La situación de la clase trabajadora en Venezuela (2013-2024)

1. La clase trabajadora en el periodo 2013- 2018: Deterioro de la calidad de vida y agudización de la crisis nacional inter burguesa

Para comprender la situación de la clase trabajadora [1] -como lo hemos señalado en otros artículos- consideramos importante analizar el gobierno de Maduro -y el madurismo- en tres momentos, que son complementarios y de conjunto dan cuenta de una continuidad estratégica, con énfasis en cada uno de ellos. El primero (2013-2018), en el cual Maduro se concentró en consolidar el proyecto de una nueva burguesía y someter a las representaciones políticas de la vieja burguesía. En el segundo (2018-2024), en el cual el madurismo asumió un papel bonapartista, al intentar: a) convertirse en el centro de la resolución de la crisis de acumulación burguesa en Venezuela (1983-2024), b) mediante un acuerdo inter burgués, c) que pasaba por la aplicación de un paquete anti obrero, d) iniciativas que facilitaban la reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos, especialmente volviendo a ser un surtidor estable de petróleo, como ocurrió a partir de la guerra de Ucrania. En el tercero (2024-   ), que se inaugura después de las elecciones presidenciales del 28J-2024, en cual radicaliza el autoritarismo para mostrar control y capacidad de conducción para una salida a la larga crisis venezolana, aún a costa de la opacidad y pérdida de legitimidad derivada de la situación electoral.

Maduro asume el poder como una sucesión del liderazgo de Chávez, en medio de una situación extremadamente compleja. Para cumplir las tareas de la nueva etapa Maduro debe separarse del proyecto originario Bolivariano (el chavismo) y construir su propia lógica (el madurismo). Esta diferenciación comenzó a expresarse desde el propio discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional, cuando tomó posesión por primera vez de su cargo como presidente de la República. Maduro asumió el cargo en un contexto de exigencias y contradicciones que tenían como lugar de enunciación las disputas por el poder, con eventos como estos:

. Sin la presencia de Chávez, quien había fungido como administrador de las contradicciones generadas por el parto de un nuevo sector de ricos, la nueva burguesía surgida entre 2002-2013, ahora le demandaba a Maduro asumir el control de la situación política. Este cambio implicaba, un giro de 180 grados respecto al programa policlasista que había desarrollado Chávez –dos proyectos paralelos en marcha: creación de nueva burguesía e impulso de formas de poder popular- porque muchas de las políticas públicas de fomento al poder popular chocaban con las pretensiones de acumulación de la nueva burguesía (apropiación de las tierras confiscadas y otorgadas a campesino, reactivación capitalista de las empresas cedidas al control obrero, porcentaje de presupuesto público asignado a programas sociales, mayor control de la renta pública) para consolidarse como nueva clase dominante. Maduro, sucesor forzoso de un liderazgo muy fuerte como el de Chávez, no contaba con la fuerza de personalidad, relaciones y equilibrios para oponerse a estas presiones de la nueva burguesía y, quizá tampoco lo deseaba por sus propios vínculos con ella;

*Esto implicaba concentrar y unificar la representación política de la nueva burguesía, pues en la segunda línea -detrás de Chávez- habían surgido varios liderazgos capaces de disputar la hegemonía del control político a Maduro. En ese sentido, las pretensiones de la nueva burguesía servían de oportunidad para consolidar el débil liderazgo inicial de Maduro. En correspondencia, había que ir disminuyendo el poder real de las otras fracciones políticas al interior del PSUV y el gobierno, y ese reordenamiento  implicaba alejar -y de ser necesario perseguir- a antiguos compañeros de filas partidarias y funciones de Estado, tanto aquellos que consideraban que había que seguir manteniendo el programa policlasista del chavismo, como quienes estaban abiertamente por convertirse en la representación de la nueva burguesía y, por lo tanto se oponían a Maduro intentando fragilizar su poder, para propiciar un relevo de este campo en 2018. El Chavismo servía para las masas, pero en las relaciones de poder era necesario constituir -como ocurrió- el madurismo como expresión de hecho de un nuevo liderazgo apuntalado por la nueva burguesía;

*La situación era compleja porque había que aislar y segregar a los liderazgos, altos y medios, en el partido y el gobierno, que pretendían asumir el liderazgo de la continuidad de las iniciativas de socialismo del siglo XXI, anunciadas por Chávez desde diciembre 2004 y enero de 2005. El socialismo del siglo XXI seguía siendo útil para mantener cohesionada la base social, mientras las nuevas ideas de fomento a los emprendedores y la iniciativa comercial se abrían paso y construían nueva hegemonía discursiva, pero resultaban peligrosas para los intereses estratégicos de la nueva fracción burguesa. Además, en medio de la disputa internacional, mientras se recuperaba la relación con los Estados Unidos, el discurso socialista -vaciado de práctica- permitía mantener alianzas internacionales y apoyos de la izquierda campista;

*Surge una complicación, la relativa autonomía de las direcciones políticas de los partidos aliados que conformaban el Gran Polo Patriótico (GPP), quienes podían no compartir el nuevo programa político impulsado por la nueva burguesía. Había que diseñar una estrategia para controlar eventuales disidencias. Los globos de ensayo hechos, con la judicialización de Bandera Roja (BR) ubicado junto a la oposición de derechas y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) que era parte del GPP, terminaron siendo la ruta para disminuir el efecto de estas rupturas y disidencias.  Al final, todos los partidos de izquierda del GPP fueron intervenidos, judicializados y sus militantes despojados de sus representaciones jurídicamente reconocidas;

*Al ser imposible borrar de un plumazo los avances de las formas de poder popular, democracia participativa y protagónica, contraloría social y radicalidad generada por la cultura constituyente, había que irla coaptando e instrumentalizando los órganos de poder popular aún más de lo que había ocurrido entre 2003-2013. La estrategia asumida fue la de convertirlos en gestores de proyectos de inversión comunitaria, suprimiendo sus iniciativas de control político y democrático territorial. Si bien aún quedan iniciativas de poder popular que de manera local resisten a esta lógica, poco a poco se ha ido imponiendo la instrumentalización de su trabajo;

*Como añadido a la complejidad de la situación, los precios del petróleo comenzaban a caer, rondando prácticamente los costos de producción y exportación lo cual obligaba al quiebre brusco de una parte del modelo de acumulación burguesa y de redistribución social de la renta heredado del periodo chavista;

*Los Estados Unidos y las poderosas naciones europeas valoraban la situación de coyuntura como de extrema debilidad en el liderazgo de Maduro y comenzaban a arreciar las políticas injerencistas;

*La vieja burguesía y sus representaciones de derecha política, veían a Maduro como una figura con pies de barro, a quién se le podía desplazar del poder, por lo cual iniciaron procesos de desestabilización e insurreccionales que se concretaron entre 2014-2017;

*El escaso margen de la victoria electoral de Maduro le permitía a la derecha política diseñar una estrategia para las elecciones parlamentarias de 2015. De hecho, luego lograrían ganar la mayoría de esta instancia, pero lejos de propiciar un acuerdo inter burgués se concentraron en intentar desplazar del poder al madurismo y aplastar a la nueva burguesía. El madursimo respondió con la conformación de un parlamento paralelo, con el formato de “constituyente” que logró disminuir el impacto real del control del parlamento por parte de la oposición;

*Al asumir el poder Maduro, el progresismo internacional comenzaba a mostrar signos de agotamiento, necesidades de renovación política y de liderazgos y la situación de profundización autoritaria en Nicaragua complica las alianzas construidas.  En los años siguientes se darían movilizaciones y desplazamientos del poder del progresismo en Brasil y Bolivia y en acelerado deterioro del apoyo popular en otros lugares. La imposibilidad del progresismo de ir más allá de un programa burgués con agenda social y de asumir una ruta anticapitalista terminaban desgastando su imagen y erosionando su base social;

*Todo esto ocurría mientras se empezaba a evidenciar un crecimiento de la ultra derecha y el neo fascismo en el mundo, que generaba una nueva polarización entre conservadores y progresistas, algo que le favorecía a Maduro para poner en marcha una reorientación estratégica del proyecto bolivariano hacia un nuevo centro político más próximo al neoliberalismo, pero que encajara en la lucha contra el fascismo.   

A diferencia del Chavismo que era la extensión social del liderazgo e ideas de Chávez que se apoya en la alianza partido Estado-militares, el Madurismo se va constituyendo en un liderazgo colectivo cívico-militar-policial que tiene la pretensión de ser hegemónico y duradero, que se erige como representación política de la nueva burguesía y tiene la pretensión de ser en un primer momento (2013-2018) quien aplaste a la vieja burguesía y sus representaciones y, en un segundo momento (2018-2024, el árbitro que unifique a los dos sectores burgueses en disputa mediante políticas bonapartistas sui generis. 

La derecha política -y buena parte de la izquierda también- ha subestimado a Maduro y al Madurismo. Si bien Maduro no es un hombre culto, es un maestro del pragmatismo y conoce las posibilidades del poder económico para hacer sucumbir diferencias y construir alianzas, conoce sus limitaciones y trabaja el liderazgo compartido que se unifica por intereses. Esta subestimación de los adversarios respecto a Maduro y el Madurismo ha jugado a su favor, porque le ha permitido ir consolidando, en cada batalla, su poder a la par que debilita a sus opositores. Esta situación le fue especialmente efectiva entre 2013-2024, cuando logra reducir y controlar políticamente a las derechas -e intervenir a los partidos de izquierdas- así como aplastar policial-militarmente en las calles los intentos insurreccionales de la derecha. Sin embargo, Maduro cada vez va incurriendo más en el error de subestimar el hartazgo de la población ante el deterioro de su situación material de vida, lo que lo llevó a no valorar en su justa dimensión, las posibilidades de crecimiento exponencial de un liderazgo que venía de múltiples derrotas en el campo de la derecha: María Corina Machado (MCM) y, posteriormente su cabeza de fórmula, Edmundo González Urrutia.

Una parte importante de la intelectualidad -de todos los signos ideológicos- que debería iluminar las posibilidades de construcción de alternativas populares al Madurismo, sucumbe a las pasiones derivadas de la imposibilidad de construir un diálogo plural con el poder desde las claves del intelecto. Esta situación termina contribuyendo al éxito de la persistente y constante línea de acción del pragmatismo madurista. Incluso, partiendo del desprecio al performance deslucido del gobernante, una parte importante de esta intelectualidad es incapaz de reconocer el carácter de clase -burguesa- que encarna el madurismo. 

Esto tiene un correlato en una parte importante de la intelectualidad internacional que analiza la situación de Venezuela, a quienes les cuesta entender las relaciones de opresión que se construyen desde la nueva burguesía hacia los trabajadores, más allá de errores o acciones impuestas por las circunstancias. De hecho, para la burguesía como clase social en Venezuela, el tema de las relaciones obrero-patronales es sustantivo (especialmente los mecanismos para el derecho a huelga por parte de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales, los procesos de aumento de salario y su relación con la inflación y el poder adquisitivo).  Esta preocupación de la burguesía -vieja o cuarto republicana y nueva o quinto republicana- se expresa en varios indicadores resultantes de sus propuestas y políticas públicas:

a-comportamiento del salario mínimo a través del tiempo,

b-inflación por periodos históricos,

c-salarización o bonificación de los sueldos por su incidencia en conquistas laborales como los aguinaldos -o meses adicionales-, bono vacacional y prestaciones sociales, entre otros,

d-la legislación que norma derechos sustantivos vinculados a la libertad sindical y el ejercicio del derecho a huelga, e) la forma como se expresa la “administración” del Estado de estos derechos. Además, esto debe ser complementado con la comprensión de los mecanismos históricos y de coyuntura de asalto a la renta por parte de la burguesía y sus expresiones en las condiciones materiales de vida y el ejercicio de las libertades democráticas para la clase trabajadora. Estas claves son ignoradas por esta intelectualidad internacional, que no logra entender el giro que comienza a operar el Madurismo dentro del proyecto bolivariano, como continuidad cada vez más tenue con el Chavismo y ruptura de clase burguesa, pero que le dota de identidad propia. Quizá ello tiene que ver con los problemas para identificar los inicios del periodo de crisis que vive Venezuela y sus causas estructurales.

La crisis de acumulación capitalista y del modelo político de representación, que eclosiona en 1983 -y de la cual no hemos salido aún-, en el marco del desembarco de la globalización neoliberal, la internacionalización de capitales y la financiarización de la economía mundial, intenta ser resuelta con varios proyectos políticos.

El primero, el continuismo de las representaciones socialdemócrata y democratacristiano (1983-1992). El segundo (1993-1998), con la disolución del pacto de Punto Fijo y el surgimiento de una nueva alianza generada por el desprendimiento del líder histórico de la democracia cristiana (Rafael Caldera) con sectores de la izquierda -parlamentaria y más allá- que incluía ahora al Partido Comunista de Venezuela (PCV) -excluido del Pacto de Punto Fijo- en un intento de policlasismo detrás de un programa neoliberal que se conoció como la agenda Venezuela.

El tercero, el frente obrerista, que se movía de la izquierda al centro político, liderado por la Causa R y Andrés Velásquez (1988-1994). Por último, el cuarto, que es el Chavismo, como proyecto policlasista, cívico-militar (que incluía al PCV que había roto tempranamente con el gobierno de Caldera), el cual defendía una tercera vía de capitalismo humano para el cuál era necesario borrar a la burguesía clásica y construir una nueva burguesía nacionalista.  Una parte importante de la izquierda que acompañó a Chávez lo hizo -o justifico su apoyo- con la premisa de que la crisis de ataque a la vieja burguesía podía generar una situación revolucionaria que abriera paso al socialismo, razón por la cual entra en emoción desenfrenada con los anuncios del socialismo de siglo XXI, perdiendo en muchos casos su capacidad de análisis estructural sobre el rumbo que tomaba el proceso bolivariano.

La izquierda internacional, amante incestuosa de la geopolítica como discurso de poder, entró en éxtasis ante la convocatoria chavista al socialismo del siglo XXI, situación emocional de la cual no termina de salir. El socialismo del siglo XXI no solo no rompió con el proyecto policlasista, sino que profundizó sus dos líneas constitutivas: impulso de formas de poder popular y de democracia directa en el movimiento popular, mientras se auspiciaba y apoyaba la creación de una nueva burguesía afín al proyecto político Bolivariano.

El surgimiento del Madurismo como expresión política, significó desde sus orígenes una situación de precarización sostenida de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora y de deterioro de las libertades políticas concretas, algunas de cuyas causas estructurales fueron heredadas por Maduro (crisis iniciada en 1983, errores del Chavismo) y otras son de cosecha propia.  Veamos 

1.1.  2013: La victoria cerrada de Maduro y la apertura de las cajas de votos

Las elecciones de 2013, en las cuales Maduro resultó ganador por un estrecho margen (menos del 2%) generó dudas en la oposición, quienes solicitaron auditoría del 100% de las cajas de votación y no del 54% como se hacía con las auditorías normales. Esto a pesar de la expedita publicación por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los datos de votación desagregados por mesa, centra de votación, municipio, ciudad y estado, como se acostumbra en Venezuela.

La exigencia de la oposición fue tomada en cuenta y el CNE decidió abrir y contar el 100% de los votos a pesar que se contaba con las actas de escrutinio por mesa y de totalización nacional. Para ello, el CNE convocó a 100 técnicos del organismo y, 100 técnicos más designados de manera autónoma por los partidos políticos, quiénes durante 30 días, a razón de 400 cajas por día, escrutaron todos los votos. El resultado final fue la aceptación por parte de todas las partes del triunfo de Nicolás Maduro, aunque siempre quedaban algunos radicales que lo cuestionaban.

Mientras eso ocurría, el sector de la oposición liderado por María Corina Machado objetaba los resultados electorales y ello generó un incidente violento en la Asamblea Nacional, en el cual la dirigente opositora resultó lesionada. La aceptación o no de los resultados electorales dividió a la oposición, entre quienes consideraban que había que derrotar electoralmente al madurismo y, quienes comenzaban a optar por una vía insurreccional (directa desde Venezuela o apoyada por una invasión extranjera), que para triunfar demandaba de sanciones económicas extranjeras.

Al final, el bloque opositor quedo fracturado entre estas dos opciones, hasta que en febrero de 2023, María Corina Machado, quien había acompañado una parte importante de las tentativas insurreccionales y había pedido sanciones económicas contra Venezuela, la activación del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y la intervención militar norteamericana contra Venezuela, anunciara que participaría en las primarias de la oposición y como candidata presidencial en las elecciones de 2024. No lo pudo lograr porque fue posteriormente inhabilitada y terminó apoyando de manera contundente a Edmundo González Urrutia.

La situación que se genera a partir de la llegada del poder de Maduro, con el proceso electoral que lo convirtió en presidente electo, inicia un ciclo de inestabilidad política, económica, social, cultural y de todo orden en Venezuela, porque forma parte del periodo de agudización de las contradicciones inter burguesas (representaciones políticas de la vieja burguesía versus partido-Estado de la nueva burguesía). Maduro necesita consolidar su liderazgo, cohesionado alrededor de la nueva burguesía, para lo cual requiere aplastar a la oposición que representa políticamente a la vieja burguesía. En buena medida lo logra entre 2013-2017, especialmente con la aplastante derrota político-militar a la insurrección urbana de 2017 y la ineficacia política del triunfo opositor en la Asamblea Nacional. Desde ese momento (2017) y hasta las elecciones de 2024 la oposición perdió su capacidad de movilización de calle. El dato novedoso es que en la revuelta de 2017 participan sectores populares en favor de la oposición, rompiéndose la característica de acciones opositoras con base social fundamentalmente de clase media y los del gobierno con apoyo popular. Si bien el gobierno de Maduro actúa con fuerza contra las representaciones políticas de la vieja burguesía, comienza a mostrar “guante de seda” con la vieja burguesía, manteniéndole – e incluso en algunos casos incrementando- muchos de sus privilegios arancelarios, crediticios, impositivos, de registro y funcionamiento, para ir creando condiciones de posibilidad para avanzar en acuerdos; es un periodo de tensiones, disputas y cada vez menos de guerras de liquidación entre fracciones burguesas, en el cual se construyen puentes de comunicación entre estas para los futuros acuerdos.

A pesar que el voto popular y de la clase trabajadora fue el sustento del triunfo electoral de Maduro en 2013, eso no lo limitó para el inicio de políticas cada vez más contrarias a los intereses de quienes viven del trabajo. Más adelante analizaremos la evolución del salario, inflación y poder adquisitivo, como evidencia de ello.

1.2. Pago de la deuda externa en medio de la terrible situación material de vida de la clase trabajadora

La deuda externa venezolana (pública y privada) siempre ha sido un problema que evidencia la voracidad de la burguesía para acceder a recursos, más allá de los que ingresan por concepto del petróleo y otras fuentes. Al final, los dólares prestados al país, terminan siendo parte de un esquema rentista de acumulación burguesa de carácter multi factorial. En contraste, el pago de la deuda externa termina siendo una política que merma los recursos que pueden estar orientados a los programas sociales, ajustes salariales y medidas de carácter popular, mientras su uso ha enriquecido mucha más a la burguesía.

 En tiempos recientes, el crecimiento de la deuda externa es un proceso que se dispara a partir de la Reforma Parcial de la Ley N° 6233 de administración financiera del sector público, que posibilita los grandes préstamos de 2007 y una carrera de endeudamiento inusitada. Este crecimiento forma parte del fortalecimiento de áreas de inversión que servían para el proceso de acumulación burguesa, especialmente de la nueva burguesía. La explosión de las contradicciones al interior del proyecto policlasista bolivariano (poder popular emergente versus nueva burguesía en proceso de consolidación) en ese periodo (2008-2012), tienen que ver con la disputa por la orientación del endeudamiento y del presupuesto público general del Estado.

A la nueva burguesía -al igual que a la vieja burguesía, en eso coinciden- le parece un desperdicio la inversión social, especialmente la orientada a la producción del campo que quiebra cadenas de importación, los programas sociales otorgados en dinero que le obligan a disputarse su captación en la “competitividad” del mercado y, el sostenimiento de salud, educación e infraestructura pública. La percepción que tenemos es que en esa disputa terminó imponiéndose la lógica de la nueva burguesía, facilitando las operaciones de giro en las políticas públicas que se impondrían posteriormente en los gobiernos de Maduro. Por ello, la cuestión de la deuda externa no es un elemento ajeno a la lucha de clases.  

La caída de los precios del petróleo fue un factor que potenció la crisis. No obstante es necesario recordar que en 1999 cuando asume el gobierno Chávez, el precio medio anual del petróleo crudo fijado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estaba estimado en 17,44 por barril. Veamos la evolución del precio del petróleo en el marco de la crisis de acumulación capitalista en Venezuela (1983-2024).

Es decir, en el periodo 1999-2024 los precios del petróleo estuvieron, en promedio, muy por encima de la media en el periodo 1983-1998, incluso en muchos casos triplicando el monto. Este crecimiento no tuvo un correlato directo en los salarios y sueldos de la clase trabajadora venezolana. Esto ocurrió, por el proceso de acumulación de la nueva burguesía que demandó en un lapso más breve un proceso de apropiación mayor de la renta al que venía haciéndolo la vieja burguesía.

Pero incluso en el marco temporal de estudio 2013-2024 los precios del petróleo no se reflejaron en salarios, incluso antes de que se aplicaran las sanciones norteamericanas o Medidas Coercitivas Unilaterales.

Las pugnas al interior del propio madurismo, en su fase inicial, aceleraron la caída de la producción venezolana, que estaba amenazada por problemas serios de mantenimiento e innovación de parque tecnológico. Cuando asume Maduro el gobierno (2013) la producción petrolera estaba en 2,3 millones de barriles diarios y  en marzo de 2018, justo antes de comenzar a surtir efecto las sanciones comerciales sobre el petróleo venezolano,  la producción estaba en 1,1 millones de barriles diarios. Es decir, la caída de ingresos petroleros en ese periodo 2013-2017 tuvo componentes diversos, desde las pugnas internas del madurismo, como la concentración de la acción estatal en el sometimiento de la vieja burguesía y sus representaciones políticas. Por supuesto que las dificultades internacionales comenzaban a afectar, pero lo determinante en esta etapa pareciera ser lo interno.

