Pablo Yanes
06/12/2010
Con ocasión del II Encuentro Iberoamericano sobre el Ingreso Ciudadano Universal/Renta Básica celebrado en la Ciudad de México los pasados 25 y 26 de Noviembre y que contó con la asistencia de representantes del Reno de España, Argentina, Colombia, Perú y México y donde además se presentaron trabajos sobre Bolivia y Centroamérica, pudo constarse el proceso de construcción de una agenda de deliberación pública y un programa de alternativas respecto a la inserción de la propuesta del ingreso ciudadano en la caracterización de la crisis y en la crítica de las políticas sociales dominantes en la región, además de la profundización en la fundamentación filosófica y política de la propuesta.
En mi parecer son tres los temas fundamentales que acaparan el debate actual y que bajo diversas modalidades se expresaron en el II Encuentro.
1) La naturaleza de la crisis actual y el dilema entre fin del neoliberalismo o reforzamiento de la dominación.
2) El empleo, la ocupación y el ingreso en el marco del futuro incierto de la promesa del pleno empleo.
3) La política social como instrumento de control social o como mediación en la materialización de los derechos.
A la luz de la evolución de la crisis mundial en donde, como señalamos en otro trabajo Daniel Raventós, Rubén Lo Vuolo y quien esto escribe, lo que parece perfilarse es un período de estancamiento prolongado con recuperaciones débiles y caídas pronunciadas junto con la redoblada ofensiva en el seno mismo de la Unión Europea contra los derechos sociales, particularmente en Inglaterra, Irlanda, Reino de España, Grecia, Francia y los países que se sumen a esta tendencia en las próximas semanas y meses, la afirmación, en la que incurrimos algunos, de que la crisis del 2008 significaría el inicio del tránsito hacia el abandono del modelo neoliberal y la búsqueda de alternativas post-neoliberales, resultó una lectura precipitada y lo que estamos en realidad atestiguando es la utilización de la crisis para profundizar un régimen de acumulación basado en la desvalorización del trabajo y el retroceso de los derechos sociales; y ello en el territorio mismo del Estado de Bienestar. Lo anterior ha dado objeto a movilizaciones sociales, sindicales y populares no vistas en Europa en varias décadas, pero que a la fecha han resultado insuficientes para revertir los procesos de ajuste, inquietantemente similares a los que vivimos en América Latina en los años 80 y 90, principalmente.
Por ello para la formulación de un programa estratégico es necesario abrir una discusión que nos lleve a una mejor caracterización de la crisis actual, de sus evoluciones posibles partiendo de que se está en un período de redefiniciones de la correlación de fuerzas y que la crisis iniciada en el año 2008 puede dar origen a una salida regresiva en la que se profundicen las relaciones de dominación, retrocedan los derechos sociales y se limiten las libertades políticas fundamentales. Para definir una ruta de acción conviene tener presente que otro mundo (peor) es posible.
Engarzada con la caracterización de la crisis y de las propuestas de salida progresista se abre la discusión sobre el futuro del empleo, del pleno empleo y del vínculo entre ingreso y mercado de trabajo. En los trabajos del II Encuentro Iberoamericano se esbozó un consenso inicial en el sentido de que, en rigor, nunca hubo un pleno empleo que incluyera a hombres y mujeres, sino que la mejor etapa de los años de posguerra hasta mediados de los setenta, fue en realidad, y sólo en Europa Occidental, Japón y parcialmente Estados Unidos y Canadá, un pleno empleo masculino con rígidas separaciones de los roles de género: el hombre como bread winner y las mujeres como responsables de la reproducción doméstica. Peor aún es la experiencia latinoamericana en la que propiamente no hubo un pleno empleo masculino, aunque con diferencias muy importantes entre países, y donde la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo expresa todavía muy altas brechas de desigualdad con respecto a los hombres.
