Leonardo Ixim
17/12/2023
Las más recientes acusaciones de parte del Ministerio Público (MP), que piden la invalidación del proceso electoral en el cual se coronó al Movimiento Semilla como el ganador de la elección presidencial y lo ubicó como tercera bancada en el Congreso de la República, han revelado las verdaderas intenciones de las estructuras corruptas que se aferran al status quo.
Esto ha provocado un remezón en el bloque de poder y en las diversas fracciones de la burguesía. Si bien los mas recalcitrantes monopolios oligarcas han respaldado las acciones golpistas de Giammattei, Consuelo Porras y Rafael Curruchiche desde el MP para invalidar las elecciones, ya se están empezando a desligar de estas maniobras que buscan romper el orden constitucional. Esto se debe en gran parte al rechazo a estas acciones por parte de los imperialismos estadunidense y europeo, la mayoría de gobiernos del continente y la Organización de los Estados Americanos, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a eso, el pasado 8 de diciembre el MP ha lanzado un nuevo manotazo. Es el cuarto caso contra el Movimiento Semilla y se presenta a partir del anterior, que buscaba vincular las movilizaciones contra el fraude para elegir rector en 2022 en la Universidad San Carlos, aduciendo que el partido Semilla había usado ese movimiento como trampolín político, que implica la criminalización de varios liderazgos universitarios. Sin embargo, ese argumento estúpido se les cae, primero por un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que consideró inexistente ese supuesto trampolín político de Semilla, y posteriormente por el hecho de que se anularon las órdenes de captura solicitadas por el MP.
Esta vez es la guinda en el pastel, evidenciando el plan de anular las elecciones. Bajo el nombre de Semilla y Corrupción, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dirigida por Curruchiche, califica que hubo una alteración en las actas número cuatro que emitieron la Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde se califica los resultados de cada mesa, tanto de la primera vuelta como de la segunda, que le dio el triunfo a Semilla.
A finales de septiembre, el MP secuestró del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tanto las actas de las JRV como las mismas boletas electorales, algo totalmente prohibido. Recientemente ha girado órdenes de captura a miembros de las juntas y ha pedido retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo, presidente electo, y los diputados de Semilla Samuel Pérez y Ligia Hernández.
Por otra parte, las presiones de los golpistas contra los magistrados del TSE han hecho mella, logrando que se autorice el proceso de antejuicio a cuatro magistrados después de que, por mayoría en el Congreso, con 108 votos de la alianza oficialista, se les levantó la inmunidad. Esta es una venganza contra las autoridades del árbitro electoral, porque refrendaron el legítimo triunfo de Semilla, después del giro que tuvieron al no permitir tres candidaturas, vedando por primera desde 1996 a una de izquierda, lo que parecía un alineamiento del partido oficial VAMOS, con el cual los magistrados del TSE posteriormente rompieron.
Esta situación obligó a los cuatro magistrados a salir del país, manteniéndose solo la actual magistrada presidente Blanca Alfaro, quedando la institución acéfala, con una magistrada titular y tres suplentes. Esto afecta al organismo electoral en un momento en que, según las reformas electorales de 2016, se tiene que instalar una mesa para actualizar la Ley Orgánica y de Partidos Políticos.
La acción del MP de pedir la anulación de las elecciones generales es espuria, y aunque algún juez corrupto pueda darle eco y resuelva semejante acción, es un claro rompimiento de la misma legalidad burguesa. Aunque la magistrada Alfaro mencionó que es la Corte de Constitucionalidad la única quien podría dictaminar sobre esa situación, este hecho, sin embargo, violaría la misma Constitución Política, porque es el TSE la única instancia en reconocer o anular elecciones.
Nosotros alertamos que la nueva acción del MP es la consumación del golpe final de los grupos corruptos contra la voluntad popular manifestada en el proceso electoral. Llamamos a articular un frente unido de organizaciones populares para hacerle frente a esas acciones que atentan contra nuestros derechos democráticos. Llamamos a la huelga general en los centros de trabajo y el paro de labores en los pequeños y medianos comercios y mercados. Exijamos la destitución de los fiscales y funcionarios golpistas, demandamos la renuncia del presidente Giammattei, que veladamente está orquestando este atentado contra la voluntad popular.