Una vez que entran en efecto las MCU la producción petrolera cae de 1,1 millones de barriles diarios a 740.000 barriles diarios, casi el 33% menos de la producción antes de la entrada de vigencia de las sanciones sobre el petróleo.   

La caída de la producción petrolera no impidió el pago de Venezuela en materia de deuda externa, privilegiando los compromisos con la banca internacional, antes que la situación salarial y de condiciones de vida de la clase trabajadora. El informe del Sistema de Información para la Planificación y el Desarrollo de Venezuela, publicado en 2018, señala que el Estado venezolano “ha cancelado entre 2014 y 2017 más de 78 millones de dólares en deuda”, a pesar que el ingreso petrolero en 2016 había caído de manera sensible.  Sin embargo, como lo ha señalado la constituyente María Alejandra Díaz, en la rendición de cuentas ante la segunda Asamblea Constituyente Bolivariana, en 2018, el presidente Maduro informó que el pago de Venezuela en materia de deuda externa había alcanzado 113.000 millones de dólares. Es decir, si había dinero para pagar deuda externa, pero no para mejorar la situación salarial de la clase trabajadora.

Es hasta noviembre de 2017 cuando el gobierno de Maduro decide reestructurar la deuda externa venezolana, calculada en ese momento en un 97% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Esta decisión de renegociar la deuda tiene que ver con dos cuestiones centrales: la primera, la derrota político-militar de la insurrección opositora, hecho que le permite iniciar estas negociaciones a nivel internacional en una situación de mayor “estabilidad política”. La segunda, como parte del diseño del Programa de Recuperación Económica que iniciará el año siguiente, en cuya elaboración tendrán peso los argumentos de los organismos internacionales que “orientan” la relación deuda externa con programas de ajuste estructural.

Aunque la opacidad de la información publicada por el Banco Central de Venezuela no permite establecer con precisión el monto actual de la deuda externa, algunos analistas estiman que ronda en 150.000 millones de dólares, mientras los bonos de la deuda externa venezolana se cotizan a un tercio de su valor.   En 2018, última cifra confiable del BCV al respecto, estimaba la deuda externa en un 186% del PIB nacional.   

Las cifras de los organismos internacionales estiman la deuda externa venezolana (monto real, más intereses y multas por impago) en 2023 estaba estimada en unos 102.000 millones de dólares, que no incluía compromisos de pago posteriores a esa fecha.

En la actual coyuntura pos electoral del 28J-2024 el tema de la deuda cobra especial significación, porque las opciones mayoritarias en disputa electoral, han omitido referirse al impacto que ello tendrá en la gobernabilidad del corto plazo, pero también respecto a la posibilidad de una auditoria ciudadana y de los trabajadores al uso que se le ha dado al endeudamiento externo, porque ambas, la vieja y la nueva burguesía se han beneficiado de estas dinámicas.  

1.3. El desabastecimiento: la comida y productos básicos desaparecen de los anaqueles

Al fracasar el golpe de Estado de 2002, se quiebra el vínculo de buena parte de la burguesía -que había acompañado a Chávez- con el gobierno. La reacción del gobierno fue limitar el acceso a divisas (a precio preferenciales y/o normal) que sustentaban el modelo de acumulación burguesa, mediante la forma de importación de productos de primera necesidad, insumos, mercancías, productos y servicios. 

Pero había que importarlos para el normal desarrollo del consumo nacional. Para ellos se exploran dos figuras complementarias, el otorgamiento de licencias privadas y el establecimiento de una red de supermercados públicos (que posibilitaron la creación de una casta que devino en nueva burguesía importadora). La creación de MERCAL en 2003, apoyada en su distribución y promoción por las redes societarias generadas por las misiones sociales, logró a) frenar el riesgo de desabastecimiento, b) establecer un mecanismo independiente -en lo posible- de la vieja burguesía, c) se va generando una progresiva transferencia de la acumulación de la renta a un nuevo sector, que terminaría siendo la nueva burguesía que algunos han denominado “boliburguesía”.  En este sentido, una acción que favorecía a la clase trabajadora se convertía en “jinete del apocalipsis” de creación de un nuevo sector burgués.

Esta acumulación generó contradicciones en el nuevo campo de acumulación capitalista, presentadas como necesidades de centralización de la importación. Así surge el 6 de enero de 2008 la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), justo en el momento en el cual se comienzan a mostrar los choques de baja intensidad entre el proyecto policlasista del chavismo) fomento del poder popular y las posibilidades que esto terminara incubando un proyecto anticapitalista con base social versus la nueva burguesía con vocación hegemónica).  Algunos productos y mercancías tuvieron presencia intermitente en los anaqueles.

La contracción de la economía venezolana en el segundo trimestre de 2009, que contemplaba limitaciones para el acceso a divisas para la importación, elevó las contradicciones internas de la nueva burguesía, fenómeno que tendrían un capítulo especial en la crisis bancaria de ese año, especialmente de entidades financieras controladas o en alianza con sectores del nuevo capitalismo. Estas disputas Inter burguesas se mostraron en la escasez de algunos productos y un conato de desabastecimiento de mercancías de primera necesidad. Si bien la crisis de escasez de 2008-2011 tuvo una naturaleza distinta a la que ocurriría en el gobierno de Maduro, porque la primera expresaba las disputas por el control de la importación, ambas forman parte de la propia crisis del modelo rentista de la economía venezolana y del modelo de acumulación capitalista.       

Con la caída de los precios del petróleo en 2014, a finales de ese año y los dos años siguientes, se generó una crisis de abastecimiento de alimentos de la dieta familiar, productos básicos, medicinas e insumos, así como el deterioro de los servicios básicos en unos niveles que no conocía el país. Desde nuestro punto de vista esto ocurrió por varios factores:

*Precio del dólar: Después de fracasar el golpe de Estado de 2002, la vieja burguesía venezolana pretendió hacer una fuga masiva de capitales y corrida cambiaria (elevar el precio del dólar por encima de su valor real), lo cual llevó al gobierno a establecer un fuerte cepo alrededor de la compra y venta de divisas. El control cambiario establecido en 2003 consistió en establecer bandas fijas para la compra y venta de la moneda norteamericana, lo cual implicó en términos prácticos el inicio de un largo periodo de subsidio al precio del dólar. El diferencial entre el precio de acceso al público (mucho mayor en el caso de los empresarios) y el costo del dólar en el mercado cambiario era “subsidiado”, al mantenerlo en un precio que no era real, lo cual se hacía mediante una entreverada red de procedimientos de compensación para los operadores cambiarios, posible gracias a los excedentes de ingresos en divisas generados por la bonanza de los precios del petróleo. Esto comenzó a ser uno de los esquemas de acumulación de la nueva burguesía, que funcionaron de manera relativamente estable hasta 2014. Además, el control cambiario se convirtió en un mecanismo para el control político del sector burgués (vieja y nueva burguesía) mediante la discrecionalidad de acceso a dólares preferenciales para la importación (acumulación burguesa) y para modular las resistencias de la vieja burguesía, incluidas las contradicciones inter burguesas.

Al caer los precios del petróleo (a partir de 2014), este subsidio se hizo más difícil de sostener, comenzando una escalada de actualización del precio de la divisa en el país, que aún, once años después no logra estabilizarse.

Al reducirse la cantidad de divisas que se podían “subsidiar”, se diluyó el precio artificial del dólar en el mercado cambiario venezolano, disparando las bandas de compra y venta, lo cual disminuyó el volumen de dólares y euros a ser distribuidos entre las fracciones burguesas (vieja y nueva burguesía) para sus mecanismos de importación, funcionamiento y acumulación. El acceso a los dólares se convirtió en un factor de consolidación de la nueva burguesía, destrucción de la producción nacional (para transferir sus procesos a la nueva burguesía), una forma de golpear el modelo de acumulación de la vieja burguesía cuarto republicana y un mecanismo para forzar el diálogo inter burgués.

En medio de las tensiones policlasistas entre los dos proyectos paralelos en marcha -creación de nueva burguesía y fomento del poder popular- se abrió la compuerta al acceso a un volumen limitado de divisas para el ciudadano común, que procuraba incrementar el consumo y encubrir el grueso de la fuga de capitales.  Al final se diría que esta distorsión era culpa del acceso del común a divisas, cuando en realidad el monto por acceso popular no alcanzó el 5% del grueso de otorgamiento de divisas.  

La reducción del volumen de divisas preferenciales para la importación afectó los volúmenes de mercancías, productos y partes que ingresaban al país, por lo que la oferta se constriñó en una etapa inicial, a la existencia de productos en depósito;  

*La política de control de precios: estableció un sistema bastante rígido que limitaba los ajustes por los precios de las mercancías, productos y servicios en el mercado internacional, lo cual era especialmente importante en un país con grandes volúmenes de importación. Este control, establecido en 2004, que era denunciado por los empresarios importadores como un mecanismo que tendía a la generación de pérdidas en el sector industrial, producción y servicios, se compensaba con mecanismos de acceso a dólares provenientes de la renta petrolera, a precios preferenciales, es decir por debajo del valor real de la divisa, que compensaban e incluso ampliaban los márgenes de ganancia que podían obtener, aún con el sistema de control de precios.

Este mecanismo cumplía la función de ir alineando a las burguesías (cuarto republicana y quinto republicana) por la vía de identidad común de intereses, aunque la discrecionalidad de otorgamiento por parte del Estado lo convertía en un mecanismo de fortalecimiento a la nueva burguesía importadora, que tenía al sector militar y político civil como sus mayores beneficiarios.

Al caer los precios del petróleo, bajar el volumen de divisas disponibles a niveles dramáticos, por debajo de lo necesario para la ejecución del presupuesto operativo nacional, el control de precios se convirtió en una “soga de ahorcado” para el sector industrial del país.  Debido a que los precios de los productos, servicios y bienes que se ofertaban en el mercado nacional respecto a los que marcaban en los países vecinos, marcaban un diferencial entre 5 y 100, los empresarios optaron por el “bachaqueo[3]” del stop de productos y la cada vez más precaria producción nacional, hacia las fronteras nacionales. Con el “bachaqueo” las mercancías migraron de los anaqueles de mercados, supermercados y tiendas del país, a los camiones que las esperaban en las fronteras de Brasil, Colombia, Guyana o las islas del caribe.  Esto ocurrió con la complicidad de militares (en alcabalas, puestos de control, supervisión de carreteras, aduanas) y autoridades civiles, ya fuera por la aplicación de sistemas de coimas o, por subordinación a quienes dirigían estas operaciones.

Los productos generados, empacados, ensamblados o importados a Venezuela se encontraban en los puestos de ventas de los países vecinos, mientras desaparecían del país.  El control de precios, sin los debidos ajustes periódicos, distorsión que servía para la captura de la renta petrolera mediante la asignación de dólares preferenciales, exoneraciones impositivas y facilidades crediticias a los importadores, operó como un disparador del desabastecimiento cuando no se podían seguir subsidiando los precios.

Ocurrió la perversión que los productos que estaban en los puestos de venta y, que ya habían generado ganancias millonarias para los empresarios importadores por solo traerlos al país (asignación de dólares a precio preferencial), ahora generaban una ganancia adicional para la burguesía importadora que los colocaba en los países fronterizos al precio del mercado internacional, mientras la clase trabajadora se veía privada de ellos.

Esta desaparición de los productos básicos tenía el propósito político de crear las condiciones políticas para que se aceptara su reaparición con precios de mercado internacional, con el agravante que la clase trabajadora no los podía adquirir por las bajas escalas salariales, que tenía y la negativa del gobierno de Maduro a producir un ajuste realmente compensatorio.  Esto pudo hacerse con un impuesto a las grandes fortunas, limitando el porcentaje de ganancia de la burguesía y eliminando todas las exoneraciones tributarias y arancelarias para los ricos que terminaban golpeando el bolsillo de los sectores populares, pero en esta terrible situación el gobierno de Maduro mostró que intereses de clase defendía;   

*Los mecanismos de incremento de sueldos establecidos en los últimos años, que privilegiaban los decretos por parte del ejecutivo, sujetaban las contrataciones colectivas a aumentos decretados, evitando con ello las negociaciones colectivas para la nivelación de los ingresos salariales con los márgenes de inflación, lo cual se justificaba como parte de un mecanismo integral que contenía el control de precios. Sin embargo, el salario fue quedando rezagado respecto a la inflación y con ello impedido de asumir de manera brusca un cambio en el consumo basado en la desaparición del control de precios.

Estas tres políticas públicas, que es justo señalar venían del periodo de Chávez, anteriores a Maduro, al eclosionar por la nueva situación de ingresos fiscales al país, por la crisis de los precios del petróleo, significaron el inicio del peor periodo de crisis material de vida de la clase trabajadora, pero en ningún momento su resolución dejó de encuadrar en la estrategia de acumulación burguesa, Incluso en esta situación, la crisis de las políticas públicas y el redireccionamiento de los mecanismos de acumulación burguesa se hicieron a costo y perjuicio de la clase trabajadora.

1.4. Inflación exponencial (2014/2015-2024) y caída de la capacidad de consumo de la clase trabajadora

A partir 2015 se ha generado una espiral inflacionaria sin precedentes en la historia nacional. Según los datos comparados del sitio web independiente Statista y del propio Banco Central de Venezuela (BCV), que, si bien tienen variaciones importantes, en ambos casos las cifras parecen de ciencia ficción. Veamos los datos de la inflación en Venezuela entre 2015- 2024:

En este periodo, la clase media prácticamente desapareció. Un profesor universitario categoría Titular (máximo escalón con doctorado, publicaciones y amplia producción intelectual), en el año 2024 gana casi nueve salarios mínimos + bonos (30 dólares de salario al mes, más 100 dólares en bonos sin incidencia salarial, es decir un total de 130 dólares mensuales), sin acceso a sistemas de salud con mínimos estándares, sobreviviendo en una situación en la cual un par de zapatos básicos cuesta 80 dólares y, un pollo pequeño para comer una ración familiar alcanza los 13 dólares.

La clase trabajadora ha consumido sus precarios ahorros, vendido sus propiedades, vive de remesas y de su actividad extralaboral, con ingresos de hambre.

Para la clase trabajadora la espiral inflacionaria, en medio de una caída del consumo, lo cual se expresa de manera continuada por varios factores:

*Los ajustes a los precios de los productos, mercancías y servicios entre el precio internacional y nacional, iniciado en 2014, proceso que aún hoy continúa. El gobierno de Maduro no tiene capacidad -o interés por su carácter de clase- de controlar los precios;

*Los constantes ajustes de precios, que marcan la inflación, ocurren en un mundo del trabajo con limitado poder adquisitivo, lo que hace que la oferta empresarial intente resolver los problemas de saldo de caja, derivados de la merma del consumo, optando por la elevación de los precios más allá de lo estándares internacionales.  Esto explica en alguna medida la razón por la cual los productos en Venezuela, en medio de una crisis de demanda, tienen un costo mayor, entre 3 y 5 veces, a los marcados en el resto de países de la región;

*La evaporación del poder adquisitivo del Bolívar ha hecho que desaparezca del mercado la moneda física nacional (billetes y monedas en bolívares) y en la práctica el Bolívar solo está presente en las transacciones digitales. En 2018 había que ir con una bolsa de dinero -cuando se lograba tenerla- para ir a comprar solo las verduras de la semana. En algunas regiones del país (frontera con Colombia), el Bolívar ya no se contaba, sino se pesaba;

*La economía se ha dolarizado. Es decir, la moneda regular de uso en Venezuela es el dólar, aunque las leyes digan lo contrario. Esto se inició con la desaparición de la moneda física (billetes y sencillo) de los procesos comerciales. Al no conseguirse billetes ni monedas de bolívares, todos los precios en los anaqueles de supermercados y tiendas empezaron a estar marcados en dólares, salvo en la frontera con Colombia (Táchira, Apure, Zulia y en algunos casos Mérida) donde las transacciones se hacen en pesos colombianos.

*La destrucción de la producción nacional, ocurre por la caída de las importaciones de insumos y partes, en medio de la disputa inter burguesa por las menguadas divisas en dólares (fuente de acumulación de capital). Esto se hizo especialmente dramático a partir de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) que generaron una caída en los ingresos fiscales del país;

*Las políticas de Estado que procuran absorber todo el circulante nacional (bajos salarios e inflación), de bolívares y otras divisas, en un proceso de acumulación de la nueva burguesía que ya pareciera no tener límites algunos. Al no contar con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, los trabajadores se ven obligados a usar sus ahorros, “quemar” sus reservas de emergencia en dólares, vender sus activos para acceder a circulante, destruir el patrimonio familiar para sobrevivir. Esto esta sumiendo en la miseria a vastos sectores de la población y la clase trabajadora;

Parte de los resultados de esta acumulación se muestran en los símbolos de poder de quienes hoy gobiernan. Mientras los maestros deben ir a las escuelas a dar clases con sus zapatos rotos, la clase política ostenta un estilo de vida, pertenencias y derroche de consumo ante el ciudadano común, solo explicable por la mentalidad de “nuevos ricos” de los círculos íntimos y cercanos de quienes ostentan el poder, resultante de estos procesos de acumulación múltiples;

*La incapacidad de la clase trabajadora, en medio de la terrible situación material de vida y el creciente autoritarismo gubernamental, para generar un frente de lucha nacional que establezca una correlación de fuerzas en favor del mundo del trabajo.  La coaptación sindical, especialmente a través del aparato burocrático sindical del gobierno (CBST), dificulta una recomposición de las luchas de la clase trabajadora. Los espacios de articulación para la lucha, si bien están creciendo aún no tienen la capacidad para generar un cambio en la situación. Mientras esto no ocurra es muy difícil frenar o revertir la actual situación salarial, de baja capacidad en el consumo y frenar la espiral especulativa inflacionaria. Sin embargo, la creación de varios frentes de lucha unitarios como Coordinadora Nacional de Trabajadores en Lucha (CNTL), el Frente Nacional Pro Defensa del Salario (FRENPODES), los comités de familiares de los luchadores sociales detenidos, entre otros, muestran una progresa reactivación del movimiento de los trabajadores

La inflación se ha convertido en una de las “siete plagas” que azotan a la clase trabajadora (las otras son la migración, la destrucción del salario, el deterioro de los servicios públicos, el autoritarismo, el clientelismo alrededor de los disminuidos programas sociales y la evaporación de ahorros y pequeñas propiedades como carro o casa).

1.5. Dolarización de la economía 

La inflación desata un fenómeno desconocido hasta ese momento en Venezuela: la dolarización del comercio, el consumo y el pago de servicios. Las dificultades para adquirir divisas (especialmente dólar oficial proveniente fundamentalmente de la industria petrolera), los dilatados procesos burocráticos establecidos para acceder a las menguadas divisas (que se usa para dirimir las diferencias entre las dos fracciones burguesas), hacen inviable los tiempos y esquema de conversión de los bolívares capturados en la cajas registradoras, en los dólares necesarios para la importación y la acumulación de riqueza por parte del sector comercial, servicios (que requiere mantenimiento, actualización e innovación) y la producción nacional (centrada en el ensamblaje de piezas importadas).

La dolarización del consumo se convierte en un mecanismo de: a) captura de los ahorros y reservas de dólares que tenía la población, b) la transferencia de las remesas que envían los migrantes, c) ajuste de los precios no solo para terminar de resolver el falso diferencial heredado del periodo de los subsidios, sino como un mecanismo de especulación inflacionaria para la captura del circulante de dólares existentes.

La inflación alimenta la dolarización y esta pulveriza el salario real ante la ausencia de políticas de Estado que defiendan los ingresos de la clase trabajadora. Lo que hace el gobierno de Maduro en este periodo es un programa de liberalización del mercado y de contención del salario que termina generando un margen de plusvalía no conocido, que construye a transferir riqueza de los sectores populares hacia las cuentas y arcas de los ricos. Esto se facilita con la destrucción del salario de la clase trabajadora.

La dolarización es un mecanismo de rapiña implementado por los empresarios para obtener, en tiempo real, dólares frescos que le permitan renovar los flujos de circulante ante la caída en la venta de mercancías, proceso en el que logran acceder a divisas “frescas” saltándose los trámites burocráticos -y de dependencia política- para el acceso a la divisa, mientras el gobierno se hace “de la vista gorda”.

El diferencial cambiario, entre los indicadores del BCV y otros de dudosa procedencia, pero que terminan imponiéndose a la hora de promediar el valor de cambio de la moneda verde, eran -y son- un mecanismo de acumulación del sector empresarial y de especulación, especialmente del sector financiero, que cuenta con la capacidad de influir en el mercado de divisas.

El volumen de dólares circulantes -de baja denominación- en manos del pueblo se ha incrementado en los últimos años, debido a las remesas que envían los siete millones de migrantes, lo cual desata la voracidad del sector especulativo financiero por apropiarse del mismo, proceso facilitado por la carencia de políticas públicas de protección a los ingresos de la clase trabajadora.

Ahora Venezuela está conociendo la inflación en dólares, con el agravante que no hay sencillo circulante de la moneda norteamericana, lo cual genera un “redondeo” del precio de los productos hacia arriba, otro factor inflacionario que se expresa en el momento de las compras y pagos. En otros casos, el “vuelto” del pago hecho en divisas, se hace en moneda nacional electrónica, que se devalúa inmediatamente, disolviendo el precario poder adquisitivo del pueblo obtenido por la vía de estas remesas;

La especulación financiera, opera como mecanismo de acumulación de un sector y presiona por mayores márgenes de ganancia en el mercado nacional. Si los precios de la divisa varían de un día para otro, e incluso en un mismo día, esto facilita la especulación con mayores márgenes de ganancia para quienes controlan este mercado y este es un mecanismo de empobrecimiento de la clase trabajadora, quienes producto de esta perversión cada día compran menos con la misma cantidad de dólares cambiados a bolívares.

