Anna Maria Merlo
23/07/2022
Es una "vergüenza", un "resultado escandaloso", pero "la lucha continúa". Organizaciones ecologistas, de izquierda y verdes han criticado duramente el resultado de la votación del miércoles en el Parlamento Europeo, que rechazó, por 328 votos a favor, 278 en contra y 33 abstenciones, la "objeción" -que equivalía a un veto- contra la inclusión del gas y la energía nuclear en la Taxonomía de las Energías Renovables, al menos como transición, que se había planteado a la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el 14 de junio.
Al fracasar el veto, se aprobó el texto de la Comisión presentado en enero, que considera "sostenibles" ciertas inversiones para la producción de energía en centrales nucleares neutras en emisiones de CO2 construidas hasta 2030 (y que adoptan un protocolo de mayor seguridad a partir de 2025 y planes de almacenamiento de residuos a partir de 2050). También se aceptan las centrales de gas, siempre que utilicen la última tecnología y permitan el cierre de las centrales de carbón, aún más contaminantes.
Sin embargo, la historia no termina ahí: Austria y Luxemburgo tienen la intención de acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, un proceso judicial al que se sumarán varias oposiciones. El Consejo Europeo deberá aprobar la línea de la Comisión, pero hay oposición de ocho países (aunque no es suficiente para una mayoría cualificada que bloquee la decisión).
La Comisión aseguró el miércoles que "sigue decidida a utilizar todos los instrumentos disponibles para alejar a la UE de las fuentes de energía intensivas en carbono". En estas horas, la atención de la Comisión y los Estados miembros se centra en la amenaza rusa de cerrar el grifo del gas, y las preocupaciones ecológicas pasan a un segundo plano.
A mediados de julio, Moscú anunció "reparaciones" en el gasoducto Nord Stream 1, lo que para Alemania significa un bloqueo de gas que se espera que dure dos semanas, pero que podría prolongarse indefinidamente, como "arma" de Putin.
La presidenta Ursula von der Leyen recordó el miércoles que hay que prepararse para "más recortes" de Rusia. La UE ha lanzado seis paquetes de sanciones; a mediados de agosto entra en vigor el embargo sobre el carbón ruso, y el del petróleo a finales de año. Sobre el gas, la UE aún no ha decidido nada, pero está sufriendo el chantaje de Moscú.
Greenpeace recordó el miércoles que incluir el gas en la taxonomía significa hacer un regalo a Putin: son al menos 4.000 millones de euros al año para que Moscú financie la guerra en Ucrania, 32.000 millones hasta 2030. El fortalecimiento del dólar frente al euro y el aumento de los precios de la energía también contribuyen a llenar las arcas rusas.
Según el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el francés Pascal Canfin (Renew), los "temores" de los ecologistas sobre la taxonomía "no están justificados": "El gas y la energía nuclear no se sitúan al mismo nivel que las renovables" y se definen "condiciones precisas" para su utilización.
Pero para los Verdes, la taxonomía es el resultado de un "pacto fáustico" entre Francia y Alemania: esta última, antinuclear, ha cambiado el apoyo de París al gas por el apoyo a la energía nuclear francesa (y de Europa del Este). "Al mantener el gas y la energía nuclear como sostenibles en la taxonomía", dice el Grupo S&D, los conservadores han traicionado vergonzosamente las ambiciones climáticas de la UE.
Los socialistas esperan que las finanzas mundiales den la espalda a los combustibles fósiles. Greta Thunberg también intervino en la votación, citando sólo el caso del gas, que "retrasa la transición verdaderamente duradera y refuerza la dependencia de los hidrocarburos rusos".
A nivel de la UE, está sobre la mesa todo un "paquete climático", un Green Deal presentado hace un año por la Comisión, que va desde el Sistema Europeo de Comercio (ETS) hasta un impuesto sobre el carbono en las fronteras exteriores de la UE para evitar la "importación" de CO2 y la deslocalización oportunista, pasando por la prohibición de los coches de gasolina en 2035. Existe un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Fit for 55, es decir, reducir el 55% para 2030, con neutralidad de carbono en 2050), pero cuanto más nos acercamos a la traducción del objetivo en la práctica, más fuerte surgen los grupos de presión.
En Francia, la Primera Ministra Elisabeth Borne, en su discurso ante el Parlamento sobre política general, anunció la nacionalización de EDF, el histórico operador energético (donde el Estado ya controla el 83,8 por ciento del capital): la empresa está en apuros por el aumento de los costes de la energía nuclear, con cerca de la mitad de sus reactores parados por mantenimiento.