Se avecina un conflicto mayor
Editorial del Socialista Centroamericano
Guatemala, el país clave de Centroamérica, está siendo sacudido por una intensa lucha por el poder, que se reflejó en manifestaciones de protesta en las calles, bloqueos de carreteras y un feroz pleito en las alturas.
Guatemala, igual que el resto de países de la región, sufre una continua decadencia económica y una sangría de su población. El 30% del PIB de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua dependen de las remesas. Por el momento, solo las economías de Costa Rica y Panamá no dependen de las vitales remesas, que mandan los trabajadores migrantes a sus familias.
La actual lucha de poder en Guatemala es también un reflejo de los profundos cambios en la realidad centroamericana. Estados Unidos aplastó a la revolución centroamericana en los años 80, después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1987, 1992 y 1996 desarmó a las guerrillas e impuso un nuevo orden regional creando el SICA y otros organismos, pero el nuevo orden imperialista no trajo una consolidación de la democracia, ni un mayor desarrollo económico, sino todo lo contrario: nuestros países se fueron desintegrando lentamente por la ofensiva neoliberal.
En toda la región, los sectores burgueses tradicionales, lejos de fortalecerse, se fueron debilitando. Surgieron nuevos sectores burgueses, amamantados por la corrupción y el reparto del presupuesto estatal. Este es el origen del prolongado conflicto inter burgués en Guatemala, y que también tiene expresiones parecidas en otros países de la región.
Guatemala tiene una particularidad: la agónica democracia burguesa no funciona con un régimen estable de partidos políticos, sino que estos son creados en cada coyuntura electoral y desaparecen al terminar las elecciones, o al terminar del periodo presidencial. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es una excepción a esta regla.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en Guatemala, se estableció gradualmente y se consolidó un statu quo reaccionario, en donde, desde las sombras, las mafias han ejercido el poder, especialmente bajo las administraciones de Perez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Los niveles de corrupción y decadencia económica son tan graves, que el conflicto inter burgués se expresó con fuerza en la campaña electoral, en donde Bernardo Arévalo, candidato no muy conocido del recién creado partido Movimiento Semilla logró colarse hasta la segunda vuelta, y terminó ganando las elecciones, a pesar del ambiente de escepticismo y abstencionismo. La clase media urbana se rebeló, y junto a los sectores populares e indígenas reclamaron un cambio de gobierno.
El triunfo de Arévalo, expresión del descontento popular, tomó desprevenidas a las mafias en el poder. Entonces, desde el Ministerio Publico (MP) iniciaron una furiosa campaña para anular los resultados de la segunda vuelta electoral. Primero fue la anulación de la personalidad jurídica del partido Semilla, después la incautación de las actas de votación, más adelante el antejuicio contra Arévalo, y finalmente la declaración de fiscales de segundo orden de que las elecciones fueron nulas.
Estados Unidos tiene profundas contradicciones con las mafias de Guatemala en el poder, porque estas, en su afán de acumular capital, no siguen sus dictados de manera estricta. Estas no son antiimperialistas, para nada, pero el conflicto ahí está. Por esta razón, Estados Unidos apoya incondicionalmente a Arévalo, aplica sanciones y amenaza con muchas más, porque ve una magnífica oportunidad de recuperar el control pleno en Guatemala.
Sentencias van y vienen. La última fue pronunciada por la Corte de Constitucionalidad (CC), callándole la boca a los fiscales del MP, pero a su vez confirmando que las investigaciones sobre el Movimiento Semilla y Bernardo Arévalo deben continuar, con el claro objetivo de clavas banderillas para obligarlos a negociar un punto clave: que el próximo gobierno no toque el poder de las mafias.
Se está cerrando la crisis relacionada con el resultado electoral, pero se abrirá una nueva, mucho más intensa, apenas Arévalo asuma la presidencia de la república el 14 de enero. El gobierno de Arévalo estará bajo tres fuegos: por un lado, las aspiraciones democráticas y de cambio de la mayoría de la población, por el otro las presiones del gobierno de Estados Unidos para que el nuevo gobierno sea títere de sus políticas, y finalmente la resistencia de las mafias que defenderán a muerte sus negocios y espacios de poder.
Por nuestra parte, desde el PSOCA siempre llamaremos a continuar la lucha, emplazando a Bernardo Arévalo y Karin Herrera para que cumpla sus promesas, plantear nuevas exigencias, alertando siempre que los trabajadores, los sectores populares y las poderosas organizaciones indígenas deben mantener la independencia política a cualquier costo.