La aportación de Marx y Engels a la tradición republicana democrática

Iniciamos esta semana la publicación de textos en versión castellana del número 218 de la Revista Nous Horitzons titulado “Marx, democràcia i comuns”, cuyos originales en catalán aparecieron a principios de este año. Entre los autores que participaron en este número, coordinado por Edgar Manjarin, se encuentran miembros que integran o colaboran con el comité de redacción de Sin Permiso y su Consejo Editorial. En próximas ediciones de Sin Permiso publicaremos otros artículos traducidos de la serie “Marx, democràcia i comuns”.

El texto que viene a continuación se incluye a modo de presentación. Se trata de una versión revisada de un artículo publicado en el anterior número (Revista Nous Horitzons núm. 217: “Idees que transformen el món”). SP

Las diferentes corrientes del socialismo son herederas de la tradición republicana democrática. Si queremos encarar el presente con rigor histórico debemos prestar atención a la congenialidad entre la aspiración popular de apropiarse en común de los poderes del Estado y la de apropiarse en común de los medios para producir. En este sentido no debería soslayarse el cuerpo de ideas y conceptos provenientes de un cúmulo de experiencias históricas a lo largo de más de dos milenios por los que ha recorrido la tradición republicana. Marx y Engels no sólo eran conscientes sino que además contribuyeron expresamente a dar un nuevo sentido de época a la herencia de esta tradición, sirviéndose de su potencial analítico y transformador con fines científica y socialmente revolucionarios.[1]

Los orígenes del republicanismo se encuentran en el arco mediterráneo clásico, en una pluralidad de enclaves civilizatorios encabezados por la Antigua Grecia. De entre sus logros destaca un importante concepto troncal que mantiene todavía ahora plena vigencia: una definición de libertad política. De acuerdo con esta tradición es libre aquel individuo que no necesita pedir permiso para existir socialmente. Aquél que no tenga una independencia material garantizada, y por lo tanto dependa de otro particular para vivir, es arbitrariamente interferible: no puede ser libre. La libertad republicana surgió como un derecho constitutivo en oposición al estatus de esclavo, por lo que en principio el individuo no la podía alienar voluntariamente (un individuo libre republicanamente no puede venderse a sí mismo como esclavo). El ciudadano estaba habilitado como sujeto de pleno derecho para emprender acciones en la vida civil y codeterminar su modo de existencia. El resto de población no-esclava, mujeres, niños, sirvientes, permanecía en situación de dependencia en el ámbito subcivil o doméstico.

El republicanismo concibe la comunidad política atendiendo a las condiciones materiales y la composición social por la que se articulan las relaciones entre sus miembros[2]. Los derechos de propiedad se establecen en el seno del debate sobre la cosa pública, en base al bien común, y se contempla desfavorablemente una república en la que puedan crecer grandes desigualdades en la distribución de la propiedad. Salvo episodios muy concretos en esta tradición, a lo largo de la historia se ha tratado mayoritariamente la propiedad como un derecho alienable. De otro modo, se entendía, no era posible garantizar la libertad republicana ni la perdurabilidad de la república. Esto no quita que el vínculo entre la libertad y la propiedad haya centrado grandes disputas que, de hecho, han troquelado aspiraciones políticas dispares, encarnándose en conflictos reales y en movimientos socio-políticos con posiciones a menudo antitéticas.

En la mayoría de episodios de conflicto concernientes a esta tradición han coexistido diferentes formas de pensar la república, que podemos clasificar en dos grandes vertientes en función de la extensión de individuos a los que debe considerarse libres: una vertiente oligárquica, que ha tendido a mantener restringido el estatus de ciudadanía de pleno derecho y la participación pública efectiva, y la vertiente democrática, que ha tendido a ensanchar la base del demos en la participación pública y por tanto conceder la libertad republicana a una parte más amplia de la sociedad.