Seguramente el lector se preguntará, ¿entonces para que cambia en bolívares y por qué no paga en dólares? Para intentar evadir el 3% de impuesto que impuso el gobierno por pagar en moneda extranjera. Con este impuesto el gobierno logra acceder a una parte de las remesas, mientras por otra parte empuja a los trabajadores a cambiarlos en bolívares para que supuestamente lo evadan y poder comprar más. Al final los trabajadores no terminan por saber en cuál caso pierden más, pero en uno u otro escenario la burguesía se apropia de una parte significativa del circulante en moneda extranjera;

La existencia de sitios marcadores de precio de divisas, como “dólar Today”, del que nadie sabe cómo obtienen información y construyen hegemonía en el mercado cambiario, parecieran mostrar que en este terreno ya existe una integración de la vieja y nueva burguesía. De hecho, los implicados en el caso de corrupción PDVSA-cripto, según informaba el fiscal general, que tuvo un capítulo en la especulación cambiaria implicó complicidades que iban más allá de identidades políticas e ideológicas.

A la dolarización del consumo como mecanismo de acumulación burguesa en este periodo, se le añaden dos procesos: a) el establecimiento de un diferencial de hasta 100% en algunos momentos, entre el precio oficial de la divisa marcado por el Banco Central de Venezuela y otros marcadores manejados por sitios web semi clandestinos, b) en un mercado de limitadas divisas, el otorgamiento de las mismas, especialmente entre 2014-2018 se orienta a las actividades de la nueva burguesía y la consolidación de un sector importador en el cual altos oficiales militares juegan un papel central, consolidando una nueva forma de la alianza cívico-militar-policial alrededor de la captura de la renta.´

En el primero de los casos, como lo denunció el propio Fiscal General de la República (FGR) en la rueda de prensa (2024) cuando anunció la imputación y encarcelamiento del ex presidente de PDVSA (e integrante del buró político del PSUV), se usó el propio dinero del Estado (renta petrolera), los controles institucionales y el manejo de dólares del petróleo para generar un esquema de especulación financiera que estimuló el alza ficticia del dólar como un mecanismo de captura de riqueza para sectores de la nueva burguesía, mientras la propaganda oficial hablaba de un manejo imperialista del diferencial cambiario.  Es decir, la situación de penuria de la población, en especial de la clase trabajadora, causada por la escalada del precio del dólar, según palabras del FGR de Venezuela, se gestó desde el propio gobierno en el marco de una absoluta liberalización de controles para la administración pública. La pérdida acumulada de 3.000 millones de dólares (aunque más recientemente se habla de 23.000 millones de dólares) fue posible por la disolución de una parte importante de las competencias y capacidades reales de la institucionalidad, incluida la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Moral dirigido en ese momento por Elvis Amoroso (2018-2023) quien pasaría luego a ser el Presidente del Consejo Nacional Electoral (2023 –  ) que dirigió las elecciones presidenciales del 28J-2024 y no ha publicado los resultados electorales por mesa de escrutinio, centro de votación, ciudad y estado.

En el segundo de los casos, mientras se otorgaban divisas a la burguesía, el sector bancario y financiero vinculado a la importación y los circuitos de acumulación capitalista en el país, desde el gobierno se instaló el discurso monetarista de no permitir aumentos salariales a la clase trabajadora para frenar e impedir un nuevo ciclo de la inflación, que es el argumento de los economistas burgueses clásicos contra el mundo del trabajo, lo cual destruyó en la práctica el salario. Es necesario destacar que en reiteradas oportunidades Chávez denunció esta política monetarista, cuando la prensa burguesa lo atacaba por otorgar aumentos salariales.       

En síntesis. el diferencial cambiario, expresado en la presencia de varias bandas de cambio, fue un mecanismo de acumulación capitalista, de captura de renta y circulante, en una situación de crisis económica, pero también de sobreexplotación al destruir el salario e incrementar exponencialmente la plusvalía.

1.6. Las Medidas Coercitivas Unilaterales

Las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) sobre Venezuela, tienen su origen en la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela (Public Law 113-278) del 18 de diciembre de 2014 y en la orden ejecutiva 13692 (Decreto Obama (dictado el 8 de marzo de 2015), ampliada por la Orden Ejecutiva 13857 dictada por Trump el 25 de enero de 2019.  Son más de 930 medidas que afectan a PDVSA, el Banco Central, implicando un alcance extraterritorial que impactó a 116 empresas -en su mayoría estatales- y 30 buques, especialmente de transporte petrolero. Los efectos prácticos se comienzan a sentir a finales de 2015.

Las MCU tiene tres orientaciones políticas. La primera, asfixiar económicamente a Venezuela para propiciar un cambio de gobierno y el acceso al poder político de las representaciones políticas de la vieja burguesía; estas medidas habían sido solicitadas por la oposición, especialmente por María Corina Machado (MCM) y el conjunto del liderazgo radical opositor. Segundo, golpear los intereses de la nueva burguesía -surgida entre 2002-2024- congelando parte de sus activos y pasivos en el exterior, limitando su capacidad de negociación y de movilidad en los escenarios internacionales. Por ello, muchos de los sancionados son parte de la nueva burguesía o de sus representantes en el gobierno y el partido gobernante. Tercero, reconstituir la relación neocolonial de Estados Unidos con Venezuela, recomponer la relación dependiente (centro-periferia) de la economía nacional y, asegurar el cumplimiento del papel de Venezuela en la división internacional del trabajo, aspectos que no se habían roto pero que se habían fragilizado en medio de la disputa inter burguesa local de 2002-2014.

 Quienes hoy dicen que MCM no representa a ninguna fracción burguesa ni imperialista parecieran obviar el papel que ha jugado su liderazgo en la orientación de la estrategia opositora en favor de las sanciones y el bloqueo, así como en la articulación de alianzas entre las fuerzas políticas que representan a la vieja burguesía y los intereses norteamericanos en el territorio nacional.  MCM ha sido una de las promotoras y defensoras del bloqueo económico contra Venezuela (hasta ahora nunca se ha retractado de ello) y por lo tanto co-responsable del desastre económico que vive la clase trabajadora venezolana actualmente. Sus compañeros ideológicos (como Guaidó el 30J-2024) siguen pidiendo hoy más sanciones e intervención militar extranjera para sacar a Maduro. En toda su actividad política, ni en la campaña electoral, MCM nunca ha mencionó que estuviera de acuerdo con la defensa de la libertad sindical, el derecho a huelga y los derechos políticos de la clase trabajadora, por el contrario, el eje de su programa es la libertad de empresa (que ya sabemos lo que significa para la clase trabajadora) y la privatización.  MCM anti comunista furibunda mencionó en el pasado reciente que la izquierda y el chavismo deberían ser proscritos y, en la campaña electoral ni en los eventos pos 28J-2024 nunca se ha retractado de ello, por el contrario, MCM a nivel internacional sostiene el discurso que el progresismo y el socialismo constituyen una amenaza para la región. No existen razones para dudar que ella (MCM) representa los intereses de capital trasnacional y de la financiarización, un sector importante de la “godarria” burguesa nacional y de la ola neoconservadora internacional.

Finalmente, es necesario destacar que las medidas Coercitivas unilaterales juegan un papel de arbitraje inter burgués impulsado desde los Estados Unidos y las naciones imperialistas europeas, que intenta propiciar un acuerdo entre la vieja y la nueva burguesía venezolana, como preámbulo para una transición que no ponga en peligro los intereses estratégicos del norte y garantice la suficiente contención estatal de cualquier brote de rebeldía popular y/o de la clase trabajadora.

EEUU, antes de las elecciones del 28J-2024 había venido ablandando su discurso (y acciones) contra Venezuela, a partir del acercamiento (inicialmente secreto y luego público) de Maduro con la administración Biden y su oferta de cumplir el papel bonapartista de facilitador de un acuerdo inter burgués en el país. El retorno de Venezuela, a partir de la guerra de Ucrania, como proveedor confiable y seguro de petróleo a la poderosa nación del norte, fue una muestra del resultado de la estrategia que envuelve a las MCU y que coincide con el giro operado por el madurismo entre 2018-2024.

No podemos olvidar que las MCU han sido propiciadas por MCM y un sector importante de la derecha radical (nacional e internacional), para presionar por una transición donde la vieja burguesía vuelva al centro del ordenamiento político. En este sentido la otra cara de las MCU apunta a tener un papel restaurador, sin que ello ponga en juego los intereses económicos norteamericanos, especialmente en materia petrolera. Sin embargo, la realidad es que hoy las MCU han propiciado y abierto canales de diálogo con EEUU por parte de los dos sectores burgueses en disputa (vieja burguesía cuarto republicana y nueva burguesía quinta republicana) y sus representaciones políticas (PSUV y aliados, así como PUD, aliados y los alacranes).

Los propósitos evidentes y explícitos del bloqueo norteamericano, procuran la caída de los ingresos al país producto de la venta del petróleo, en dos sentidos. El primero, destruir su capacidad operativa al impedir la llegada al país de equipos y componentes que requiere el mantenimiento de la infraestructura petrolera y los insumos para la extracción, procesamiento y refinación, así como la disminución de la capacidad de transporte, lo cual se expresa en una baja de la producción nacional. El segundo, disminuir los ingresos del país, provenientes en buena medida de la producción petrolera.

El eje político de la estrategia contenida en las MCU era disminuir el apoyo popular al proceso bolivariano, especialmente al Madurismo, al forzar a la nueva burguesía y sus representaciones políticas (PSUV y aliados) a aplicar un programa de ajuste anti popular y anti clase trabajadora, como salida para sostener en alguna medida su dinámica de acumulación capitalista; sin embargo, al lograrlo se han encontrado que la nueva burguesía quiere restaurar acuerdos con EEUU, lo que ha hecho es que en el periodo 2022-2024 se module el discurso norteamericano contra el madurismo y haya bajado la intensidad de las acciones norteamericanas contra el gobierno venezolano. Estos resultados “inesperados” han tenido impacto en la intensidad del apoyo gringo a la oposición de derechas en Venezuela.

Las MCU tienen la contradicción para el imperialismo, que crea distorsiones en los mecanismos de acumulación burguesa en el país y que el deterioro de las condiciones de vida de la población puede generar desborde institucional de la protesta popular, lo cual afectaría sus intereses estratégicos. La solución a estos problemas fue resuelta en buena medida por el Madurismo, que consiguió generar un programa económico que permitiera seguir desarrollando acumulación burguesa a partir de la sobre explotación de la clase trabajadora y la disminución de los derechos políticos y sindicales de la clase trabajadora.  En ese sentido, el programa económico del Madurismo (sobre todo a partir de 2018) tiende a la coincidencia con las recetas norteamericanas para un país dependiente y neocolonial. Por esta situación, en las calles de Venezuela se decía que en las elecciones presidenciales de 28J-2024 que Estados Unidos tenía en realidad dos candidatos: Edmundo González (apoyado por MCM) y Nicolás Maduro (terminador de la radicalidad chavista y restaurador del orden capitalista).

Si bien la caída de la producción venezolana venía ocurriendo desde el año 2008, ciertamente las MCU producen un quiebre significativo en la producción. Veamos las cifras

Fuente: Statista (2024)

Los ingresos de Venezuela, expresados en su Producto Interno Bruto se contrajo en un 75% entre 2015-2021. Estos indicadores comenzaron a mejorar en 2022 con el aumento de un 49% del precio del petróleo (Merey), el incremento de la producción petrolera nacional en un 24,5%, pasando de 550.000 barriles diarios a 668.000 barriles diarios. Iniciando un crecimiento de los más importantes de Latinoamérica.  Pero esto, no se reflejó en ninguna mejora de las condiciones salariales de la clase trabajadora, al contrario, operó una caída y estancamiento.

Es decir, las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) lograron sus dos propósitos centrales (bajar producción petrolera e ingresos del país), pero obtuvieron un resultado no esperado. El giro definitivo del gobierno de Maduro tuvo un capítulo especial en la construcción d caminos de encuentro con la administración norteamericana, en procura de sostenerse en el poder. Lo que no logró cerrar Maduro en el periodo 2018-2024 fue un acuerdo con el sector burgués que representa MCM-EGU. Sin embargo, la mayoría de candidaturas de la derecha en realidad eran funcionales (legalizadas y financiadas) al gobierno de Maduro, como resultado de la puesta en marcha del Programa Económico (2018), que recuperaba la relación con FEDECAMARAS (la más importante corporación burguesa venezolana) y una parte significativa del liderazgo opositor (quien también accedía a una parte de la menguada torta económica nacional).

Las contradicciones con los Estados Unidos, que surgen en el periodo pos elecciones 28J-2024, no tienen la misma beligerancia que en el pasado. De hecho, sorpresivamente Biden tardó días en condenar la falta de transparencia de las elecciones venezolanas recientes. Este giro en el comportamiento público de la administración gringa ocurre en un marco en el cual Estados Unidos explora la posibilidad de una transición, en la cual su nuevo aliado (el Madurismo) no sea aplastado y la nueva burguesía pueda encontrar caminos de encuentro con la vieja burguesía. Hoy las MCU tienen ese propósito central, que opera políticamente a nivel internacional con los esfuerzos de Colombia, Brasil, México y Chile (en distintos grados de intensidad) por auspiciar distintos escenarios de transición.

1.7. Explosión del fenómeno migratorio y la situación de la clase trabajadora

Partiendo de los datos que suministran las oficinas de migración de los países de la región y, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima que actualmente la migración venezolana alcanzan los 6.590.671 (sin tomar en cuenta los que no pasan por oficinas de registro migratorio), mientras que ACNUR, la oficina de Naciones Unidas para esta problemática habla de 7.700.000 migrantes venezolanos, de los cuales 6.500.000 han sido acogidos en países de Latinoamérica y el Caribe. De esta cifra 1.200.000 han solicitado refugio en algún país. Las cifras del gobierno venezolano son mucho menores, pero la opacidad de las fuentes no permite citarlas de manera confiable.

Se estima que por lo menos el 60% de los migrantes tienen edades entre 20 y 60 años de edad, siendo los menores de edad un componente importante del 40% restante.

La migración venezolana entre 2005 y 2013 era fundamentalmente de clase media, clase media alta e incluso de sectores de la burguesía (familiares). A partir de la explosión migratoria de 2017 (cuando es derrotada la insurrección urbana de la derecha que tuvo un componente social popular) y 2018, el cambio cualitativo es que ahora la migración tiene carácter popular, de clase trabajadora, estudiantes y profesionales asalariados, quienes abandonan sus estudios y trabajo para ir en búsqueda de ingresos que les permitan sobrevivir a ellos y su núcleo familiar. El grueso de la migración venezolana hoy son trabajadores que salen en procura de obtener empleo y salarios que le permitan subsistir, enviar remesas a sus familiares y escapar del deterioro de los servicios públicos, hospitalarios y educativos.

Lo terrible es qué a pesar de ello, el gobierno de Maduro los catalogó inicialmente de traidores, luego de población engañada por la derecha y finalmente prácticamente salieron del discurso político. Las embajadas y consulados de Venezuela en el exterior no desarrollaron programas de acompañamiento y en algunos casos, escasamente (sobre todo los dos últimos años (se limitaron a tramitar documentos de identidad). El Programa vuelta a la patria (vuelos de retorno para población venezolana en el exterior), más propagandístico que efectivo, fue usado por muchos migrantes para volver al país a visitar a sus familiares, para unos meses después volver a emigrar. En las semanas finales de la campaña electoral del 28J-2024 y posteriormente, Maduro invitó a quienes migraron a volver al país, sin que ese convite se viera acompañado de anuncios sobre aumentos salariales y planes de reinversión en la seguridad social.

La oposición de derechas jugó con el discurso de la migración para captar fondos de los Estados Unidos, la cooperación internacional y la filantropía empresarial, pero estos recursos no se vieron usados con el grueso de la población migrante, por el contrario, sirvieron para enriquecer a unos pocos. Por ello, no se vieron grandes movilizaciones ni presiones internacionales de los migrantes venezolanos exigiendo ampliación del registro electoral para votar en las elecciones de 28J-2024, ya que muchos de quienes partieron del país no se ven representados ni por Maduro ni por la derecha.

La clase trabajadora migrante, vivió también el abandono de la izquierda política de los países a los que llegaban, ya fuera porque este sector político hubiese comprado el discurso madurista que vociferaba que los migrantes eran “traidores al proyecto bolivariano”, o por la pérdida de trabajo social concreto de una parte importante de la izquierda política regional. No se vieron campañas de solidaridad significativas con la población migrante venezolana, como en el pasado ocurría con la diáspora colombiana en medio del conflicto armado y sus consecuencias o, la población centroamericana. Esto tiene -y tendrá- consecuencias políticas en el futuro.

Nuestra perspectiva es que un país que escasamente supera los 32 millones de habitantes y sus electores un poco más de 20 millones, cuando ocurra el retorno de la migración venezolana al país (+ de 7 millones) eso significará un huracán electoral y de construcción social, del cual aún no se puede predecir su orientación política.    

1.8. destrucción del salario real de la clase trabajadora

Si bien el ingreso mínimo legal (salario más bonos de alimentación calculados a dólar del mercado paralelo) no había logrado recuperarse desde el año 2001 (Ver gráfica elaborada por Sutherland, 2024), las medidas de control de precios, cupo ciudadano para el acceso a divisas de viajero, los programas sociales, los planes oficiales de venta de bienes (televisores, lavadoras, etc.) subsidiados, creaban la sensación de mejora salarial en el periodo 2003-2013. Sin embargo, la caída del ingreso mínimo legal mensual a partir de 2012 (antes de la Medidas Coercitivas Unilaterales norteamericanas) ha sido constante, lo que muestra una orientación política de la nueva burguesía, que se acentuaría a partir de 2018 con el Programa Económico anunciado y desarrollado por Maduro.

Fuente: Manuel Shuterland, 2024. Los datos y la gráfica pertenecen al trabajo de este autor.

Si estas cifras son dramáticas, mucho más las referidas al salario mínimo mensual, el principal marcador salarial del país. Como lo muestra el cuadro siguiente, el salario mínimo en Venezuela, calculado en dólares norteamericanos, se deprime a niveles desconocidos en la última década.   

Hoy la clase trabajadora venezolana tiene un salario de esclavo, que apenas le permite subsistir, ni siquiera cumplir con su trabajo. Por ejemplo, los maestros y maestras, que tienen un ingreso integrado mensual a lo sumo 130 dólares (los de más alta calificación que son una minoría), en un país donde diario, si deben tomar dos transportes para llegar a su centro de trabajo, eso significa por lo menos 5 dólares por jornada, en 22 días significarían 110 dólares, casi el total de sus ingresos. Por ello, hoy los hijos de la clase trabajadora, quienes van a las escuelas públicas, solo estaban recibiendo dos días de clases, que es lo que pueden cubrir escasamente con su salario el personal docente.

En el año escolar que se inicia 2024-2025 el Ministerio de Educación ha girado instrucciones de eliminar el “horario mosaico” que era el eufemismo con el que se encubría que los docentes no podían ir todos los días. El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha indicado que sustituirá a los docentes que no asistan los cinco días de trabajo, así eso sea a costa de contratar personal no graduado para que trabaje en las aulas. En ningún momento se ve intenciones de recomponer el tema salarial.

El discurso de las sanciones, las teorías monetaristas que hablan de inflación si se producen aumentos salariales, se complementan con la insensibilidad de un gobierno, que a pesar de incrementgarse en los últimos años los ingresos al país, eso no ha tenido un impacto en las escalas salariales, por el contario se ha usado para beneficio de la vieja y nueva burguesía en el proceso de recomposición de sus relaciones como clase dominante.

No se puede hablar de un gobierno revolucionario, cuando esta es la situación material de vida e ingresos de la clase trabajadora. 

1.9. Cambios en el cono monetario y acumulación burguesa

En las últimas décadas el Bolívar ha sufrido varios cambios en su cono monetario, siendo los más significativos en el gobierno de Maduro. Veamos las que han ocurrido entre 2007-2024.

Es decir, durante el gobierno de Maduro, especialmente en el marco de su Programa de Recuperación Económica, el cono monetario nacional ha perdido 11 (once) ceros. En un país en el cual los salarios están deprimidos, eso tuvo un impacto brutal en los ahorros, las previsiones de prestaciones sociales y de pensión de vejez.

Un trabajador con 30 años de servicio que había trabajado toda su vida para tener una liquidación que le permitiera liquidar la deuda hipotecaria de su vivienda, comprar un vehículo o ayudar a uno de sus hijos en el impulso de su carrera profesional, al recibir en el año 2021 sus prestaciones solo le alcanzaron para llevar a su núcleo familiar de cuatro a comer una hamburguesa y un refresco.

La política de cambio en el cono monetario, sin un aumento salarial proporcional, con inflación desatada y dolarización de la economía, se convierte en una política de Estado que afecta que afecta los ingresos y las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

1.10.  Deterioro de los servicios públicos: el acceso desigual a la electricidad como muestra del deterioro generalizado de la calidad de vida de la población

En un país en el cual el mantenimiento y sostenimiento de los servicios público se acostumbraba hacer sobre la base de la importación (captura de la renta) de partes, repuestos y componentes, la disminución del circulante de divisas implicó una disminución en el volumen de dólares asignados para el sostenimiento de los servicios públicos, en lo que algunos analistas advierten como el preámbulo de procesos de privatización en puertas, para transferir estos negocios a la nueva burguesía o sectores de ambas burguesías que se hayan acordado el liderazgo estatal.

El deterioro exponencial de los servicios públicos, pareciera también ser el resultado del cambio de prioridades en el presupuesto público, cada vez más centrado en fortalecer las dinámicas que contribuyan a la lógica de asalto a la renta.

El servicio público en el cual más fácilmente se constata el deterioro es el de la electricidad, pero no es menos dramático en el del suministro de agua potable, gas doméstico, hospitales, escuelas, vialidad, alumbrado público, entre otros.

Los recursos asignados al fortalecimiento de la represa de Guri (la mayor fuente de generación eléctrica en el país), la compra de plantas eléctricas de movilidad media y otras iniciativas, parecían desvanecerse en medio de una situación de racionamiento y cohortes de suministro en todo el interior del país, algunos de los cuales alcanzan catorce horas diarias.  La decisión política del gobierno fue mantener con fluido eléctrico la capital del país, y orientar el racionamiento eléctrico hacía las el conjunto de las ciudades del interior del país, lo cuál generó un malestar creciente entre la población de los municipios y estados afectados por esta política.

