Las izquierdas políticas ante ‘el mito’ de la excepcionalidad cubana

El triunfo de la Revolución cubana el 1º de enero de 1959 por las fuerzas insurreccionales contra la dictadura de Fulgencio Batista marcó un parteaguas en el siglo XX latinoamericano, al tiempo que desató una marcada influencia entre las izquierdas a nivel mundial.

El proceso de cambio inspirado en los valores del nacionalismo progresista, prometió impulsar serias transformaciones en el orden interno para afrontar el estancamiento económico y la crisis estructural que significaba la condición de territorio semicolonial-dependiente hacia los Estados Unidos.

Entre los cambios impulsados como parte del programa del Movimiento 26 de Julio (M-26-7), —grupo que sostuvo la hegemonía de la lucha revolucionaria—, se hallaba la ley de reforma agraria con el objetivo de combatir el latifundio, en aras de lograr una distribución más justa de la tierra entre el campesinado agrícola.

En igual sentido se encontraban las nacionalizaciones de empresas extranjeras, como parte de una política amparada en el discurso reactivo ante la hostilidad del imperialismo estadounidense; mientras el liderazgo cubano prometía el otorgamiento de mejores condiciones laborales para los obreros, en consonancia con los planes de industrialización del país.

Otras medidas de marcado carácter popular tenían la intención de dignificar a los sectores desposeídos por el modelo de capitalismo republicano y subdesarrollado entre 1902-1958, como fue la implementación de una ley de reforma urbana que convirtió en propietarios de su vivienda a un número significativo de habitantes, quienes pagaban altas rentas de alquiler en los recintos donde desarrollaban su vida cotidiana.

La agresiva política de los Estados Unidos contra el naciente proceso de liberación nacional, así como la ayuda solidaria geo-estratégica ofrecida por la URSS en igual período, motivaron la declaración del carácter socialista de la revolución.

La fecha para tal anuncio ocurrió el 16 de abril de 1961 en La Habana, acometida por el entonces primer ministro Fidel Castro Ruz, en cuya decisión influyeron los fundamentos asumidos e incorporados por la máxima dirigencia nacional, provenientes del ala socialista y otros miembros de militancia comunista, bajo los presupuestos teóricos del marxismo-leninismo de origen soviético.

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El proceso de cambio influyó en las luchas revolucionarias de varios países en la región, llevadas a cabo por movimientos políticos que bajo similares banderas ideológicas se disponían a combatir los modelos de capitalismo oligárquico y subdesarrollados existentes en América Latina.

La hegemonía en el hemisferio occidental por los Estados Unidos en medio del escenario de «Guerra Fría» (1945-1991) se dispuso a no ceder ante las influencias anti-sistémicas de la Revolución cubana. Con el apoyo logístico de la Unión Soviética, la Isla no solo pudo enfrentar los embates de agresiones militares y económicas; sino además, basada en los preceptos de la teoría revolucionaria mundial, fomentó levantamientos armados en la región contra los modelos democráticos de carácter liberal-burgués, basados en el esquema extractivo de intercambio desigual en sus relaciones de comercio exterior.

Si bien Cuba en algunos casos no dispuso de asesoría teórica, militar o política, sirvió de inspiración a movimientos sociales, estudiantiles y revolucionarios cuyo radio de influencia se extendió hasta los propios Estados Unidos. Tal fue el caso de la agrupación The Black Panthers (1966-1982) de ideología comunista y panafricana, cuya composición asimiló los valores del marxismo-leninismo; en tanto simpatizaba con las ideas políticas del Che Guevara, cuya iconografía simbólica acompañó gran parte de la gestualidad pública del movimiento e influyó en otros como fue el caso de la denominada revolución cultural de 1968.

El apoyo cubano a grupos de combatientes se extendió a militantes de Bolivia, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Nicaragua, entre otros. La estrategia consistente en la adopción del método de guerrillas como forma de lucha anti-capitalista se inspiraba en la experiencia de la Revolución cubana, aunque las condiciones sociales en dichos países no se encontraban plenamente maduras para el cambio sistémico al que anhelaba el movimiento comunista que potenció tales métodos.

El costo de ese aprendizaje bajo la consigna guevariana de «crear dos, tres, muchos Vietnam», devino en miles de muertes de guerrilleros, soldados e internacionalistas, que consagraron sus vidas a una estrategia inorgánica, mal armada y con serios problemas de financiamiento, que puso al descubierto no sola la imposibilidad del triunfo por esta vía; sino que además, mostró las prácticas de guerra y persecución más crueles de la principal potencia en el hemisferio, a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Por otra parte, la actuación militar cubana en África tuvo un papel relevante en las luchas anti-coloniales en apoyo a las fuerzas del Movimiento por la Liberación de Angola (MPLA) entre 1975-1991, cuya intervención a solicitud del gobierno de Agostinho Neto fue vital para la derrota del régimen de apartheid en Sudáfrica. La presencia técnica caribeña se extendió también a otros países del área como Namibia, Congo y Etiopía, lo cual constituyó un referente de inspiración en las luchas emancipatorias para otros territorios del continente.

