La educación en Madrid: una oportunidad para el cambio

Caridad Baena Valbuena

24/04/2021

El pasado 22 de marzo, Isabel García Ayuso anunció que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había concedido a todos los niños de la región la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, un reconocimiento que el ejecutivo autonómico otorga en este día a personas o instituciones “con conductas ejemplarizantes que han destacado por su servicio a la ciudadanía”. No muy lejos de la Puerta del Sol, y hace más de dos meses, 400 personas, entre familias y docentes de una veintena de centros públicos de Rivas Vaciamadrid, Villa de Vallecas y Vicálvaro, donde estudia gran parte de los 1.800 menores que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, el mayor asentamiento irregular de España, escribieron al consejero de Educación de la comunidad madrileña para denunciar que los menores no pueden acceder a la enseñanza telemática semipresencial porque la zona lleva sufriendo cortes en el suministro eléctrico desde hace más de medio año. La Consejería de Educación ha respondido hace unos días indicando a los centros que habiliten las bibliotecas para que los niños puedan conectar sus dispositivos -si los tienen, claro está-, o que sustituyan las actividades telemáticas por otras, sin precisar cuáles. Estas son las soluciones de Perogrullo que, en pleno siglo XXI, y en tiempos de pandemia, ofrece la Comunidad de Madrid a un vergonzante problema del siglo XIX.

Cifras y hechos

Según datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid de 2019, la red pública madrileña escolariza al 53,8% del alumnado no universitario y la red privada al 46,2%. La escolarización en la capital es ya favorable a la enseñanza privada, con un 61,2% frente al 38,8% de alumnado escolarizado en la red pública. En referencia al PIB regional, el presupuesto de las enseñanzas no universitarias ha descendido desde el 1,90% de 2012 hasta el 1,59% de 2017, y, contrariamente a lo acontecido con la enseñanza pública, las subvenciones para los privados concertados han experimentado un incremento del 23% a lo largo de la serie 2011-2019. El gasto global por alumno en la Comunidad de Madrid es el más bajo del Estado según los últimos datos publicados, situándose en 4.039 euros (la media estatal es de 4.879), y ha sufrido un gran recorte desde los 4.931 que se destinaban en 2009. Si nos centramos en el alumnado de la pública, la reducción desde 2009 es aún mayor: 1.263 euros; y también lo es la diferencia con la media estatal, que se encuentra en los 880 euros.

Estas cifras constatan que la Comunidad de Madrid lleva décadas inmersa en su “cruzada” contra la educación pública, detrayendo sin descanso fondos públicos para ponerlos en manos de instituciones privadas, religiosas en su mayoría. En este sentido, la situación no ha cambiado con la llegada de la pandemia. A principios del curso 2020-2021, la Consejería de Educación anunció la reducción de las ratios para cumplir con las medidas sanitarias, lo que conllevó el desdoble de grupos y la contratación de 10.610 docentes, 1.117 de los cuales eran de apoyo para los alumnos con dificultades por causa del confinamiento del curso anterior. La asociación de directores de instituto (Adimad) confirma el éxito de esta medida constatando que el descenso de las ratios de este curso covid ha mejorado los resultados del 90% del alumnado de primero y segundo de ESO durante el primer trimestre, frente al 75% de hace dos años.

Esta buena noticia, sin embargo, tiene los días contados, ya que la Comunidad de Madrid, rompiendo su promesa, ha anunciado que el próximo curso las ratios volverán a los números previos a la pandemia: 25 alumnos por aula en primaria (en lugar de 20), 30 en secundaria (en lugar de 23) y 35 en bachillerato (en lugar de 23). A esta decisión se suma la vuelta a casa de los 10.610 docentes de refuerzo, que fueron contratados solo hasta diciembre pese a las peticiones de los centros, las familias y los sindicatos, que pedían que los docentes permanecieran todo el año. Estas medidas, claro está, están afectando al alumnado más vulnerable, que es el que mayoritariamente acude a los centros públicos y va rezagándose por falta de recursos.

Tristemente, comprobamos que las medidas contingentes tomadas durante la pandemia han sido un espejismo efímero, porque volvemos a las andadas: CCOO denuncia que, analizada la oferta de plazas escolares del 86% de los centros públicos de la comunidad para el próximo curso, se constata que se han eliminado 230 aulas y han desparecido todos los “grupos covid” que garantizaban la bajada de ratios. Siguen faltando plazas escolares públicas; en los barrios y en las localidades donde no se construyen centros públicos o en los que su construcción por fases se eterniza, un modelo disuasorio que desvía al alumnado a la concertada y la privada por falta de oferta pública. Ajalvir, Getafe, Alcalá de Henares, Leganés, Parla, Torrejón, Coslada, Colmenar Viejo, Las Tablas, Montecarmelo, el Ensanche de Vallecas, Valdebebas o Arganzuela son algunas de las localidades en las que faltan centros públicos o bien se han recortado plazas en los ya existentes. Esta medida estrangula la educación pública en su conjunto: se eliminan plantillas, se arrebatan recursos a los centros y se ocasiona un gran perjuicio a las familias, que deben recorrer largas distancias para escolarizar a sus hijos en colegios públicos de otros barrios alejados de su lugar de residencia o escolarizarlos en centros privados contra su voluntad. La FAPA Giner de los Ríos, las AMPAs, los sindicatos y los docentes llevan años denunciando esta situación de “emergencia educativa” en que vive instalada la educación pública madrileña, sin que el gobierno del PP haya modificado un ápice su plan de saqueo y privatización.