Si vemos la crisis eléctrica en el marco de la disputa inter burguesa (como ocurre en el resto de los sectores) podemos entender mucho mejor lo que ocurre. Las privatizaciones ocurridas antes de la llegada del proceso Bolivariano y Chávez, en el marco de la era neoliberal, fueron precedidas de un deterioro programado del servicio que posibilitó la privatización en muchas áreas, pero ahora la estatización pareciera ser un dejavu de nuevas reprivatizaciones, que ahora irían a las manos del nuevo sector burgués y sus aliados.

Para poder entender esta dinámica tendríamos que estudiar los cambios y modificaciones en los marcos jurídicos, los cambio en los liderazgos de gestión, pasando por la dilapidación de recursos mientras está gestionada por el sector público (que permite la captura de renta por el sector burgués emergente), mientras se crean las condiciones para una reprivatización con el discurso de la necesidad de inversión privada. La lentitud con la que esto ocurre se debe a los avances y conquistas (imaginarios, narrativas, marcos constitucionales) ocurrido en los primeros años de la revolución bolivariana respecto a lo público y la hegemonía de estas ideas en sectores importantes de la población. En contravía se intenta instalar la narrativa del emprendimiento y la necesidad de la inversión privada para salir de la crisis. ES decir, la crisis de los servicios públicos es una construcción en cuya resolución coinciden Maduro y María Corina Machado: el único camino es la inversión privada, es decir, las privatizaciones.

Un resumen del proceso de deterioro de deterioro progresivo del sector eléctrico ocurrido en las últimas décadas se refleja en el siguiente cuadro resumen

Crisis Eléctrica en Venezuela: Un Recorrido por la Oscuridad[5]

Insistimos, estos grandes eventos y picos de crisis del sector eléctrico, se dan en medio de apagones diarios en la mayoría del territorio nacional.

Políticamente, este deterioro se justifica con el discurso del sabotaje opositor y atentados contra el sector eléctrico, en un país en el cuál desde hace años se han militarizado las estaciones de generación y suministro eléctrico. Si esto realmente ocurriera estaría demostrando una terrible incapacidad de las fuerzas militares para garantizar seguridad en áreas tan vulnerables. El discurso del sabotaje a llevado a la cárcel a trabajadores del sector eléctrico que estaban laborando en esos lugares los días que incurren incidentes, acusándolos de terrorismo y traición a la patria, cuando su real delito es regalar su fuerza de trabajo para subsistir, en un lugar que está en plena decadencia funcional.

1.11. Sistema Patria y Carnet de la Patria

En 2017 el gobierno de Maduro anunciaba la creación del Sistema Patria, una iniciativa para registrar a todos los venezolanos y administrar los programas sociales. En 2018 desarrollaría el carnet de la patria (Código QR) como requisito para acceder a los 120 litros de gasolina mensuales subsidiados y los escasos programas sociales que sobrevivían.

En el proceso de bonificación de los ingresos de la clase trabajadora el gobierno comenzó a usar la plataforma como un mecanismo para la distribución de los bonos que constituyen más del 80% de los ingresos de la clase trabajadora, bajo el formato de monedero digital. Luego, el gobierno paso la administración de las nóminas de las instituciones públicas a este sistema, como un mecanismo de ahorros para el gobierno que permitiera tener más dinero para la acumulación de la clase dominante.

Estos captura y despojo de ingresos de la clase trabajadora se expresaron en:

1-Unificar los salarios hacia abajo;

2-Eliminar derechos adquiridos, evitando que cualquier despacho lo continuara haciendo. Esto incluía a activos y jubilados. Por ejemplo, en Venezuela docentes, médicos y las Fuerzas Armadas tienen derecho a contar con varias jubilaciones, siempre y cuando no colidan en horarios durante el periodo de activos. Así, un maestro quien trabajó 25 años -o está activo- en una escuela nacional pública, mientras por la tarde lo hacía -o hace- en una estadual y, en la noche en otra municipal, podía acceder a tres salarios completos (mientras estuviera activo) o tres pensiones de 100% de salario al estar jubilado. En cada caso tenía acceso a complementos en cada uno, como el bono vacacional, aguinaldos (meses adicionales) y otros beneficios. Al administrar esta situación el Sistema Patria, solo otorga un beneficio, violando derechos adquiridos y golpeando mucho más los precarios ingresos de la clase trabajadora;

3-Establece un sistema de recompensa-castigo de acuerdo al comportamiento político del trabajador:

4-Unifica el pago quincenal en 180 Bolívares (actualmente el dólar supera el precio de 40 Bolívares por unidad).

5-Concentra los programas de becas estudiantiles, que aunque son de bajo monto, en muchos casos se establecen un correaje clientelar.

El sistema Patria es una política anti clase trabajadora, que se centra en la economía del Estado a costa de los intereses de la clase trabajadora. Si fuera un Estado que garantizara la distribución de la riqueza nacional no sería tan perjudicial como lo es en un Estado centrado en garantizar la acumulación capitalista, es decir, lo que se ahora por concepto de pagos a la clase trabajadora, va a las manos de la burguesía, en las distintas y variadas formas y mecanismos de acumulación rentista.

1.12. La ley contra el odio

El 8 de noviembre de 2017 se publica en Gaceta oficial la Ley Contra el odio, la convivencia pacífica y la Tolerancia, que pasó a ser conocida popularmente como la Ley contra el odio. Esta Ley, enarbolada bajo el paradigma de los derechos humanos, es en realidad un instrumento jurídico para controlar, contener, reprimir y suprimir el pensamiento crítico, las críticas y las disidencias políticas. Si bien su lugar de enunciación se basa en los abusos cometidos por la oposición de derecha, especialmente en las jornadas insurreccionales que llevaron adelante entre 2014-2017, en realidad va mucho más allá.

Su instrumentación práctica la convierte en una herramienta de poder para imponer un pensamiento único, una forma unidimensional de situarse ante la realidad, las correlaciones de fuerza, el ejercicio del poder y la justicia social. Ahora, cuando alguien critica una política pública o expresa su disentimiento con la actuación de un funcionario, más aún si llama al ejercicio de la contraloría social o impulsa acciones contra el poder, puede ser fácilmente catalogado de una persona que promueve el odio, corriendo el riesgo de ser encarcelado de diez (10) a veinte (20) años (artículo 20 de la citada Ley).

Esta Ley no opera solo contra la derecha política, sino que se usa para criminalizar la protesta social, especialmente de la clase trabajadora. Su aparición cierra el capítulo de la primera etapa del madurismo (2013-2017) y abre paso a su segunda etapa (2018-2024).  

1.13. Creación del Petro: las criptomonedas como mecanismo de acumulación burguesa y flexibilización de los controles del Estado sobre el presupuesto público

En diciembre de 2017 Maduro anuncia la creación del Petro como la criptomoneda nacional, estableciendo un precio para ello que tenía como referencia el mercado de los cripto activos, pero que no era el resultado de la regulación internacional en la materia. Los propiciadores de la criptomoneda sería dos ministros del gabinete de Maduro (El Aissami y Roa), quienes en el 2023 y 2024 serían acusados de usar este mecanismo para generar la mega corrupción PDVSA-cripto que algunos estiman alcanzó los 23 mil millones de dólares.

La justificación política de la medida de crear el Petro, a todas luces improvisada, era que se constituía en un mecanismo para la venta de petróleo y otras materias primas en el exterior, saltando las restricciones bancarías del bloqueo norteamericano y de las naciones imperialistas europeas sobre Venezuela. Sin embargo, la discrecionalidad de diseño, uso y regulación terminaría convirtiendo al Petro en un mecanismo de corrupción y desviación de recursos, a las arcas de sectores de la nueva burguesía.

En 2024 se cerraría el capítulo de las criptomonedas con la intervención de la super intendencia nacional de criptoactivos -SUNACROP- (marzo de 2023) y la eliminación del propio Petro (15 de enero 2024), pero su paso lo único que logró fue dilapidar recursos que pudieron ser usados para mejorar las condiciones materiales de vida y salariales de la clase trabajadora.

1.14. El arco minero: destrucción ambiental y opacidad en el manejo de los dineros públicos

En noviembre de 2018 Nicolás Maduro anuncia que pondrá en marcha un ambicioso plan de explotación de oro en el pulmón ecológico de Venezuela.  Esta decisión ampliamente rechazada por académicos, organizaciones de la clase trabajadora y partidos de izquierda se implemento como una política de seguridad nacional, tomando como justificación las nuevas sanciones económicas anunciadas por Trump.

Maduro anunció que a partir de ese año se obtendrían 5.000 millones de dólares por venta de oro que serían adquiridos por China y Rusia. Sin embargo, las cifras de lo recaudado entre 2018-2024 no han sido mostradas de manera transparente y en ningún caso han tenido un impacto positivo en la mejora de las condiciones salariales, de trabajo y vida de la clase trabajadora.

1.15. Elecciones presidenciales de 2018: peleando con el espejo

Las elecciones del 20 de mayo de 2018, fueron el marco electoral para el desarrollo de una nueva fase del Madurismo, el impulso de un Programa Económico capitalista y neoliberal. Ese punto de partida en 2018 tendría que superar los obstáculos iniciales que se estructuraban en la acera del frente opositor.

En 2018 el grueso de la oposición de derecha había decidido no participar en las elecciones presidenciales, atrincherados como estaban en la Asamblea Nacional que habían ganado en las elecciones del 2015. La propia MCM se negó a reconocer la legitimidad institucional de convocar a las elecciones de ese año, pidiendo incremento de las sanciones y las presiones internacionales contra el gobierno de Maduro, cuyas consecuencias afectan principalmente para el pueblo y no para quienes administran las riquezas nacionales.

Ese desconocimiento a las elecciones de 2018 dio origen al llamado intinerato de Juan Guaidó, un mamotreto de poder paralelo que se construyó precisamente cuando la base social de la oposición estaba en reflujo -por la derrota de la insurrección de 2017- obteniendo impacto internacional, mientras en el país nadie le daba importancia a tamaño despropósito. El drama del intinerato es que no tenía respaldo de calle, mientras los presidentes de los países lo recibían con honores.  Ese desafuero significó la autorización de Estados Unidos para que el itinerato usara fondos que habían sido congelados a Venezuela y tuvieran, además, incidencia en la gestión de empresas como Monómeros en Colombia o la refinería venezolana en Estados Unidos, quebradas económicamente después de la administración de Guaido y sus aliados.

Lo que ocurrió en el periodo 2018-2024 mostro la eficacia de la estrategia Madurista y la mirada corta de la oposición de derechas. Maduro logró avanzar en sus líneas centrales de periodo, mientras una parte importante de la derecha política y la vieja burguesía -por necesidades de sobrevivencia- entraron a fases de acuerdo con el Madurismo.

Es decir, las elecciones de 2018 significaron para la clase trabajadora la consolidación del giro hacia la derecha del Madurismo y la puesta en marcha de un gobierno interino de la derecha que dilapidó los fondos públicos en medio de una terrible situación de vida para quienes viven del trabajo. Las elecciones del 2018 significaron que dos proyectos que parecían antagónicos por sus aspiraciones de poder (Madurismo como representación de la nueva burguesía y oposición que representa a la vieja burguesía) coincidían en su terrible desprecio por los intereses de la clase trabajadora, sus salarios y condiciones materiales de vida.

1.16. Madurismo e intentos de bonapartismo sui generis

Entre 2013 y 2017 Maduro -y la nueva burguesía que fue surgiendo y consolidándose a partir de 2002- enfocaron su esfuerzo en someter a la vieja burguesía y disolver las políticas públicas orientadas a fortalecer el poder popular, en lo que era ya un esfuerzo por consolidación de un proyecto burgués de nuevo calado en Venezuela.

En el primero de los casos, la vieja burguesía y sus representaciones políticas contribuyeron al esfuerzo, pues al considerar que el gobierno que había surgido después de la muerte de Chávez -el de Maduro- era débil, inestable y posible de derrotar por la vía insurreccional.

“La salida” de Leopoldo López y sus partidarios fue desmantelada, el triunfo electoral de la oposición en la Asamblea Nacional fue dilapidado por este sector, al poner en marcha el gobierno de Maduro una “constituyente” que fungió como parlamento paralelo y, la revuelta urbana de 2017 al ser aplastada con un saldo de más de un centenar de muertos, significaron triunfos para el madurismo. Cada derrota político militar del gobierno de Maduro y su fracción burguesa, sobre la vieja burguesía se vio acompañada de picos de migración que expresaban una derrota mucho más profunda, porque significaban la pérdida de la esperanza de lograr mejorar la situación material de vida de la población y, una especie de aceptación pasiva sobre la imposibilidad de generar un cambio político en el país.

La derrota opositora de 2017 no logró ser revertida, siquiera por la llamada presidencia interina de Guaidó y compañía, que, por el contrario, por su falta de conexión con las necesidades populares y de compromiso ético en el manejo de los recursos que administraron, mostraron que no eran una alternativa e hicieron que la oposición perdiera la calle entre 2018-2023.

En el segundo de los casos (desmantelamiento del proyecto popular nacional chavista propio del policlasismo bolivariano), el desfinanciamiento de proyectos semi autónomos que impulsaban las comunas y órganos de poder popular, fue sustituido por su transformación en ejecutores clientelares de proyectos. Si bien de manera marginal subsistieron experiencias que lograban trascender estos límites, el grueso del poder popular en construcción fue coaptado y adquirió un carácter funcional a la lógica del gobierno y el partido gobernante (PSUV).

Esta situación posibilitó el desarrollo de una segunda etapa en la estrategia madurista. La primera (2013-2017) logró reducir a su mínima expresión de calle a las representaciones políticas de la vieja burguesía y hacer retroceder las iniciativas de poder popular (emblema del socialismo del siglo XXI). Ahora (2018-2024), Maduro se trazaba cuatro estrategias convergentes:

1-intentar un acuerdo inter burgués, a partir de un Plan de Recuperación Económica centrado en la consolidación del capital sobre el mundo del trabajo,

2-la recomposición de la relación con los Estados Unidos, activando los viejos lazos del Grupo de Boston, conversaciones que inicialmente se mantuvieron en secreto hasta que fueron develadas por el gobierno colombiano de Duque y reconocidas públicamente por Maduro; esta estrategia lograría su propósito central (comenzar la distensión (a partir de la guerra de Ucrania y los problemas de reservas y suministros petroleros en los Estados Unidos,

3-intervenir, judicializar y limitar a su mínima expresión legal los instrumentos políticos de izquierda que venían rompiendo con su gobierno y habían formado parte del Gran Polo Patriótico (GPP), logrando intervenir a 11 partidos políticos del GPP,

4-la implementación de un programa anti clase trabajadora que limitara el derecho a contratación colectiva (y con ello el derecho a huelga), el cumplimiento de los derechos adquiridos fundamentalmente en materia salarial (Instructivo ONAPRE y otras formas jurídicas), la bonificación salarial, la destrucción del salario de la clase trabajadora y la criminalización de la protesta. 

Estas cuatro iniciativas procuraban que Maduro cumpliera un papel Bonapartista que lograra un acuerdo perdurable y estable entre las dos fracciones burguesas en disputa y generara estabilidad gubernamental, abierta a distintas formulas que no significaran un desplazamiento del Madurismo. Nuestro punto de vista es que el Madurismo nunca alcanzó -en ese periodo- la vocación de alternabilidad, pero si consolidó su ruptura nacional popular y con el proyecto de la clase trabajadora.

El año de las elecciones el salario nominal mensual alcanzó en julio de 2018 los 51,96 bolívares, equivalente a un dólar mensual, al cambio de la divisa norteamericana del momento.  Entre 2015 y 2018 el salario prácticamente desapareció, en lo que algunos analistas consideraron que significó el surgimiento del trabajo esclavo o prácticamente no remunerado en el país.

Esta situación material de vida y de crisis de representación política para quienes viven del trabajo, sería uno de los factores determinantes en el deslave del apoyo popular a Maduro y su gobierno que se expresaría años más tarde en la elección presidencial de 2024. Sin embargo, en el periodo 2018-2024 Maduro y el madurismo mostraron capacidad para cumplir el papel bonapartista de acuerdo inter burgués, algo en lo cual Chávez nunca avanzó seriamente.

2. La clase trabajadora venezolana en el periodo 2018 – 2024

Como hemos señalado, una vez propinada la derrota político militar de 2017 a las oposiciones de derecha, Maduro inicia una nueva etapa, que tiene como líneas estratégicas avanzar en un acuerdo perdurable con la vieja burguesía, reorientar y reforzar las posibilidades de un acuerdo con los Estados Unidos que use el petróleo y las materias primas venezolanas como su soporte y que le permita propiciar el levantamiento de las MCU, finalmente, para consolidar las dos operaciones anteriores, desarrollar un abierto programa anti clase trabajadora que despeje todo temor a la llegada del socialismo en la vieja burguesía y el imperialismo norteamericano. Veamos como estas iniciativas se van expresando en políticas públicas. Veamos como se va tejiendo esta iniciativa.

2.1. Programa de Recuperación Económica (2018): el peso de la crisis recae sobre la clase trabajadora

El 17 de agosto de 2018 Maduro anunció su “Plan Económico de Recuperación y Crecimiento para la prosperidad futura” con el propósito de implementar “factores de corrección” económica nacional. Este programa, al estilo de los programas de ajuste estructural que aplican el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se centraba en seis aspectos:

1-Reconversión monetaria: la inflación venezolana acumulada entre 2013-2018, según data análisis (2018) era de 12.000%, lo que había hecho que, por ejemplo, un par de zapatos económicos costara 150.000.000 (ciento cincuenta millones de bolívares).  Un profesor universitario que trabajaba en ese momento en postgrados fuera del país, con un sueldo promedio internacional de su profesión, relataba que al ir en Caracas a hacer un mercado semanal promedio (un carrito de supermercado lleno con productos de la cesta básica), la compra le generó una factura en bolívares de 1.215.000.000 bolívares (un millardo doscientos quince millones de bolívares), lo cual da cuenta de la devaluación del Bolívar. La solución fue quitarle cinco (5) ceros al valor de la moneda nacional, que tenía más un efecto psicológico que real, pero al quitarle esos ceros a la moneda, el valor del salario de la clase trabajadora, se mostró absolutamente pulverizado;

2-Anclaje al Petro: mecanismo ante el cual se pretendió crear un valor de circulación de moneda digital (criptomoneda) que solo era aceptada en el país, anclada, por ejemplo, como se hizo inicialmente en unos 60$ norteamericanos por Petro. La bonificación salarial intentó ser expresada en algunos casos en Petros, que tenían la dificultad que al querer el trabajador venderlos en el mercado de criptoactivos solo podía obtener una porción de su valor menor del 50%, convirtiéndose en una estafa o engaño a quienes lo recibían como parte del salario. El anclaje del dólar a un monto del Petro, fue un intento por crear un mercado nacional de monedas, paralelo al que marca la convertibilidad dólar-Bolívar, que terminó siendo un fiasco, especialmente para la clase trabajadora, mientras que para la nueva burguesía servía para la captura (legal e ilegal como se mostraría después) de la renta petrolera. 

3-Aumento salarial: era imposible hablar de activar la producción con un salario gravitando en el dólar mensual. Contrario a lo que piensan muchos analistas internacionales ese nivel salarial no significaba que los productos, mercancías y servicios fueran muy bajos, sino por el contrario cualquier mercancía en Venezuela podía -y sigue siendo así- costar el doble o triple que en otro país de la región.

La pregunta lógica es ¿cómo logra sobrevivir la gente, especialmente la clase trabajadora?

Primero, a través de las remesas que enviaban -y envían- los migrantes que compensan en alguna medida, aunque en situaciones de miseria para quienes están fuera con trabajos sin derechos por ilegales y para los que viven en el país, la precaria situación de la clase trabajadora. Hoy en día prácticamente todas las familias venezolanas tienen por lo menos a uno de sus integrantes en condición de migrantes y otros llegan a tener hasta siete de sus miembros fuera del país por razones de migración para la sobrevivencia.

Segundo, mediante la “quema” de los ahorros y bienes acumulados por las familias, usados ahora para garantizar la subsistencia básica.

Tercero, usando la venta de la fuerza de trabajo en jornadas extras, sin ningún tipo de seguridad social, pero que ayudaba a completar los ingresos trabajando 14 a 16 horas diarias.

Cuarto, el surgimiento en el sector privado de salarios entre 100 y 200 veces superiores a los públicos, para poder garantizar el funcionamiento de locales; así, por ejemplo, una cajera podía ganar un bono en dólares de 100 o 150 dólares (sin incidencia salarial, ni en las prestaciones sociales), que representaba cincuenta a cien veces más, el salario mínimo de un trabajador. Esta brecha entre el sector público y privado, no implica justicia salarial en el segundo, sino una sobre explotación con el pago mínimo para funcionar, que les permitía a los grandes comerciantes unos márgenes de ganancia increíbles, nunca visto en términos porcentuales en el mundo del trabajo en Venezuela.  

Quinto, la destrucción del tejido social solidario construido en el periodo Chávez con el impulso de su proyecto policlasista de poder popular y agenda social; ahora la mayoría de la población se ve forzada a revender productos para obtener alguna ganancia que le permita sobrevivir, aunque ello sea a costa de la especulación con otro miembro de la comunidad. Por supuesto que aún existen iniciativas solidarias, pero estas son cada vez más marginales producto ser empujada la población a la cultura del sobreviviente. 

Sexto, el gobierno desarrolla un esquema clientelar de apoyos (bolsas de alimentación, bonos direccionados a quienes mantengan lealtad con el poder político) que cubre una parte de las necesidades de la población. Las bolsas de alimentación cubren las necesidades de alimentación mínima (fundamentalmente carbohidratos) de algunos días de la semana, a la par que son otro mecanismo de captura de la renta por parte de la nueva burguesía, mediante la importación de productos sin controles de márgenes de ganancia ni calidad.

