Gonzalo Durán
31/03/2013
Por primera vez desde 1990, la tradicional discusión para fijar un nuevo salario mínimo cambió de fecha y se adelantó para marzo (originalmente es en junio). La particular anticipación, se debe entender en el marco de los límites del proceso chileno para determinar el salario mínimo, y por la estrechez de su institucionalidad.
A nivel mundial existen al menos cuatro sistemas para determinar salarios mínimos: i) decisión del Gobierno de turno, ii) determinación parlamentaria, iii) dialogo social tripartito y iv) negociación colectiva nacional (Eyraud y Saget 2005).
Dentro de esta clasificación, el caso chileno se asemeja a un sistema de determinación parlamentario mixto, en el cual el Gobierno de turno ingresa un proyecto y los legisladores aprueban o rechazan. En este último caso, la autoridad, puede ingresar un nuevo monto para fijar el salario mínimo o bien, acogerse a una salida de emergencia, consagrada en el artículo 73 de la Constitución Política de la República: el veto presidencial aditivo.
El veto presidencial, es una facultad exclusiva del Presidente de la República para insistir en que se apruebe la propuesta de Gobierno. Operativamente el veto se materializa en una consulta final al parlamento, que requiere mayoría simple para su aprobación. De no prosperar ésta, el salario mínimo queda sin reajuste durante el año en cuestión.
En los últimos 23 años, se han presentado 20 proyectos para fijar el salario mínimo (en dos casos, fueron por más de un año). De ellos, 19 no han requerido hacer uso del dispositivo de emergencia. En el año 2011, aún cuando hubo un pronunciamiento de veto, finalmente este recurso fue descartado. Pero en 2012, por primera vez, dentro del período post Pinochet, el veto operó y el proyecto finalmente fue aprobado quedando el salario mínimo en $193.000 brutos.
Con sus particularidades, el sistema chileno basado en la venia de los legisladores, forma parte de los modelos que obtienen los pisos salariales más bajos al relacionarlos con los salarios promedios (índice de Kaitz). Un estudio del centro alemán Institute for the Study of Labor (IZA) concluye que los salarios mínimos fijados bajo mecanismos de negociación colectiva obtienen casi un 50% más de efectividad en subir los pisos salariales en relación a los salarios promedios que los sistemas de fijación legislativa (Boeri, 2009).
En Chile, las cifras parecen confirmar los resultados de Boeri. Tanto así, que usando la métrica de la principal especialista en temas de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo, los datos sugieren que Chile se encuentra en una situación de minisalario mínimo (noción acuñada en Saget (2006)). El concepto mini alude a la infravaloración que tendría el trabajo.
Así, en el caso chileno, confluyen dos hechos endógenamente relacionados: de una parte una institucionalidad que logra mínimos incrementos y que depende notablemente del Gobierno de turno y de parlamentarios; y, por otra, la constatación de un minisalario mínimo cuyo efecto faro sobre los otros salarios de la economía, hace que se contenga la posibilidad de elevar sustancialmente el valor general del trabajo. En efecto, de acuerdo a la encuesta CASEN 2011, el 50% de los asalariados privados gana $218.800 o menos, es decir, muy cercano al salario mínimo y muy sensibles a una elevación de éste, pero con la actual propuesta, la fuerza de empuje hacia un alza salarial global se reduce cabalmente.
En estas circunstancias, abrir la discusión a modelos más participativos, con inclusión real de los trabajadores, pasa a ser un objetivo clave para avanzar a un sistema más democrático en la fijación del salario mínimo y más democratizador de la sociedad en su conjunto, como así también, más conducente a mejores resultados sociales.
Seguir en la esfera de la actual institucionalidad, hace que hoy hablemos de un aumento propuesto de $62 en el valor nominal de la hora de trabajo y de $48 en como aumento real. De naturalizar la institucionalidad del salario mínimo, nuestro país seguirá la senda de la perpetuación de la infravaloración del trabajo.
Gonzalo Durán es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo de la Universidad de Turín / Sciences Po / ITC ILO. Miembro del comité editorial de la revista chilena Red Seca