Por ello mismo frente a la naturaleza de la crisis, cuyo efecto sobre el empleo formal ha sido directo y seco ahondando en el debilitamiento de la sociedad salarial, pero también frente a las características de los ciclos de recuperación y crecimiento en donde es muy débil la generación de nuevos empleos, en donde se presentan los fenómenos del jobless growth y en donde la estabilidad a largo plazo de los empleos es prácticamente inexistente, se abre en el campo de las fuerzas progresistas y populares el cuestionamiento de si puede seguirse insistiendo en la idea de una salida a la crisis basada sólo y exclusivamente en la generación de empleos en la búsqueda de un eventual retorno (para unos) y conquista (para otros) del pleno empleo y, por ende, en la consideración del trabajo asalariado como vía única de inclusión social, de acceso al ingreso y de mediación para el goce de otros derechos como la seguridad y protección social y la vivienda.
La crisis y el modelo de recuperación que intenta imponerse abren por ello la oportunidad para rediscutir el ingreso no sólo como resultado de la inserción en el mercado de trabajo, sino como un derecho de ciudadanía. La posibilidad de abrir nuevos puentes de intercambio entre el movimiento obrero y sindical (en su defensa del derecho al trabajo y el salario) y los movimientos ciudadanos que postulan la articulación de los derechos laborales con los derechos de ciudadanía, uno de los cuales es el ingreso ciudadano o renta básica. En el II Encuentro se abrió la posibilidad de remontar las disonancias entre la agenda sindical y la agenda de la renta básica bajo la idea de que el ingreso ciudadano no debilita al salario, sino que mejora la capacidad de negociación de los trabajadores, que el ingreso ciudadano no se contrapone al empleo, sino al empleo precario y mal remunerado que se acepta por carecer de cualquier otra alternativa, y que el ingreso ciudadano y la mejoría de las condiciones laborales y salariales a las que conduciría se traducirían ambos en una poderosa dinámica de redistribución (positiva) de la riqueza y el ingreso a favor de la mayor parte de la población.
Pero más aún: con el ingreso ciudadano se garantizaría una inclusión social basada en derechos, exigible y no sujeta a los vaivenes de los ciclos económicos. Introduciría en un mundo caracterizado por la desprotección y la incertidumbre un asidero de certeza y seguridad, una herramienta para debilitar el estado de necesidad y para erosionar la amenaza del hambre como gran mecanismo de control y obediencia social.
El tercer elemento que se puso de relieve es la necesidad de llevar a cabo la crítica política y filosófica de los fundamentos de los actuales programas y políticas sociales en América Latina, de manera específica las transferencias monetarias condicionadas. Asimismo pudo constatarse que en la región, a pesar de no recibir mayor publicidad y de no contar con la bendición de los organismos multilaterales de crédito, se han venido construyendo diversos programas de transferencias de ingresos que tienden, en diferentes niveles y grados, a distanciarse del modelo ortodoxo de transferencias focalizadas y condicionadas y a acercarse, también en diferentes grados y niveles, a principios más cercanos al ingreso ciudadano universal o renta básica. Y son, varios de ellos, programas que manejan volúmenes considerables de recursos.
O sea más allá de la ilusión de que los actuales programas de transferencias focalizadas condicionadas (Bolsa Familiar, Oportunidades, Familias en Acción, Juntos, Jefas y Jefes de Hogar, etc.) se transformen en ingreso ciudadano o renta básica, lo que parece estar sucediendo en la región es que en los costados de los programas publicitados y premiados, de manera paralela y en ocasiones silenciosa, se han venido construyendo modelos diferentes de transferencias de ingreso.
Ejemplo de lo anterior son: Renta Dignidad en Bolivia (transferencia universal no condicionada a personas mayores de 60 años), Pensión Ciudadana Universal en el Distrito Federal de México (transferencia universal no condicionada a mayores de 68 años, 520 mil pensionados), Programa 70 años y más en México (transferencia no condicionada a todas las personas mayores de 70 años en localidades de hasta 30 mil habitantes, 2,1 millones de pensionados), Pensión Rural en Brasil (transferencia de amplia cobertura, de un salario mínimo mensual -220 dólares- a personas rurales mayores con 6,1 millones de pensionados), Beneficio de Prestación Continuada en Brasil (transferencia de amplio alcance, con algún grado de focalización, centrado en adultos mayores urbanos y en personas con discapacidad con 2,3 millones de personas), Asignaciones Familiares por Hijo en Argentina (transferencia por hijos e hijas menores de 18 años para los trabajadores del sector formal, del informal y desempleados, prácticamente informal sin condicionamiento para hijos de trabajadores del sector formal y con condicionamientos parciales para hijos de trabajadores desempleados y del sector informal).