El concepto de democracia, en sus orígenes, corresponde a la forma de gobierno impulsada por los pobres libres. En el período de democracia plebeya ateniense el demos se componía de cuatro clases sociales: campesinos, artesanos, pequeños comerciantes y trabajadores asalariados ("esclavos a tiempo parcial" según Aristóteles). Esta etapa de democracia, la más radical, arrancó con la reforma de Efialtes (461 aC), consistente en remunerar la participación en la cosa pública, lo que permitió a los plebeyos deshacerse de los imperativos de su modo de existencia y dedicar tiempo a la política. Se trataba de un cambio en el acceso al poder político -un cambio que favorece su carácter deliberativo, representativo y legislativo, prácticas todas ellas comunes en los movimientos democráticos en el arco mediterráneo clásico- por medio de una subversión de las relaciones sociales subciviles: el ámbito productivo y reproductivo de la vida social.

En la época romana posterior se tejió una cultura jurídica de la que emanan conceptos que han marcado, después de una larga evolución, muchos de los preceptos legales y políticos que existen hoy en día. En escritos de la época que recogen algunas de las más importantes discusiones político-jurídicas queda patente la centralidad de la libertad republicana, la condición del sui iuris (sujeto de derecho propio) frente a la condición del alieni iuris (quien depende de otro para su existencia social).

Orígenes del republicanismo democrático moderno



La edad media entraña un cúmulo muy complejo de procesos de conflicto y transformación de relaciones sociales. Las dinámicas de conflicto feudales marcan el precedente del republicanismo democrático moderno. En primer lugar los sectores de la población que componen el pueblo llano ven progresivamente erosionado su ámbito de reproducción de la vida social, como resultado de diferentes formas de litigio con los señores feudales. La consolidación de una estructura latifundista supone la proliferación de movimientos populares opuestos a la dominación feudal y su creciente dinámica expropiatoria. Es entre otros el sustrato social democrático de las comunidades campesinas, que llegan a reclamar un derecho campesino separado al feudal, no sólo para regular la vida social con libertades y relaciones civiles republicanas, sino también para controlar la producción agrícola.[3]

A esta dinámica se fue superponiendo otra: la centralización del control territorial, sobre la que se fue erigiendo una estructura burocrática absolutista, un cuerpo político cada vez más disociado de la vida civil y que terminó transmutándose en lo que conocemos como Estado moderno. Un grueso cada vez más importante de movimientos populares democráticos pasaron de poner en cuestión la monopolización del poder público a buscar nuevas formas de concebirlo republicanamente. Éste es el origen del concepto de soberanía nacional de los pueblos: sustituir el aparato burocrático propio de las monarquías por una autoridad política legítima, con mecanismos de deliberación pública, elección, fiscalización y revocabilidad de cargos. Estas aspiraciones adoptan un carácter universalista, reclamando los mismos derechos civiles y políticos a toda la población a la vez que se pretenden eliminar relaciones de dependencia en todo ámbito subcivil (las relaciones domésticas). John Locke influirá de forma decisiva ligando esta concepción del poder político con la síntesis de la justificación de la apropiación basada en el derecho natural de auto-preservación[4] (un "derecho de existencia" que será la punta de lanza del movimiento de la democracia fraternal francesa). La propiedad se considera alienable: en el proceso de mezclar el trabajo personal con un objeto con el fin de preservar la propia existencia, uno tiene derecho a apropiárselo –bajo la cláusula de que deje siempre tanto y tan bueno para otros–. Esta formulación supone un punto de partida para la teoría del valor-trabajo de la que se servirá Adam Smith y buena parte del pensamiento económico-político en reacción al mercantilismo y la fisiocracia absolutistas. Pretendían demostrar que las rentas de la tierra y de las finanzas, ligadas a los poderes feudales, suponían un obstáculo para cualquier tipo de diseño republicano[5].