Sin embargo, los gobiernos poscoloniales instaurados en el poder, se encontraban alejados de toda prédica socialista o vestigio de democracia popular; lo cual generó formas de neo-explotación laboral y colonialismo interno, así como la reproducción en el tiempo de las relaciones comerciales de dependencia y subdesarrollo económico, basadas en el esquema desigual impuesto por el orden capitalista globalizado.

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La caída de los regímenes del denominado «campo socialista» europeo y la URSS (1989-1991) deparó no solo enormes dificultades económicas y geo-políticas para la mayor de las Antillas, sino que además significó un duro golpe para las fuerzas de izquierda en la arena internacional.

El proyecto social cubano sobrevivió a los embates de la crisis económica más profunda de su historia (1990-1994), sumado al recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales que conforman el bloqueo/embargo de los Estados Unidos. El ascenso de las corrientes neoliberales, junto a las tesis apologéticas que señalaban un supuesto «fin de la historia», contribuyó al ascenso de un mundo unipolar sustentado en el fortalecimiento de las potencias occidentales.

En ese contexto, las fuerzas de izquierda en América Latina optaron por un reagrupamiento hacia la primera década del siglo XXI, luego de las graves consecuencias sociales que el neoliberalismo ocasionó en las clases populares del continente.

Ante ello, con el nuevo milenio y durante más de una década, en países de América Latina ascendieron gobernantes progresistas en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Chile, entre otros, que contemplaron el rediseño de políticas sociales como parte de una agenda posneoliberal. Estas medidas estuvieron acompañadas de serias transformaciones en el proceso de redistribución de las riquezas, la renovación del pacto social y la legislación interna, enfocada fundamentalmente en el aumento del bienestar para/hacia las grandes mayorías.

El soporte de dicho enfoque consistió en la movilización ciudadana, la retórica populista laclausiana y un esquema de nacionalizaciones para fortalecer el gasto social público, al tiempo que permitiera la implementación de inversiones estratégicas y una mayor distribución hacia sectores excluidos por el orden del capital.

De igual forma, el discurso revolucionario anticapitalista clásico, fue sustituido en gran medida por una narrativa proclive a la defensa de los derechos humanos, civiles y económicos como sustento de garantía efectiva de la democracia representativa; al tiempo que se desarrollaron intentos infructuosos de acometer un proceso de integración regional sólido.

Si bien a nivel pragmático tales líderes se distanciaron en el arena política del camino llevado a cabo por la dirigencia histórica de la Revolución cubana, predominaron muestras públicas de afecto hacia dicha composición; al tiempo que persistió un posicionamiento acrítico sobre la ausencia de derechos en materia de sindicalismo, alternancia, carencia de garantías a la libre manifestación y expresión; sin obviar las privaciones democráticas para opositores y/o disidentes políticos, incluidos aquellos grupos o asociaciones de izquierdas, aunque reivindiquen discursos feministas, antirracistas, ecologistas u otros.

El ‘mito’ de la excepcionalidad cubana se utiliza como recurso para justificar las prácticas autoritarias del régimen caribeño ante la permanente hostilidad de Washington. En esa automática ecuación se piensan análisis conservadores de expertos en politología contemporánea, favorables a la militancia de izquierda ortodoxa/autoritaria. Todo ello sin analizar las complejas variables que definen la realidad del colapso en materia económica, así como el permanente escenario autocrático y policial-represivo que silencia el ejercicio del pensamiento crítico dentro de la Isla.

Durante el segundo ciclo progresista del siglo XXI en América Latina devino el proceso de autocratización en Venezuela y Nicaragua encabezados por los mandatarios Nicolás Maduro y Daniel Ortega respectivamente, que contaron con el notorio apoyo diplomático de Cuba en materia de política exterior.

En cambio, otros líderes progresistas como los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Gabriel Boric de Chile y en menor medida Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de México -a pesar de las marcadas diferencias que distancian a sus respectivas administraciones-, se apartaron de esa deriva insostenible y se pronunciaron en condena a las violaciones de los derechos humanos en los países de grave incidencia en la región, como fueron los casos enunciados, aún alzadas las banderas de la izquierda ideológica.

Estos actores del nuevo progresismo latinoamericano, comprometidos con el Estado de derecho, la estabilidad sociopolítica, los valores republicanos y el bienestar como garantía de paz, contribuyen con sus matices y diferencias, al ofrecimiento de una alternativa apartada del mito de infalibilidad entre las corrientes de izquierda que abogan por la justicia social.

De igual modo, asumen la democracia como sendero de participación popular, cual necesaria vía de emancipación y construcción colectiva basada en el consenso, el respeto a las libertades civiles y la integridad humana. Esas debieran ser algunas de las premisas fundamentales a rescatar dentro de la tradición republicana democrática y poscapitalista revolucionaria, como parte de las vanguardias de izquierdas, consagradas de forma permanente, a la eterna conquista de la libertad.