Los anterior programas no son en sentido estricto una renta básica, pero en distintos niveles y grados se acercan a esa dimensión, particularmente Renta Dignidad de Bolivia, Adultos Mayores de México (DF y de localidades rurales) y la Pensión Rural en el Brasil. Lo anterior quiere decir que, con sus limitaciones, el debate sobre el ingreso ciudadano en la región ya no es sólo filosófico o de viabilidad financiera, sino que empieza a tener un conjunto de referentes prácticos. Por ello no es menor que en el II Encuentro se haya presentado también la propuesta del primer ingreso ciudadano regional, en este caso, la propuesta para instituirlo de manera simultánea en los países centroamericanos.
Es evidente que en América Latina el debate sobre el ingreso ciudadano y los programas focalizados ha dado un giro. Por ejemplo, hay una cierta tendencia a revalorizar la universalidad y a relativizar la focalización. Se llega a escuchar ya una cierta recuperación de la necesidad de la universalización y eso es perceptible en las modificaciones discursivas también de los organismos internacionales, en los que incluso algunos defienden un universalismo que denominan básico. En todo caso ya no es tan férrea la defensa de la focalización, se reconoce que debe ser un método, una herramienta y no un principio y que, en todo caso, la universalidad no es incompatible (y realmente no lo es) con ciertas formas de focalización, como sí es irreconciliable cualquier forma de focalización con la universalidad.
Pero el debate fuerte y más relevante en América Latina es el de la incondicionalidad. Y este es precisamente el elemento más relevante y potencialmente transformador de la propuesta del ingreso ciudadano, porque detrás de las condicionalidades de los programas de transferencias no se esconde sólo una concepción de la pobreza, sino sobre todo de los pobres.
Se asume aunque no se explicita que los pobres al participar en una minúscula parte de la riqueza social se convierten no en sujetos de derecho, sino de obligaciones, porque en el fondo debe obligárseles (o inducirles) a tomar las decisiones correctas en función de sus intereses, definidos desde el Estado. En breve: hay que enseñarles a acumular capital humano. Se diseñan programas desde la escuela de la elección racional, pero partiendo del supuesto de que los pobres no saben tomar sus propias decisiones, que no carecen sólo de dinero suficiente, sino de criterio, que de no imponérseles condiciones tienden a la holgazanería, el vicio, la disipación y la reproducción desenfrenada. A las pobres hay que darles (poco) y vigilarlos (mucho).
Esto es: detrás de la razón técnica se esconde la razón política que mira a los pobres desde la lógica colonial del indio pobre e ignorante y lleno de hijos, y la lógica de dominación que ve a los pobres como parte de las llamadas clases peligrosas. Así, con la introducción de las condicionalidades y su justificación teórica se trastoca la lógica de una ciudadanía con derechos exigibles y un Estado obligado a materializarlos, hacia la lógica de un Estado con programas que exige a los beneficiarios de los mismos el cumplimiento de las llamadas corresponsabilidades.
Es urgente abrir, por ello, en América Latina el cuestionamiento a la antropología subyacente de los programas de transferencias condicionadas y poner el desnudo la mirada clasista y racista sobre los pobres y la pobreza para que pueda abrirse una lógica de emancipación donde no haya pobres con obligaciones, sino ciudadanos libres de pobreza y con derechos plenos. Para que la política social no sea un instrumento de control social, sino de construcción de ciudadanía, sólo una mediación para la materialización de derechos exigibles.
Estos fueron algunos de los asuntos abordados durante el II Encuentro Iberoamericano del Ingreso Ciudadano Universal/Renta Básica y que abre y enriquece un debate que, démoslo por seguro, continuará y se extenderá.
Pablo Yanes es miembro del consejo editorial de Sin Permiso, presidente de la sección mexicana de la Basic Income Earth Network (BIEN) y miembro de su comité ejecutivo internacional.