La irrupción de la Revolución Francesa, y muy particularmente el período entre 1793 y 1794 oscuramente connotado como "el Terror", es un episodio culminante de estas dinámicas de conflicto, impulsado y protagonizado por el movimiento democrático popular de las comunidades campesinas. Sus logros y, sobre todo, las consecuencias políticas y económicas de su derrota dejaron una huella en prácticamente todos los movimientos revolucionarios posteriores. Los nuevos códigos civiles de Francia y de todos los territorios conquistados por el Imperio Napoleónico supusieron una radical discontinuidad con el núcleo republicano: se pasó a reconocer derechos civiles a toda la población sin que hubiera correspondencia por activa o por pasiva con las condiciones de independencia material[6]. Es así como se consolidaron dos de las principales bases constitutivas de lo que Marx llamaría "sociedad burguesa": 1) el reconocimiento de unos derechos de propiedad privada absoluta, y 2) el reconocimiento de un tipo de contrato de trabajo asalariado por el que el sujeto es formalmente libre de vender su fuerza de trabajo pero a la vez no tiene otra opción que alienar sus derechos en el ámbito subcivil de las relaciones de producción.




La tradición republicana en la formación del pensamiento de Marx



La revolución francesa impactó estrechamente en el mundo en que Marx nació y desarrolló su pensamiento. Su ciudad natal fue una capital administrativa del imperio napoleónico hasta apenas tres años antes de su nacimiento. Las reformas en educación o en la práctica religiosa, así como un gran impulso de la jurisprudencia impactaron fuertemente en su entorno más inmediato, en el que se respiraba un ambiente favorable a la idea de los derechos humanos y la Ilustración. La generación coetánea de Marx simpatizaba, además, con la causa revolucionaria del movimiento democrático francés.

Su formación universitaria le abocó fundamentalmente al estudio de historia y filosofía del Derecho, lo que suponía entonces el terreno de disputa central en ciencias sociales. Las fuerzas conservadoras de la monarquía prusiana encaraban en ese periodo el reto de modernizar un Estado poniendo todos los esfuerzos para evitar el establecimiento de instituciones republicanas. En su principal cometido intelectual de esta época temprana Marx trataba de desembrollar confusiones entre la racionalidad de las normas y la positividad de los hechos, a medida que maduraba su disconformidad con la corriente de pensamiento conservadora -la Escuela Histórica del Derecho- por la que abogaban la mayoría de sus profesores. Éste fue el contexto en el que Marx se aproximó a la obra de Hegel y al entorno de sus discípulos, firmes opositores a los principios anti-ilustrados del absolutismo y a las reformas monárquicas que éstos trataban de defender. La progresiva represión y finalmente expulsión de la izquierda hegeliana de la universidad le llevó a la crítica periodística, en la que expresó repetidamente concepciones republicanas. Sin abandonar este molde de pensamiento filosófico-político, Marx terminó revisando el sistema metafísico hegeliano sobre desarrollo histórico hasta darle la vuelta en un aspecto crucial: de poco sirve concebir la razón como una fuerza supra-histórica y querer transformar la realidad mediante un debate de ideas como si se tratara de una cuestión teológica; podemos, en cambio, defender principios racionalistas atendiendo un curso de contingencias históricas encarnadas en la vida social y en sus dinámicas de conflicto. Este ejercicio intelectual le abocó a aproximarse a la realidad de forma empírica y, al mismo tiempo, a dar a este conocimiento una orientación práctica revolucionaria.

