Gustavo Pereira
31/08/2014
En los últimos días el candidato presidencial del Partido Nacional de Uruguay ha afirmado que, de ser presidente, retirará gradualmente las transferencias a los sectores más vulnerables de la sociedad, dejando solamente las compensaciones por discapacidad. Independientemente de las justificaciones que se puedan ofrecer en la campaña a favor o en contra de tal posición, quisiera presentar a la compensación a los sectores más vulnerables como una cuestión de justicia que toda sociedad democrática tiene la obligación de atender.
El tema en cuestión puede presentarse como el de a quién debe compensar el Estado y por qué. Aunque previo a ello habría que justificar por qué el Estado debe compensar el resultado de ciertas situaciones sociales. Una respuesta posible es que si tuviésemos que decidir como miembros de una sociedad democrática lo que nos debemos unos a otros, acordaríamos que, ante la eventualidad de vernos afectados por ciertas circunstancias, querríamos tener una compensación de cierto tipo. Por ejemplo, una discapacidad, una enfermedad crónica o el desempleo claramente califican como algunas de esas circunstancias. Sin embargo, si bien aceptamos con naturalidad estos casos, no lo hacemos con otras situaciones en las que, por ejemplo, alguien termine perdiendo todo su dinero por apostar en la ruleta; a nadie se le ocurre que esta persona debe ser compensada por el Estado. Si nos preguntamos por cuál es la razón para que aceptemos compensar unos casos y no otros, la respuesta está en que los resultados sociales en los que no hay responsabilidad del agente porque las circunstancias que lo afectan están más allá de su control deberían ser compensados, como es el caso de una discapacidad o también del desempleo. Mientras que otros resultados sociales que son la consecuencia de las decisiones del agente (lo que lo hace responsable de ellos), no justificarían compensación alguna por parte del Estado.
Una vez que se plantea este criterio tan claro surgen algunas preguntas sobre dónde colocar algunos resultados de situaciones sociales, si dentro del campo de lo que el agente es responsable y por lo tanto no justifica compensación por parte del Estado o dentro de lo que no lo es. Aquí es donde hay una importante diferencia entre lo que piensa la izquierda uruguaya y la propuesta de Lacalle Pou, porque, al parecer, la única circunstancia que no sería responsabilidad de los ciudadanos y por lo tanto compensable serían las discapacidades. Esto hace que para el candidato del Partido Nacional un importante conjunto de resultados sociales sean considerados como responsabilidad de los ciudadanos afectados y por lo tanto no justificarían ningún tipo de compensación; por ejemplo, si una persona es parte de la tercera generación de una familia que vive de reciclar basura, ésta no sería una circunstancia compensable por lo que deberíamos suponer que esta persona es responsable de vivir en la situación de pobreza o indigencia en que se encuentra. Parece bastante evidente que el atribuir responsabilidad a los individuos por estos resultados violenta todas nuestras intuiciones de justicia y coloca al borde del absurdo a tal posición.
La segunda parte del argumento de Lacalle justifica la medida de cortar las transferencias del Mides ya que las mismas desestimularían a los ciudadanos para buscar trabajo, lo que a su vez, atrofia sus capacidades laborales. El argumento es casi paradójico porque, de acuerdo con esto, el mejor camino para incidir en la población más vulnerable es incentivar su situación de vulnerabilidad, ya que cuanto más necesitados estén, mayor estímulo tendrán para buscar trabajo e insertarse en el mundo laboral. Incluso bajo un trasfondo de altas tasas de empleo como sucede en el Uruguay actual, esto es bastante difícil de alcanzar para la población más vulnerable, y esto es así porque la pobreza no solamente significa un ingreso bajo o una vivienda precaria; la pobreza entre otras muchas cosas implica autorrespeto, autoconfianza y autoestima socavadas por años de exclusión. Esto último hace que quienes se encuentran en esta situación carezcan de la mínima confianza necesaria para poder tomar las decisiones que los lleven a superar la situación. De hecho, y como algunos destacados investigadores han afirmado, la pobreza cerca y confina la imaginación, por lo que se vuelve prácticamente imposible verse a sí mismo fuera de ese círculo. De ahí que una buena política que tenga por objeto a los sectores más vulnerables debería compensar monetariamente, pero también incentivar el desarrollo de estas formas de confianza en sí mismo, sin las cuales alguien ni siquiera califica como agente. Lamentablemente lo que supone Lacalle es que todas las personas poseen grados de autoconfianza, autorrespeto y autoestima suficientes para poder ser verdaderos señores de sus vidas, pero eso simplemente significa ignorar algunos de los rasgos más crudos y persistentes de la pobreza. De más está decir que esta estrategia de apelar al mercado y sus estímulos para remover la pobreza ha demostrado a lo largo del tiempo generar cada vez más exclusión y desintegración social; el mercado es un gran mecanismo para distribuir bienes y servicios, pero es un pésimo agente de justicia. En toda América Latina y también en Uruguay ya se ha probado este camino y ha fracasado estrepitosamente como lo muestran las cifras de pobreza e indigencia de los noventa. Simplemente los incentivos del mercado no solamente no incluyen a la población más vulnerable, sino que la excluyen de la peor forma, destruyendo su autoestima y su autoconfianza.
Por último, en esta propuesta de eliminar las prestaciones del Mides se manifiesta un elemento que permite ordenar las distintas formas de entender y conceptualizar la justicia social, y consiste en la sensibilidad a la vulnerabilidad. Las distintas concepciones de justicia pueden ordenarse de acuerdo a su mayor o menor sensibilidad a la vulnerabilidad, de tal forma que una mayor sensibilidad permite percibir algunos aspectos relevantes para la justicia que una menor sensibilidad oculta. Parecería que la propuesta del Partido Nacional no es lo suficientemente sensible a la vulnerabilidad de los otros como para poder percibir que en la pobreza y la exclusión hay aspectos subjetivos que determinan la confianza que tenemos en nosotros mismos y que en última instancia contribuyen a la mejora social de los ciudadanos afectados. Una vez que se expande esa sensibilidad a la vulnerabilidad se puede entender las transferencias que realiza el Mides, conjuntamente con las intervenciones de programas como Cercanías, como una eficiente herramienta para combatir la pobreza y la indigencia.
Rousseau en un memorable pasaje del Emilio dice lo siguiente:¿Por qué los reyes no sienten piedad por sus súbditos? Porque cuentan con no ser nunca humanos. ¿Por qué los ricos son tan despiadados con los pobres? Porque no temen empobrecerse. ¿Por qué un noble siente tanto desprecio por un campesino? Porque él nunca será campesino ( ) La piedad del ser humano lo vuelve sociable, nuestros sufrimientos comunes guían nuestro corazón hacia la humanidad.
Una sociedad igualitaria, como al menos muchos uruguayos aspiramos a construir, no necesita reyes carentes de compasión, incapaces de colocarse en la posición del otro y por lo tanto incapaces de sentir y padecer con los otros, sino gobernantes suficientemente sensibles como para comprender que hay circunstancias sociales no elegidas que son tan arbitrarias como tener una discapacidad y que por ello deben ser compensadas, porque esa es la única forma de asegurar una sociedad inclusiva e igualitaria en la que todos podamos ser ciudadanos plenos. Sin esto, la libertad y la igualdad que configuran nuestro horizonte normativo simplemente se convierten en una cáscara vacía.
Gustavo Pereira es doctor en filosofía, profesor titular del Departamento de Filosofía de la Práctica, fhuce-Udelar