En ese contexto, se produce el más importante aumento salarial desde 2013, que lleva el salario de un dólar mensual a 30 dólares mensuales (3.364% de aumento), lo cual incrementa el consumo por un breve lapso, pero este aumento es devorado rápidamente por la inflación que se dispara en el segundo semestre de 2018 (1,7 millones % según cifras de la Asamblea Nacional opositora y de 130.060% según cifras del Banco Central de Venezuela)  y el año 2019 (7.374,4% según cifras de la Asamblea Nacional opositora y de 9.585,5% según datos oficiales del Banco Central de Venezuela).

A partir de ese momento, la bonificación salarial se convierte en la estrategia compensatoria del gobierno, no obstante, el salario + bonos en Venezuela, horas antes de las elecciones presidenciales de 2024, apenas si alcanzaba los 130 dólares mensuales.

d. Flexibilización de las operaciones cambiarias: que procura disminuir la brecha de varios dígitos entre el valor oficial del dólar en el país y el que establecen refrentes privados que son los que realmente se usan para la compra y venta de divisas. El sistema conocido como DICOM no era otra cosa que un mecanismo de transferencia de dólares oficiales provenientes de la venta de petróleo al sector bancario para que fueran otorgados a la vieja y nueva burguesía como un mecanismo de promoción del encuentro entre ambas fracciones y de disminución de la conflictividad 

Esta transferencia milmillonaria de recursos al sector privado se hace mientras se establecen camisas de fuerza para la justicia salarial, evitando los aumentos salariales y manteniendo los ingresos de los trabajadores en niveles de sobrevivencia mínima y de gran acumulación capitalista.

Como señala Víctor Álvarez (2018), si bien, teóricamente, “el nuevo Sistema de Mercado Cambiario se correspondía a un sistema de compra y venta de moneda extranjera en bolívares, en el que demandantes y oferentes participan sin restricción alguna … esto no se cumple … porque … el gobierno mantiene las subastas del Dicom para asignar las petrodivisas a una tasa de cambio menor a la que surge del mercado de divisas privado y, por lo tanto, mantiene el incentivo perverso para que los especuladores cambiarios capturen las divisas baratas de la renta petrolera y luego las revendan más caras en el mercado privado”.

El programa económico de Maduro en su política cambiaria es un “distribuidor” de la renta -aunque esté disminuida- entre los sectores burgueses y este mecanismo le sirve para jugar su papel de facilitador de encuentro entre la vieja y nueva burguesía, a costa de una situación material de vida y salarial desastrosa para la clase trabajadora.

e. Levantamiento del subsidio a combustibles: cuando inicia la crisis estructural en Venezuela (1983), de la cual no se ha salido aún, los intereses internacionales vinculados a la internacionalización y la financiarización capitalista, así como la burguesía nacional, coincidían en usar aún más el petróleo para sus procesos de acumulación, eliminando para ello los subsidios a la venta al público de gasolina, gasoil, gas y otros derivados.

El anuncio del aumento del combustible por parte del gobierno neoliberal del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez fue rechazado por la población y se convirtió en la mecha que hizo explotar la rebelión popular de febrero de 1989, conocida como el Caracazo. Esto se convirtió en un “trauma político” para la burguesía criolla que se negaría en el futuro a intentar realizar un ajuste significativo del precio del combustible.

El proceso Bolivariano y la nueva burguesía había heredado ese temor, lo cual hacía que en 2017 con veinticinco centavos de dólar (y mucho menos), cualquier venezolano podía llenar el tanque de combustible de su vehículo. En consecuencia, subir el precio de la gasolina, manteniendo bajo control la situación de protesta social, se convertía en una demostración de fuerza de Maduro para lograr los propósitos de etapa, más allá de su impacto en la ya menguada economía de la clase trabajadora.

El ajuste del combustible, que pasó a costar el equivalente a 50 centavos de dólar por litro, unos treinta dólares promedio para llenar el tanque, fue un duro golpe a la economía familiar de la clase trabajadora. El gobierno implementó un programa de subsidio indirecto, habilitando estaciones de gasolina para quienes estuvieran registrados en la plataforma Patria (registro social gubernamental) a quienes se les facilitaba unos ciento veinte (120) litros de combustible al mes a un precio de cinco dólares el llenado del tanque (40 litros), sin embargo, el volumen de expendios de este tipo se ha venido reduciendo de manera significativa, generando colas de días para poder acceder a esta posibilidad y tiene un impacto positivo mínimo en la real estructura de costos de los productos, bienes y servicio que consume la clase trabajadora.

El aumento de gasolina, anunciado como un mecanismo para la mejora de la infraestructura pública (mecanismo de captura de dinero público por parte de la nueva burguesía) y de salarios, no tuvo impacto alguno en el segundo. En el primero permitió apuntalar mecanismos de acumulación de capital por parte de las constructoras vinculadas a la nueva burguesía.

Si bien el aumento de la gasolina no generó el temido estallido social, por la desmovilización propia de la derrota a la oposición en 2017 y el modo sobrevivencia en el cual vive la mayoría de la población -incluida la clase trabajadora- que le hace priorizar la obtención diaria de alimentos y medicinas, si se convirtió en un factor que afectó de manera importante los apoyos que en sectores populares mantenía el madurismo. 

f. Exoneración del ISLR a la industria petrolera:  al caer la producción petrolera en un 25% entre 2017 y 2018, el gobierno optó por proponer exoneración de impuesto sobre la renta (ISLR) para las empresas que trabajaban la explotación petrolera, sin embargo, la producción petrolera siguió en su caída después de esta medida (30% menos). No obstante, este mecanismo también sirvió para la acumulación de riqueza para aquellos sectores vinculados a la explotación petrolera (muchos de ellos de la nueva burguesía), sin que existiera un mecanismo de distribución compensatorio de la riqueza entre la clase trabajadora.    

El anuncio de este Programa Económico significó un proceso de abierto alineamiento con las recetas clásicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), que incentivaba una vuelta a la “apertura petrolera”, estimulando el levantamiento o flexibilización de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), como en efecto terminó ocurriendo.

2.2. Memorándum 2792, instructivo ONAPRE y criminalización de la protesta social

El 11 de octubre de 2018, el Ministerio del Trabajo de Venezuela publica los “lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de trabajo en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”. Este instrumento normativo, primero, coloca en el congelador los mecanismos de la Ley Orgánica del Trabajo para la negociación colectiva, crea una Comisión de Control y Seguimiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, que establece un mecanismo regresivo para la aplicación de los beneficios alcanzados en contrataciones colectivas (lesiona el principio de derechos adquiridos) y se constituye en una alcabala para el inicio y desarrollo de procesos de mejora salarial y de condiciones de trabajo.

Segundo establece la obligación de tomar como punto de partida para la negociación colectiva el salario mínimo nacional decretado por el gobierno nacional, desconociendo aquellas contrataciones que habían alcanzado un piso mínimo superior, en un proceso de homologación salarial de todos los sectores, pero hacia abajo, que precariza aún más la situación salarial y de condiciones de trabajo de la clase trabajadora.

Tercero, elimina los referentes contemplados en algunas convenciones colectivas, que fundamentan el cálculo de beneficios económicos (salarios, primas y otros) y socio económicos (bonos, ayudas, complementos de agenda social) con base a Unidades Tributarias y montos nominales que elevaban el cálculo del salario mínimo, con lo cual el carácter regresivo de este instrumento afecta directamente a beneficios de la familia del trabajador y el propio empleado.

Cuarto, se sitúa abiertamente en favor del capital en contra del mundo del trabajo al contemplar que en el sector privado cuando “la estructura de cargos y niveles de los tabuladores y escalas salariales establecidas pongan en riesgo la fuente y el proceso social del trabajo, deberán ser objeto de revisión”, es decir, la acumulación de riqueza se hace sobre el incremento de la plusvalía de la clase trabajadora.

Quinto, las contrataciones colectivas del sector público, independientemente de lo acordado, deberán ajustarse a los lineamientos establecidos en el Instructivo de aplicación a convenciones colectivas en el marco de la reconversión, es decir aprovechan el cambio del cono monetario para golpear los mecanismos de mejora salarial.

Sexto, en términos prácticos este mecanismo “sui generis” de intervención del proceso de contratación colectiva se convierte en una manera de arbitraje que limita -por decirlo en términos elegantes- el derecho a huelga: para el trabajador la contratación colectiva, históricamente en Venezuela, es un proceso en el cual se tensiona y suele promover la huelga o protesta para alcanzar un mejor resultado, lo cual queda desdibujado en este mecanismo.

Por ello, señalamos que este memorándum es una forma de desmovilización de la clase trabajadora y consolida la ruta de limitación al derecho a huelga, que ya se había mostrado en la Ley Orgánica del Proceso Social del Trabajo de 2012, algo que analizaremos en profundidad en otro momento.  

El memorándum 2792 es un mecanismo de intervención estatal, que violenta la autonomía de la clase trabajadora, el principio de los derechos adquiridos y la progresividad de las mejoras económicas y socio económicas, siendo un instrumento de control regresivo sobre el mundo del trabajo.

Paralelo a ello, el Ejecutivo de Maduro elabora un instructivo para el pago de derechos adquiridos que borra de “golpe y porrazo” conquistas históricas de la clase trabajadora en el sector público. El llamado Instructivo ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto) elimina las bases de cálculo para derechos como los bonos salariales, aguinaldos, primas y otros complementos laborales, creando otras que tienen una incidencia negativa de hasta 70% menos en el cálculo de derechos adquiridos, eliminando otros que se había logrado conquistar en algunos ministerios y en otros no.

Paradójicamente cuando se introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la ilegalidad de este instrumento (instructivo ONAPRE) el cuál no había sido publicado, sino que era una instrucción a los directores de presupuesto de ministerios y organismos públicos, el TSJ dictaminó que el instructivo no existía -porque no se podía mostrar su existencia absolutamente confidencial entre las oficinas de presupuesto-, pero no se pronunció sobre sus efectos reales y tangibles. 

El fantasmagórico Instructivo ONAPRE sirvió para eliminar referentes salariales mayores en la administración pública respecto a la privada y, se convirtió en otro mecanismo para golpear el salario e ingresos de la clase trabajadora. Este “ahorro” público se desviaba hacia mecanismos de acumulación de la nueva burguesía, especialmente en el área de infraestructura (contratos de obra) y dotaciones (a las que se señala de sobre precios).

El instructivo ONAPRE rompe con la ¨paz laboral” que había impuesto y logrado el gobierno. Pues a partir de 2022 se vieron huelgas -no reconocidas ni convocadas por la burocracia sindical sino por la base- en la mayor concentración de proletariado industrial (SIDOR) y luego en el sector de los y las trabajadores (as) de la educación, precisamente por los efectos del Instructivo ONAPRE al recortarle el beneficio del bono vacacional, así como en otros sectores de empleados públicos y algunas empresas privadas, que también fueron escenarios de acciones de sus trabajadores.

Entre 2018 – 2024 se agudizaron los casos de criminalización de la protesta obrera, entre ellos destacan los siguientes casos:

Solo algunos casos documentados. Información facilitada por la CUTV

2.3. Judicialización de los partidos políticos (incluidos los de izquierda)

El Gran Polo Patriótico (GPP) era la expresión de la amplia alianza de izquierda, quienes junto al PSUV (partido oficial) acompañaban el proceso bolivariano (Chavismo y Madurismo). En la medida que surgen claras evidencias del giro del gobierno de Maduro hacia un programa de clase burguesa, se comienza a erosionar el GPP, lo cual da origen a un proceso de judicialización de los partidos -algunos de los que hasta ese momento apoyaban a Maduro y otros de la oposición- sin precedentes en la historia de Venezuela.

El camino de la judicialización de los partidos políticos en Venezuela se desarrolla desde 2012, pero tiene especial auge a partir de 2015. La judicialización es un proceso legal, en el cual un grupo de ciudadanos -de acuerdo con el gobierno- interpone una demanda contra la legalidad de la dirección de ese partido y el tribunal termina dándole la razón a los demandantes, adjudicándole la representación jurídica del partido. Estas “nuevas” representaciones no suelen ser acompañadas de la base militante, pero hablan en nombre de la organización. Las valoraciones y decisiones de las nuevas directivas respecto al gobierno, pasan a ser más complacientes.

Los partidos políticos judicializados hasta ahora son: PODEMOS (2012 – GPP), Bandera Roja (2015, oposición), Movimiento de Integridad Nacional -MIN- (2015, oposición), Movimiento Electoral del Pueblo -MEP- (2015, GPP), Movimiento Ecológico de Venezuela -MOVEV- (2018-2021), oposición), Partido Socialcristiano -COPEI- (2019, oposición e integrante del Pacto de Punto Fijo que gobernó durante la cuarta república). Pero sería el año 2020, cuando se notan los efectos del Programa Económico de Maduro y se hace inocultable el giro del madurismo cuando se desatan las judicializaciones. Acción Democrática -AD- sería judicializada en 2020 (arrebatada a Ramos Allup, partido integrante del Pacto de Punto Fijo), Voluntad Popular -VP- (2020, arrebatada a Leopoldo López de oposición), Movimiento Republicano -MR- (2020, oposición), Primero Justicia -PJ- (2020, oposición, liderada por Capriles y que fue cedida al parlamentario Brito, ex candidato presidencial 2024 y quien tiene una línea de conciliación con el gobierno de Maduro), Nueva Visión para Mi País -NUVIPA- (2020, oposición), Organización Compromiso País -COMPA- (2020), Partido Patria Para Todos -PPT- (2020, GPP), Movimiento Tupamaro -Tupamaros- (2020, GPP), Avanzada Progresista -AP- (2022, oposición), Partido Comunista de Venezuela -PCV- (2023, GPP). Años atrás le había sido eliminada la figura de partido reconocido a organizaciones como Nuevo Camino Revolucionario fundado por Luis Tascón, REDES liderado por el ex alcalde Caracas Juan Barreto, entre otros. Así mismo se habían eliminado las disidencias en organizaciones como Unidad Popular Venezolana -UPV- fundada por la difunta dirigente chavista Lina Ron y otros partidos reconocidos en el último periodo, tenían una política de acercamiento al gobierno de Maduro, como es el caso de Soluciones de Claudio Fermín.   

La judicialización de los partidos políticos reconfigura el panorama de las alianzas y oposiciones (grupos de la derecha representantes de sectores de la vieja burguesía), surgiendo partidos de derecha que se alienan con Maduro en lograr un acuerdo inter burgués, y se disminuye el espectro de los que se oponen a este acuerdo (MCM-EGU son expresión de este último sector).

2.4. La pandemia campanazo de orientación estratégica: la nueva clase política en el centro de las estrategias de atención

Durante la pandemia del COVID-19, el inicio del proceso de vacunación mostró una faceta oscura, respecto a las prioridades de vacunación.  El 9 de octubre de 2020 se anunciaba la llegada de los primeros lotes de vacunas rusas al país, que serían aplicados a 2.000 voluntarios, encabezados por la familia presidencial y altos funcionarios. Este anuncio convirtió a la vacuna contra el covid-19 en un instrumento de ejercicio del poder, generando angustia entre los pobres, los más afectados por la pandemia.

Cuando el volumen de vacunas disponibles se incrementó, se creó un sistema electrónico de citas. No obstante, el 18 de febrero de 2021, cuando se lanza oficialmente la campaña masiva de vacunación, el gobierno anuncia que la prioridad será el personal médico (que es correcto) y los altos funcionarios de gobierno (¡!!). El desparpajo del anuncio, evidencia una lógica de funcionamiento de la nueva casta política que intenta ser legitimado con discursos seudo ideológicos.

En este periodo se crea un hospitalito especial y se habilitan pisos de clínicas privadas, para el sector vinculado al gobierno que resulten afectados por la pandemia, mientras la clase trabajadora debe acudir a hospitales sin respiradores suficientes, carentes de plantas eléctricas, que viven el drama de horas sin electricidad, con sus consecuencias para la atención de pacientes.

Durante la pandemia, el abandono de la infraestructura educativa pública, de todos los niveles, genera un deterioro sin precedentes que ha impedido aún hoy en día la recuperación del volumen de actividades precedentes a la pandemia en algunas universidades e instituciones educativas. El cuidado y mantenimiento mínimo a la infraestructura publico prácticamente se esfumó en ese periodo.

2.5. Ucrania desata los nudos del bloqueo norteamericano, pero la clase obrera queda atrapada en las teorías monetaristas

Entre 1999-2024 Venezuela recibió 960.589 millones de dólares de ingresos petroleros, es decir, un promedio de 56.500 millones de dólares anuales, montos que contrastan con la tendencia a la caída de los salarios. En 2014 los ingresos por petróleo descendieron a los 40.000 millones de dólares, pero en 2015 cayeron a 12.000 millones de dólares (justo cuando Obama anuncia que Venezuela es un peligro inusitado para la seguridad de los EEUU.

De acuerdo a las informaciones difundidas por Telesur, en 2020 PDVSA reporto la producción de 500.000 barriles de petróleo diario, elevándose a finales de 2021 a 1.041.660 barriles diarios, cuyos aumentos significaron mayores ingresos para el país, pero estos no se vieron reflejados en mejoraras del salario y las condiciones materiales de vida de la población, sino que – cómo se conocería en 2024- alimentaron el esquema de corrupción y de ataque a la estabilidad del Bolívar mediante lo que se conoció como la Mega corrupción PDVSA-cripto.

El 24 de febrero de 2022 se inicia la guerra de Ucrania, aunque sus antecedentes tienen carácter histórico y eventos recientes[6]. Esta situación genera una turbulencia en los mercados petroleros y las reservas estratégicas de los Estados Unidos. El 01 de marzo de 2022 el presidente Biden liberó 30 millones de barriles de las reservas estratégicas norteamericanas, como parte una iniciativa de la Agencia Internacional de Energía (AIE) que colocaba 60 millones de barriles de crudo en el mercado. Esto obligó a la administración norteamericana a ver de otra manera el sector de suministros potenciales, revalorar las tensiones y conflictos y buscar una salida en el corto y mediano plazo. Venezuela reaparece en los análisis de escenarios energéticos de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

En esa dirección la administración Biden comienza a propiciar los diálogos entre el gobierno y la oposición, como un gesto para responder a la voluntad del gobierno de Maduro de volver a ser un surtidor confiable de petróleo a la poderosa nación norteamericana. Los diálogos con la oposición se han convertido en una telenovela que es necesario analizar en otro artículo, pero en este momento queremos destacar que ni el gobierno ni la oposición colocaron en la mesa de negociación la necesidad de reconstituir el salario de los trabajadores a los estándares mínimos internacionales, ni el respeto a la libertad sindical, los derechos adquiridos y la garantía del derecho a huelga. Las preocupaciones de las partes estaban más centradas en el acceso a la renta y los procesos de acumulación burguesa, dentro de los cuales el levantamiento de las MCU jugaba un papel estelar.

El 26 de noviembre de 2022, tras largos meses de gestiones, se inician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición de derechas, en México, en lo que se denominó como los Acuerdos de Protección Social. El propósito central de estos diálogos era la recuperación de 3.000 millones de dólares pertenecientes a Venezuela que se encontraban congelados en el sistema bancario internacional. Esta reunión expresa la iniciativa de Maduro de propiciar y alcanzar acuerdos comunes entre la vieja y la nueva burguesía, alrededor de la devolución de recursos indispensables para el modelo de acumulación capitalista en el país. La agenda pública se fundamenta en construir acuerdos alrededor de la transparencia democrática de las elecciones de 2024.

El mismo 26 de noviembre de 2022 la Secretaría del tesoro de Norteamérica anuncia que permitirá a Chevron -la segunda petrolera más importante de ese país- el inicio de operaciones en Venezuela. Se emite la Licencia General 41 sobre Venezuela y más tarde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro confirmaría esta autorización, aclarando que se le prohibía a Chevron el pago de impuestos y regalías al gobierno venezolano y, que este dinero iba a ser destinado a pagar deudas de PDVSA con la propia Chevron, es decir se pagan y se dan el vuelto. No obstante, el gobierno de Maduro acepta esas condiciones neocoloniales porque le permite avanzar en uno de los tres objetivos estratégicos de etapa (recomponer la relación con los EEUU hasta reducir y eliminar las MCU), condiciones que ya preveía la antigua Licencia 41 de la OFAE. Sin embargo, las empresas mixtas de Chevron no tenían forma de no otorgar ingresos a Venezuela, de hecho, desde 2015 lo hacían por concepto de la extracción de más 100.000 barriles diarios del crudo. Esta situación, aunada a la del incremento de los precios del petróleo elevó los ingresos fiscales de Venezuela en 49,3% lo cual no significó mejora alguna en los salarios y condiciones materiales de vida de la clase trabajadora, al contrario, el salario mínimo que estaba marcado en 2021 en 27,42 dólares, cayó en 2022 a 7,43 y, en 2023 a 3,66.

El 17 de octubre de 2023, la oposición y el gobierno venezolano suscriben los acuerdos de Barbados que procuraba mejorar las condiciones democráticas de las elecciones de 2024 y garantizaban la participación de todas las partes. Como señalamos en un artículo anterior, el problema que no resolvió la cita de Barbados fueron las garantías mínimas al madurismo como factor político en el caso de una victoria electoral de la derecha. En ese sentido el acuerdo de Barbados careció de viabilidad y razón operativa. Advertimos en su oportunidad que, sin resolver ese asunto, el gobierno de Maduro no aceptaría resultado adverso alguno, como en efecto ocurrió.

2.6. El esequibo y la división internacional del trabajo capitalista

Carente de banderas políticas revolucionarias, el madurismo apeló al nacionalismo. Se reactivó la disputa con Guyana, sobre todo por el inicio de la explotación de grandes reservas de petróleo en ese territorio en disputa. Organizó un referéndum nacional cuyos resultados tuvieron tanta opacidad que oscilaron entre 2.000 y once millones de votantes las cifras que manejó el Consejo Nacional Electoral.

El referéndum sobre la Guyana tuvo varios objetivos políticos. El primero, buscar un mecanismo para incrementar los ingresos de Venezuela, que fueran destinados al modelo de acumulación capitalista. La intención era llegar a modelos de ganancias compartidas (Venezuela-Guyana) por la explotación de hidrocarburos en esa región. Las negociaciones y acuerdos posteriores al referéndum no han sido transparentes y algunos analistas vinculan potenciales acuerdos en ese sentido, con la creación por Gaceta Oficial de una Notaría Pública a la cual no tiene acceso el público (insólito) y que es reservada al alto gobierno para sus acuerdos comerciales y de distinta índole.

