, pero que no era zona de combates, la población no era combatiente y estaba desarmada.

Es evidente cómo operó el racismo en Guatemala, además de que las condiciones propuestas como presunciones de intencionalidad permiten declarar este juicio por el genocidio contra la población ixil y por crimen de lesa humanidad. Sólo si hacemos justicia podremos cerrar las heridas de una guerra atroz y sin cuartel contra la población desarmada y contra un grupo étnico, y ayudar a que la población sane sus mentes y sus corazones y pueda mirar el futuro con esperanza.

Marta Elena Casaús Arzú es socióloga y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Presentó el peritaje sobre racismo y genocidio durante el juicio contra los militares Rodríguez Sánchez y Ríos Montt.