Aportaciones de Marx y Engels al socialismo



El paso de distanciarse de las primeras consignas comunistas –porque no se correspondían con las condiciones sociales objetivas– a abogar por ellas es precisamente la relectura republicana respecto de su núcleo normativo. Marx y Engels reconocieron en las ideas de los socialistas franceses e ingleses una observación de base empírica, la formulación de la cual daría un nuevo sentido de época al republicanismo democrático: todas las clases sociales del demos se estaban disolviendo en una sola, carente de reconocimiento específico en la comunidad política, materialmente despojada y excluida de condiciones de libertad y apropiación en las relaciones de producción. Los proletarios no eran considerados sujetos de derecho propio más que en un sentido abstracto. El vínculo republicano libertad-propiedad y la aspiración a civilizar el ámbito de reproducción social, en pleno desarrollo de la gran industria, dadas las articulaciones de la sociedad burguesa, requeriría un diseño institucional diferente al tradicional: había que pasar de una redistribución de la propiedad de pequeños propietarios independientes al objetivo revolucionario de constituir una asociación civil de individuos libres basada en la apropiación en común de medios de producción. Por esta razón era necesario orientar la acción política de acuerdo con la composición social en que la nueva dinámica de conflicto desembocaba: organizando fraternalmente el proletariado entorno a la raíz del conflicto, el del trabajo contra los propietarios de los medios de producción, conquistando derechos y poderes civiles y políticos hasta erigirse en la clase social predominante en una república democrática –“la forma específica para la dictadura del proletariado”[7]–, con un programa que se resolviera a “expropiar a los expropiadores”.

La revisión normativa de los conceptos de la Economía Política –tarea a la que Marx se dispuso, al tiempo que entraba en contacto con un Engels ya concienciado– permitió una fértil captura de la realidad institucional, idónea para el análisis económico de su presente. La lógica interna de una sociedad en la que se acabaran desarrollando las dinámicas a las que tiende la sociedad burguesa, aquella en la que prácticamente todos los recursos naturales se encontraran privatizados y mercantilizados, aquella en la que toda mercancía fuera intercambiable y conmensurable mediante la mercancía Dinero, aquella en la que una gran masa de individuos desposeídos de medios de subsistencia, a fin de comprar bienes de consumo debieran vender su fuerza de trabajo como esclavos a tiempo parcial, la lógica interna de esta sociedad, se propone, nos permite prever que: 1) emergen un conjunto de condiciones institucionales que ejercen una fuerte presión selectiva de modo tal que todas las motivaciones posibles de la acción humana tienden a quedar reducidas a la expectativa de ganancia monetaria; 2) dadas estas condiciones de forma generalizada, la única cualidad de la fuerza de trabajo humano que aparece como factor endógeno en la producción y circulación de mercancías es su valor de cambio, pero ¿qué podemos medir en la realidad objetiva para poder establecer una ley de equivalencia respecto al valor de cambio? Si asumimos un principio universalista de igualdad humana podemos definir una métrica social basada en unidades homogéneas de tiempo de trabajo, un trabajo gracias al cual los individuos producen socialmente sus condiciones de existencia; en términos agregados esta métrica nos revela que 3) el propietario de los medios de producción ejerce arbitrariamente su autoridad, tratando instrumentalmente al trabajador, a fin de que la diferencia entre el valor de cambio de lo producido y el valor de cambio de la fuerza de trabajo sea la mayor posible; y 4) quien se apropia del excedente monetario que resulta de ello son los propietarios de los medios de producción, quienes nuevamente con la expectativa de ganancia procurarán reproducir este esquema de forma ampliada. Esta dinámica acumulativa, tan vigorosa como conflictiva, tiende inevitablemente a provocar crisis y períodos de fuerte inestabilidad, sea cual sea la configuración del poder político.

Muchas de las previsiones basadas en la revisión normativa de conceptos y en el análisis económico de estas tendencias –estas y otras muchas otras de las que se ocupó a medida que avanzaba su proyecto inacabado de escritura de El Capital– se han visto validadas hasta el presente. Sin embargo encontraremos limitaciones en su obra que nos obligan a poner al día su cometido. Algunas de las dinámicas de conflicto de origen feudal basadas en el rentismo financiero y de acumulación por desposesión se reproducen aunque, a su vez, han surgido tendencias anti-capitalistas de matriz democrática-republicana que podemos reconocer, por ejemplo, en las raíces del derecho laboral, el municipalismo en defensa de los bienes comunes o en movimientos cooperativistas. Algo que difícilmente Marx podía prever es la enorme influencia pública de su figura y las cuantiosas derivaciones más o menos abusivas de su obra y su acción política. Sigue siendo imperativo revisar los conceptos y comprender la realidad para desentrañar las condiciones objetivas que favorecen el movimiento socialista.