El segundo, lograr un acuerdo nacional entre los partidos de derecha y el gobierno, como ensayo para futuras actuaciones conjuntas que mostraran los avances del acuerdo inter burgués. Esto iría construyendo la cultura de cohabitación controlada por el madurismo, algo a lo que se opusieron de manera fervorosa MCM y sus aliados.

Tercero, ensayar un cambio en la cultura electoral de anunciar los resultados desagregados por mesa, centro de votación y localidad, probando la reacción de la población al respecto. El ensayo pareciera que les dio la falsa confianza que la precaria reacción contra el manejo electoral de la información por parte del CNE en el referéndum se repetiría en las elecciones del 28J-2024.

Cuarto, servir de distractor para la creciente ola de protestas y descontentos callejeros por la precariedad salarial y de condiciones de vida de la clase trabajadora.

Si no vemos en referéndum en el marco de la política central del madurismo en el periodo 2018-2024 difícilmente vamos a comprender sus alcances. 

2.7. Maduro el protestantismo y la idea de lucha del bien contra el mal como sustituto de la lucha de clases

El 7 de marzo de 2024 Nicolás Maduro lideró un Encuentro y Ritual evangélico contra las sanciones norteamericanas, que fue acompañado por 17.000 pastores y pastoras protestantes. Semanas después, los líderes evangélicos del país darían su apoyo electoral a Maduro porque “representaba los valores de la familia originaria”, es decir, porque se consolidaba el compromiso de evitar el reconocimiento del aborto, el matrimonio igualitario y los derechos de las diversidades sexuales, incluida la educación sexual basada en una perspectiva de género.

El vínculo de los grupos protestantes con los gobiernos ha sido un signo del ejercicio del poder con una perspectiva conservadora, de derechas y ultraderecha. Por eso causa cierta confusión, que un gobierno -como el de Maduro- que sigue con narrativas de izquierda promueve y desarrolle esta aproximación y profundice acuerdos. Si no se entiende el giro que ha venido operando el madurismo a través del tiempo, esto se puede entender como una simple excentricidad, cuando en realidad es algo más estructural. Entre otras cosas, estos apoyos protestantes procuran llenar el vacío que dejan apoyos de la izquierda.

Sin embargo, al aprobar el 4% del presupuesto público para la promoción de la fe (categoría abstracta que se orienta al fortalecimiento del protestantismo) en un país en el cual la inversión en ciencia no supera el 2%, esto se constituye en una política regresiva, que no solo obvia las necesidades de recomposición salarial que tiene la clase trabajadora, sino que avanza en el desmantelamiento de la laicidad, algo en lo cual coincide con la ultraderecha internacional.

Maduro ha sustituido la lucha contra el capital y la burguesía, por la lucha del bien contra el mal, en la cual por supuesto él pretende encarnar la representación del bien. Esto le permite zafarse del discurso anticapitalista del chavismo y avanzar en nuevos marcos narrativos. Recientemente ha señalado que MCM y Elon Musk, quienes según Maduro son aliados, tienen un pacto con la iglesia satánica de Detroit, en un curso discursivo absolutamente delirante, en el cuál el representa el “bien” que los combatirá.

2.8.  Eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGFT) a los grandes capitales y se le mantiene a la clase trabajadora

Desde marzo de 2022 el gobierno decretó el IFGFT como impuesto del 3% de pago para cualquier persona natural y jurídica que realice operaciones que se concreten en moneda extranjera. Esto se usó, mediante un discrecional mecanismo de exoneraciones y cálculos, como una forma de propiciar los diálogos y acuerdos Inter burgueses y para obligar a los más renuentes a cambiar sus divisas por bolívares mediante instituciones del Estado e instrumentos privados, operados por la nueva burguesía. Esto procuraba garantizar la captura de circulante en moneda extranjera, especialmente en dólares y euros, en un mercado en el cuál la inflación se expresaba en dólares y la devaluación incesante del Bolívar fungía como proceso de descapitalización empresarial.

Pero lo perverso del IGTF es que era aplicado a cualquier transacción, independientemente de su monto. Así la voracidad de la nueva burguesía operaba sobre el pueblo, capturando las precarias divisas que obtenía la clase trabajadora producto de las remesas o alguna labor que hacía a cambio de bajas sumas de dólares.  Estos impuestos terminaban siendo usados para sofisticadas formas de transferencia a la nueva burguesía, como el “mantenimiento de infraestructura”, “eventos”, “obras de corta duración y otras.

Así, un ama de casa o un obrero, quienes recibieron 100 dólares de un hijo migrante, van a comprar un kilo de carne de res y verduras, se les descuenta el 3% por pagar en dólares. Y si decide cambiar la divisa por moneda nacional, igual pierde un porcentaje importante de su valor real debido a las distorsiones de ese mercado cambiario, especialmente las diferentes escalas de cálculo. Ese odioso impuesto golpea el bolsillo de la clase trabajadora en medio de una situación de desaparición salarial e inflación desatada. El gobierno de Maduro no solo no se preocupa por proteger la economía de la clase trabajadora, sino que diversifica los medios para extraer por la vía impositiva el circulante en divisas que pueda tener.

El descaro absoluto ocurrió cuando al comenzar el segundo semestre de 2024 el gobierno madurista eliminó la carga impositiva del IGTF para todos los empresarios, pero lo mantuvo para el consumidor final, lo cual se convierte en un privilegio para los ricos y el sostenimiento de cargas impositivas para la clase trabajadora.

2.9. El gobierno se abraza con Fedecamaras

FEDECAMARAS es la agrupación empresarial más importante de Venezuela, el sector que muestra claramente los intereses del capital en Venezuela.  Históricamente tuvo diferencias con el Chavismo y el Madurismo, fundamentalmente porque:

1-Chávez siempre la identificó como la representación empresarial de los intereses norteamericanos en Venezuela, en consecuencia, su alianza fue con el sector excluido de esta corporación, en parte agrupado en ProVenezuela y sectores del capital con mayores grados de libertad, quienes le acompañarían hasta el golpe de Estado de 2002, en el cuál prácticamente todo el sector burgués se involucró, incluso éste que había acompañado a Chávez en el periodo 1996-2002,

2-El proyecto Chavista de un capitalismo humano (1996-2003) que pasaba por fomentar una burguesía opuesta a FEDECAMARAS. Aún más, aún en el periodo 2004-2013, en el cual el Chavismo promovió la conformación de una nueva burguesía que competía con la vieja burguesía en la forma rentista, especulativa y de control del aparato estatal para la acumulación de capital, pero que ahora competía en las posibilidades de uso del aparato del Estado para su desarrollo y vigencia,

3-En el periodo madurista 2013-2017, de consolidación política e institucional de la nueva burguesía, se mantuvo el cerco gubernamental sobre FEDECAMARAS, lo que cambiaría con el giro que operaría el gobierno de Venezuela a partir de 2018, a partir del cual se intenta concretar un acuerdo interburgués entre la nueva y la vieja burguesía. Sin embargo, la construcción de caminos de encuentro implicó más de dos años (2018-2020) de iniciativas públicas (políticas de gobierno) y privadas (conversaciones, acuerdos y promoción de espacios compartidos).  

El 20 de Julio de 2021, la Asamblea Anual de FEDECAMARAS mostró públicamente los avances de estas negociaciones. La vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, fue la invitada especial a este evento, donde desarrollo un discurso que se correspondía al encuentro que se había promovido.

El gobierno bolivariano operaba un cambio nada menor en las relaciones con el capital venezolano, rompía con la tradición del periodo chavista de confrontación con este sindicato empresarial y abría puentes para que la nueva burguesía y sus capitales acumulados se vinculara, asociara e integrara al corporativismo burgués.

Un ejemplo de ello fue la constructora HP, fundada en 2012, dedicada al levantamiento de grandes edificaciones en el sector de Las Mercedes y el Este caraqueño (albergue clásico de la clase media alta y la burguesía venezolana), que integraba capitales de distintos orígenes, cuyos gerentes fueron detenidos en 2023 como integrantes de la mega corrupción PDVSA-cripto. Caracas y Lechería en el oriente del país se convierten en los epicentros de integración de la vieja y nueva burguesía, con fachadas de bienes y servicios y aún con limitaciones en el sector productivo.

Este proceso fue facilitado por eventos como la devolución de las instalaciones del Centro Comercial Sambil en la Candelaria (sector popular) que Chávez había expropiado en 2008 a la poderosa familia Cohen, señalando que tendrían que sacarlo de Miraflores (el palacio de gobierno) para que lo devolviera. Maduro lo hizo como parte de la restructuración de la relación con la vieja burguesía, como lo haría con tierras confiscadas a terratenientes que le fueron arrebatadas a campesinos y devueltas a sus viejos propietarios y con fábricas tomadas y recuperadas por trabajadores que volvieron a manos de empresarios.  

La Bolsa de Valores, ahora dirigida por la familia Velutini, había reabierto sus operaciones un año antes (2020), mientras cada vez salían más sentencias judiciales en favor de la burguesía, como la que coloca a la familia Cusanno (Ricardo Cusanno había sido presidente de FEDECAMARAS) al frente de la Cruz Roja Internacional sede Venezuela, eventos que iban colocando los ladrillos del camino del encuentro. En compensación, muchos de los integrantes de la vieja burguesía agrupada en FEDECAMARAS comenzaron a ser los adalides del levantamiento de las sanciones norteamericanas y europeas (MCU), porque ahora tenían posibilidades ciertas de volver a acceder al modelo de acumulación clásico, independientemente que tuvieran que compartir la “torta” con la nueva burguesía.  

Delcy Rodríguez -vicepresidenta-, a quien Adán Celis, histórico empresario y representante de la vieja burguesía (presidente de FEDECAMARAS) catalogara como su “queridísima amiga” sería artífice del inicio del acuerdo inter burgués. La modulación y performance festivo del encuentro, mostraría el avance en la estrategia madurista que sigue teniendo la dificultad de resistencias en un sector burgués (una de cuyas caras más visibles son Olalquiaga, ex presidente de Conindustria y el banquero Juan Carlos Escotet) que, apuesta por tener una representación más próxima a su cultura política e intereses históricos, la de María Corina Machado.

Este acuerdo inter burgués necesita ser sellado por las políticas anti obreras desarrolladas por el gobierno de Maduro, en especial a partir de 2018. En lo que coinciden la vieja y la nueva burguesía es en generar el mayor nivel de explotación de la clase trabajadora venezolana (el anclaje del salario en condiciones miserables es parte de ello), bloquear y desmontar los mecanismos de libertad sindical, derecho a huelga y movilización de los trabajadores, suprimir la noción de derechos adquiridos para propiciar retrocesos en conquistas alcanzadas por los trabajadores e impedir su organización en partidos políticos que representen los intereses de quienes viven del salario.

2.10. Las centrales sindicales y el movimiento autónomo de la clase trabajadora

En la actualidad existen siete centrales sindicales en Venezuela. La primera, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fundada en 1947 (su proceso constitutivo viene de 1936), históricamente controlada por la socialdemocracia. Fue la central de contención obrera durante la cuarta República, aunque en la década de los noventa del siglo XX afloraron contradicciones importantes, entre la base y la dirección de esa central. En 2002 se involucró activamente en el golpe de Estado contra Chávez. En la actualidad sigue teniendo influencia socialdemócrata, con la presencia de sectores que vienen del chavismo como el de Froilán Barrios y Bandera Roja (ex maoístas).

La segunda, Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) creada por el Partido Socialista de Trabajadores (PSUV) a través de la estructura de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores que había organizado Maduro. Es hoy, el mayor aparato burocrático de contención de las luchas de los trabajadores.

La tercera la Confederación General de los Trabajadores (CGT) sigue manteniendo su actividad, pero está muy débil en su composición orgánica de sindicatos de base. Su comportamiento en los últimos años, es poco beligerante contra las políticas anti obreras del gobierno.

La cuarta, la Asociación Sindical Independiente (ASI) es la central sindical más nueva en el país. Su fundador fue Carlos (El Chino) Navarro, quien en la cuarta Republica esta en la CTV por el sector copeyano. Esa es la orientación de esa central, demócrata cristiana. Navarro falleció hace unos 3 años y actualmente ASI la preside Marcela León, formada por Navarro y primera mujer presidente de una central. ASI es predominantemente de oposición, pero mantiene un accionar gremialista y de negociación con patronos públicos y privados.

La quinta, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), históricamente vinculada al Partido Comunista de Venezuela y fuerzas políticas afines. Esta central no pudo crecer lo suficiente en el periodo chavista y ahora está en franca oposición al gobierno de Maduro por las políticas anti obreras del primer mandatario nacional.

La sexta, CODESA, de inspiración demócrata cristiana, es una central muy disminuida en su composición orgánica de sindicatos de base. Tiene un papel contestario de la deriva anti obrera del gobierno, pero su influencia real de masas es mínima.

La séptima, la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) se organiza a partir del Encuentro Nacional de Trabajadores hacia la Refundación del Movimiento sindical (6-7 septiembre 2002). Lanzaría su declaración constitutiva en 2003 y a pesar de estar conformada en su mayoría por fuerzas cercanas al chavismo, sería el blanco permanente de ataques de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) dirigida en ese entonces por Nicolás Maduro. La UNETE rompería con el chavismo y es una central sindical pequeña, pero de oposición al gobierno

También existen agrupamientos regionales como la Coordinadora Autónoma e Independiente de Trabajadores (CAIT) que sirven de espacios intermedios de coordinación y unidad para la lucha. La CAIT está conformada por sindicatos clasistas y gremialistas con presencia en el Zulia y en menor medida en Carabobo y Caracas. Son mayoritariamente posiciones de izquierda y afines a la revolución Bolivariana, aunque no todos sus gremios y sindicatos.  Desde hace años, son el sector sindical más crítico dentro de los que aún votaron por Maduro el 28 de Julio.

A pesar de la terrible situación material de vida generada entre 2013-2021, el papel de las centrales sindicales venezolanas fue básicamente de denuncias, defensivo y no se convocaron a grandes marchas nacionales.  Ello se debió a la dispersión sindical tradicional, la actitud gubernamental de usar el Ministerio del Trabajo para frenar la conflictividad y el modo sobrevivencia (buscar lo básico para poder vivir) en el que se encontraba la clase trabajadora. No obstante, ocurrieron paros de laborales muy localizados, protestas y algunas pequeñas movilizaciones que levantaban las banderas del mundo del trabajo.

La pandemia, le permitió al gobierno hacerse de la “vista gorda” ante nuevos incrementos de precios en los productos básicos y obligó a la clase trabajadora -en cuarentena en sus casas- a abandonar los “rebusques” o trabajos paralelos para compensar la desaparición del salario.  Uno de los sectores más afectados fueron los jubilados y pensionados, cuya pensión mensual es equivalente al salario mínimo mensual.

En 2020, en medio de la pandemia, la concentración más importante del proletariado industrial del país, quienes laboraban en la estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) salieron a protestar por despidos masivos y el tema salarial; aunque localizada en el oriente del país, era el despertar de la clase obrera organizada. Las primeras protestas en todo el territorio nacional fueron de los jubilados. Al principio desarticuladas, pero fueron tomando formas rizomáticas de articulación. Las canas en la cabeza fueron las imágenes cada más recurrentes de protestas en 2021, aunque pequeñas y localizadas, no por ello menos importantes.

La labor de denuncia internacional de las centrales sindicales hizo eco y a finales de 2021 la Organización Internacional de Trabajo (OIT) anunció que visitaría Venezuela al año siguiente (2022) y estaba impulsando unas mesas de diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos, dentro del modelo tripartito que promueve ese organismo. Eso coincidía con los avances del gobierno en la reconstrucción de la relación con la empresarial FEDECAMARAS.

En el primer trimestre de 2022 se anuncian nuevas condiciones salariales en SIDOR, las cuales no llenan las expectativas de los trabajadores. Se produce una rebelión de las bases contra la burocracia sindical, que se expresa en una huelga obrera unánime, que coincidió con la visita de la comisión de la OIT. En un primer momento el gobierno declaró a la huelga de SIDOR como ilegal, luego intentó quebrarla con tropas de la Milicia Bolivariana que fungieron como esquiroles en el conflicto, pero fueron rechazados a la fuerza por la clase trabajadora.  Luego, en medio de la sorpresa de la burocracia sindical de la central patronal (CBST), el gobierno tuvo que pactar un nuevo acuerdo con delegados de base, saltando las mediaciones de la estructura sindical gobiernera.

En esos días, el gobierno había aceptado instalar las mesas de diálogo con la presencia de la OIT, convocando a cuatro de las siete centrales sindicales existentes en el país. En las mesas de diálogo de abril de 2022 participaron la oficialista Coordinadora Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la nueva central ASI. Fueron excluidas la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) -históricamente vinculada al PCV-, CODESA y UNETE quienes habían mantenido una posición de mayor autonomía sindical.

El Foro de Diálogo Social Tripartito -como denominó esta instancia- de parte de las centrales involucradas procuraba gestionar el inicio de las soluciones al problema derivado de la desaparición del salario como fuente de sustento, la defensa de los derechos adquiridos en convenciones, contratos laudos y otros instrumentos, así como la restitución progresiva de las Contrataciones Colectivas “congeladas” desde el memorándum 2792. Si bien el diálogo tripartito no ha avanzado en las demandas expuestas por las centrales sindicales, si ha fortalecido las posiciones regresivas de FEDECAMARAS y FEDE INDUSTRIA. La lección es la de siempre, negociaciones que no van acompañadas de movilizaciones no logran sus resultados esperados.     

Así lo vimos con el conflicto huelgario de SIDOR de abril de 2022, que obligó al gobierno a firmar un acuerdo con un aumento importante de salarios y otros beneficios, que han cumplido solo parcialmente. La conquista de la clase trabajadora de SIDOR significó una brisa fresca ´para el conjunto de la clase trabajadora venezolana, que después de muchos años veía que si era posible arrancarle una victoria al gobierno.

A partir de la victoria en SIDOR, se multiplicaron las protestas de los jubilados, muchos de ellos pertenecientes a campo de la educación básica, media y universitaria. Esta onda expansiva comenzó a expresarse en sectores como la salud, empleados públicos y empresas privadas. En junio de ese año, los ministerios de educación básica y universitaria anunciaron que monto del bono vacacional (conquista del sector desde hace décadas) iba a ser recalculado (había abajo) y se pagaría fraccionado entre ese año y el siguiente. Las protestas de los educadores y trabajadores de la educación estallaron en la mayoría de ciudades del país, teniendo a los jubilados como un motor importante de ellas; poco a poco los trabajadores activos fueron asumiendo el liderazgo de las movilizaciones. Al final el gobierno tuvo que retroceder y pagar el bono vacacional ese año, aunque fraccionado y calculado por debajo de su valor real.

Después de estas movilizaciones que llegaron hasta septiembre de 2022 el celofán del control gubernamental sobre la conflictividad de la clase trabajadora se había roto. Si bien las protestas eran fundamentalmente sectoriales y cíclicas, expresaban un nuevo momento de la lucha de clases.   Entre octubre de 2022 y marzo de 2023 se multiplicaron los reclamos de la clase trabajadora y las exigencias de salarios dignos.

A comienzos de 2023 nuevamente profesores, maestros y trabajadores de la educación marcharon en todas las ciudades del país, exigiendo aumento salarial y la discusión de contrato colectivo desde la base. A pesar del carácter masivo y nacional de las movilizaciones el gobierno no hizo esfuerzos por abrir el diálogo con las bases magisteriales y se atrincheró en reuniones con sectores burocráticos de las federaciones que son rechazados por quienes protestan. Sin embargo, una parte importante de los sindicatos regionales de estas federaciones se involucraron en la protesta, lo que implicaba que se estaba en una nueva etapa de la lucha social y salarial.

Mientras sectores vinculados al PCV, la CUTV y otras fuerzas organizaban el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, se gestaría también el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha (CNC-TL), del que también forma parte la CUTV y otras fuerzas constitutivas del frente.

El 18 de marzo de 2023, 170 delegados y representantes de sindicatos, federaciones y movimientos de trabajadores, provenientes de 17 estados del país, reunidos en Caracas, decidieron conformar el Comité Nacional de Conflicto de los trabajadores en Lucha (CNC-TL) que constituye un esfuerzo por recomponer la autonomía sindical y escapar al control burocrático de los conflictos. Como precisa Roberto López, uno de sus integrantes, la Coordinación Nacional del Comité Nacional de Conflicto-Trabajadores en Lucha, quedó integrada inicialmente por: Raquel Figueroa (CNProfesores), Gregorio Alfonso (APUCV), Pedro Eusse (CUTV), Eduardo Sánchez (SINATRA/UCV), José Bodas (FUTPV), José Basanta (SITRALUMINA Bolívar), Ana Rosario Contreras (Col. Enfermería DC), Carmen Teresa Márquez (FVM), Servando Carbone (UNETE), Dick Guanique (FADESS), Pedro García (ASOCEJUPRC), José Teixeira (FENATEV), Gricelda Sánchez (FORDISI), Ana Yánez (UNETE), Edgar Silva (Comité Pensionados del IVSS), Ketha Stephany (FAPUV), Yanny González (Col. Enfermería Barinas), José Jiménez (AEUC Carabobo), Oswaldo Méndez (Corpoelec Lara), Nelson Álvarez (APUNELLARG Guárico), Alí Gavidia (Sindicato CANTV Mérida), Luisa Rada (SITRAENSEÑANZA DC Caracas), Argelia Castillo (Central ASI), Ofelia Rivera (UDSE Caracas), Juan Carlos Calderón (USB La Guaira), Ronald Rodríguez (SITRAIUT Sucre), Pedro Moreno (DDHH CTV), Orlando Chirinos (CCURA), Jorge Tovar (FETRASINED Monagas), Carlos Timaure (CTL Miranda), Nairobi Ávila (Coalición Magisterio Yaracuy), Jesús León (SOLUZ Zulia), Ángel Castillo (Colectivo 2 de Junio Caracas), Freddy Lucena (CTL Aragua), Manuel Vásquez (CTL Aragua), Arturo Gómez (Trab. del Campo Guárico), Wolfang Acosta (SUNEP Amazonas), Thony Navas (Sirtrasalud Caracas), Jhonny Magdaleno (Fetracarabobo), Islenis Pulido (FETRASINED), Raul Ordóñez (Zulia), Juan Contreras (Sindicato Minero), José María Bastidas (Comité Conflicto Padres y representantes Trujillo), José Luis Sánchez (UDO Sucre), Alex Sánchez (SUTICEZ Zulia), Juan Gutiérrez (Palabra Obrera), Albert Villarroel (ATAUNEG Guárico), Edgar Pérez (CAIT), Luis Bastardo (UPTOS Sucre), Emilio Losada (FENAJUPV), Jenny Silva (Sindicato Obreros Alcaldía Caracas) y otros que posteriormente han sido designados.