El adoctrinamiento “bueno”

En una estrategia destinada a atacar todos los flancos, y ya en el ámbito normativo, el gobierno de la derecha y la ultraderecha madrileñas pretende asimismo socavar la reciente ley de educación LOMLOE, que se jacta sin tapujos de negarse a aplicar. En su lugar, contraataca con la tramitación de la que han llamado Ley maestra de libertad de elección educativa, que pivota en torno a la defensa de la educación concertada, la libertad de elección de centro, la permanencia de los centros de educación especial y el uso del castellano como lengua vehicular (algo absurdo en Madrid), todos ellos aspectos que ha regulado la LOMLOE en sentido contrario a los intereses ideológicos y económicos del gobierno madrileño. La FAPA Giner de los Ríos y CCOO y UGT han denunciado públicamente que esta norma se vaya a tramitar en plena campaña electoral y con la Asamblea de la Comunidad disuelta, además de criticar la ausencia de diálogo con los representantes de las familias, profesionales y sindicatos, que presentaron más de sesenta propuestas que han sido rechazadas. Este nuevo marco legal carece de un plan económico que contemple la mejora de las infraestructuras de los centros, mantenimiento de las plantillas, rebaja de ratios o el abordaje de la brecha digital que asola los centros y escolares más desfavorecidos de la región. Una vez más, constatamos que el adoctrinamiento solo cabe cuando la derecha y la ultraderecha lo administran, como muestran la defensa del veto parental -un atentado contra los derechos del niño- o el pasado 8 de Marzo, cuando la Consejería de Educación vulneró la libertad de expresión y de cátedra al vetar un acto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un centro educativo público.

Pese a este estado de postración de la educación madrileña, la comunidad educativa ha seguido movilizándose, y en estos últimos meses ha recobrado el brío que aplacaron los meses de agotamiento y hastío impuestos por la pandemia y el enorme esfuerzo de los docentes. Todo el colectivo sale de nuevo a la palestra con reivindicaciones añejas no por su escasa actualidad, sino por las décadas que llevan insatisfechas: defensa con los dichos y los hechos de la libre elección de educación pública, descenso de las ratios para acabar con unas aulas masificadas, incremento de plantillas, vuelta a las 18 horas lectivas, rechazo al cierre de aulas y centros públicos, construcción de centros públicos en una única fase, ampliación de líneas en los nuevos barrios y en las localidades que no cuentan con suficientes plazas en centros públicos ya existentes; retirada del anteproyecto de la Ley maestra de libertad de elección educativa, defensa del derecho fundamental de la libertad de cátedra, inversión en investigación, formación y recursos. Como vemos, no es una mera lista, es un catálogo de agravios infligidos durante décadas a uno de los pilares fundamentales en los que se asientan las sociedades democráticas, un pilar que está tocado, pero no hundido.

Seamos realistas: no es posible acometer los desafíos que presenta la escuela pública inclusiva que queremos si no se dota a la red pública de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de calidad propio del siglo XXI. Por todo ello, es imprescindible que aumente la financiación de la educación en la Comunidad de Madrid. Tenemos unas infraestructuras y unos recursos caducos e insuficientes, y un profesorado extenuado y desmotivado que, sin embargo, en el último año ha tomado las riendas frente a la inanidad de la Administración y ha sacado adelante a su alumnado en condiciones de extrema dificultad. No se puede hacer más con menos.

Este 4 de mayo tenemos la oportunidad de acabar con décadas de políticas corruptas y segregadoras que pretenden reducir la educación pública madrileña a la marginalidad. Cuando se pone en peligro la educación pública, no solo la educación pública pierde; pierde una sociedad a la que se priva de igualdad de oportunidades, de cohesión social, de pluralidad, de los más elementales derechos democráticos.

Es hora de cambiar esta situación, de apostarlo todo por la educación pública; y esa hora, en la Comunidad de Madrid, está al alcance de nuestro voto. No desperdiciemos esta histórica ocasión.

Profesora de la Escuela Oficial de Idiomas.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 25 de abril 2021
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