Las denuncias sobre la criminalización de la protesta y detenciones a dirigentes de la clase trabajadora ocupo una parte importante del CNC-TL. Sin embargo, cada vez más el gobierno mostraba su desinterés por encontrar una salida a las protestas del mundo del trabajo, atrincherados en argumentos monetaristas (aumentos salariales supuestamente se traducen en inflación).

La movilización masiva y nacional del Sector laboral educativo en inicios de 2023, aunque no logró revertir la política regresiva de destrucción del salario y las pensiones, si obligó al Ejecutivo Nacional a incrementar en forma no prevista los ingresos monetarios de fuerza de trabajo del sector público y en menor proporción al sector de pensionados. De 25 $ mensuales (el salario solo es el 10% el resto son bonos sin incidencia salarial) en su inicio al personal activo, pasó en enero de 2024 a 130 dólares (la mayoría de los ingresos son bonos sin incidencia salarial) en la actualidad.

En 2023 se organizó el Frente Popular en Defensa del Salario (FRENPODES) conformado por dirigentes sociales y militantes de base de distintas agrupaciones sindicales, una experiencia bisagra de vínculo entre     lo sindical con lo comunitario. Este frente contenía distintas gradualidades de ruptura con el madurismo, lo que le agrega complejidad al espacio. En la medida que la campaña electoral de 2024 se agudizó y ante la opacidad en la presentación de los resultados electorales del 28J-2024, FRENPODES pareciera estar atravesando una crisis de redefinición que es importante acompañar.

El sector más dinámico de la lucha obrera hoy no pasa por las centrales sindicales, sino por los movimientos de base en cada sector y gremio.  Esto expresa una nueva realidad en la constitución de la dirección de la clase obrera.

2.11. De “La Razón” a APORREA: un largo camino espinoso para la libertad de opinión de la clase trabajadora

El Bolivarianismo (Chavismo y Madurismo) siempre se sintió incomodo ante el pensamiento crítico y la opinión disidente. En los primeros años (1999-2001) el conflicto con el semanario La Razón (en el cual había tenido una columna Chávez desde años antes de ser presidente), mostró no solo intolerancia a los cuestionamientos sino una vocación de coaptación y control. No obstante, una parte importante de la prensa comercial se situó al lado del golpe de Estado de 2002, lo cual le agregó tensiones entre el gobierno y la prensa.

La censura no declarada de estos medios de comunicación, durante el golpe de Estado, generó la necesidad de impulsar una comunicación alternativa. Aporrea, cuya denominación reivindica la Asamblea Popular Revolucionaria, instancia que el movimiento social había organizado antes del golpe de Estado, surgió como un ejercicio de democracia comunicacional radical. Aporrea con un estilo abierto y de promoción de la crítica, lo hacía incomodo ante el gobierno bolivariano que había desarrollado hiper sensibilidad a la crítica pública.

Pero sería el gobierno de Maduro, quien sin declararlo establecería un modelo de censura propio de la era digital. El bloqueo para el acceso al sitio web de aporrea impedía que los usuarios pudieran visibilizarlo y acceder a sus informaciones; los más politizados descargaron VPNs para poder hacerlo, pero esto afecto el alcance y penetración del sitio web. Lo acontecido con aporrea fue precedido de otras iniciativas similares sobre sitios web de derechos humanos, de la oposición de derechas y portales de periódicos. 

La censura despojaba a la clase trabajadora de una herramienta para difundir sus puntos de vista y para conocer posiciones críticas sobre el ejercicio de gobierno.  Pero también, confrontaba la histórica tensión entre pensamiento socialista y libertad de prensa y opinión, un asunto que la izquierda pos madurista deberá asumir.

2.12. Elecciones 2024: la clase trabajadora y la izquierda despojada de su posibilidad de presentar candidaturas autónomas

Los problemas más sentidos de la clase trabajadora en el primer semestre de 2024 eran: a) el tema salarial, que obliga a quienes viven del trabajo a existir en situaciones de miseria, b) la eliminación en la práctica al derecho constitucional  (aunque sigue existiendo en términos formales y declarativos) a la seguridad social, especialmente el acceso a salud pública adecuada y las pensiones de vejez dignas, c) la imposibilidad de desarrollar sus derechos sindicales y políticos, d) los efectos socio-económicos-emocionales de la migración, que afecta a todas las familias de la clase trabajadora.

Aunque como hemos querido mostrar en este artículo, las Medidas Coercitiva Unilaterales (sanciones) hayan afectado brutalmente a la economía nacional, son las políticas de Maduro, de conciliación burguesa y anti clase trabajadora, las que estructuralmente han agudizado la situación material de vida de la clase trabajadora.

Pero, la propaganda oficial ha logrado penetrar en amplios sectores populares y de la clase trabajadora, con una interpretación no esperada por el gobierno: “si las sanciones son la culpa de la situación salarial y material de vida que estamos viviendo, hay que promover un gobierno que pueda lograr su levantamiento”.

Aunque el acuerdo inter burgués procuraba -como medianamente lo había venido alcanzando- la flexibilización y el definitivo levantamiento de las sanciones económicas norteamericanas, no le alcanzó el tiempo al madurismo para cerrar esta operación política.

Las elecciones presidenciales de 2024 ocurren en un contexto en el cual la clase trabajadora no puede postular candidaturas y ninguno de los candidatos presidenciales representa un programa de la clase trabajadora. Con los partidos de izquierda judicializados, la izquierda se divide en cinco tácticas políticas en la coyuntura[7].  

Como lo planteábamos en el artículo “Elecciones del 28J: una situación inédita”, era imposible que el gobierno de Venezuela aceptara unos resultados electorales que le fueran adversos, porque eso significaría: a) la captura y prisión de los máximos dirigentes del Madurismo (Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez) quienes tienen orden de aprehensión y recompensas en Estados Unidos, están acusados de violación de los derechos humanos con posibilidades de cárcel o están sancionados por la administración gringa, b) la desaparición de las posibilidades de continuidad de la nueva burguesía como clase social, pero como lo han mostrado las ciencias sociales, la burguesía no tiene vocación suicida; c) el no haber alcanzado un acuerdo definitivo inter burgués para el reparto de fuentes y porcentajes de acumulación capitalista, mecanismos de representación política aceptadas por todas las partes e incluso de alternancia, operaba como una gran limitante.

Los escenarios que preveíamos eran:

1-profundización autoritaria del gobierno, negando cualquier resultado adverso y cerrando -aunque fuera temporalmente- las posibilidades de acuerdo político para la transición,

2-avanzar hacia un gobierno de unidad nacional o de “amplia base” con los sectores burgueses con los cuales habían alcanzado acuerdo, que les permitiera construir legitimidad al control madurista en una nueva etapa,

3-un gobierno de acuerdo nacional (donde se incluya a MCM – EGU), que construyera las bases jurídicas e institucionales para una transición futura, que puede incluir elecciones en dos o tres años. Este último escenario pareciera ser -con variantes- el impulsado por los presidentes Lula, Petro -y AMLO ¿?-, el problema para la clase trabajadora es que este sería un acuerdo inter burgués, que no incluye las representaciones -sindicales y partidarias auténticas de la clase trabajadora y, que se sellaría con un paquete anti obrero que continuaría la línea dibujada por Maduro estos años y la profundizaría.

Un gobierno solo de Maduro, solo de MCM-EGU sería terriblemente inestable, pero uno de alianza Madurismo-MCM-EGU sería absolutamente de carácter anti obrero y contra la justicia laboral, d) un escenario que no aparece es el “tripartito”, es decir, de los dos sectores burgueses y sus instrumentos políticos-de coaptación del movimiento social, y la clase trabajadora a través de sus sindicatos autónomos y partidos de izquierda (reales), que sería la única posibilidad de alcanzar una reingeniería policlasista, que tendría la dificultad que precisamente los sindicatos autónomos se opondrían.

Ante escenarios tan difíciles pareciera que la tarea de la clase trabajadora se concentra en desarrollar niveles no visto de unidad por abajo, la defensa del marco constitucional de libertades democráticas alcanzado en la Constitución de 1999, la lucha por una amnistía general de los presos por razones políticas, la disolución del memorándum 2792 y el Instructivo Onapre como preámbulo a la recuperación de libertades sindicales y políticas de la clase obrera, así como la desjudicialización de los partidos de izquierda y la posibilidad de registrar otros.

2.13. El día de las elecciones 28J-2024

Las elecciones del 28J transcurrieron con normalidad desde el amanecer del 28J-2024 hasta las 6 de la tarde de ese día, como si los factores con mayor opción (Machado-EGU y Maduro) estuvieran -cada uno por su lado- seguros que iban a ganar. Algunos incidentes menores fueron denunciándose en el transcurso del día y al cerrar las mesas de votación se incrementaron exponencialmente las denuncias que los testigos de los partidos estaban siendo desalojados de muchos centros electorales. Al final del día había en las calles un ambiente de triunfalismo, más evidente en las filas opositoras. Al llegar la noche comenzaron a generarse opiniones que indicaban todo lo contrario a lo que se percibía en las calles.

Primero, Kamala Harris: A las 6:23 pm, cuando recién estaban cerrando las mesas de votación en Venezuela, la presidenta de EEUU y Candidata del Partido Demócrata a la presidencia de ese país, Kamala Harris publicó un mensaje en la red X que señalaba: “Estados Unidos apoya al pueblo venezolano que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo venezolano”. El mensaje inmediatamente fue interpretado, primero, como un cambio radical en las acostumbradas posturas de la Casa Blanca, en anteriores elecciones que demandaban respeto del gobierno a los resultados electorales o reconocían al gobierno interino de Guaidó; evidentemente era el resultado -y éxito- de la política del madurismo de trabajar -y lograr- bajar las tensiones en las otrora afectadas relaciones bilaterales con la poderosa nación del norte, usando el petróleo como moneda de encantamiento. 

Segundo, como una aceptación del triunfo del gobierno de Maduro, que diplomáticamente se hacía sin mencionar al gobierno de Maduro y se encubría con la apelación a la voz del pueblo.

Tercero, el “respetar la voluntad del pueblo venezolano” sonó más a un mensaje a sus antiguos aliados de la oposición que al gobierno venezolano.

Cuarto, la frase final era elocuente, “a pesar de los muchos desafíos”, seguramente propios del triunfo de maduro y lo que eso significaba en términos del lenguaje imperial, lo cual remataba señalando “continuaremos trabajando para un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo venezolano”, que es como decir en venezolano “es lo que hay”, ganó el Madurismo y seguiremos tratando que se produzca una alternancia democrática en Venezuela.

El mensaje de Harris muestra además que el gobierno venezolano mantenía una comunicación directa y en tiempo real con la Casa Blanca, informándole de su lectura de los escrutinios que se comenzaban a hacer y la totalización de los datos que no se terminó de conocer. Es decir, expresaba el nuevo momento de las relaciones entre EEUU y Venezuela, que más allá de las palabras altisonantes en la prensa, construía una reconstrucción de la relación dependiente y neocolonial.

*Un par de horas después, en medio del desconcierto por el mensaje Harris, la oposición daba una rueda de prensa donde denunciaba que a los testigos de los partidos políticos en las mesas y centros de votación se les estaba impidiendo acompañar el proceso de conteo de votos y, que los testigos nacionales oficiales de la oposición no podían acceder a las salas de cómputo, totalización y monitoreo del Consejo Nacional Electoral. El vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), opositora, informaría minutos después, que disponían del 40% de las actas, lo cual fue un signo de debilidad, que mostraba que el operativo de recolección de actas de escrutinio había tenido dificultades para obtener a la brevedad el 100% de los comprobantes electorales.

*En las redes sociales comenzaron a mostrarse imágenes – no podemos indicar si son reales o no- de actas de escrutinio en las cuales perdía Maduro, incluso en bastiones históricos del Chavismo y el Madurismo. El ambiente en las redes sociales contrastaba con las imágenes que trasmitían los voceros oficiales del gobierno y la oposición

*La cúpula del PSUV: posteriormente, aparecía en una improvisada rueda de prensa, el nuevo buró político del PSUV, conformado por Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Delcy Rodríguez, diciendo que no podían mencionar los resultados electorales, pero que les vieran el rostro -mientras sonreían- que era el reflejo de los resultados obtenidos. Hablaron de celebración. Evidentemente estaban construyendo una matriz de opinión favorable al anunció de un triunfo electoral del gobierno, saliéndole al paso a la información que circulaba en redes sociales.

*El alto mando militar:  poco tiempo después, la cúpula militar, encabezada por el ministro de la Defensa Padrino López, los comandantes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la conducción militar del Plan República -encargado de proteger el proceso electoral- el Comando Estratégico Operacional y otros altos oficiales, anunciaban que había ganado la opción que se oponía al bloqueo norteamericano, en una clara alusión favorable a la candidatura de Nicolás Maduro Moros. Las declaraciones de la cúpula del PSUV y el alto mando militar se orientaban a dar fuerza al anuncio de resultados que estuvieran en contravía de lo que se respiraba en las calles y redes sociales

*Una nueva rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD): que levantó la candidatura de Edmundo González Urrutia y liderada por María Coria Machado reiteró las denuncias de bloqueo de los representantes nacionales y locales -testigos- que impedía su participación activa en el conteo y totalización de votos. Criticaron los mensajes oficialistas que querían dar la impresión de un triunfo que se correspondía a la información que ellos manejaban. Plantearon que ya disponía de más del 50% de las actas por centro de votación y seguían reuniéndolas. 

*Los rectores del CNE: al filo de la medianoche, cuatro de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) -faltó el rector Delpino- presidido por Elvis Amoroso, anunciaron que con el 80% de los votos escrutados Maduro ganaba con un 51%, declarando tendencia irreversible, aunque faltaban dos millones de votos por totalizar y la diferencia entre Maduro y Edmundo González Urrutia no era superior a los 800.000 votos.  A diferencia de otros procesos electorales, especialmente bajo la tutela de Tibisay Lucena como presidenta del CNE, una vez anunciados los resultados generales se mostraban por estado y los resultados absolutamente desagregados estaban a disposición de los electores en el sitio web del CNE en las horas siguientes; en esta oportunidad la página “caída” supuestamente por un hackeo, ha permanecido fuera de servicio semanas después de las elecciones.

*La oposición da una nueva rueda de prensa, donde anuncia que tiene más del 70 % de las actas y -según ellos- EGU ganó 3 a1 a Maduro. No reconocen los resultados y expresan que exigirán el respeto a la voluntad popular.  Dicen que la estrategia no será la movilización sino mostrar a Venezuela y el mundo que ganaron.

3. Cincuenta días en ayuno de los resultados electorales desagregados por mesa y centro de votación: la clase trabajadora en el periodo posterior a las elecciones del 28J-2024

El 29J-2024 inicia una nueva etapa en el Madurismo (la primera fue 2013-2018, la segunda 2018 al 28J-2024). En esta etapa el Madurismo debe mostrar que controla la situación, incluso en un contexto de opacidad de los resultados electorales, hecho que da pie a que algunos ya comiencen a calificar la negativa a mostrar los resultados desagregados de las elecciones del 28J como un fraude electoral.

Ahora, Maduro y el madurismo deben mostrar fuerza y control de la situación, para no perder lo avanzado en el acuerdo inter burgués y poder concretar una estabilización del régimen burgués. Por su parte, María Corina Machado se siente con la fuerza y legitimidad para quebrar estos acuerdos e iniciar un periodo de supremacía del capital trasnacional, la financiarización de la economía y olas de privatización que reordenen el campo burgués, resolviendo la crisis de acumulación y representación iniciada en 1983; consideramos que MCM sobreestima sus posibilidades reales, pero serán los hechos quienes lo confirmen o desmientan. La puerta a un acuerdo inter burgués, con la participación del sector de MCM-EGU y del Madurismo, pareciera ser la opción ideal de los Estados Unidos, que se viabiliza a través de las gestiones de los gobiernos de Lula, Petro y AMLO.

Cuando este artículo lo terminamos de escribir apenas si concluye el primer mes posterior a las elecciones del 28J-2024, razón por la cual mencionaremos los rasgos más importantes de la nueva etapa

1. El proyecto bolivariano se construyó a partir de un pacto político básico:

La transformación de la sociedad venezolana en el marco de la democracia, impulsando su radicalización democrática al pretender pasar de la democracia representativa a la democracia participativa y protagónica. Es decir, la democracia se convierte en un elemento sustantivo del llamado proyecto bolivariano. De hecho, desde 1998 a 2024 se han realizado más de 20 elecciones.  Esto no significa que la tensión entre autoritarismo versus democracia no estuviera presente en el proyecto bolivariano desde sus inicios, sino una reafirmación que al final siempre la apuesta conceptual era por más democracia. En cada uno de estos procesos electorales la transparencia de los resultados, mesa por mesa electoral, por centro de votación, municipio y estado, constituía una conquista democrática que reivindicaba el proyecto bolivariano. Esto puede cambiar si Maduro y el Consejo Nacional Electoral se niegan -como hasta ahora lo han hecho- a publicar los resultados electorales desagregados. Esto implicaría una ruptura con el ideario democrático del bolivarianismo (más allá de las críticas que le hagan opositores que no reconocen esta vocación conceptual del proyecto bolivariano).

Cuando se opera el giro hacia el llamado socialismo del siglo XXI (2004) -independientemente de la dualidad de proyectos en marcha que hemos analizado -creación de nueva burguesía y fomento del poder popular, en el marco de un proyecto político policlasista que terminó decantándose por el primero- se reafirma la vocación democrática del proyecto socialista, a tal punto que ese mismo año se realiza el referéndum revocatorio del presidente de la República (en ese momento Chávez).

El poder popular dentro del llamado socialismo del siglo XXI se concibió como un desarrollo y profundización democrática, que no negaba las reglas electorales burguesas, al contrario, consideraba al Consejo Nacional Electoral como el arbitro de muchos procesos para garantizar transparencia, equidad y justicia Electoral.

Lo que ocurre la madrugada del 29-J-2024 es un hecho inédito, pues se anuncia un ganador solo con el 80% de los votos escrutados, faltando más de dos millones de votos por escrutar y con una ventaja entre los dos candidatos que no alcanzaba el millón de votos. Esto se atribuye a tres factores, el primero, una “tendencia irreversible” que no se respalda con los votos desagregados como era costumbre en estos eventos, colocando el tema del resultado en el plano de la fe y no de la confiabilidad. El segundo, un supuesto hackeo informático que había afectado la página web donde se mostraban los resultados desagregados, el proceso de totalización y los mecanismos para mostrar los resultados en detalle. Tercero, una conspiración golpista en marcha, es decir, si pierdo las elecciones eso es homologable a golpe de Estado (nada que envidiar a los discursos y acciones de Trump y Bolsonaro)

El 29J-2024 el CNE proclamaba la victoria de Nicolás Maduro y lo denomina presidente electo, sin mostrar los resultados desagregados, como siempre ocurre en elecciones en Venezuela. Esto generó dudas en la población. Los voceros gubernamentales anunciaron que en las próximas horas se publicarían los resultados desagregados, pero esto no ha ocurrido un mes después y la página del CNE sigue caída.

El sector de MCM-EGU decide lanzar un sitio web con lo que anuncian son copias de las actas de totalización por mesa y centro de votación. Un par de días después de los anuncios del CNE sobre la victoria de Maduro, el sitio web de la oposición es lanzado con el 81% de las supuestas copias de actas, que dan un triunfo de 3 a 1 a Edmundo González Urrutia sobre Maduro. El gobierno dice que estas actas están adulteradas, falsificadas, pero no muestra las propias ni originales.

• b. El Tribunal Supremo de Justicia intenta sustituir funciones y competencias del Consejo Nacional Electoral

Ante las presiones nacionales e internacionales, que demandan transparencia electoral, Maduro hace una jugada propia de las burocracias sindicales cuando ven amenazada sui permanencia en el poder.  Maduro introduce un recurso de Amparo ante el TSJ para proteger sus derechos, cuyo contenido no se da a conocer. Este recurso es una jugada para trasladar la competencia de decidir sobre los resultados electorales, del CNE al TSJ, lo cual no es solo un cambio de voceros, sino de procedimientos y, sobre todo persigue soslayar la obligación de la publicación de los resultados.

El TSJ admite el recurso, solicitando a todas las partes (gobierno y oposición) que le faciliten las copias de las actas. La oposición MCM-EGU señala que el recurso es inconstitucional porque le quita competencias a otro poder del Estado, el electoral. El TSJ hace un peritaje de las actas que posee, sin incorporar peritos independientes designados por la oposición, y al final declara ganador a Nicolás Maduro, se abroga la custodia de las actas que acompañan esta decisión (con lo cual quedan fuera del ojo ciudadano y la contraloría social) y establece que tal decisión es inapelable (es decir da por agotadas las vías para revisión).  Sectores de la oposición distinta a la de MCM-EGU, esta vez representada por el Frente Democrático Popular (del cual forma parte el PCV) anuncia que introducirán después del 15 de septiembre un recurso de revisión ante la decisión del TSJ.

Lo que está en juego es la vigencia de las normas mínimas democráticas, pues si no se conocen los resultados desagregados, la democracia venezolana, ya no solo el gobierno de Maduro, ´pierde legitimidad.

Esta situación de sostenerse en el tiempo, le restaría legitimidad al mandato presidencial que inicia el 10 de enero de 2025, creando una ambigüedad en el marco democrático general, algo que si afecta a la clase trabajadora en cuanto a las posibilidades de recuperar, conquistar y ampliar derechos y conquistas en un marco democrático aceptado por todas las partes

• c. Las protestas

La prensa burguesa internacional -pero también buena parte de la alternativa, especialmente la campista- ha hecho ver que las manifestaciones populares, ocurridas el 29J y el 30J-2024, especialmente en los barrios populares de Caracas y en algunas ciudades del interior, fueron un intento desestabilizador de la derecha liderada por MCM-EGU. Esta falsedad sirve de justificación y argumento para quienes promueven la visión de dos bandos en disputa el Madurismo (en algunos casos planteado de manera confusa como Chavismo) versus la derecha liderada por MCM-EGU.

Ciertamente ocurrieron esos dos días -especialmente el 29J- importantes protestas en estos sectores, pero las mismas tuvieron un carácter espontáneo, porque no había ninguna dirección política coordinando este esfuerzo -ni de derechas ni de izquierdas- aunque en ella participaran activistas de distinto signo ideológico. El espontaneísmo de estas manifestaciones se debió a dos factores básicos. El primero, la frustración que sintieron amplios sectores, ante la disolución de la ilusión fomentada por la candidatura de EGU que si ganaba los migrantes volverían en el corto plazo, los salarios se incrementarían y los servicios públicos mejorarían.  El segundo, la rabia acumulada por el ejercicio anti clase trabajadora del gobierno de Maduro, que ante el anuncio de un mandato de seis años más, hizo explotar descontento, de sectores que no necesariamente votaron por EGU-MCM o eran partidarios de esa opción, al contrario, mucha base social chavista participó activamente en lugares como La Vega, Petare, El Valle y otros ex bastiones del maurismo.

Las protestas del 29J-30J fueron aisladas de manera muy eficiente por los cuerpos de seguridad y especializados contra movilizaciones, quienes no permitieron que se juntaran las protestas de los distintos barrios. Un saldo de más de una docena de muertos, cientos de detenidos y la implementación del terror psicológico de la política del Tuntún, frenaron las protestas, pero no disolvieron el descontento. Maduro y Cabello anunciaron que a quienes protestaban le caería el tuntún que no es otra cosa que el allanamiento de sus casas para capturarlos, aún después de las movilizaciones o por mostrar disidencia con el gobierno

• d. Las detenciones

Un mes después se registran entre 1.800 y 2.400 detenidos -según variadas fuentes de defensores de derechos humanos, movimientos sociales y activistas políticos. La mayoría de estas detenciones han ocurrido en los sectores populares y lugares de habitación de la clase trabajadora. Suelen ejecutarse sin orden de tribunales, llevadas adelantes por efectivos sin identificación alguna, vestidos de negro y encapuchados, en ausencia de fiscales del ministerio público, trasladados en vehículos sin identificación oficial, lo cual persigue generar una orden expansiva de temor.

Entre los detenidos estaban 115 menores de edad (al momento del cierre del artículo han sido liberados unos 80 de ellos), recluidos en las mismas condiciones que los mayores, a los cuales solo semanas después se les liberaron parcialmente, manteniéndose en prisión a cerca de 30 de ellos.

Los detenidos -mayores y menores de edad- son acusados de terrorismo, estado que les expone a prisiones superiores a los diez años. Solo un centenar de los detenidos son activistas políticos claramente identificados, la inmensa mayoría son hombres y mujeres de los sectores populares.

La prolongación de la prisión más allá de cualquiera razón jurídica sostenible y la tipología desproporcionada de los cargos por los que se les acusa, persigue sembrar el terror y servir de contención a la protesta social. Las protestas autónomas prácticamente han desaparecido y las cuatro concentraciones a las que ha convocado MCM han logrado concentrar solo algunos centenares de militantes. Esto de manera alguna significa que haya desaparecido el descontento social.      

• e. La culpa es de la vaca: el uso de las redes sociales como culpable de la nueva situación

Como parte de la estrategia disuasiva y de disolución de la protesta social se ha lanzado una ofensiva contra las redes sociales, el mecanismo expedito que escogieron los sectores populares y la clase trabajadora para expresar el descontento.  El presidente Maduro ha desinstalado públicamente la aplicación de WhatsApp en su celular incentivando a sus seguidores a hacer lo propio, suspendió por diez días la red social X (aunque la censura sigue, pero la mayoría se conectan por VPN) y denunciado el bloqueo de su cuenta en TikTok -a pesar de su supuesta alianza con los chinos- convirtiendo a las redes sociales en escenario central de la disputa política.

Una parte importante de los detenidos por el gobierno no participaron en manifestaciones ni movilizaciones, sino que colocaron en sus redes sociales algún post crítico al gobierno, hablaron de fraude electoral o se mofaron de políticos del gobierno. Esto los convirtió en objeto de la política de Tuntún y hoy muchos de ellos están presos, acusados de terrorismo, por sus expresiones en las redes sociales. La policía hace operativos en las calles donde exige que los ciudadanos le entreguen sus celulares para revisarlos y quienes tienen en sus redes alguna publicación contraria al gobierno son detenidos. Se ha hecho costumbre que ahora muchos ciudadanos salen a las calles, a sus diligencias cotidianas, sin celulares para no correr el riesgo de ser declarados terroristas.

Se ha instalado la idea autoritaria que las redes sociales incitan al odio y por ende son negativas, anunciándose leyes punitivas para su uso en el país.   Es de esperar que se establecen mecanismos novedosos de control, censura y penalización sobre este tema.

• f. La creación de dos cárceles

A solo días de culminada las elecciones y en virtud de las extendidas protestas del 29J y 30J, Maduro anunció que estaba habilitando dos cárceles para recluir a los detenidos por terrorismo -acusación genérica con la cual se califica a quienes han protestado en las calles o redes sociales por la falta de transparencia electoral- generándose con ello un quiebre en la idea de justicia plasmada en la Constitución Nacional.

Cientos de detenidos son trasladados a estas dos cárceles, con el agravante de que se les aplica un estatuto excepcional, que no limita las visitas, recepción de comunicaciones de familiares y de medicinas y, se les niega acceso a abogados propios asignándosele un abogado defensor de oficio.

Esta política represiva procura generar un freno a las protestas y las críticas a la falta de transparencia electoral.  Sectores de la clase trabajadora y la izquierda revolucionaria levantan la consigna de amnistía general y cese a la política represiva pos elecciones del 28J.

• g. Siguen las criminales solicitudes de sanciones contra el país

A solo días de transcurridas las elecciones del 28J-2024, Juan Guaidó -auto proclamado presidente interino en 2018- en una entrevista en CNN en español pedía incrementar las sanciones económicas sobre Venezuela. Inmediatamente, una legión de voceros de la derecha venezolana en el exterior acompañó esta solicitud. Ciertamente, ni MCM ni EGU lo han hecho, pero tampoco han solicitado su total desmontaje en un marco de negociación.

Esta situación coloca en evidencia que, en la coyuntura electoral de Venezuela, no se trata de escoger entre el mal menor -que algunos identifican como el binomio MCM-EGU- porque este sector -como tampoco lo hace el madurismo- no media sus ambiciones ni las atenúa para evitar problemas al pueblo, sino que coloca sus intereses por encima de los de la clase trabajadora. La salida no está ni un gobierno de MCM-EGU ni el continuismo madurista.

• h. La aplicación Venap

El 3 de junio de 2022, el gobierno de Venezuela anuncia el lanzamiento de la aplicación Ven App, una red digital creada para recibir y procesar denuncias sobre problemas de servicios públicos en las comunidades y para el seguimiento del programa de bolsas alimentarias CLAP. Este mecanismo útil y progresivo, se ha modificado después de las elecciones para convertirlo en un mecanismo anónimo de denuncia de opositores al gobierno en cada comunidad. A partir de estas denuncias se aplica la llamada operación TunTun (allanamiento y captura de opositores en sus casas), que conforma el grueso de los más de dos mil detenidos después del 28J.

Este uso de la App configura una situación de estado policial que ha sido denunciado ampliamente y que forma parte de la profundización autoritaria del madurismo en este periodo.

1. La Ley Antifascista

El 13 de agosto de 2024 Diosdado Cabello -en ese momento integrante de la fracción parlamentaria del PSUV- propuso iniciar a partir del día siguiente una consulta pública en todo el territorio nacional sobre la “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”. Presentada el 2 de abril pasado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el proyecto ha sido reactivado después de las elecciones del 28J como un mecanismo jurídico-institucional para atacar la disidencia.

Maduro usa la “moda” de la izquierda internacional que lucha contra el rebrote neo conservador en el mundo, para construir un discurso que disimule la represión y la contención social contra protestas y disidencias por la inconformidad en el manejo de los resultados electorales. Los cuatro capítulos y 30 artículos que contiene esta Ley, son tan amplios que prácticamente cubren cualquier forma de disidencia. Por ejemplo, el comunicado que publicó el comité directivo de CLACSO, el 1 de agosto de 2024, en el cual se solicitaba la publicación de los resultados electorales desagregados para garantizar la libertad democrática, recibió acusaciones de voceros del ejecutivo de ser un comunicado que promovía el fascismo, una acusación que para los nacionales puede significar prisión. Hoy la clase trabajadora venezolana tiene sobre su cabeza la espada de Damocles cuando protesta o expresa su opinión de crítica a un gobierno que defiende los intereses de la burguesía y no los suyos, esas críticas pueden -como ha ocurrido- generarle una acusación de fascistas y caer en prisión.   

• j. La ley contra las ONG

En el marco del profundo deterioro de la credibilidad del gobierno de Maduro por la negativa a mostrar los datos desagregados de su victoria, la Asamblea Nacional de mayoría madurista, aprobó el 15 de agosto de 2024 la “Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, mejor conocida como la Ley de regulaciones a las actividades de las ONG.

Este instrumento jurídico, que consta de 39 artículos, ha sido denunciado por Amnistía Internacional que tiene la intención de castigar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que han cuestionado acciones del gobierno venezolano. “La aprobación de esta Ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos” afirmó Ana Piquer.

Las ONG han sido el epicentro de las denuncias sobre ejecuciones extra judiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y violaciones de los derechos de protesta, asociación y opinión. Esta Ley puede poner en peligro estas actividades, en un país donde todos los poderes públicos están vinculados al gobierno nacional y el Madurismo.

La aprobación de esta Ley preocupa especialmente al movimiento de la clase trabajadora, que ha tenido dificultades para visibilizar y lograr camino institucional para denunciar y lograr la libertad de los dirigentes obreros y sindicales detenidos. Ahora, con la ley anti ONG el trabajo de difusión de la situación de la clase trabajadora se puede dificultar mucho más.

• k. La reestructuración del gabinete para el periodo previo al inicio del nuevo periodo presidencial

El 27 de agosto de 2024, a un mes de las elecciones del 28J, el presidente Maduro anunció cambios en su gabinete. Algunos de los cambios fueron enroques, otros cosméticos, pero los sustantivos fueron: a) la designación de Diosdado Cabello, el hombre del “Mazo Dando”, parlamentario y máximo dirigente del PSUV después del presidente de la República, como el ministro del Interior, Justicia y Paz. Cabello quien es el comunicador estrella de la política represiva del Tuntún y de las iniciativas de persecución a la disidencia, pasa a ser el encargado de las policías del Estado, lo cuál pareciera ser un mensaje -para la comunidad nacional e internacional- sobre la profundización de la línea de control militar-policial- para el control autoritario de la situación pos electoral, b)  nombra a la vicepresidenta Delcy Rodríguez -artífice del acuerdo con la patronal FEDECAMARAS- como la presidenta de PDVSA como una continuación del esfuerzo por fomentar y alcanzar acuerdos entre las dos burguesías (anterior a Chávez y la nueva) en torno al modelo rentista de acumulación. La designación de Delcy procura incrementar los esfuerzos por aislar a MCM-EGU del resto de la vieja burguesía o en su defecto propiciar un acuerdo que le permita a ese grupo (MCM-EGU) trazar una línea de encuentro de intereses con sus repercusiones en el plano político, c) la incorporación de Héctor Rodríguez -quien era hasta ese momento el Gobernador del Estado Miranda, región clave para la contención de la oposición- quien formó parte del equipo del PSUV que anunció -con gestos- la victoria de Maduro antes que el CNE lo señalara y, quien emerge como figura de relevo dentro del Madurismo. Héctor Rodríguez creó un partido que apoyó la candidatura de Maduro sin abandonar sus posiciones en el PSUV, d) Ratifico a Padrino López como Ministro de la Defensa, una cartera que ocupa desde 2014 a pesar que la tradición en Venezuela había sido de rotación anual en ese despacho; estos cuatro cargos son lo sustantivo del cambio ministerial, en un gabinete que pareciera tener la tarea de pacificar el país y construir viabilidad política, militar y social para que Maduro asuma un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2025.

• l. El quiebre del frente progresista internacional

El frente histórico internacional que constituyó Chávez a partir de la derrota del ALCA estaba conformado por el Peronismo argentino (Kirnersismo), el Frente Amplio de Uruguay (especialmente en la figura de Pepe Mujica, el gobierno cubano, el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y su líder histórico Lula, la revolución sandinista y la pareja Ortega-Murillo, el frente de Zelaya (y Ahora Xiomara Castro) en Honduras, el FMLN del Salvador y Evo Morales con el MAS de Bolivia. Chávez fue tejiendo lazos con las resistencias en Chile, Colombia, México y otras naciones latinoamericanas.

La situación fue cambiando, al movilizarse las correlaciones de fuerzas y para colmo Maduro fue dinamitando ese frente internacional. Maduro no pudo sostener la relación estratégica con Cristina Kirsner y el ala peronista del ex – presidente Alberto Fernández a tal punto que Cristina, quien había apoyado a Maduro en 2013 contra las críticas de Fraude de la oposición de derecha, en esta oportunidad (3-08-2024) señalo que negarse a mostrar los resultados por mesa y las actas de votación por parte del CNE era una traición al legado de Chávez; ya a Alberto Fernández se le había revocado el 23 de julio de 2024 la invitación oficial del CNE para ser veedor electoral internacional de las elecciones del 28J porque había hecho unas declaraciones previas, ante declaraciones de Maduro que ganaba por las buenas o las malas, señalando que “en una democracia quien gana y. quien pierde, pierde”.  El distanciamiento con Mujica y el frente amplio de Uruguay se intensificó después de los sucesos de 2017 donde en los enfrentamientos callejeros murieron decenas de jóvenes; el distanciamiento entre Mujica y el Madurismo es tan grande que siquiera se le invito como veedor de las elecciones. En el caso de Bolivia, Maduro a optado por un acercamiento con Arce en detrimento del vínculo histórico con Evo, en un momento en el cual ambos se disputan el liderazgo del partido. Los cambios de orientación política en el Salvador de Bukele dejaron a Maduro con la relación con el FMLN cada vez más debilitado. Con Colombia, la relación de gobierno a gobierno se fue normalizando con Venezuela, pero las diferencias de enfoque nacional e internacional se fueron haciendo cada vez más evidentes entre las Casas de Nariño y Miraflores. Brasil uno de los aliados históricos del Chavismo, fue haciendo cada más profesional el vínculo de las cancillerías de Itamari y la Casa Amarilla, fundamentalmente por errores del Madurismo. En el caso de México, Maduro no logró construir una relación estrecha con AMLO y la cuarta transformación, a pesar de las reiteradas defensas del presidente mexicano a la soberanía de Venezuela.

A pesar de su vasta experiencia como Canciller de Venezuela, Maduro se ha comportado más como un dirigente político que como un estadista en las relaciones internacionales de su gobierno.  A partir de la opacidad de los resultados electorales del 28KJ el frente progresista se fracturó; por un lado, se conformó el bloque de Cuba, Nicaragua (Ortega acuso a Petro y Lula de arrastrados al imperio por pedir publicación de resultados electorales), Honduras, la Bolivia de Arce, y algunas islas del caribe. Por otro el bloque crítico en el cual están el peronismo, el frente amplio y el gobierno de Chile, que y no tienen empacho para señalar a Maduro como un autoritario. Finalmente, Colombia, Brasil y México que intentan evitar que un desastre democrático en Venezuela termine afectándolos, pero también operando como facilitadores de un acuerdo entre las fracciones burguesas en disputa y sus representaciones políticas. Sin embargo, las expresiones de Lula, respecto a que el gobierno de Maduro era desagradable (16-08-2024) y decepcionante (06-09-2024) evidencian que no le ha resultado ni cómodo y mucho menos fácil esta mediación, mientras Chile ha preferido ir por la calle del medio, cuestionando el presidente Boric el carácter democrático del gobierno de Maduro.

Hoy el frente progresista internacional está deteriorado y no es descartable que gobiernos como el de Brasil, Colombia y México terminen aumentando la distancia con el de Maduro.

• m. Orden de captura a EGU, cerco a la embajada de Argentina y exilio del candidato opositor

El 2 de septiembre de 2024 se conocía la orden de captura sobre el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia quien se considera ganador de las elecciones del 28J-2024. El rechazo unánime de gobiernos, incluidos los progresistas, aumentó la tensión.  EGU se refugiaría en la Embajada de los Países Bajos y ante las presiones terminaría en condición de asilado político en España, donde ha sido recibido por el presidente del gobierno español, mientras el parlamento de ese país le reconoce su estatus de presidente electo.

Esta situación fue precedida por el hostigamiento a la embajada de Argentina, donde se encuentran refugiados líderes de la oposición cercana a María Corina Machado. Como las relaciones entre Argentina y Venezuela estaban congeladas, el gobierno brasileño había recibido el plácet diplomático para asumir la custodia y protección de los refugiados en ese lugar. En un momento el gobierno venezolano anunció que revocaba ese poder, sin embargo, con la salida de EGU, cesaron las tensiones en la embajada sureña. No obstante, esto ha oscurecido aún más las valoraciones y apoyos al madurismo en el plano internacional 

Posteriormente se conocería de las conversaciones (¿o presiones?) que altos funcionarios de gobierno sostendrían con Urrutía, los días previos a su salida al exilio. El ex candidato anunció que salió del país por temor a su situación personal y que las cartas que firmó a los funcionarios maduristas lo hico bajo coacción. Expresó su interés en continuar su trabajo desde España.

Esta situación de escándalo sobre libertades políticas en Venezuela, termina siendo un elemento que presiona a la clase trabajadora para que se inmovilice, es decir forma parte del marco general que constriñe los derechos políticos y sindicales del mundo del trabajo.

• n. Defender la democracia en una situación de giro autoritario

Para un sector de la intelectualidad la defensa del marco democrático legal burgués es una simple formalidad, que se debe acatar o cuestionar dependiendo de los resultados electorales. Es decir, si ganan los progresistas o la izquierda aceptarlos sin reparos, si gana la derecha o la ultra derecha desconocerlos, con cualquier tipo de argucia legal. Lo fundamental al fin de cuentas es evitar la llegada de la ultraderecha y el fascismo, sin darse cuenta que este es el eje precisamente del pensamiento conservador y reaccionario. Para el fascismo las libertades públicas son solo asuntos de mero trámite, condicionados por la conveniencia o no para sus propios fines y, argumentar en la misma dirección no es un pensamiento de izquierda. 

 Ciertamente los revolucionarios apostamos por una profundización democrático directa, pero esto en ningún caso es un borrón y cuenta nueva de las conquistas democráticas conseguidas por la clase trabajadora y el pueblo en décadas, sino más democracia y participación en los procesos de toma de decisión, la planificación participativa y la contraloría social de los actos públicos (incluidas las elecciones). Esto en términos generales.

Ahora bien, cuando planteamos la necesidad de transparencia en la presentación de los resultados, lo hacemos desde la lógica de la clase trabajadora que necesita recuperar el marco mínimo de libertades para organizarse y luchar. Si no se reconoce un resultado electoral entre dos representaciones burguesas, mucho menos se va a avanzar en la recomposición de las condiciones democráticas mínimas para que la clase obrera pueda seguir luchando por sus derechos. 

(Versión preliminar sujeta a correciones, ampliaciones y actualizaciones) 

Notas:

[1] Agradezco la lectura crítica del borrador, así como los comentarios y observaciones (parciales o amplios) de Adelmo Becerra, Antonio Cunha Neto, Rose Mary Hernández, Luz Palomino, Raúl Gil, Oswaldo Coggiola, Pedro Fuentes, Ana Cristina Carvalho, así como los aportes de Pedro Eusse, Manuel Shuterland, Víctor Álvarez, Roberto López, Tony Navas, María Alejandra Díaz.

[2] Docente universitario e investigador en pedagogía y ciencias sociales. Integrante del Comité Directivo de CLACSO. Integrante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Director de investigaciones de Otras Voces en Educación. Militante de la IV INternacional

[3] Práctica ilícita comercial consistente en trasladar el inventario de productos y mercancías existentes a las fronteras con otros países para allí venderlos al precio real del mercado.  Esto se hacía mediante un tejido de corrupción gigantesco violando controles aduaneros, alcabalas policiales y militares y la propia complicidad de la clase política. El transporte de estas mercancías y productos, en camiones por las carreteas nacionales que conducían a las fronteras y por pequeñas embarcaciones hacia las islas cercanas, emulaba el trabajo de las hormigas y bachacos que transportan el alimento.  Esto además se graficaba de manera literal en fronteras como el colombo venezolano en las cuales en bicicleta a hombro de miles de cargadores las mercancías y productos se fugaban del país.

[4] Justo el año en el cual Maduro presento su Programa de Recuperación Económica

[5] Esta información circuló en redes sociales sin mencionar la fuente, como un resumen anónimo. Si alguien identifica la fuente y la comparte con gusto la colocaremos.

[6] Para ampliar conocimiento al respecto ver Coggiola, O (Org. 2023) Gueera da Ucrania e crise mundial. LF Editorial. Brasil

[7] Ver artículo Elecciones en Venezuela: una situación inédita de Luis Bonilla-Molina (2024)